Jose Arturo Flores Zacarias

Expediente 101/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 28 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
101/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
28/05/2018

Partes del expediente

  • Jose Arturo Flores Zacarias

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia de que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de los discos compactos remitidos por el juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo debido a que es suficiente con la constancia de notificación respectiva.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 101/2018, promovido por José Arturo Flores Zacarías, contra actos del juez Nonagésimo Tercero en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de juez de Control y otra autoridad; y R E S U L T A N D O : I. Por escrito presentado el trece de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgreden sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 1°, 14, 16, 19 y 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Una vez desahogada la prevención formulada en autos, el veintitrés siguiente se admitió a trámite la demanda registrada con el orden 101/2018; se requirió a las autoridades responsables rindieran su respectivo informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se tuvieron como terceros interesados a las agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraría General de Justicia de esta ciudad, por ser quienes intervinieron en la carpeta judicial de origen y al ofendido de identidad reservada P.M.T. -el cual quedó emplazado a juicio el dos de marzo pasado-; finalmente, se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que aparece publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En este orden de ideas, del análisis integral de todos los elementos de la demanda y de las constancias de autos, se precisan que los actos reclamados en este juicio consisten en: - El auto de vinculación a proceso emitido el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial 010/0062/2018, que se atribuye al juez Nonagésimo Tercero en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de juez de Control, así como su ejecución reclamada del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos de esta ciudad. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados de las autoridades mencionadas, ya que así lo manifestaron al rendir su informe de ley, certeza que se corrobora con la videograbación relativa y copia de diversas constancias remitida por la autoridad judicial; documentales que tienen pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En relación con la videograbación indicada, es aplicable la jurisprudencia emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal de justicia del país, localizable en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, cuyo rubro es: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son inoperantes por una parte e infundados en la restante los conceptos de violación hechos valer, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que procede a negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada por el justiciable. Como se anunció, son inoperantes los motivos de disenso siguientes: - El juez responsable no debió tener por actualizada la forma de intervención del amparista a título de coautor, en términos del precepto 22, fracción II, del Código Penal, con motivo de que conducía un vehículo, y que los elementos que lo detuvieron refirieron que le aseguraron un arma de fuego, porque esas circunstancias no fueron necesarias o esenciales para la realización del hecho imputado al peticionario de amparo. - De los datos de prueba aportados no se advierte que el solicitante de amparo haya cometido el delito de extorsión agravada. Lo anterior es así, porque con independencia de la intervención que se atribuya al quejoso, la determinación que se analiza -auto de vinculación a proceso-, únicamente es necesario que de los datos de prueba se advierta que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el amparista intervino en su comisión, es decir, los aspectos que pretende el peticionario de amparo se analicen, no forman parte de la determinación reclamada, aunado a que esas cuestiones serán objeto de análisis en la etapa de juicio, de ahí que dichos conceptos de violación sean inoperantes. Ahora, antes de analizar la constitucionalidad de la vinculación a proceso decretada contra el amparista, es menester señalar que respecto de las formalidades esenciales del procedimiento en la etapa de investigación de la que deriva el acto reclamado, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a cerciorarse de que no se haya trasgredido en perjuicio del imputado el artículo 14 constitucional, en lo concerniente a la resolución reclamada, de modo que debe interpretarse en relación con el numeral 20 de la propia Ley Fundamental, lo anterior de conformidad con las jurisprudencias que enseguida se invocan. En primer lugar, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el orden 210 en la página 1156 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte -SCJN Décima Segunda Sección-, Debido proceso, titulada: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO". En segundo término, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de ese Alto Tribunal de justicia del país, impresa en la página 396 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, de rubro: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO". En el caso, de constancias se advierte que hasta la etapa procedimental que se analiza se respetaron dichas formalidades, ya que en la audiencia inicial el quejoso designó a un defensor, quien aceptó y protestó el cargo; asimismo, el juez responsable constató que el amparista conoció sus derechos constitucionales y que previamente tanto él como su defensor tuvieron acceso a los registros de la carpeta de investigación; de igual manera, verificó que el peticionario de amparo conoció los hechos que la ley señala como delito de extorsión agravada, con motivo de la imputación que se le realizó; del mismo modo, se le dio oportunidad de declarar, si así era su voluntad en relación con esos hechos, sin que hiciera manifestación al respecto; además, consta que se le hizo saber que tuvo oportunidad de ofrecer datos y medios de prueba; así, con base en los que aportó el Ministerio Público, atendiendo a los principios continuidad, concentración, inmediación y contradicción, se emitió la resolución respectiva, en el caso, el auto de vinculación a proceso motivo del presente juicio; con lo anterior, se concluye que se respetaron las formalidades esenciales del procedimiento pertinentes para la etapa de la investigación inicial, por lo que respecto de ese tópico se estima justificado el acto reclamado en esta instancia. En otro contexto, del contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución Federal, así como de los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierten los requisitos de fondo y forma que debe reunir un auto de vinculación a proceso como el que se reclama, que son: 1) Que la resolución esté fundada y motivada. 2) Que se realice en el plazo de setenta y dos horas a partir de que el imputado sea puesto a disposición del juez, o bien, en la duplicidad de esa temporalidad, cuando aquél lo solicite. 3) Que en dicha temporalidad se reciba la declaración inicial del imputado. 4) Que se exprese el hecho que la ley señala como delito. 5) Que se precise el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de ese hecho. 6) Que se indiquen los datos que establezcan que se ha cometido tal hecho y las razones de las que se aprecie que el imputado probablemente intervino en su comisión; y 7) Que no se actualice alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Requisitos que en el caso fue correcto que el juez responsable tuviera por satisfechos, toda vez que la resolución controvertida se encuentra adecuada y suficientemente fundada y motivada, porque la autoridad judicial responsable apoyó su decisión en los artículos constitucionales, procesales y sustantivos que estimó aplicables; además, en estricta observancia al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, expuso las razones particulares que tuvo para arribar a la conclusión a la cual llegó, pues explicó la forma en que a su criterio, los datos de prueba mencionados por la agente del Ministerio Público, en su conjunto, permitían tener por acreditados los hechos que la ley señala como delito de extorsión agravada, así como la probabilidad de que el quejoso y otros imputados intervinieron en su comisión, con lo cual adecuó los hechos materia de la imputación, a la descripción típica del delito señalado, con lo que ajustó su resolución a las exigencias establecidas en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, titulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Por otro lado, se observa que el auto de vinculación a proceso se dictó en el plazo ampliado que prevé el artículo 19 de la Constitución Federal. En otro orden, se advierte que la autoridad judicial responsable precisó los hechos que la ley señala como delito de extorsión agravada, previsto en los artículos 236, párrafo primero (que obligue a otro a dar algo, obteniendo un lucro para sí, causando a alguien un perjuicio patrimonial), en relación con el párrafo segundo (cuando se cometa contra una persona mayor de sesenta años), párrafo cuarto, fracción I (cuando intervenga persona armada), y último párrafo (cuando se utilice como medio comisivo la vía telefónica), del Código Penal para esta ciudad, por el cual dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso y otros, con lo que colmó uno más de los requisitos formales requeridos. Ahora, en cuanto a la acreditación de los hechos delictivos, es necesario precisar que basta con que el juez encuadre la conducta relativa a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, es decir, para tener por satisfecho ese tópico sólo es necesario acreditar los elementos esenciales y comunes del concepto, desde la lógica formal, esto, a fin de evitar una anticipación a la etapa de juicio en relación con el estudio técnico-procesal de los elementos del tipo, no con pruebas, sino con datos de prueba, cuya diferenciación se hace patente en el artículo 261 del código procesal penal nacional, pues en esta fase inicial debe evitarse la formalización de los medios de prueba para no "contaminar" o anticipar juicio respecto del delito y su autor o partícipe. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 360, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia Penal, titulada: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". Asimismo, es importante destacar que el principio de contradicción, que rige el proceso penal, tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen, para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor. Es orientadora la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 292 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, de rubro: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SE SUSTENTA EN EL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN". Consecuentemente, a efecto de constatar si se respetó el principio de contradicción señalado, es menester mencionar los datos de prueba recabados por la autoridad ministerial, a partir de los cuales sustentó la solicitud de vinculación a proceso contra el quejoso. 1. Informe policial homologado de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, de los policías de investigación Ali Aarón Villegas Ordoñez, Humberto Mimbrera Alanís, Jessica González González, Arnulfo Paredes Rosas, Andrés Sánchez Vázquez, Ricardo Osorio López, José Luis Garrido Hernández y Miguel Ángel Pichardo Aragón, así como sus correspondientes entrevistas, en las que precisaron que en diversa carpeta de investigación que se inició por el delito de secuestro en agravio de la víctima, se decretó en favor de esta última, medida de protección consistente en brindarle vigilancia en su domicilio, porque estaba recibiendo llamadas telefónicas en que los "secuestradores" le pedían dinero, pues si bien lo habían liberado fue con la condición de que reuniera tres millones de pesos, para no volverlo a secuestrar a él o algún miembro de su familia; el dieciocho de enero de este año, el agraviado se comunicó a la guardia de agentes de la Fiscalía Antisecuestros, para informar que lo estaban extorsionando vía telefónica, que una persona le dijo que pasaría a su domicilio por dinero, por lo que esa fiscalía le envió elementos a efecto de que se constituyeran en el domicilio del pasivo para salvaguardar su integridad física y brindarle protección, aproximadamente a las dieciocho horas con dos minutos, los policías Israel Vega Aguilar e Iván Set Huitrón Gómez, se constituyeron en calle Papaloapan, colonia San Andrés, delegación Azcapotzalco, donde observaron que en dicha calle circulaba una camioneta Nissan pick up, frontier, roja, así como un carro Passat gris, después se detuvieron; del carro mencionado bajó un sujeto para posteriormente subirse a la camioneta descrita, continuando su marcha esta última, después se detuvo en calle San Andrés, y bajó de esa camioneta la misma persona que antes lo hizo del vehículo Passat, mismo que cruzó la calle para acercarse a una persona mayor de edad, quien se encontraba en la entrada de una casa con la puerta abierta, el cual llevaba en la mano derecha una bolsa de plástico rosa, que entregó a la persona que bajó de la camioneta, cuando el sujeto pretendió retirarse, los agentes policiacos procedieron a detenerlo, y asegurar la bolsa rosa que contenía cien mil pesos, posteriormente el detenido dijo que su nombre es Martín Garduño Cruz; al percatarse de lo anterior, las personas que estaban en la camioneta avanzaron, por lo que los agentes Jessica González González y Arnulfo Paredes Rosas, procedieron a cerrarles el paso con una patrulla, después dichos policías les dijeron que bajaran de la camioneta, sin que hicieran caso, por lo que circularon en reversa, ambos policías los siguieron, después se escucharon diversas detonaciones de arma de fuego, percatándose los policías que la camioneta se impactó con diversos vehículos que estaban estacionados, el auto Passat también avanzó, momento en el cual los policías Andrés Sánchez Vázquez y Ricardo Osorio López, dispararon a las llantas de la camioneta, provocando que se impactara con el vehículo descrito, una vez sucedido lo anterior, el policía Arnulfo Paredes Rosas se dirigió hacia la camioneta y haciendo uso de la fuerza mínima necesaria detuvo a una persona que intentaba darse a la fuga, a quien le hizo una revisión en que le encontró un arma de fuego, cargadores y teléfonos celulares; una vez que la agente Jessica González González le hizo saber sus derechos al detenido, este último refirió que su nombre es "Gerardo Rodrígo Melendez"; el agente Ricardo Osorio López, se dirigió a la parte trasera de la camioneta, en que se encontraba otro sujeto al que una vez que lo detuvo realizó una revisión, encontrándole un celular, un gafete laboral y una licencia de conducir, a nombre de Gregorio Juárez Martínez; el agente Miguel Ángel Pichardo Aragón se dirigió a la persona que se encontraba en el vehículo Passat, quien intentó darse a la fuga, el policía se percató que esa persona llevaba en la cintura un arma de fuego, por lo que de inmediato procedió a detenerlo, así como asegurar el arma, dos celulares, credencial de elector y una licencia de conducir, a nombre de José Arturo Flores Zacarías, otro sujeto que bajó de dicho vehículo se dio a la fuga. 2. Entrevista de la víctima P.M.T., de identidad reservada, de diecinueve de enero de este año, en la que precisó que el veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete fue secuestrado por varios sujetos, permaneciendo dieciocho días en una casa de seguridad hasta el diecisiete de diciembre del año mencionado en último término, ya que fue liberado una vez que sus familiares entregaron como rescate ciento diez mil pesos, pero con la condición de que tenía que conseguir tres millones de pesos, que ellos se comunicarían el treinta y uno de diciembre del año próximo pasado, sin que lo hubieren hecho; el siete de enero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las veinte horas, recibió una llamada del supuesto "jefe", quien le refirió que ya sabían el trato que tenían, preguntando que cómo iba, el pasivo contestó que estaba mal de salud lo que le impidió juntar dinero, el activo le mencionó que después le hablaría, que lo estaba checando, que no llamara a la policía, también le dijo que tenía datos de sus familiares, así como de sus negocios, que estuviera pendiente el quince de enero de este año, de la llamada por la que le daría indicaciones, reiterándole que no llamara a la policía, porque el único perjudicado sería él y su familia; la víctima refirió que en esa fecha no recibió ninguna llamada; sin embargo, el dieciséis siguiente, aproximadamente a las catorce horas con treinta minutos le llamó el "jefe", quien le preguntó si tenía su dinero, que quería que él se lo entregara, a lo que respondió el pasivo que no, por los problemas de salud que tenía, el activo dijo que entonces fuera su pareja sentimental, respondiendo que tampoco iría ella; en la fecha indicada un amigo de la víctima fue el que salió a entregar cien mil pesos, pero como el "jefe", cuando habló por teléfono dijo que estaban "apuntando", le dio miedo y no entregó nada; el diecisiete del mes citado en último término, aproximadamente a las quince horas con treinta minutos, el "jefe" se comunicó con el pasivo, para preguntarle en dónde estaba su dinero, que consiguiera a alguien para que saliera a pagar, que se comunicaría nuevamente; el dieciocho siguiente a las quince horas, el "jefe" le llamó para preguntarle si había conseguido a alguien, respondiendo que no, el activo dijo que se armara de valor y saliera a pagar, que nada más tenía que salir al camellón ubicado en calle Papaloapan, colonia San Andrés, delegación Azcapotzalco, que metiera el dinero en una bolsa de plástico y la dejara en un bote de basura afuera de su domicilio, que más tarde llamaría; el agraviado metió cien mil pesos en una bolsa de plástico rosa, después sacó un bote de basura, pero no metió el dinero ahí, porque ya había hecho del conocimiento de las autoridades esa circunstancia; a las diecisiete horas con cincuenta minutos, se comunicó a la guardia de agentes a efecto de informar que iba entregar el numerario descrito con motivo de la "extorsión" de la que era objeto; a las dieciocho horas el activo llamó al agraviado para que saliera con el dinero, que enviaría a un sujeto que no era de su agrupación, que no le hiciera daño, si no todo valía madres, que se llevara el celular para que recibiera indicaciones; el pasivo salió de su domicilio, el "jefe" le dijo que se detuviera, después se aproximó un sujeto como de treinta años de edad, quien vestía una sudadera negra, acto seguido el "jefe" le dijo al pasivo que entregara a dicha persona el dinero, que se encontró con la persona enviada, le dijo al agraviado que iba por su dinero, que eso era una parte, una vez que entregó la bolsa con el dinero observó que se acercaron dos sujetos quienes forcejearon con el que recibió el dinero, posteriormente lo detuvieron y le dijeron que eran policías de investigación, acto seguido escuchó diversos disparos de arma de fuego, por lo que corrió a su domicilio, posteriormente fueron diversos policías a su casa, a informarle que habían detenido a más personas relacionadas con el hecho sucedido. 3. Impresión del "CURP", a nombre de la víctima, de la que se corrobora que el pasivo nació en 1951, por lo que a la fecha de los hechos tenía una edad de sesenta y seis años. 4. Dictamen en materia de psicología de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en la que se concluyó que la víctima presenta alteración psicoemocional con motivo de los mencionados hechos, por lo que requiere terapia. 5. Diligencia de la fecha mencionada en el punto anterior, en que el pasivo reconoció físicamente y por voz al activo Martín Garduño Cruz, como la persona que fue a su domicilio a recoger el dinero que le habían pedido y que fue asegurado por los agentes de la policía de investigación, después de que recibió el numerario, además de identificar la voz de Gregorio Juárez Martínez, quien se ostentó como el "jefe". 6. Informe de investigación de diecinueve de enero de dos mil dieciocho, en que se advierte que se recibió una llamada de J.M.M.M., identidad reservada, en la que informó que el dieciocho de enero de este año, aproximadamente a las dieciocho horas se percató que una persona se brincó a su terreno, desplazándose por el techo de lámina, después salió por otro lado, dejando en el lugar una chamarra negra, y en la orilla de la lámina se encontraba un arma de fuego, además precisó que tuvo conocimiento de los hechos ocurridos el dieciocho anterior, en que fueron detenidas diversas personas, por lo que los objetos que encontró en su domicilio podrían tener relación con dichos hechos; posteriormente un agente de la policía se constituyó en el referido domicilio para constatar lo que le habían narrado, además de asegurar un arma de fuego, cartuchos y ropa, y realizar diversas inspecciones. La defensa dijo que no se reunían los datos de prueba en razón de que existían inconsistencias respecto de las entrevistas de los policías de investigación, pues precisó que en ese momento se encontraban haciendo una investigación y protección derivada de diversa carpeta de investigación iniciada por el delito de secuestro, sin que se precisara de qué carpeta se trataba, en cuanto a los objetos asegurados no hay elemento de prueba que se relacione con ellos, porque son distintos con los que aparecen como dato de prueba, además, dichas diligencias no se llevaron a cabo en presencia de un defensor particular o de oficio, de igual manera, los hechos que se investigan se apartan de la realidad, pues si bien son diez policías de investigación que participaron, también lo es que no tienen coincidencia, además de que no existe dato de prueba relacionado con la supuesta llamada telefónica, o hasta a la fecha no se ha anunciado ningún dato de prueba del receptor ni del emisor de dicha información; en relación con la pandilla tampoco ha sido demostrado que los imputados se reunieron para tal efecto, por lo que no se reúnen los extremos del precepto 236 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con los elementos que anunció la agente del Ministerio Público, así como el informe de policía, pues son contradictorios en que sucedieran los hechos que ellos narran, donde supuestamente aseguran que recibió una llamada la víctima, en la que le exigían dinero; en relación con la valoración psicoemocional que según presenta la víctima, no estuvo presente defensor alguno para darle formalidad a dicha prueba; en cuanto a la diligencia de reconocimiento de persona, de igual forma no se reúnen los requisitos por lo que solicitó al juez que su defendido no sea vinculado a proceso. Cerrado el debate, el juez responsable de manera oral, pronunció su determinación, en que estimó acreditado el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada, cuya previsión se ha señalado en párrafos precedentes. Conclusión que este órgano de control constitucional considera legal, porque el juez responsable valoró los datos de prueba expuestos por la agente del Ministerio Público, de manera libre y lógica, acorde con el artículo 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales son eficaces, hasta la etapa procedimental que se analiza, para demostrar el hecho imputado al quejoso que la ley señala como delito. En ese entendido, fue correcto que el juez responsable considerara la petición del ministerio público, que los hechos acontecieron en la delegación Azcapotzalco, en esta ciudad y es competente, así como la aplicación del código penal para esta ciudad. Para lo cual tomó en consideración los datos de prueba reseñados por la representación social, en especial las diversas declaraciones de los policías de investigación, así como la entrevista del ofendido, impresión del "CURP", a nombre de la víctima, dictamen en materia de psicología, diligencias por la que el pasivo reconoció físicamente y por voz a dos de los imputados, e Informe de investigación, todos de diecinueve de enero de dos mil dieciocho. Destacó la responsable que si bien no existía un oficio con que se acreditara que dos de los agentes policiacos que intervinieron en la detención del amparista, estaban realizando labores de protección derivada de diversa carpeta de investigación, también lo es que esa circunstancia no le restaba valor a las entrevistas de los policías, porque la presencia de ellos en el lugar de los hechos derivó de la llamada que realizó el pasivo a la Fiscalía Antisecuestro, con motivo de que le habían llamado para exigirle dinero, lo que se corroboró con la entrevista del pasivo. En cuanto a la manifestación del defensor del quejoso en el sentido de que el dato de prueba consistente en la diligencia de reconocimiento de personas, es ilegal, el juez responsable estableció que no existe impedimento alguno para que policías de investigación estén en una diligencia de esa naturaleza, ni tampoco se indica que deban ser distintas, además de que a su consideración resulta innecesaria dicha diligencia, pues en el caso la participación del imputado, así como de los diversos activos está corroborada con las entrevistas de los policías mencionados, en que establecieron que observaron cuando dichas personas iban en los vehículos descritos, quienes se bajaron de ellos, además de que posteriormente se dirigieron al domicilio del pasivo, lugar en que se hizo entrega del dinero a uno de los activos, mientras los otros esperaban en los vehículos. Respecto de la diligencia de reconocimiento de voz, el juez consideró que en ese momento estaba incompleta, ya que es necesario que la realice por un perito en la materia, por lo que no se tomaría en cuenta como dato de prueba. Además, el referido juez estableció que hasta ese momento estaba acreditada la edad del pasivo, con el documento consistente en la clave única de registro de población. En atención a los datos de prueba descritos, el juez responsable señaló que el hecho materia de la imputación planteado por la agente del Ministerio Público, en el sentido de que el quejoso, con otros imputados pidieron diversas cantidades de dinero a la víctima, el cual entregó este último el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, aproximadamente a las dieciocho horas afuera de su domicilio, ubicado en calle Papaloapan, colonia San Andrés, delegación Azcapotzalco, a uno de los activos que se encontraban con el quejoso, hasta ese momento en que resolvió lo tuvo por acreditado, pues precisamente la conducta desplegada por el activo, así como los diversos imputados se traduce en que obligaron al agraviado a darles dinero, y así obtuvieron para sí un lucro, causando un perjuicio al pasivo, lo que se acreditó con los cien mil pesos que el pasivo entregó a uno de los imputados, además se tiene por acreditado que el quejoso y otros fueron detenidos en lugar de los hechos, además tanto el quejoso como los demás imputados iban armados. En ese sentido, fue correcto que vinculara a proceso al quejoso, y desestimar los argumentos de la defensa. Por otra parte, fue correcta la determinación del juez responsable, al concluir que en el caso no se actualiza en favor del imputado alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es importante destacar que el artículo 19 constitucional señala que en un auto de vinculación a proceso debe establecerse que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, y que exista probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, lo que implica que los datos recabados hasta la etapa procedimental sólo deben reunir el estándar probatorio necesario para satisfacer tal extremo, pues se reitera que la vinculación a proceso tiene como principal objetivo que el Ministerio Público esté en posibilidad de realizar una investigación complementaria del hecho delictivo, en la que pueda recabar datos y medios probatorios, a través de los cuales, eventualmente, pueda proceder acorde con el artículo 324 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, solicitar el sobreseimiento (parcial o total), suspensión del proceso o formular acusación. Con base en lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que se encuentran satisfechos los requisitos de forma y fondo que exige el artículo 19 Constitucional y los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, ya que de los datos de prueba se advierte que aparecen datos suficientes hasta este momento, para establecer que se ha cometido el hecho que la ley señala como delito de extorsión agravada y existe probabilidad de que el quejoso intervino en su comisión; máxime que, como se dijo, no es requisito indispensable en dicha resolución se cuente con pruebas plenas o contundentes para acreditar la plena responsabilidad penal del justiciable, sino sólo datos que hagan probable su intervención o participación. En ese contexto, toda vez que la determinación reclamada no es violatoria de los derechos fundamentales del quejoso, lo procedente es negar el amparo solicitado. Negativa de amparo que se hace extensiva al acto de ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad, en virtud de que no se reclamó por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 de la Ley de Amparo, se, R E S U E L V E : ÚNICO. Por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Arturo Flores Zacarias, contra los actos del juez Nonagésimo Tercero en Materia Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de juez de Control, consistentes en el auto de vinculación a proceso, emitido el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, en la carpeta judicial 010/0062/2018, así como su ejecución reclamado del director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad.

  3. Principal

    Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil dieciocho. Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Con sustento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas en este controvertido, la documental que se acompaña al comunicado de cuenta, así como los discos compactos que se envían, que se desahogan en este acto en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día que tenga verificativo la audiencia constitucional. Asimismo, en aras de otorgar certeza jurídica a las partes en la presente controversia, con el mencionado dispositivo electrónico, déseles vista con su contenido, para el efecto precisado en el segundo párrafo, y resguárdese en la secretaría de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 703 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". Por otro lado, ya que de la documental de cuenta se observa que Andrea Hidalgo Belmont, Gloria Guerrero Hernández y Leticia Guadalupe Rosas José, agentes del Ministerio Público adscritas a la Fiscalía Antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia de esta ciudad, son quienes intervinieron en la carpeta judicial de origen, se les reconoce la calidad de terceras interesadas en el presente controvertido, y se ordena correrles traslado, de conformidad con el precepto 5°, fracción III, inciso e), de la legislación reglamentaria. En otro contexto, vista la diligencia actuarial de cuenta, de la que se advierte que fue emplazado a juicio el tercero interesado de iniciales P.M.T. -identidad reservada-, en atención a su contenido, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica (en sigilo). Finalmente, tómense las medidas que se consideren pertinentes con el propósito de que se sigan conservando en secrecía los datos del tercero interesado.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese en autos el oficio de cuenta. En atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Finalmente, de conformidad con los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, ténganse como delegadas a las personas referidas, y como domicilio para recibir notificaciones el indicado.

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