José Arturo Contreras Flores
Expediente 271/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 271/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/04/2022
Partes del expediente
- José Arturo Contreras Flores
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso recurso de queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación al punto 8.1.2 en su numeral 4, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; una vez que transcurran tres años de archivado, el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio del Juez y Secretario del Juzgado Tecero de Distrito en la Laguna, con sede en Torreón, Coahuila, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 61/2022, orden 75/2022, del índice de este juzgado. Háganse las anotaciones respectivas. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), téngase por legalmente notificado al impetrante del proveído de ocho y veintiocho de marzo de dos mil veintidós.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, por medio del cual remite sin diligenciar el exhorto 42/2022, orden 54/2022, derivado del presente juicio de amparo, por las razones que expone. Atento a lo anterior, con la finalidad de que la parte quejosa tenga conocimiento de la determinación emitida el ocho de los cursantes, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, envíese exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en la Laguna, con residencia en Torreón, Coahuila, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el lugar de reclusión del quejoso y haga de su conocimiento el presente proveído, así como la determinación de ocho de marzo de dos mil veintidós. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza de las determinaciones contenidas en el presente proveído, con fundamento en el artículo 17 constitucional y en el 28, fracción III de la Ley de Amparo, que faculta al juzgador a ordenar la notificación por cualquier medio oficial. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar las diligencias encomendadas.
- Principal
Toluca, Estado de México, ocho de marzo de dos mil veintidós. RADICACIÓN Y REGISTRO Vista la demanda de amparo que promueve *****, por propio derecho. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 271/2022-II-A. DESECHAMIENTO Ahora, previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Así, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior, se observa que la regla a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado. El principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que les produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses existe -de acuerdo a la naturaleza del acto- un medio extraordinario de defensa, que es precisamente el juicio de amparo. Además, de llegar a pasarse por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos judiciales no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades del juzgador de instancia, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio constitucional. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir a la instancia constitucional, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. Bajo esa premisa, conviene destacar que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso en esencia se duelen de: La resolución de diez de noviembre de dos mil veintiuno, emitido en los autos de la carpeta de ejecución ****, del índice de la responsable, en el cual determinó improcedente el incidente para la adecuación de pena planteado por la parte quejosa. Sin embargo, en contra del citado acto reclamado, previamente de acudir a la instancia constitucional y en aras de cumplir con el principio de definitividad, el quejoso debió interponer el recurso ordinario contemplado en la ley de la materia, en el caso, apelación, previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, específicamente en los artículos 131 y 132 fracción II, que establecen: Artículo 131. Apelación. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación. El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: (.) II. Modificación o extinción de penas; (.).". Luego, si el quejoso fue omiso en interponer contra el acto que constituye el acto reclamado, el recurso ordinario, en esta caso el de apelación, resulta evidente que incumplieron o no agotaron el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional; por tanto, resulta evidente que se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo; de ahí que, con fundamento en el numeral 113 de la normatividad en cita, se desecha de plano la demanda de amparo. Máxime, que el acto reclamado se emitió por autoridad judicial; por ende, es claro que antes de acudir al amparo el quejoso estuvo jurídicamente constreñido a agotar el medio de defensa (recurso de apelación), previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 573, visible en la página 515, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000 que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. (...).". DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso k), de la ley de la materia, practíquense las notificaciones que este Juzgador considere necesarias, personalmente al quejoso, en el centro de reclusión en el que se encuentra privado de su libertad. Por otra parte, como el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce (14) "CPS Durango"; con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la ley de la materia, envíese exhorto vía electrónica al Juzgado de Distrito en el Estado de Durango, con sede en Durango, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda se constituya en el lugar de reclusión del impetrante y haga de su conocimiento el presente proveído. Dada la naturaleza de la comunicación oficial, envíese vía electrónica mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con el artículo 110 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por lo cual, resulta innecesario el acuse de recibo respectivo y la devolución de las constancias de mérito, deberá realizarse por la misma vía. Lo anterior, tomando en cuenta la naturaleza de las determinaciones contenidas en el presente proveído, con fundamento en el artículo 17 constitucional y en el 28, fracción III de la Ley de Amparo, que faculta al juzgador a ordenar la notificación por cualquier medio oficial. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al juez exhortado para que en caso de ser necesario, habilite días y horas inhábiles, a fin de realizar las diligencias encomendadas. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. CONSULTA FÍSICA DEL EXPEDIENTE Por otra parte, en caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto físicamente, indíquese que para ello, deberán cumplir con lo establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, del capítulo II, del acuerdo general 21/2020; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales a fin de desahogar cualquier clase de diligencias (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes etc.); sin embargo, para tal fin deberán generar su código QR y agendar la cita respectiva conforme a los lineamientos allí establecidos. NORMATIVIDAD APLICABLE En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el uno de mayo de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 1/2022. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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