José Arturo Hernández Rivera

Expediente 805/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
805/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • José Arturo Hernández Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de junio de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Se recibe escrito. Téngase por recibido el escrito signado por quien se ostenta como *; ahora bien, toda vez que la firma que obra en el ocurso de cuenta difiere a simple vista de la estampada en la demanda de amparo, requiérase al citado ocursante, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, conforme lo prevé la fracción II, del artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, comparezca al local que ocupa este órgano de control constitucional, sito Ciudad Judicial Federal, Jalisco, Anillo Periférico Poniente 7727, Edificio X4, piso 5, Fraccionamiento Ciudad Judicial Federal, Zapopan, Jalisco, Código Postal 45010, en horario de atención al público, esto es, de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, con identificación oficial con fotografía y vigente; y, ante la presencia judicial reconozca o no la firma que calza el escrito de cuenta. Bajo apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, se tendrá por no presentado el escrito de cuenta. Lo anterior es en acatamiento a la jurisprudencia 3a./J. 24, cuyo rubro dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA1". Este Juzgado de Distrito no ignora las posibles inconveniencias que pudieran generarse a las partes, en general, con la tramitación del juicio de amparo y, en particular, con el presente requerimiento; sin embargo, aquéllas están jurídicamente vinculadas con las respectivas cargas procesales que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial, máxime que la debida integración de los mismos obliga al interesado a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales correspondientes. De tal manera, se enfatiza, la finalidad de este requerimiento, per se, lejos de propiciar la obstrucción de la justicia busca precisamente alcanzar dicho cometido. Además, persigue la doble finalidad de sujetar a las partes al régimen de responsabilidad previsto en la Ley de Amparo y no constituye, por ende, una traba u obstáculo ilegal o injustificado. Sirve de apoyo, por analogía, la Jurisprudencia I.5o.C .J/29sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 41, de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione". Además, en lo conducente, es aplicable la Jurisprudencia 37/2012 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 1, Página 741, que dispone: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". De igual forma, por las razones que la informan, se consideran aplicables la Jurisprudencia y Tesis, ambas emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se invocan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente".2 "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO. La tutela judicial efectiva, consagrada como derecho humano en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, comprende el de obtener una resolución fundada en derecho. Ahora bien, la resolución judicial que desecha la demanda o la que la tiene por no presentada por no cumplir con las formalidades y los requisitos establecidos en sede legislativa, respeta ese derecho humano, siempre que dichas formalidades y requisitos sean proporcionales entre los fines que preservan, frente a los intereses que sacrifican, y así lo acuerde fundadamente el juez o tribunal respectivo".3 Con independencia de lo anterior, se hace saber a la parte quejosa, que la Ley de Amparo, en su artículo 261, fracciones I y II,4 establece que se impondrá pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, a la quejosa, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida afirmen hechos falsos; en tanto, que el diverso numeral 247, fracción IV, primer párrafo, del Código Penal Federal5 , contempla asimismo una pena de cuatro a ocho años de prisión y de cien a trescientos días de multa al que, con arreglo a derecho, con cualquier carácter excepto el de testigo, sea examinado y faltare a la verdad en perjuicio de otro, negando ser suya la firma con que hubiere suscrito el documento o afirmando un hecho falso o alternando o negando uno verdadero, o sus circunstancias sustanciales. De igual forma, se le hace saber que, inclusive, a fin de verificar la autenticidad de la firma que calza en el escrito de que se trata, este juzgador de amparo se encuentra facultado para que de oficio se desahogue prueba pericial en caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar, como se dijo, la autenticidad de las firmas plasmadas, medio de convicción que resulta ser además el idóneo para tal fin. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 59/2017, publicada el nueve de junio de dos mil diecisiete, en el Semanario Judicial de la Federación de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPÍA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada". Se difiere audiencia. Así las cosas, con el objeto de permitir que transcurra el plazo indicado, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, dos de mayo de dos mil veintitrés. Vista la promoción de cuenta y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2, de este último ordenamiento, se acuerda: Informes justificados. Agréguense a los autos para que obren como legalmente correspondan las promociones de cuenta, mediante las cuales las autoridades responsables rinden el correspondiente informe justificado, en atención a los oficios 15238/2023, 15318/2023 y 15323/2023; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes, acorde a lo establecido en el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2 de esta última norma. Hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. Pruebas. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que la autoridad responsable Juez Vigésimo Tercero de lo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, anexa al comunicado de cuenta, las que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Causal de sobreseimiento. Se tiene a la autoridad responsable Juez Vigésimo Sexto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, haciendo valer diversa causal de sobreseimiento, misma que de ser procedente, eventualmente, este órgano jurisdiccional analizará en el momento procesal oportuno. Notifíquese.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Requerimiento. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que, para la correcta integración del expediente en que se actúa, es necesario requerir a la Quinta Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita la totalidad de las constancias generadoras de los actos reclamados de su índice, o bien, manifieste la causa legal que se lo impida. .... Diferimiento. Así las cosas, con el objeto de permitir que suceda lo anterior, SE DIFIERE la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 115 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, once de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Estado de autos. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que a la fecha en que se actúa no obra agregada en autos la constancia de notificación correspondiente al oficio 8544/2023, dirigido a la autoridad responsable Agente de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, Adscrito Al Juzgado Quinto De Lo Familiar Del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, por medio del cual se hace de su conocimiento la tramitación de la presente incidencia; en consecuencia, a fin de evitar mayores dilaciones procesales, se ordena reexpedir el mismo, lo anterior para todos los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

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