Jose Arturo Cortes Rios
Expediente 102/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 102/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Arturo Cortes Rios
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Como de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días, que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la determinación dictada el uno de febrero de mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de garantías que dio origen al juicio en que se actúa, sin que hicieran uso de tal derecho, en consecuencia, se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, como de los autos se aprecia que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por los artículos 12, 14 y el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, pues, se desechó el juicio de amparo en que se actúa, disposición citada en último término que dispone: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. En los Juzgados de Distrito: [...] d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado [.] " Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo general conjunto en cita. Háganse las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. Por otra parte, como de la constancia secretarial se advierte que en autos obran agregados los documentos originales que el quejoso adjuntó a su demanda de ?????????????? garantías; por tanto, se le previene a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a recoger tal documental, previa copia simple que de la misma se deje en autos, apercibida que de no hacerlo en el término precisado, dicho documento podrá ser destruido con el expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito que suscribe -, en cuanto autorizado del quejoso -, mediante el cual solicita a este juzgado la devolución de los documentos originales que se adjuntaron a la demanda de garantías; sin embargo, como de la constancia secretarial se advierte, en acuerdo de uno de los actuales, se desechó la demanda de garantías promovida por el quejoso -, y la misma aún no se ha declarado firme; por tanto, una vez que cause estado dicha determinación, se acordará lo referente a su devolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Salvador Martínez Calvillo, Juez Segundo de Distrito en el Estado, quien actúa asistido del licenciado José Luis Zamudio Méndez, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso********************, mediante el cual en cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, manifiesta que el tercero interesado ********************, sí fue emplazado en el expediente ********************, del índice del Juzgado Tercero Civil de este Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, y dio contestación a la demanda promovida en su contra. Ahora, del análisis de la demanda de garantías se advierte que el acto reclamado se hace consistir esencialmente en la orden de desalojo dictada en el juicio ordinario civil ********************, por el Juzgado Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, respecto del inmueble ******************** número ********************, dentro del condominio denominado ********************, ubicado en la calle ********************", señalada para el día dos de febrero de dos mil veintitrés, orden que deriva de la sentencia definitiva pronunciada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, confirmada por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, dentro del Toca de apelación ********************. Al respecto, cabe precisar que al examinar la demanda, se debe analizar si se actualiza alguna de las causales de improcedencia ya que su estudio es de orden público y de estudio preferente, y por ende este órgano de control constitucional lleva a cabo su examen de manera oficiosa, atento a lo prescrito por el artículo 113 de la Ley de Amparo el cual establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. En la especie, al quejoso le resulta el carácter de persona extraña a la controversia de origen, por no ser parte actora ni demandada; sin embargo, se advierte que es causahabiente de la parte demandada en el procedimiento natural ya que acompañó a su libelo inicial un contrato de arrendamiento, ratificado ante notario público el día veintidós de septiembre de dos mil veintidós, que celebró con el aquí tercero interesado ********************, en cuanto arrendador, respecto al inmueble ******************** ubicado en el número ********************, dentro del condominio denominado ********************, calle ********************; por lo que el amparista adquiere la misma posición que correspondía a su causante dentro del procedimiento natural. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación Tomo XVII, abril del dos mil tres, página 189, que a la letra dice: "CAUSAHABIENCIA. NO ES POR SÍ MISMA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO. El artículo 73 de la Ley de Amparo no establece como causal de improcedencia el fenómeno de la causahabiencia, motivo por el cual no se debe sobreseer en el juicio por esa razón, en sí misma considerada; sin embargo, cuando el promovente se ostenta como tercero extraño a un procedimiento y en el amparo se demuestra que es causahabiente de aquella de las partes a quien afecta el acto reclamado, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de esa parte, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían al causante son válidas también para el causahabiente porque éste está sujeto a la misma situación jurídica de aquél, por tanto, si el amparo que llegara a promover el causante ostentándose como persona extraña al juicio y aduciendo violación a la garantía de audiencia no debe ser sobreseído sino resuelto en cuanto al fondo, esto mismo debe hacerse cuando es. el causahabiente quien lo promueve con iguales argumentos. La presente tesis no afecta el criterio sustentado en la diversa jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es: "CAUSAHABIENTE SUBARRENDATARIO, FALTA DE INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO.", toda vez que esta última contempla exclusivamente la especie de subarrendamiento no autorizado por el arrendador, situación jurídica de contenido y consecuencias específicas y diversas a lo aquí sustentado." Por otro lado, en el escrito aclaratorio, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad que el demandado ********************, sí fue emplazado y que el mismo contestó la demanda promovida en su contra. Lo cual demuestra que el aquí quejoso es causahabiente de la parte demandada que ya fue emplazada en juicio, entonces, su situación en el amparo es idéntica a la de la parte demandada, puesto que solamente se ha subrogado en el ejercicio de los derechos correspondientes, motivo por el cual las causales de improcedencia que afectarían a la causante son válidas también para los causahabientes porque éstos están sujetos a la misma situación jurídica de aquél. En razón de la naturaleza del acto que se reclama, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto por el artículo 61 fracción XXII1, en relación con el 107 fracción IV de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [... ] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." Conforme al segundo párrafo de la fracción IV del precepto transcrito en segundo término, tratándose de actos de ejecución de sentencia, la última resolución, es aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, pudiéndose reclamar en la demanda de amparo respectiva, las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En la especie, el quejoso hace consistir el acto reclamado en la orden de desalojo ordenada dentro del juicio de origen, con motivo de la sentencia definitiva dictada en el mismo, la que fue confirmada en apelación; asimismo, a través del escrito de desahogo de prevención el promovente manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que el demandado fue emplazado, y que contestó la demandada promovida en su contra. De lo anteriormente expuesto, se llega a la conclusión de que en el caso concreto la demanda de garantías que se provee, resulta improcedente de manera notoria, ya que el quejoso reclama la orden de desalojo ordenada dentro del juicio ordinario civil número ********************, en la cual la parte demandada aquí tercero interesada fue emplazada e incluso dio contestación en dicho expediente. En ese tenor, la orden de desalojo que reclama el quejoso no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia respectivo; sino que se trata una de diversa resolución intermedia, pues para que se considere como el último acto de ejecución, en términos del segundo párrafo del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, se requiere que el Juez responsable dicte una resolución en la que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o en la que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o en la que ordene el archivo definitivo del expediente; por lo que, las violaciones que ahora reclama el quejoso, son violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución de sentencia, que únicamente pueden reclamarse cuando se promueva el amparo contra la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o que declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P/J.32/2001, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante sesión privada de fecha veintinueve de marzo de dos mil dos, publicada en la página treinta y dos, del Tomo XIII, correspondiente al mes de abril del año dos mil uno, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN 111 DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante Ja inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." También es aplicable la tesis de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo X, Octubre de 1999, página 1262, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO POR RECLAMARSE ACTOS QUE NO CONSTITUYEN LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN. Procede el desechamiento de la demanda de amparo cuando se reclama el señalamiento de la fecha para la celebración de la audiencia de remate en segunda almoneda, pues sólo podrá promoverse el juicio de garantías contra la resolución definitiva en que se apruebe o se desapruebe aquél, contra la cual será procedente el juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción 111 de la Ley de Amparo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso, como pudiera ser el citado señalamiento de audiencia." Consecuentemente, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda aludida, con fundamento en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV y 113, todos de la Ley de Amparo. Por otra parte, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia, el diverso escrito de cuenta signado por ********************, en cuanto autorizado del quejoso********************, mediante el cual pretende dar cumplimento con la prevención formulada, virtud a lo determinado en párrafos precedentes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, con sede en estado ciudad. Regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número I-102/2023-1; y previo a admitirla, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114 de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, y apercibido de la responsabilidad en que incurre en caso de manifestar hechos falsos. 1.- Manifieste si el demandado ********************, aquí tercero interesado fue emplazado dentro del expediente ******************** y si éste contestó la demanda promovida en su contra, por ********************, en cuanto apoderado jurídico de ********************. 2.- Finalmente, tendrá que exhibir copias necesarias de su escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, debiendo tener en consideración que se necesitan, una para el juicio principal, una para cada autoridad responsable, y una más para la Agente del Ministerio Público adscrita a este juzgado federal. Hecho lo anterior se proveerá al respecto. En la inteligencia que de no cumplir con las prevenciones formuladas, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. En términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio a fin de que ambos coincidan en su totalidad. De acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la propia Ley, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles. Por otra parte, se hace notar que en términos del artículo 27 fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que, en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones, o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de Amparo, hecha excepción de la diligencia de emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso se hubiere señalado como autoridad responsable. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, ante la necesaria e idónea continuidad en la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible y de estimarlo pertinente, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; para lo cual, las partes, sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, deberán solicitar -a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea- la consulta del expediente electrónico relativo al presente juicio y la práctica de notificaciones electrónicas, para lo cual se requiere también de la utilización de una firma electrónica vigente (FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal), de conformidad con lo dispuesto en el referido Acuerdo. Se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, de cuyo contenido se ordena su registro y, de ser necesario, su incorporación al expediente previa la certificación correspondiente, con fundamento el artículo 257 del citado Acuerdo General. En otro aspecto, hágase del conocimiento de las partes, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del conocimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional; por lo que, una vez que cause estado el presente auto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Se autoriza el uso de medios electrónicos para fotografiar o escanear los acuerdos decretados en el presente asunto, reservándose la reproducción de documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXIX Marzo de 2009, visible a página 2847, del rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Finalmente, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y autorizando en términos del numeral 12 de la Ley de Amparo a ********************, virtud a que tienen registradas su cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas que indica, quienes gozarán de las demás facultades que establece el artículo de referencia, una vez que registren su cédula profesional en el sistema de registro precisado. Notifíquese personalmente.
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