Jose Arturo Hernandez Arvide
Expediente 1542/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1542/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/10/2023
Partes del expediente
- Jose Arturo Hernandez Arvide
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista con cumplimiento. La Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector, y al efecto remite copia certificada del resultado de la diligencia del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral D-6/991/2019 de su índice. FECHA DEL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA AUTORIDADFECHA EN QUE SE RECIBIÓ EL OFICIO POR EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMÓ EL CUMPLIMIENTO 29/09/2023 02/10/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación del Juez de Distrito de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidos que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Finalmente, para dar margen a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, notifíquese el contenido del presente acuerdo, así como el oficio y anexo remitidos en cumplimiento al fallo protector de manera personal a las partes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 18 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Quejoso desahoga prevención. Se desecha demanda de amparo. Agréguese el escrito signado por el quejoso *** mediante el cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de cinco de septiembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con base en el estudio de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. Establecido lo anterior, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." También es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803, Tomo XIV, octubre de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." Sentado lo anterior, se advierte que el quejoso aduce reclamar lo siguiente: Oficio SA/DGCH/DRH/SFHPL/4336/2023, de once de julio actual, signado por el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, que contiene la negativa de otorgar estímulo de antigüedad. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los preceptos legales transcritos se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen derechos humanos de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de garantías, pues así lo dispone el artículo 1º de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de garantías, contra leyes o actos de autoridad. En esas condiciones, la teoría general del derecho establece que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. En este tipo de relaciones se encuentran las reguladas por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las mencionadas relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y particulares, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público e interés social; se regulan por el derecho público que también prevé los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca, en la órbita ordinaria, el procedimiento contencioso administrativo, así como los mecanismos de defensa de derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Estas relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por tanto, la Constitución Federal dispone una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, pues el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supra ordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las cuales actúan en un mismo plano de igualdad superior, por encima de los particulares; regulándose a su vez por el derecho público que prevé mecanismos de solución política y jurisdiccional, entre los que destacan las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad a que hace alusión el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Federal. A partir de las premisas anteriores, se estima que para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, y determinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como base que la o el promovente tenga el carácter de particular y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Adicionalmente, conviene señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte, al resolver el amparo en revisión 327/2017, precisó que la intervención pública es el principio que sustenta el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que con base en éste se puede determinar si un acto especifico está investido con la fuerza de imponerse unilateralmente y, por tanto, susceptible de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas que afecten la esfera jurídica de las y los particulares, sin que su actuación requiriese la autorización previa de la parte afectada o la anuencia de un órgano judicial. Asimismo, precisó que no debía resultar relevante la naturaleza del órgano o autoridad responsable -si es un órgano de la administración pública centralizada o descentralizada, por ejemplo-, toda vez que lo determinante es verificar si el acto encuentra sustento en el ordenamiento jurídico con un poder suficiente para que a través de éste se pueda crear, extinguir o modificar la esfera jurídica del quejoso de manera unilateral. Con base en las premisas expuestas, puede advertirse como notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo, las siguientes: a. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular; b. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; d. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Caso concreto. Precisado lo anterior, es relevante recordar que en la presente instancia constitucional se reclama el oficio SA/DGCH/DRH/SFHPL/4336/2023, de once de julio actual, signado por el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, que contiene la negativa de otorgar estímulo de antigüedad al quejoso *** Sin embargo, del contenido del referido oficio, resulta evidente que dicha negativa se emitió dentro del ámbito de un relación laboral, por lo que el Director General de Capital Humano de la Secretaría de Administración, no actúa en su carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, sino que la determinación emitida en el presente asunto está relacionada con las condiciones generales del trabajo, por lo que fue emitida por la autoridad dentro de una relación laboral, mas no de una de supra a subordinación. De ahí que, si en la especie, el acto que la parte quejosa reclama en el presente juicio de amparo, surge dentro del ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de esa institución con su personal [relación de coordinación], es indudable que tiene el carácter de empleador y, por tanto, no resulta ser un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Sirven de apoyo a lo anterior, por su idea jurídica las tesis aisladas de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ. LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD PREVISTA EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO ES DE NATURALEZA DIVERSA AL ESTÍMULO DE ANTIGÜEDAD QUE SE REGULA EN LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO DE LA SECRETARÍA DEL RAMO. El estímulo de antigüedad previsto en el artículo 215 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Secretaría de Salud y la prima de antigüedad establecida en el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo, constituyen prestaciones de diferente naturaleza jurídica, porque el primero se otorga durante la vigencia de la relación laboral a los trabajadores que han acumulado cierto número de años de servicios, a partir de 20 años de trabajo, cubriéndose un monto económico que se incrementa cada 5 años de actividad laboral; tiene la finalidad de reconocer e incentivar el esfuerzo y la colaboración del empleado durante la vigencia del vínculo de trabajo. En cambio, la segunda, es una prestación que se genera por cada año de servicio prestado, independientemente del periodo que labore el trabajador; su monto se encuentra establecido en un quántum fijo (12 días de salario por cada año de servicios), aunque puede incrementarse de manera convencional por las partes; y, si bien pretende reconocer el tiempo que el trabajador desarrolla sus actividades, esto únicamente se lleva a cabo hasta que concluye su relación laboral, como indemnización. De modo que si la naturaleza jurídica de las prestaciones mencionadas es diversa, al poseer características sustancialmente distintas, ello permite concluir que si un trabajador que prestó sus servicios en la Secretaría de Salud federal, y gozó o tenía reconocida la prestación señalada, previamente a que fuera transferido al organismo público descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, no implica que pueda considerarse que desde que inició la relación laboral con ese organismo tuviera reconocido el derecho al pago de la prima de antigüedad, por tratarse de prestaciones diferentes." "ANTIGÜEDAD GENÉRICA. CUANDO EL RECLAMO DE SU RECONOCIMIENTO SE TRAMITA POR LA VÍA INCORRECTA, LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO ALCANZA LAS PRESTACIONES VINCULADAS CON AQUÉLLA. En términos de la jurisprudencia 2a./J. 89/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, junio de 2011, página 183, de rubro: "ANTIGÜEDAD GENÉRICA Y DE CATEGORÍA. LOS CONFLICTOS EN LOS QUE SE RECLAME SU RECONOCIMIENTO SE RIGEN POR EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 892 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", cuando sólo se reclama el reconocimiento de antigüedad genérica, los conflictos deben tramitarse conforme a las disposiciones que prevé la Ley Federal del Trabajo para los procedimientos especiales; sin embargo, dicho criterio no resuelve lo relativo a cuando simultáneamente se demandan diversas prestaciones no previstas en ese procedimiento. Así, cuando en la demanda se reclame el reconocimiento de antigüedad genérica y otras prestaciones vinculadas con ésta, como la entrega de la constancia correspondiente, el pago retroactivo de las diferencias respectivas y la nulidad de cualquier documento que pudiera exhibir el demandado como supuesta constancia de antigüedad, éstas deben considerarse como prestaciones accesorias del reconocimiento de antigüedad, pues su reclamo lo hace depender de éste; por tanto, la reposición del procedimiento laboral por tramitarse en la vía incorrecta debe alcanzar a dichas prestaciones, por cuanto derivan del propio reconocimiento de antigüedad que reclama el actor como prestación principal." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." Finalmente, por su idea jurídica, se hace referencia a las tesis aisladas sustentadas por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, respectivamente, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de suprasubordinación." "ESTADO COMO PATRON Y COMO AUTORIDAD, PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. (LEGISLACION DEL ESTADO DE MEXICO). La relación laboral burocrática puede darse perfectamente entre el trabajador y el Estado como patrón, y todos los conflictos que en esa relación existan, deben dirimirse ante el tribunal de arbitraje, porque el estado patrón actúa en un plano de relación laboral, despojado de imperium. En cambio, cuando el propio Estado actúa en una relación de supra a subordinación respecto a sus trabajadores, en forma unilateral con imperium y coercibilidad, fincando una responsabilidad administrativa a un servidor público, ello es un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo pues es el Estado como autoridad y una supuesta responsabilidad del servidor público, la que se dirime." No se soslaya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el auto inicial de un juicio de amparo no es la actuación idónea para analizar si un acto es de autoridad o no; sin embargo, dicha regla se acotó expresamente al caso en que se reclama el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, quedando abierta la posibilidad de analizar ese tema, cuando se reclamen otros actos. Pero además, porque en el presente caso no se requiere hacer un análisis profundo sobre la naturaleza del acto reclamado, pues basta analizar las documentales anexas a la demanda, para advertir que en este caso se reprocha la determinación que surgió en una relación laboral entre la parte quejosa y la autoridad señalada como responsable, lo que no podría desvirtuarse con algún medio de prueba, cuestiones que ponen de manifiesto que sería ocioso tramitar la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que establece lo siguiente: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)].La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Por lo tanto, ante la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, a ningún fin práctico conduciría dar trámite al juicio de amparo, razón por la cual es preferible que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, del resultado del análisis de la demanda y, a su vez, se evite un trámite innecesario, a fin de privilegiar el derecho de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto controvertido afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. Sirven de apoyo a lo anterior las tesis aisladas CCLXXVI/2012 (10a) y CCLXXV/2012 (10ª), ambas de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO por ser notoriamente improcedente. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos, se requiere nuevamente. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, se requirió a la autoridad responsable Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dentro del término de tres días, diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que a la fecha lo hubiere hecho a pesar de estas notificado de dicho requerimiento, como se advierte de la pieza postal que obra en autos. Requerimiento. En ese sentido, se requiere nuevamente a la autoridad responsable Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para los siguientes efectos: ".Con plenitud de jurisdicción atienda los oficios de diez de marzo de dos mil veinte, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno y veintiocho de enero de dos mil veintidós, emitidos en el juicio sucesorio intestamentario ********************/2019, del índice del Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Cholula, Puebla, y lo comunique de manera inmediata a dicho operador jurídico." Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento dentro del plazo concedido, así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización1. Aunado a ello, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante un Juez de Distrito. Notifíquese.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Jueza de Exhortos de la Zona Metropolitana de Puebla, mediante el cual hace de conocimiento el contenido del acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés dictado en el exhorto 8092/2023, del que se advierte que emplazó a la parte demandada US Cotton México, sociedad de responsabilidad limitada de capital variable al juicio laboral de origen y ordenó devolver el exhorto debidamente diligenciado a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en Tampico, Tamaulipas. Fecha de cumplimiento por parte de la autoridad vinculada al cumplimiento. Fecha en que se recibió el oficio por el cual la autoridad vinculada al cumplimiento informó el cumplimiento. 01/09/2023 04/09/2023 En consecuencia, con apoyo en los ordinales 192 y 193 de la Ley de Amparo, los cuales establecen la obligación de la persona juzgadora de velar por el debido cumplimiento de las ejecutorias que otorguen el amparo y protección de la justicia federal, así como con fundamento en el artículo 196 del citado ordenamiento, dese vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que manifiesten lo que a su derecho e interés legal convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la Secretaría para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apercibidas que de no desahogar la vista ordenada, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito con los elementos que obren en autos. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.
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