José Arturo Miguel Muñoz
Expediente 1354/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1354/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- José Arturo Miguel Muñoz
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes quejosa y tercero interesada en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 378 a 382), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable, una vez que transcurra el término de cinco años a que se refiere el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del citado Acuerdo; en virtud que por una parte SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO; en la inteligencia que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto, las cuales deberán ser concentradas en el Centro de Documentación y Análisis. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en el juicio de amparo no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días concedido a las partes quejosa y tercero interesada en proveído de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete (fojas 378 a 382), correspondiente al cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio, sin que se inconformaran contra el citado auto; en consecuencia, ha causado estado el proveído de referencia y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se establece que el presente expediente es depurable. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, tanto el expediente principal como el cuaderno incidental original, deberán transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Luego, tomando en consideración de que en el incidente de suspensión se concedió la medida provisional y definitiva solicitada, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo Vigésimo Primero, fracción III, del mismo Acuerdo, por tanto, es susceptible de depuración, por lo que deberá conservarse la resolución relativa a su otorgamiento. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral Vigésimo, fracción III, de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Por otra parte, aun cuando los documentos exhibidos por la parte quejosa en el juicio de amparo no se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, déjense a su disposición, los cuales podrá recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de billetes de depósito al no obrar éstos en autos. Finalmente, a pesar de que las partes nada manifestaron en relación con lo previsto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, al hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio, deberán suprimirse los datos sensibles de la misma y demás constancias; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar lo conducente cuando se presente una solicitud de acceso de información de las constancias que obren en este asunto.
- Principal
El artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que en la sentencia dictada en el presente juicio, se concedió el amparo y protección de la justicia federal en los siguientes términos: ... Por acuerdo de uno de marzo de dos mil diecisiete (fojas 340 a 342), causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a las autoridades responsables Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, así como al Inspector General en Auxilio a las Funciones del Departamento de Policía de Investigación en el Estado de Tlaxcala, el cumplimiento respectivo. Por acuerdo de nueve de marzo del año en curso, se dio vista a las partes quejosa y terceros interesados por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que de no realizar manifestación alguna, este Juzgado proveería lo que en derecho correspondiera. Con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por las autoridades responsables y considerando que ninguna de las partes desahogo la vista ordenada en el acuerdo de referencia, con relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo decretada en el juicio en que se actúa, según se desprende de la certificación de cuenta, se procede a analizar si la misma se encuentra cumplida o no. Ahora, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 3235, el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, remitió copia certificada de la resolución dictada el siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en la causa penal 198/2016; el cual, en la parte que interesa menciona: ... Documental a la que este juzgador concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2°. Por consiguiente, atendiendo al fallo protector, toda vez que se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto de que el juez responsable: Dejara sin efectos la orden de aprehensión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, en la causa penal 198/2016, de su índice, en contra del quejoso José Arturo Miguel Muñoz, como probable responsable del delito de fraude, cometido en agravio de Miguel Arturo Garibaldi Corona; Emita una nueva resolución, en la que, resuelva sobre la petición del Ministerio Público, y determine carecer de competencia legal para avocarse al conocimiento de la causa penal de mérito y ordene la remisión de la misma al JUEZ ADVERSARIAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS. Y del anexo que remitió la Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, se advierte que: Por resolución dictada el siete de marzo de dos mil diecisiete, en la causa penal 198/2016 de su índice, dejó sin efectos la orden de aprehensión de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en contra del quejoso José Arturo Miguel Muñoz, como probable responsable del delito de fraude, cometido en agravio de Miguel Arturo Garibaldi Corona; Determinó que carecía de competencia legal para avocarse al conocimiento de la causa penal de mérito ordenando la remisión de la misma al JUEZ ADVERSARIAL ACUSATORIO Y ORAL DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS. Remitió el original y duplicado de la citada causa penal al Juez del Sistema Penal de Corte Adversarial-Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, con residencia en Casa de Justicia en Apizaco, Tlaxcala, en para que sea éste quien siga conociendo del asunto. Asimismo remitió copia certificada de la citada resolución al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, y le dio la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado responsable, y ordenó notificar en forma personal a la parte agraviada, el contenido de la misma, para los efectos legales procedentes. Asimismo, mediante oficio registrado en este Juzgado con el folio 3092 (foja 352), el Inspector Jefe Encargado del Departamento de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que tomó conocimiento de la resolución dictada por el juez responsable, por tanto dejó sin efecto la orden de busca aprehensión y detención decretada el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal de origen. Por tanto, resulta evidente que se acreditó haber cumplido con los efectos de la sentencia de amparo, por lo que se colmaron los alcances del fallo protector; por tanto, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara QUE EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, es que este juzgador considera que se encuentra cumplido el fallo protector, toda vez que, en los efectos de la concesión de amparo, se estableció, en lo que aquí interesa, el Juez de la causa debería considerar la petición realizada por el Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal y determinara carecer de competencia legal para avocarse al conocimiento de la causa penal de mérito y asimismo, debería ordenar la remisión de la misma al Juez Adversarial Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Sánchez Piedras. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo vigente, hágase del conocimiento de las partes quejosa y tercero interesada la anterior determinación para que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes a su legal notificación interpongan recurso de inconformidad.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios con anexo signados por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Pierdas, y Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala; mediante los cuales, en cumplimiento al fallo protector dictado en autos, remite el primero de ellos copia certificada de la resolución dictada el siete de marzo de dos mil diecisiete, dentro del proceso penal 198/2016, de su índice, que se instruyó en contra de José Arturo Miguel Muñoz, como probable responsable en la comisión del delito de fraude, cometido en agravio de Miguel Arturo Garibaldi Corona, por otra parte, la segunda de las autoridades oficiantes informa que giró instrucciones al Juez responsable para su cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y al tercero interesado debiendo correrles traslado con los oficios y anexos de cuenta, remitidos por la autoridad ordenadora en cita, así como el diverso remitido por la autoridad ejecutora, recibida en acuerdo de siete de marzo de dos mil diecisiete; por el término de tres días computados legalmente para que manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento dado por las autoridad responsable, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector.
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