José Arturo García Salgado
Expediente 750/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 750/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/08/2022
Partes del expediente
- José Arturo García Salgado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, mediante el cual, el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, informa que el cuatro de agosto de esta anualidad, recibió el original, tomo único, del expediente laboral burocrático ***/2021, de su índice, el cual había sido enviado como anexo a su informe justificado. Circunstancia de la que se toma conocimiento. Cúmplase. Así lo firma y proveyó Víctor Eduardo Hernández Pérez, secretario de Juzgado Noveno de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargado del Despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, así como el diverso 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2647/2022, de veinte de junio de dos mil veintidós, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial, asistido de Maricela Carbajal Piña, Secretaria con quien actúa. Doy fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el auto de dieciocho de julio de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo promovida. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En consecuencia, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el cuaderno principal es destruible, en términos del artículo 21, inciso d) de dicho Acuerdo. Por tanto, se comunica a las partes que, de conformidad con el artículo indicado en el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, después de cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo, será destruido el presente expediente, para lo cual, se remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes. Asimismo, se ordena remitir el original del expediente laboral 2069/2021, del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, que fue remitido junto con el escrito de demanda, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, mediante oficio 2510, de su índice, solicitándose el acuse correspondiente.
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el ocurso de cuenta, a través del cual, José Arturo García Salgado, refiere desahogar la prevención realizada en el presente juicio y adecuar su demanda en términos de lo dispuesto en el artículo 108 de la Ley de Amparo, referente a los requisitos que debe contener una demanda para que proceda su trámite en la vía indirecta; además, manifiesta los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. Una vez expuesto lo anterior, se debe analizar si existe o no motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de tal manera, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 2069/2021, en el que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, se declaró incompetente para conocer y resolver el asunto planteado y ordenó remitirlo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Establecido lo anterior, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del primer numeral en cita se advierte, que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo. Ahora bien, de conformidad con el artículo 107, fracción Vlll, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede en contra de actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el juicio de amparo solo procede en contra de la resolución definitiva que es en la que se tiene por aceptada o rechazada la competencia declinada. En el caso, la parte quejosa señala como acto reclamado de manera destacada el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, determinó declararse incompetente para conocer del juicio laboral 2069/2021; sin embargo, tal determinación, se encuentra supeditada a la aceptación o rechazo del órgano que se estimó competente (Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México), y hasta este momento procesal únicamente se sabe que la responsable declinó competencia, pero no la determinación adoptada por aquélla. Así las cosas, es claro que la determinación que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional, no es definitiva ni es un acto de ejecución irreparable, habida cuenta que está supeditada a lo que en su oportunidad resuelva la autoridad considerada competente, y en todo caso, tal determinación sí podrá ocasionar perjuicio a la parte quejosa si eventualmente aceptara la competencia declinada, pero hasta este momento, resulta ser un acto de realización futura y probable, pues no se tiene certeza de la determinación que vaya a tomar la autoridad que se estime competente, pues, no existe la certidumbre acerca de si va aceptar o no la competencia declinada, razón que pone en evidencia que el auto reclamado en la presente vía constitucional, no tiene el carácter de definitivo para los efectos de la acción de amparo y, en consecuencia, todavía no se irroga algún perjuicio irreparable al promovente, que autorice el trámite del juicio de amparo indirecto. Por tanto, se reitera, el acto aquí reclamado no resulta de carácter definitivo, pues los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta, porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse legalmente incompetente para conocer del asunto no puede considerarse como una determinación que justifique la procedencia del juicio de amparo indirecto. "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Consecuentemente, al actualizase de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, éste último aplicado a contrario sensu, se desecha de plano por su manifiesta e indudable improcedencia, la demanda de amparo promovida por José Arturo García Salgado.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de julio de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, solicita se acuse de recibo del diverso 2510, con el que remitió el testimonio de la ejecutoria emitida en el toca DT 19/2022 de su índice, del que se advierte que dicho tribunal de alzada declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por José Arturo García Salgado, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por los motivos expuestos; asimismo, envió el expediente laboral 2069/2021. En ese sentido, mediante oficio que se gire para tal efecto, comuníquese a la superioridad, que mediante proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la misiva con anexos aludidos; en consecuencia, acúsese el recibo correspondiente; además, en esa data se avocó al conocimiento del juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, de las constancias que obran en el presente juicio, no se advierte la notificación personal ordenada al quejoso José Arturo García Salgado, del proveído citado en el párrafo precedente; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito a este Juzgado de Distrito, para efecto de que realice la notificación personal correspondiente.
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