José Arturo Marín Moreno

Expediente 620/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 31 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
620/2020
Año
2020
Actuaciones
31
Última actuación
26/06/2023

Partes del expediente

  • José Arturo Marín Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    VISTA LA CERTIFICACIÓN QUE ANTECEDE; ASÍ COMO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS AUTOS DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, DE LOS QUE SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE QUINCE DÍAS, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 202 DE LA LEY DE AMPARO, PARA RECURRIR EL ACUERDO DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS; SIN QUE A LA FECHA SE HAYA INTERPUESTO EL RECURSO DE INCONFORMIDAD RESPECTIVO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. TODA VEZ QUE SE ADVIERTE LA EXISTENCIA DE DOCUMENTOS ORIGINALES, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 20, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL ACUERDO GENERAL EN CITA, REQUIÉRASE A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE EN EL PLAZO DE NOVENTA DÍAS, CONTADOS A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO, ACUDA A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA RECOGERLOS; CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO HACERLO SE DESTRUIRÁN JUNTO CON EL EXPEDIENTE. NOTIFÍQUESE; DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA, POR LISTA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA.

  2. Principal

    VISTO EL ESTADO QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y TODA VEZ QUE EL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS ES DE ORDEN PÚBLICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, EL CUAL ESTABLECE QUE NINGÚN JUICIO DE AMPARO PODRÁ ARCHIVARSE SIN QUE QUEDE ENTERAMENTE CUMPLIDA LA SENTENCIA EN QUE SE HAYA CONCEDIDO AL AGRAVIADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL; CON VISTA EN LAS CONSTANCIAS DEL SUMARIO, SE PROCEDE A RESOLVER SI HA QUEDADO SATISFECHO O NO EL FALLO PROTECTOR. POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS, ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO. NOTIFÍQUESE; DE MANERA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA Y AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO.

  3. Principal

    AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL OFICIO Y ANEXOS DE CUENTA, REMITIDOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTACIÓN; POR MEDIO DEL CUAL EXHIBE COPIA CERTIFICADA DE LAS CONSTANCIAS CON LAS QUE MANIFIESTA DAR CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA DE AMPARO; EN CONSECUENCIA, SE DEJA SIN EFECTOS EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTOS. ATENTO A LO ANTERIOR, CON COPIA DEL OFICIO Y ANEXOS QUE SE PROVEEN, DÉSE VISTA A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE, DENTRO DEL PLAZO DE TRES DÍAS HÁBILES, CONTADO A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, MANIFIESTE LO QUE A SU INTERÉS LEGAL CONVENGA. CON APERCIBIMIENTO QUE DE NO DESAHOGAR LA VISTA EN EL PLAZO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO QUE ANTECEDE, AÚN ANTE LA AUSENCIA DE ARGUMENTOS, EL SUSCRITO RESOLVERÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS QUE OBREN EN EL SUMARIO. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Principal

    Del estado procesal de autos, se advierte que la autoridad responsable no han dado cumplimiento al fallo protector y como este juzgado puede dictar las órdenes y medidas necesarias para hacer cumplir la sentencia de amparo y éste constituye una cuestión de orden público, respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos en los términos perentorios de los que dispone, sin que puedan discutir en forma alguna sus alcances, debido a que lo ordenado en la sentencia es cosa juzgada y no admite oposición alguna. Por tanto, con fundamento en los artículos 192, 193 y 194 de la actual Ley de Amparo, a fin de dar celeridad al proceso de ejecución de la sentencia de amparo, se requiere al Director de Recursos Humanos de la Policía Federal por conducto de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Trasparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído que se considera prudente, cumpla con la totalidad de los efectos de la sentencia de amparo. En el entendido que deberá exhibir copia certificada de las constancias que así lo acredite; o bien, informe el impedimento que tiene para ello. Con apoyo en los artículos 192, párrafo tercero y 194 de Ley de Amparo, se requiere al Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como superior jerárquico de la autoridad requerida para que, dentro del plazo arriba indicado, ordene cumplir con la ejecutoria. En el entendido de que la intervención del superior jerárquico, no sólo se reduce a enterarse de que su subordinado es renuente a acatar el fallo constitucional, ni tampoco se limita a que éste envíe recordatorios o comunicados pidiendo que cumpla con éste, sino que debe hacer uso de todos los medios a su alcance, inclusive de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables puede formular e imponer a su subalterno, para conminarlo a cumplir con la sentencia de amparo. Se apercibe a todas las autoridades que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se impondrá en forma individual una multa por el equivalente a cincuenta veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Entérese a las autoridades la obligación que tienen con el cumplimiento y que, de conformidad con el artículo 197 de la citada ley, incurren en responsabilidad por falta de acatamiento de la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de las personas físicas que ocupan los cargos de las autoridades mencionadas que aun cuando dejen su puesto, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL durante el tiempo que duró el cargo y, por esa razón, también podrán ser procesados en términos de la fracción XVI, del artículo 107 constitucional, pues esa conducta puede ser constitutiva de delito en términos del artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.

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