José Arturo Elizalde Samano
Expediente 712/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 09/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Arturo Elizalde Samano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Acapulco, Guerrero; nueve de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en Chilpancingo, Guerrero, mediante el cual informa que el Pleno de ese Consejo determinó trasladar dicha oficina al interior del Edificio de la Universidad Policial con domicilio en Carretera Nacional México-Acapulco, kilómetro 271, colonia Hermenegildo Galeana, código postal 39010, en esa ciudad; de lo que queda enterado este juzgado federal. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita al propio juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintidós de enero de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió la sentencia emitida en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción II, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Finalmente, tomando en consideración que al presente asunto, el Magistrado de la Sala Regional Tierra Caliente, del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, con residencia en ciudad en Altamirano, con motivo del informe justificado remitió copia certificada del expediente TJA/SRCA/156/2017, que constituye el tomo de pruebas I; devuélvase a la referida autoridad, dado que resulta innecesario su permanencia en este órgano jurisdiccional.
- Principal
VISTOS; para resolver, los autos del juicio de amparo número 712/2017. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, Guerrero, remitido ese día por razón de turno al Juzgado Primero de Distrito, José Arturo Elizalde Sámano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades (en sus denominaciones correctas exceptos las precisadas en los puntos 3, 7 y 9) y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 2. Encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 3. Comisario General de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Guerrero (inexistente por acuerdo de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete). 4. Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. 5. Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero. EJECUTORAS: 6. Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 7. Jefe del Departamento de Caja dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. 8. Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (inexistente por acuerdo de once de septiembre de dos mil diecisiete). Residentes en Chilpancingo. 9. Enlace Administrativo de la Coordinación Regional Sierra dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en Atoyac de Álvarez, Guerrero. ACTOS RECLAMADOS "LA ORDEN VERBAL E ILEGAL DE SUSPENSION DE MIS FUNCIONES Y DE MI SALARIO Y DEMÁS PRESTACIONES Y EMOLUMENTOS QUE PERCIBO EN FORMA QUINCENAL COMO OFICIAL DE LA POLICÍA ESTATAL GUERRERO DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, DE UN 100% (CIEN POR CIENTO) a un 30% (TREINTA POR CIENTO) de mi salario, que en forma verbal con fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, me indicó el C. JOSÉ ALFONSO DÍAZ PINEDA, en su calidad de ENCARGADO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO Y COMISARIO GENERAL, que con motivo de la suspensión decretada en mi contra a partir del día 15 de agosto del año en curso 2017, percibiría un salario quincenal del 30% de mi salario que percibo actualmente, como consecuencia de una supuesta suspensión decretada como medida cautelar en contra de mi persona y del cargo que desempeño (.) El acto reclamado consistente en la disminución y/o suspensión de funciones y salario de un 100% a un 30% (.)" SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por acuerdo de uno de agosto de dos mil diecisiete, el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero registró la demanda de amparo con el número 783/2017, y declinó la competencia en favor del Juez de Distrito con residencia en esta ciudad, por ser quien ejerce jurisdicción territorial en Atoyac de Álvarez, Guerrero, lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; consecuentemente, por oficio recibido el tres de agosto de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero con sede en esta ciudad, envió la demanda que nos ocupa, quien por cuestión de turno la remitió ese día a este Juzgado Octavo de Distrito, quien por acuerdo de cuatro de agosto siguiente, admitió a trámite la demanda la cual quedó registrada con el número de expediente 712/2017; se solicitó a las autoridades responsables rindieran sus informes con justificación; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual luego de diferirse en diversas ocasiones tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, párrafo primero, 37 y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto proveniente de un procedimiento administrativo, que se considera de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como cuestión previa a dilucidar en el presente fallo, se procederá a precisar el acto o actos reclamados, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. En ese entendido, para su debida precisión debe analizarse en su integridad la demanda de amparo, en congruencia con todos sus elementos, e incluso, con la totalidad de la información del expediente del juicio; ello, encuentra fundamento por identidad de razón, en la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En consecuencia, es de señalar, que de una lectura integral del escrito de demanda en relación con el análisis de los elementos apuntados a los que se refiere la tesis invocada, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la orden de suspensión provisional de sus funciones y como consecuencia de su salario equivalente al 70% (setenta por ciento) del mismo, dejando a salvo la parte proporcional del 30% (treinta por ciento) de sus ingresos reales, decretada por acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento de investigación administrativa número INV/293/2017, hasta en tanto se resolviera en definitiva dicho asunto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, al Encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial de la citada Secretaría, al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Policía Estatal, al Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero y al Director General de Administración de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, en razón de que al rendir sus respectivos informes justificados (fojas 69, 190, 200, 78 y 256 respectivamente) lo negaron; lo que debe aceptarse en sus términos en razón de que como se verá en el siguiente considerando la citada orden reclamada fue emitida por el Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, por acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, dentro del procedimiento de investigación administrativa número INV/293/2017; lo que además constituye la prueba en contrario que hace inaplicable la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero de la Ley de Amparo, respecto del Jefe del Departamento de Caja, dependiente de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, quien no rindió su informe justificado, pese a estar notificada para ello. Bajo ese contexto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados atribuidos a las citadas autoridades, lo que procede con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, es sobreseer el juicio a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Jefe de la Unidad de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, en razón de que al rendir su respectivo informe justificado si bien en un principio lo negó, con posterioridad manifestó que mediante acuerdo de trece de julio de dos mil diecisiete, se dio inicio a la investigación administrativa en contra del quejoso radicada bajo el número INV/293/2017, por no haber aprobado las evaluaciones de control y confianza, derivado de ello, se decretó en su contra como medida cautelar la suspensión de sus funciones y como consecuencia de salarios equivalente al 70% (setenta por ciento) del mismo, dejando a salvo la parte proporcional del 30% (treinta por ciento) de su ingresos reales, así como su ejecución, hasta en tanto se resolviera en definitiva dicho asunto; lo que además se corrobora con la copia certificada del citado procedimiento que allegó como apoyo a su informe, la cual tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. QUINTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analiza el tema de la improcedencia del juicio, en los términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así tenemos que en el caso se actualiza la causal de improcedencia que atiende el numeral 61, fracción XIX, de la ley de la materia, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado (.)" Del precepto legal transcrito, se advierte la improcedencia del juicio de amparo, tratándose de actos respecto de los cuales se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado: Lo anterior tiene sustento práctico y justificación plena, si se toma en cuenta que dicha causal de improcedencia pretende evitar la existencia de dos resoluciones en contra de la misma controversia, bajo el riesgo de que resulten contradictorias. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia número P./J. 144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, del Tomo XII, diciembre de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. Al tenor de dicho criterio, se desprende que la causal que nos ocupa, se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; puesto que la única manera en que podría salvaguardar sus derechos, es mediante la existencia de un recurso o medio de defensa oponible frente a la resolución que lesiona su interés jurídico; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. A efecto de verificar la causal de improcedencia en estudio, del análisis de las constancias que obran en autos, se aprecia que en atención al requerimiento de nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio recibido por acuerdo de treinta de noviembre siguiente, el Magistrado de la Sala Regional Ciudad Altamirano del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, remitió copia certificada del expediente administrativo TJA/SRCA/156/2017, que conformó el tomo I de pruebas, el cual dada su naturaleza goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo señalado en los preceptos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la cual se advierte lo siguiente: 1. Que mediante escrito de treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, José Arturo Elizalde Sámano promovió juicio de nulidad ante la Sala Regional Ciudad Altamirano del anteriormente denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en contra de los siguientes actos (fojas 1 a la 33): "A).- La Nulidad de la suspensión provisional del 70% de mi salario de un 100 por ciento (100%) para querer entregarme únicamente a un 30 por ciento (30%), decretado de manera verbal por las demandadas. B).- La Nulidad de remoción ilegal del cargo de OFICIAL de POLICÍA ESTATAL, dependiente de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA realizada en mi contra. C). Asimismo, reclamo la ilegal ejecución de los actos consistentes en LA ORDEN VERBAL E ILEGAL DE SUSPENSIÓN DE MIS FUNCIONES Y DE MI SALARIO Y DEMÁS PRESTACIONES Y EMOLUMENTOS QUE PERCIBO EN FORMA QUINCENAL COMO OFICIAL DE LA POLICÍA ESTATAL GUERRERO, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, DE UN 100% CIEN POR CIENTO) a un 30% (TREINTA POR CIENTO) de mi salario, que en forma verbal con fecha veinticinco de julio del año dos mil diecisiete, me indicó el C. JOSÉ ALFONSO DÍAZ PINEDA, en su calidad de ENCARGADO DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICIAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICVA DEL ESTADO DE GUERRERO Y COMISARIO GENERAL, que con motivo de la suspensión decretada en mi contra a partir del día 15 de agosto del año en curso 2017, percibiría un salario quincenal del 30% de mi salario que percibo actualmente, como consecuencia de una supuesta suspensión decretada como medida cautelar en contra de mi persona y del cargo que desempeño (.)" Y como autoridades demandadas señaló a las siguientes: "1. La SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE GUERRERO, actualmente SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 2.- EL CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA DE LA POLICÍA ESTATAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 3.- SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y OPERACIÓN POLICÍAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, 4.- COMISARIO GENERAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO, 5.- UNIDAD DE CONTRALORÍA Y ASUNTOS INTERNOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 6.- SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMIISTRACIÓN DEL GOBIENRNO DEL ESTADO DE GUERRERO, 7.- JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CAJA, DEPENDIENTE DELA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, 8.- DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO. 9.- ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL SIERRA DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE GUERRERO, CON SEDE EN ATOYAC DE ÁLVAREZ, GUERRERO. Expuso sus conceptos de nulidad, solicitó la suspensión del acto reclamado y ofreció pruebas de su parte. 2. Mediante proveído de cuatro de agosto de dos mi diecisiete, la Sala Regional de Ciudad Altamirano, Guerrero del entonces denominado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, admitió la referida demandada, la cual registró con el número TJA/SRCA/156/2017 y ordenó emplazar a juicio a las autoridades demandada para que en el término de diez días hábiles contestaran la demanda, por ofrecidas las pruebas mencionadas por el demandante en su escrito de demanda y concedió la suspensión de los actos reclamados para el efecto de que las cosas se mantuvieran en el estado que se encontraban, es decir, para que las autoridades demandadas, se abstuvieran de realizar trámite alguno relativo a la ejecución de la resolución y/o suspensión del salario del actor de un por ciento a un treinta por ciento, así como la suspensión de su cargo y/o remoción del cargo de Oficial de la Policía Estatal del Estado de Guerrero, medida suspensional que estaría vigente hasta en tanto se resolviera el fondo del asunto y causara estado la determinación dictada; para lo cual solicitó a las autoridades demandadas informaran sobre dicho cumplimiento (fojas 39 y 40). 3. Por acuerdos de veintiuno, veinticinco y veintinueve de agosto, cinco y trece de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvieron por recibidas las contestaciones de la demanda de diversas autoridades, por invocadas las causales de improcedencia y sobreseimiento, por ofrecidas sus pruebas y se ordenó correr traslado a la parte actora. 4. Mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil, la parte actora amplió su demanda señalando como autoridades responsables además al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, de quien reclamó la ejecución de la orden de suspensión preventiva de sus funciones y en consecuencia de su salario, así como el indebido procedimiento de investigación número INV/293/2017, iniciado en su contra por la Unida de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública (fojas 472 a 518). 5. Por acuerdo de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo a la parte actora por ampliando su demanda, se concedió la suspensión del acto reclamado y se solicitó a las autoridades demandadas dieran contestación al escrito de ampliación (fojas 519 a 520). Bajo ese contexto, se acredita el requisito previsto en el inciso a) descrito, consistente en que sea el peticionario de amparo quien haya interpuesto el recurso o medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, pues el aquí quejoso (José Arturo Elizalde Sámano) mediante demanda presentada el dos de agosto de dos mil diecisiete, interpuso juicio de nulidad ante la Sala Regional Ciudad Altamirano, del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, en contra de la orden de suspensión provisional de sus funciones y de sus salarios del 70% (setenta por ciento) que percibe en forma quincenal como oficial de la policía Estatal, dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, como se lo indicó en forma verbal el Encargado de la Subsecretaría de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (acto reclamado en el presente juicio de garantías) y su ejecución, atribuido al Subsecretario de Administración, Apoyo Técnico y Desarrollo Humano de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, así como el indebido procedimiento de investigación número INV/293/2017, iniciado en su contra por la Unida de Contraloría y Asuntos Internos de la Secretaria de Seguridad Pública. Asimismo, se actualizan los requisitos indicados en los incisos b) y c) que anteceden, consistentes en que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio constitucional; en razón de que por acuerdo de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, se admitió a trámite dicha demanda de nulidad y por diverso de veinticinco de diciembre siguiente la ampliación de la demandada, pendiente de señalarse fecha para la audiencia de ley; y que el citado medio de defensa legal constituye la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo que nos ocupa, en atención a las siguientes consideraciones. En torno al entonces llamado Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero, conviene citar los siguientes preceptos: Artículo 138, de la Constitución Política del Estado de Guerrero vigente antes de las reformas del catorce de julio de dos mil diecisiete. "ARTICULO 138.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para: I. Resolver las impugnaciones de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la administración pública del Estado, los municipios, Órganos Autónomos, los Órganos con Autonomía Técnica, los organismos descentralizados y los particulares; II. Resolver las impugnaciones contra las resoluciones de las autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado; (.)" Artículo 4° de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero Número 194, vigente hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete: "Artículo 4. El tribunal tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa, fiscal y de las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero". Artículo 1° del Código de Procedimientos Contenciosos Administrativos. "Artículo 1. El presente Código es de orden público e interés social y tiene como finalidad substanciar y resolver las controversias en materia administrativa y fiscal que se planteen entre los particulares y las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipales, de los Organismos Públicos Descentralizados con funciones de autoridad del Estado de Guerrero, así como las resoluciones que se dicten por autoridades competentes en aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos". La interpretación sistemática de estos preceptos permite obtener lo siguiente: El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guerrero resolverá las controversias de naturaleza administrativa que se susciten entre los particulares y las autoridades administrativas estatales. Conocerá de las controversias del orden administrativo que se presenten entre la administración pública con la ciudadanía. Tiene competencia para conocer de los procedimientos contenciosos en materia administrativa en los que se aplique la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado. Como se advierte de estos dispositivos, de la Constitución y leyes locales, la competencia del tribunal se surte esencialmente, respecto de los asuntos que puedan surgir entre las autoridades y los particulares en materia administrativa, así como la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, en resoluciones administrativas, emitidas por autoridades competentes. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones ahí contenidas, la jurisprudencia número 2ª./J. 91/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 1178, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE SUS CONFLICTOS CON LOS MIEMBROS DE UNA INSTITUCIÓN POLICIAL CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.-Del proceso legislativo que dio origen al decreto de reformas y adiciones al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución General de la República (Diario Oficial de la Federación del 8 de marzo de 1999), se advierte que el Constituyente precisó que los miembros de las instituciones policiales se rigen por sus propias leyes y su relación con el Estado no es de naturaleza laboral, sino administrativa. Asimismo, el artículo 116, fracción VI, constitucional, faculta a las Legislaturas Locales para regular las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, pero sobre las bases determinadas en el propio artículo 123 y sus disposiciones reglamentarias. Por su parte, los artículos 42 y 44 del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Estado de Guerrero, establecen que entre esa dependencia y sus servidores públicos existe una relación laboral regida por la Ley de Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero Número 248, de cuyo artículo 113 se desprende que su aplicación corresponde al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, infiriéndose que dicho Tribunal, en principio, sería competente para conocer y dirimir las controversias entre los miembros de las instituciones policiales y la dependencia citada. Sin embargo, tales disposiciones no son acordes con los preceptos constitucionales citados, conforme a los cuales esa relación no es de naturaleza laboral sino administrativa y, en consecuencia, sus diferencias deben someterse a la jurisdicción concerniente a esta última materia, por lo que en atención al principio de supremacía establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe prevalecer ésta sobre las disposiciones referidas. En congruencia con lo anterior, si los artículos 118 de la Constitución Política; 40 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Número 433 y 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo Número 194, todas del Estado de Guerrero, instituyen la competencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para conocer los procedimientos contenciosos de ese orden, suscitados entre las autoridades y los particulares, por afinidad, en observancia de la garantía prevista en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, relativa a que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, ese órgano jurisdiccional debe conocer de los conflictos entre los miembros de una institución policial y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, pues el vínculo administrativo en aquéllos los asimila a las contiendas en las cuales interviene y en razón de su especialidad, dicha jurisdicción es la más pertinente para conocer y resolver dichas controversias, resultando aplicables por analogía las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación publicadas con los números 2a./J. 77/2004, 2a./J. 51/2001, 2a./J. 35/99, 2a./J. 82/98, 2a./J. 10/97, 2a./J. 32/96, 2a./J. 23/96, 2a./J. 77/95 y P./J. 24/95." Figura normativa que se constituye como un medio ordinario de impugnación que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto combatido, respecto del cual resulta competente para dirimir y resolverlo un órgano en sede administrativa de carácter estatal, que se encuentra facultado para conocer de tal cuestión a través de un procedimiento en el que tiene plenas atribuciones legales, que pudiera resultar favorable a los intereses del citado quejoso. En las narradas consideraciones el juicio de nulidad aludido se encuentra previsto en una ley, no en un reglamento; y constituye un medio ordinario de defensa que tiene por efecto nulificar, modificar o revocar el acto reclamado; de ahí que se estime actualizada la causal de improcedencia en estudio, en consecuencia, lo que procede, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento, es sobreseer en el presente juicio de amparo. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, la jurisprudencia invocada en el presente asunto no obstante que fue integrada conforme a la ley anterior, continúan en vigor y por ende aplicable al presente asunto, dado que no se oponen a la ley vigente, máxime que la redacción de la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo abrogada, se trasladó a la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo número 712/2017. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; a once de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibido el informe justificado de la Sala Regional Tierra Caliente, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, con residencia en Altamirano, Guerrero, el cual no fue conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el artículo 117 de la Ley de Amparo; en consecuencia, para dar margen a lo estipulado en el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día según se advierte de la certificación de cuenta, para las DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TRES DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.
Quedan 22 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,920 expedientes
- José Antonio Saiz Onofre326/2020
- José Antonio Téllez Rifas y Otros.594/2018
- José Antonio Terán Flores1106/2017
- José Armando Piña Medina439/2021
- José Armando Vázquez Manzanarez1136/2014
- José Arturo Avendaño Guillen809/2022
- José Arturo Flores Magno213/2016
- JOSE ARTURO GARCÍA ALVARADO y Otros.824/2016
- José Arturo Pérez de la Torre519/2015
- José Arturo Román Pinzón574/2016
- José Arturo Romero Chavez34/2016
- Jose Arturo Sánchez Sánchez821/2016