JOSE ARTURO LOPEZ BEDOLLA y Otros.
Expediente 942/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 942/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- JOSE ARTURO LOPEZ BEDOLLA y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, glósese al expediente el escrito firmado por los accionantes *****, mediante el cual cumplen con la prevención realizada en acuerdo de dieciséis de noviembre pasado, aunque en su ocurso pretenda ampliar la demanda, del análisis integral, pretendió hacer extensivo su reclamo y cumplir la prevención; por ende, atenta al numeral 17 Constitucional, se proveerá al respecto. Los quejosos solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: Juez Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. Actuario adscrito al Juzgado Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato. Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Moroleón, Guanajuato. La parte quejosa reclama los actos consistentes en: El acto de exequendum de uno de octubre de dos mil veintitrés. El auto de trece de noviembre de dos mil veintitrés que aprobó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento llevada a cabo el siete del mismo mes. El ilegal emplazamiento practicado durante la diligencia de siete de noviembre de do mil veintitrés. Todos emitidos en el juicio ejecutivo mercantil ***. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. Definitividad. El principio de definitividad que rige el juicio constitucional encuentra su sustento, para efectos de este sumario, en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. El motivo de improcedencia contenido en la fracción anterior se encuentra en el hecho de que, cuando la parte quejosa no haya agotado, previo acudir a la instancia constitucional, los recursos o medios de defensa concedidos por la ley, con los que se pudiera modificar, revocar o nulificar la resolución reclamada, haría inviable el juicio de amparo; lo anterior no es otra cosa que la obligación de cumplir con el principio de definitividad que rige la acción constitucional. Además, dicho principio se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, es decir, éste es un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por esto, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la parte agraviada en agotar, previo a la promoción de la acción de amparo, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Para que opere la causa de improcedencia invocada, resulta menester que concurran los siguientes requisitos:**** Esta causa de improcedencia contiene varias excepciones, las cuales dan posibilidad de acceder al juicio de amparo sin necesidad de agotar los medios de defensa ordinario. Estas excepciones son, a grandes rasgos, cuando el acto reclamado sea de aquéllos de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; cuando se trate de ataques a la libertad fuera de procedimiento; cuando se trate de personas extrañas a juicio; y, finalmente, cuando se reclame el auto de vinculación. Por tanto, es necesario precisar cuál es el recurso que procede en contra del auto mencionado. Medios de impugnación en el Código de Comercio. De acuerdo con el principio de impugnación, que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos; la normatividad procesal debe establecer los medios de impugnación a través de los cuales puedan enmendarse los errores y vicios en que se haya incurrido, atendiendo a la naturaleza del acto y la clase de funcionario que los dicte. Así, la legislación citada -como las de la mayoría del país- consagra diversos medios de impugnación para combatir las resoluciones de los sujetos encargados de la administración de justicia, para buscar ya sea invalidez, modificación o revocación, cuando tienen deficiencias, errores o son ilegales; a saber: Incidentes. Éstos constituyen procedimientos que tienden a resolver controversias de carácter adjetivo relacionadas inmediata y directamente con el asunto principal; en otras palabras, a través de ellos se ventilan todos aquellas cuestiones distintas de la principal, suscitadas durante la sustanciación del juicio y que hace necesaria una resolución previa o especial; verbigracia, la nulidad de actuaciones o de notificaciones. Por otro lado, los capítulos XIV y XV del título primero, libro quinto, establece los recursos siguientes: a) revocación y b) apelación. El recurso de apelación tiene por objeto que el tribunal de apelación confirme, revoque o modifique la sentencia o el auto dictado en primera instancia, en los puntos relativos a los agravios expresados; y, para su procedencia está lo dispuesto en el ordinal 1345. Es importante hacer notar que, el diverso 1339 en sus párrafos quinto, sexto y séptimo establecen -en lo que interesa- que: i) solamente serán apelables los autos, interlocutorias o resoluciones que decidan un incidente o cuando lo disponga el código; ii) el recurso de apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones, que se dicten en el trámite del procedimiento se admitirá en el efecto devolutivo de tramitación conjunta con la apelación de la sentencia definitiva, sin que sea necesario en tal escrito la expresión de agravios; y, iii) para que proceda la apelación contra autos, interlocutorias o resoluciones en efecto devolutivo o en el suspensivo se requiere disposición especial de la ley. Finalmente, la revocación con base a lo establecido en el arábigo 1334, dispone los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Caso en concreto. entadas las premisas anteriores, conviene ahora analizar si los actos reclamados pueden ser impugnados a través de algún medio de impugnación. Así, si los solicitantes del amparo **** señalan como actos reclamados el acto de exequendum de uno de octubre de dos mil veintitrés y el acuerdo de trece de noviembre de dos mil veintitrés que aprobó la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, es indudable que en su contra procede el recurso de revocación. Lo anterior, ya que la Primera Sala del Máximo Tribunal del país, en la contradicción de criterios 51/2010 interpretó los ordinales 1334 y 1340 del código mercantil y dispuso que como la apelación no procede en juicios mercantiles cuando el monto sea inferior al señalado en 1339, los autos recaídos en esos negocios pueden revocarse por el juez que los dictó, sin que sea factible considerar que el artículo 1339 del citado Código impide interponer el recurso de revocación en asuntos de dicha cuantía, ya que la intención del legislador al usar la expresión «recurribles» fue referirse al recurso de apelación, como se advierte del segundo párrafo del indicado artículo 1339. Agregó que, los autos dictados en juicios mercantiles, cuando por su monto se ventilan en juzgados de paz o de cuantía menor, o el monto es inferior al señalado en el arábigo 1339 por concepto de suerte principal, son impugnables mediante el recurso de revocación. Por lo que, si la determinación reclamada no es apelable, pues la parte quejosa refirió que el negocio asciende a quinientos mil pesos, y no está en el catálogo del 1345 ni en apartados específicos de la legislación como lo establece el quinto, sexto y séptimo párrafos del diverso 1339, es indudable, que deberá recurrirse al 1334, donde establece que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó. Argumentos que también fueron reseñados en la contradicción de criterios 30/2013 del índice de la misma Sala del Máximo Tribunal, donde se mencionó que los autos y decretos recaídos en un juicio ejecutivo mercantil, cuyo monto sea inferior al previsto en el artículo 1339 pueden impugnarse a través del recurso de revocación, al ser irrecurribles mediante el recurso de apelación. Pues, al reclamarse en términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, un acto surgido de un juicio ejecutivo mercantil -auto de exequendo- resulta incuestionable que en su contra puede interponer el recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del Código de Comercio; ello por exclusión, al no poder combatirlo mediante la apelación. *** Atinente al ilegal emplazamiento, conforme al artículo 1349 del código de comercio se desprende que cuando una notificación se hiciera fuera de los que establece la legislación, las partes pueden accionar un incidente de nulidad de notificaciones, y como en el caso la parte quejosa fue emplazada el día siete de noviembre de do mil veintitrés, es decir, ya se adhirió a la relación jurídica procesal, entonces tenía a su alcance el incidente de nulidad de notificaciones para lograr la revocación o nulificación del llamamiento llevado a cabo. Máxime que, el sumario aún está en etapa postulatoria, esto es, aún no se ha dictado sentencia en la cual queden consumadas las violaciones procesales; por ello, al haberse emplazado el siete de noviembre actual, con independencia de si estuvo algún vicio, éste podrá ser subsanado al emitir la determinación que concluya el sumario. En ese orden de ideas, si algunos de los acto son impugnable en vía de revocación y otro combatido a través del incidente de nulidad de notificaciones, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debió agotar el medio ordinario de defensa que establece la codificación de la materia, es decir, a través del cual podía modificarse o revocarse, lo que sería en beneficio de los intereses de la parte quejosa. Además el caso, no se está en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b), c) y d), de la Ley de Amparo, a saber: a) Cuando sean actos que importen peligro de la privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; y, d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Excepciones que no encuadran en el presente asunto, debido a que, en primer término, este asunto es de naturaleza mercantil y no se trata de ninguno de los actos a que se refieren los citados incisos a) y b). Así, tampoco se actualiza la hipótesis marcada con el inciso c), dado que quien comparece al presente juicio le reviste el carácter de demandado dentro del juicio de origen, que puede hacer valer las acciones que estime pertinentes para defender sus intereses. Por último, como se aprecia del propio acto reclamado, no se trata de un auto de vinculación a proceso, por tanto, no encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral citado. Además, sin que obste que la resolución reclamada pudiera considerarse un acto de juicio de imposible reparación, ya que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que en el caso de actos de esa índole, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo. Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la protesta de ley es un requisito que tiene como propósito que el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias procesales y emitir las determinaciones correspondientes que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva la admisión de la demanda. Así, tanto la narración de antecedentes que se haga bajo protesta de decir verdad crea certeza en el juez para que pueda tomar las determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabiliza a quien formula las manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de datos, con la finalidad de evitar el abuso del juicio de amparo y procurar el equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos que participan en el juicio. De lo que se sigue que la parte quejosa se hace sabedora de que, todo lo narrado en la demanda, constituye la verdad de cómo han sucedido las cosas hasta este momento, so pena de incurrir en responsabilidad por hacer declaraciones falsas ante la autoridad jurisdiccional. Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, tanto las pruebas que se acompañaron a la demanda -y que forman parte de ésta- como las narraciones vertidas en la misma -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.
- Principal
Con la demanda de amparo de cuenta, ***, solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que atribuye a las siguientes autoridades: 1. Juez Único Civil de Partido en Moroleón, Guanajuato. 2. Actuario adscrito al Juzgado Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 942/2023-III. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. Representante común. Con fundamento en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo se tiene como representante común de los quejosos a ***. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: - El acto de exequendum de uno de octubre de dos mil veintitrés, dictado por el juez Único Civil de Partido de Moroleón, Guanajuato dentro del juicio ejecutivo mercantil ***, su ejecución y todo lo actuado con posterioridad al mismo, así como el ilegal emplazamiento de siete de noviembre del año en curso. ? Consideraciones previas. Toda vez que el numeral 112 de la Ley de Amparo impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo, y en caso de que se encuentre alguna irregularidad o deficiencia en ésta mandará prevenir al quejoso para que llene los requisitos omitidos o hagan las aclaraciones que correspondan, para así tener oportunidad de subsanarlas en tiempo. En ese sentido, en atención al ordinal 114 , de la ley de la materia, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, la suscrita estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto al requisito establecido en la fracción II del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo. Antecedentes del acto reclamado. Sobre este requisito, se tiene que hacer una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio, inclusive los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En el presente asunto, si bien la parte solicitante del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narró algunos hechos del acto reclamado, también lo es que omitió referir si el juez de la causa aprobó la diligencia de pago, embargo y emplazamiento; del mismo modo, si interpuso algún medio ordinario de defensa para ser revocados o nulificados los actos. Por tanto, al advertirse tal irregularidad, resulta procedente imponer la siguiente: ? Prevención. Con fundamento en lo establecido en la fracción II, del artículo 114, en relación con el diverso 108, fracción V, de la ley de la materia, requiérase a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad; y en atención a lo establecido en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: Único. Exponga si el juez de la causa aprobó la diligencia de pago, embargo y emplazamiento; y, si interpuso algún medio ordinario de defensa para ser revocados o nulificados los actos. Apercibimientos. Se apercibe a la parte promovente que, de no dar cumplimiento con el punto descrito de la prevención formulada, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el numeral 114 de la Ley de Amparo. De igual manera, se le indica que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, ya que al igual que el escrito inicial de demanda, es un requisito que debe cumplirse en términos de lo dispuesto por el artículo 110 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, el solicitante deberá dar cumplimiento a la prevención en cuestión de manera personal o por conducto de su poderdante y no por medio de su autorizado para oír y recibir notificaciones en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues las facultades que dicho numeral les confieren a éstos últimos se limitan a las que ahí se precisan, entre las que no se encuentran ejercitar la acción constitucional. ? Cita para manifestaciones con la juzgadora Federal.**** Autorizados**Se tiene como autorizados en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo a Orlando Antonio López Gordillo, Noel Villa Vieyra y Donovan Isaac Santoscoy Martínez, en virtud de que cuentan con cédula profesional registrada en el Registro Nacional de Profesionistas; y, en términos restringidos a la diversa persona que refiere para tales efectos. ? Domicilio para recibir notificaciones personales. Con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquensele mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este Juzgado, así como en la página oficial del Poder Judicial de la Federación.
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