Jose Arturo Guanajuato Alviso
Expediente 412/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 412/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Arturo Guanajuato Alviso
Actuaciones
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo 278/2020-IV del que deriva el presente incidente de suspensión, el cual se tiene a la vista y se invoca como hecho notorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante proveído de doce de abril de dos mil veintidós, se recibió testimonio de la ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el recurso de revisión 442/2021 de su índice, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se CONFIRMA la sentencia pronunciada en la audiencia constitucional celebrada el doce de abril de dos mil veintiuno y concluida el treinta de los propios mes y año, en el juicio de amparo indirecto 278/2020-IV, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, promovido por Marlen Dorbecker García. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Marlen Dorbecker García, contra los actos que reclama de la Juez Quinto Mercantil en esta ciudad, actualmente Juzgado Cuarto del Ramo Civil de esta ciudad, Director del Área de Ejecuciones del Poder Judicial del Estado y Actuario adscrito a dicha área, los cuales quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos precisados en el fallo recurrido." Por tanto, en el mismo auto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables informaran el cumplimiento de la misma. Ahora, en relación con la garantía exhibida por la parte quejosa para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados, cabe señalar que de conformidad con el artículo 132 de la Ley de Amparo, en los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. En ese tenor, siendo que de conformidad con lo expuesto con antelación, la agraviada obtuvo sentencia favorable a sus intereses en el presente controvertido constitucional, misma que a la fecha se encuentra firme; en consecuencia, pónganse a disposición de la quejosa Marlen Dorbecker García, el billete de depósito N 875326, por la cantidad de $43,350.27 (cuarenta y tres mil trescientos cincuenta pesos 27/100 moneda nacional), expedido por el otrora Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, monto de la garantías que se fijó en interlocutoria de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, para que continuara surtiendo efectos la suspensión definitiva de los actos reclamados; lo anterior, previa constancia que por su recibo obre en autos, así como copia autorizada (por ambos lados) del referido certificado de depósito. Adquiere aplicación por las razones que la informan, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable con el número VII.2o.C.22 K, en el Tomo XV-1, Febrero de 1995, página 273, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSION, INCIDENTE DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR EL OTORGAMIENTO DE LA. PROCEDE DEVOLVER LA FIANZA RELATIVA SI SE CONCEDIO EL AMPARO, SIN NECESIDAD DE ESPERAR EL TERMINO DE PROMOCION RELATIVO, DADA SU EVIDENTE IMPROCEDENCIA. Basta la simple lectura del artículo 125 de la Ley de Amparo para advertir que la procedencia de la reparación de los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la suspensión de los actos reclamados está condicionada a que la sentencia que se pronuncie en el amparo sea desfavorable al quejoso, lo cual no ocurre cuando se concede la protección constitucional. Luego, si se deniega la cancelación y devolución de la garantía respectiva con base en el artículo 129 de la misma ley, que se refiere al tiempo en que podrá hacerse valer aquella incidencia, y fue favorable al quejoso la sentencia dictada en el juicio constitucional, es claro que se irroga agravio dada la evidente improcedencia del incidente." En la inteligencia, de que atendiendo a las condiciones extraordinarias que imperan actualmente, debido a la contingencia por el virus COVID-19, al tratarse de valores, los cuales se encuentran bajo resguardo del Secretario Encargado de la Caja de Valores de este órgano jurisdiccional, por seguridad, la entrega de los billetes de depósito se realizará los días jueves. Para lo cual, deberá acudir con identificación oficial y con el código QR que más adelante se detallará, a las instalaciones que ocupa este juzgado federal a efecto de dar cumplimiento a lo anterior, el día y hora que el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en su apartado "Agenda OJ" otorgue la cita correspondiente, la cual será generada por este órgano jurisdiccional y se le hará de su conocimiento junto con la notificación del presente proveído, en los siguientes términos: Con fundamento en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se comisiona al Secretario de Juzgado encargado del trámite del presente asunto, para que proceda de inmediato a ingresar al Portal de Servicios en Línea, y genere una cita a nombre de la quejosa*****, desde la modalidad del programa "Agenda OJ", preferentemente para las once horas del jueves nueve de junio del año en curso. Hecho lo anterior, dentro del plazo que otorga la Ley de Amparo, el actuario adscrito a este Juzgado deberá notificar a la parte quejosa el presente proveído, y en caso de que esto acontezca personalmente, tendrá que entregar el aludido código QR a la persona con la cual lleve la diligencia. En caso de que dicha notificación acontezca electrónicamente, o bien deje citatorio o aviso y éste se notifique por lista, el código QR se dejará en el acceso principal del edificio que ocupa este órgano jurisdiccional, y deberá dar aviso a la administración del mismo con la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia en comento, de modo que Marlen Dorbecker García, pueda ingresar bajo la regla de hasta dos personas por código. De todo lo cual el actuario judicial de la adscripción deberá asentar la razón correspondiente, así como agregar al expediente una impresión del código QR que el sistema expida. Con el apercibimiento que transcurrido el plazo de dos años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, sin que la parte quejosa hubiese recogido el billete de depósito, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación; esto es, decretar la prescripción del referido certificado de depósito en favor de la Federación. Asimismo, instrúyase al Secretario de Juzgado encargado del trámite del presente asunto, a efecto de que una vez que cuente con la hora y fecha de la cita que haya generado el sistema antes señalado, lo haga del conocimiento del secretario encargado de la caja de valores.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil veintidós. Radicación. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 1160/2021-II, del índice de ese órgano jurisdiccional, así como tres discos versátiles (DVD), derivado de la separación de autos realizada en éste, por los motivos que se exponen en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****, contra las órdenes de aprehensión y detención de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expedientillo RI/BSTAMA/EXP-6/2021, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Eduardo Segura Mejía, reclamadas del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por tanto, continúese con su tramitación; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 412/2022-IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso ******, comparece a la presente instancia constitucional a reclamar la orden de aprehensión dictada el siete de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de San Luis Potosí, en autos del expedientillo RI/BSTAMA/EXP-6/2021, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Eduardo Segura Mejía. Ahora bien, del medio de convicción que se acompaña al oficio de cuenta, al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que en audiencia de formulación de imputación celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal RI/BSTAMA/CP-20/2021, instruido en contra del imputado ******, se dictó auto de vinculación a proceso, en contra del aludido Guanajuato Alviso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 136 en relación al 132, 137, 138 y 140, todos del Código Penal vigente del Estado, cometido en agravio de Eduardo Segura Maya; asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso. Precisado lo anterior, el suscrito considera que en relación con el aludido acto reclamado (orden de aprehensión y detención del quejoso), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Ahora bien, como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad del acto reclamado -orden de aprehensión y detención dictada en contra del aquí quejoso, el siete de abril de dos mil veintiuno-, de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que se allegó al sumario adjunta a la aclaración de informe justificado, como se señaló con antelación, se advierte que en audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal RI/BSTAMA/CP-20/2021, instruido en contra del imputado José Arturo Guanajuato Alviso, se dictó auto de vinculación a proceso, en contra del aludido Guanajuato Alviso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 136 en relación al 132, 137, 138 y 140, todos del Código Penal vigente del Estado, cometido en agravio de ******. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, si el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra al aquí quejoso ******, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión o detención aquí reclamada, librada en su contra el siete de abril de dos mil veintiuno, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades señaladas como Director General de Métodos de Investigación Procuraduría General de Justicia en el Estad; *****, Agente de la Dirección General de Métodos de Investigación adscrito al municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, ya que no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de ésta procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra, con excepción de Hugo Sánchez Noyola, quien no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Autorización para firma de oficios. Se autoriza a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional para que firmen los oficios que deriven de los autos dictados con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de abril de dos mil veintidós. Radicación. Visto el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 1160/2021-II, del índice de ese órgano jurisdiccional, así como tres discos versátiles (DVD), derivado de la separación de autos realizada en éste, por los motivos que se exponen en el acuerdo de seis de abril de dos mil veintidós. En consecuencia, este juzgado se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por *****, contra las órdenes de aprehensión y detención de siete de abril de dos mil veintiuno, dictada en el expedientillo RI/BSTAMA/EXP-6/2021, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Eduardo Segura Mejía, reclamadas del Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de San Luis Potosí y otras autoridades, por tanto, continúese con su tramitación; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el consecutivo 412/2022-IV. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado de autos, se advierte que el quejoso ******, comparece a la presente instancia constitucional a reclamar la orden de aprehensión dictada el siete de abril de dos mil veintiuno, por el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal en el Estado de San Luis Potosí, en autos del expedientillo RI/BSTAMA/EXP-6/2021, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa en agravio de Eduardo Segura Mejía. Ahora bien, del medio de convicción que se acompaña al oficio de cuenta, al que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones, se advierte que en audiencia de formulación de imputación celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal RI/BSTAMA/CP-20/2021, instruido en contra del imputado ******, se dictó auto de vinculación a proceso, en contra del aludido ****** por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 136 en relación al 132, 137, 138 y 140, todos del Código Penal vigente del Estado, cometido en agravio de *******a; asimismo, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por el tiempo que dure el proceso. Precisado lo anterior, el suscrito considera que en relación con el aludido acto reclamado (orden de aprehensión y detención del quejoso), se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente; [.]." Ahora bien, como se puede advertir del dispositivo legal en cita, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia referida toda vez que, sin prejuzgar respecto de la legalidad del acto reclamado -orden de aprehensión y detención dictada en contra del aquí quejoso, el siete de abril de dos mil veintiuno-, de la reproducción de la copia certificada del disco versátil que se allegó al sumario adjunta a la aclaración de informe justificado, como se señaló con antelación, se advierte que en audiencia de formulación de imputación en cumplimiento a una orden de aprehensión, celebrada el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, en la causa penal RI/BSTAMA/CP-20/2021, instruido en contra del imputado José Arturo Guanajuato Alviso, se dictó auto de vinculación a proceso, en contra del aludido Guanajuato Alviso, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como el delito de lesiones en riña, previsto y sancionado por los artículos 136 en relación al 132, 137, 138 y 140, todos del Código Penal vigente del Estado, cometido en agravio de ******. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, al tratarse de un documento expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, si el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez de Control y de Tribunal de Juicio Oral adscrito a la Primera Región Judicial, con residencia en esta ciudad, dictó auto de vinculación a proceso en contra al aquí quejoso ******, es claro que se generó un cambio de situación jurídica respecto de la orden de aprehensión o detención aquí reclamada, librada en su contra el siete de abril de dos mil veintiuno, puesto que debido a la emisión de la referida determinación, el mandamiento de captura ha sido sustituido por esta última, por lo que deben considerarse irreparablemente consumadas las violaciones reclamadas, por no poder decidirse en tal procedimiento, sin afectar la nueva situación jurídica. Corrobora lo expuesto la tesis II.2º. P.20 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página 1287 del Libro XV, Diciembre de 2002, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados". Asimismo, adquiere aplicación la tesis XVII. 1o.P.A.51 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que aparece publicada en la página 2687 del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y testo es el siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE DICTÓ DICHO AUTO INDEPENDIENTEMENTE DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE LA LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso", sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, tal acontecimiento origina un cambio de situación jurídica porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el indiciado, dado el cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En ese sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por tanto, al haberse actualizado respecto de la orden de aprehensión reclamada, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de la Materia, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio fuera de la audiencia constitucional, la cual estaba señalada para las once horas con treinta minutos del trece de mayo de dos mil veintidós, quedando sin efecto la misma. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." El sobreseimiento decretado se hace extensivo a los actos atribuidos a las autoridades señaladas como Director General de Métodos de Investigación Procuraduría General de Justicia en el Estad; *****, Agente de la Dirección General de Métodos de Investigación adscrito al municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, ya que no se combaten por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar del acto reclamado a la autoridad judicial responsable, y como ya se vio, en contra de ésta procede sobreseer en el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior la Tesis de Jurisprudencia número 516, sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, en su anterior integración, visible en la página 339, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS, PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.- Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan el carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseer por aquellos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que nombra, con excepción de Hugo Sánchez Noyola, quien no cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de aparatos electrónicos. Se autoriza a las partes, previa constancia que se deje en autos, el uso de medios electrónicos y digitales respecto de las constancias que obran en este expediente, en la inteligencia que las copias que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En el entendido de que serán responsables del uso que le den a las reproducciones obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con apoyo en los artículos 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado Servicios jurisdiccionales, se encuentra el sistema Agenda OJ, donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Notificación por lista a las partes de posibles diferimientos. Por otra parte, se instruye al actuario judicial para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional que se den en el presente asunto, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluida a la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles de forma personal, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a la autoridad señalada como responsable, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a la autoridad para comunicarle el diferimiento de la audiencia constitucional. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la carga de trabajo con la que cuentan los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de dar puntual cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el diverso 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial de la adscripción esté en posibilidad de realizar la práctica de todas aquéllas diligencias de notificación que le sean encomendadas. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8° y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en los diversos 70, fracción XXXVI, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 7° y 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, dígasele a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; en el entendido de que aun cuando no se opongan a la publicación de sus datos personales, se suprimirá el nombre, datos de carácter personal y datos sensibles de las partes, de modo que no se impida conocer el criterio sostenido, de conformidad con el diverso artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal vigente; en la inteligencia, que dicha oposición no comprende a la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la lista de acuerdos de este Juzgado, en virtud de así estar establecido en términos del artículo, 26 fracción III, de la Ley de Amparo. Hágaseles ver que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos, la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos confidenciales que puedan contener de conformidad con el artículo 116 de la citada ley general y con lo dispuesto en el acuerdo general del Pleno Consejo de la Judicatura Federal de veintisiete de noviembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Autorización para firma de oficios. Se autoriza a los Actuarios Judiciales de este órgano jurisdiccional para que firmen los oficios que deriven de los autos dictados con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo.
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