José Arturo Gallegos Miranda y Otros.

Expediente 1047/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1047/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
22/11/2016

Partes del expediente

  • José Arturo Gallegos Miranda y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de nueve de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE NUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo presentada por **********, ********** y ********** por su propio derecho, además este último en su carácter de apoderado legal de la moral quejosa **********, calidad que acredita, en términos del artículo 6° de la Ley de Amparo, con copia certificada de la escritura pública veintidós mil ciento setenta y nueve, pasada ante la fe del Notario Público número Cuatro de Cortázar, Guanajuato, contra actos de la Agencia del Ministerio Público I de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado con el número 1047/2016-V. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del arábigo apenas citado, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Pues bien, del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama: La consignación de la carpeta de investigación 15543/2016 del índice de la Agencia del Ministerio Público I de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato. Las órdenes de aprehensión, presentación, comparecencia, citación, captura y detención, emitidas en su contra, así como su ejecución. En ese orden, el suscrito estima que respecto de los descritos actos reclamados en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." "." "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." De la interpretación de dichos preceptos, se tiene que el juicio de garantías resulta procedente cuando alguna autoridad emita un acto o bien incurra en una omisión que trastoque las garantías consagradas constitucionalmente a favor del gobernado peticionario de la tutela, lo que implica entonces necesariamente que, para examinar a través de la instancia constitucional el proceder del órgano de gobierno, se requiere como presupuesto, que sea susceptible de atacar los derechos públicos subjetivos del gobernado, esto es, que el acto de que se trata pueda, de suyo, violentarlas, pues de no suceder así, se acarreará la improcedencia del juicio de garantías. Ahora, para exponer las razones por las cuales se actualiza la causa de improcedencia en comento respecto al acto identificado bajo el inciso a), consistente en la consignación de la carpeta de investigación ********** del índice de la Agencia del Ministerio Público I de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato, conviene establecer que el ejercicio de la acción penal se realiza cuando el Ministerio Público, en su calidad de autoridad, ocurre ante el Juez y solicita que se avoque al conocimiento del caso; esto es, concluida la averiguación y ejercitada la acción penal cuyo primer acto es la consignación, así como de todos los demás actos que realicen durante el procedimiento y que terminan con las conclusiones acusatorias, ya no son actos de autoridad sino actuaciones de parte dentro de un proceso y no dan lugar al amparo. Bajo esta óptica, resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve en contra de la determinación del Ministerio Público que decida ejercitar acción penal, pues al emitirla el órgano persecutor de los delitos obra como parte solicitando la incoación del procedimiento y no con facultades de decisión y de imperio que puedan ser cuestionadas a través del juicio de garantías. Por otra parte, en lo que atañe al acto descrito en el inciso b), consistente en las órdenes de aprehensión, presentación, comparecencia, citación, captura y detención, emitidas en su contra, así como su ejecución, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica las garantías constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos futuros, probables o remotos, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. Ahora, en la especie el quejoso señaló como actos reclamados: ". la ilegal e inconstitucionalidad solicitud de orden de aprehensión; orden de presentación, captura, detención, o cualquier acto atentatorio y/o privativo de nuestra libertad, así como, el ilegal e inconstitucional ejercicio de la acción penal." Asimismo, en el capítulo atinente a los antecedentes del acto reclamado, narró bajo protesta de decir verdad lo siguiente: ". estamos en plena incertidumbre ante los ataques de la empresa USACREDIT, ya que el JUICIO C216/2012 del Juzgado Segundo Civil, nos percatamos que el MINISTERIO PÚBLICO DE TRAMITACIÓN COMÚN de la ciudad de CORTÁZAR GUANAJUATO, solicito COPIAS CERTIFICADAS del JUICIO, y el JUEZ SEGUNDO CIVIL le contesta dirigiéndose, a la AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO mencionada, señalando la CARPETA DE INVESTIGACIÓN número ********** en la Agencia mencionada como autoridad responsable, por lo que ahora que en esta semana que fuimos a Celaya, el JUEVES Y EL VIERNES 20 y 21 de octubre, a ver nuestros asuntos al juzgado civil, nos percatamos de esa información de que está abierta una CARPETA DE INVESTIGACIÓN. " De lo anterior se advierte que la parte quejosa promovió el presente juicio constitucional ante el temor de que se haya emitido una orden de aprehensión, presentación, comparecencia, citación, captura o detención, dado que refiere que se presentó en el Juzgado Segundo Civil de esa ciudad, y al consultar el expediente C216/2012, se percató de la existencia de una carpeta de investigación, tramitada ante la Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato, dado que esta autoridad solicitó copias. Por ello, se estima que los mandatos de captura de que se duelen los quejosos son actos futuros e inciertos, contra los cuales es improcedente el juicio de garantías intentado. Esto, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no sucede, pues la circunstancia de que los quejosos se percataran de la existencia de la carpeta de investigación 15543/2016 de la estadística de Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato, no implica que se haya iniciado en su contra, dado que ni siquiera refirieron esa situación; además, mucho menos significa que las autoridades que señalaron como responsables hayan ordenado la privación de su libertad, o incluso, que éstas hayan acudido a sus domicilios a pretender llevar a cabo su ejecución material. De ahí que se consideren los actos que reclaman los impetrantes como futuros de realización eventual, pues no existe una certeza clara y fundada de que puedan llegar a existir. Lo antes expuesto se justifica porque la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la especie. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos o de realización cierta. Debe decirse que este Juzgador no soslaya la jurisprudencia 1ª./J.25/2003, de la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO E INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRAMITE."; sin embargo, la misma no es aplicable en la especie. Esto se afirma, en virtud que en el presente caso este Juzgador se encuentra en condiciones de determinar racionalmente que no existen indicios objetivos en el sentido de que las responsables hayan ordenado la realización del acto reclamado o que están a punto de hacerlo, por el contrario, la demanda descansa en meras suposiciones sin sustento fáctico, puesto que los propios quejosos manifestaron que acuden a esta instancia constitucional porque al consultar el expediente civil C216/2012 del índice del Juzgado Segundo Civil de Partido de esta ciudad, se percataron de la existencia de la carpeta de investigación ********** de la estadística de Agencia del Ministerio Público de Tramitación Común de Cortázar, Guanajuato, manifestación a la que se le otorga valor pleno de CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES).". Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso numeral 1°, fracción I, de la ley de la materia, con fundamento en el arábigo 113 de la Ley de Amparo SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA. Tomando en consideración que los promoventes solicitan se les tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia se tiene como representante común a José Arturo Gallegos Suarez. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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