José Arturo Charles Sánchez
Expediente 1368/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1368/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Arturo Charles Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme la citada sentencia para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, previa las anotaciones pertinentes en el libro de registro correspondiente, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1368/2021, promovido por José Arturo Charles Sánchez; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante el Buzón Judicial de las Oficinas de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, recibido en este juzgado el diecinueve del mismo mes y año, compareció José Arturo Charles Sánchez, a demandar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión del Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La omisión de la autoridad señalada como responsable al dejar de dictar el acuerdo correspondiente al escrito recibido en fecha 11 de junio del 2021, por medio del cual se solicita el auto de requerimiento de pago y embargo, dentro en autos del expediente laboral número 48/E08/2015. ". Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1368/2021; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 48/E08/2015, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: La omisión de tomar las medidas necesarias a fin de despachar ejecución de laudo, específicamente, el dejar de proveer sobre el escrito de diez de junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 48/E08/2015. Sin que haya lugar a tener como actos reclamados los que enuncia el impetrante de amparo en su escrito de demanda, pues del estudio integral de la misma, así como de las constancias relacionadas con el juicio laboral de origen, se advierte que lo que el quejoso reclama es la omisión precisada. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado refirió que es cierto el acto que se le atribuye, consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias a fin de despachar ejecución de laudo, específicamente, el dejar de proveer sobre el escrito de diez de junio de dos mil veintiuno, dentro del expediente laboral 48/E08/2015. Sin embargo, refiere que se encuentra en vías de dar cumplimiento a lo requerido. Lo anterior se corrobora con las constancias que en copia certificada que remitió la autoridad responsable, mismas que adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el acto reclamado a la responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia del Pleno del Alto Tribunal, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Así como, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece como obligación para los juzgadores de amparo el analizar las causales de improcedencia, siendo que esto se realice de manera oficiosa, o que en su caso lo hagan valer las partes; previo a cualquier otra cuestión. En el caso, de las constancias que fueron aportadas por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado. Previo a explicar el porqué de dicha causal, es necesario transcribir el contenido del precepto legal y fracción que la prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la literalidad del precepto mencionado, se deduce que para que opere la improcedencia en cuestión, es menester que se actualice un hecho del cual se derive la cesación de los efectos del acto reclamado, de modo tal que se restablezca la situación a la que prevalecía hasta antes de que se produjera su emisión. En el presente asunto, dicha causal encuadra a través de la emisión del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. En dicho auto, la responsable tuvo por recibido el ocurso de diez de junio de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo, a través del cual, la parte actora solicitó se despachara la ejecución del laudo, dictando auto de requerimiento de pago y/o embargo. Atento a lo solicitado, determinó comunicarle al promovente que no había lugar a acordar de conformidad su petición, a razón de que por auto de tres de diciembre de dos mil veinte se realizó una cuantificación por la cantidad de $217,277.32 pesos (doscientos diecisiete mil doscientos setenta y siete pesos 32/100 M.N.) por el periodo de trece de marzo de dos mil dieciocho al dieciocho de noviembre de dos mil veinte; asimismo, obra una diligencia de embargo de nueve de diciembre de dos mil veinte, y oficio número 6497 dirigido a la institución bancaria BANAMEX S.A., por lo que se reservó a acordar de conformidad hasta en tanto la parte actora se desistiera del embargo practicado con anterioridad. Por lo anterior, deviene inconcuso que cesó el efecto de la omisión reclamada a la autoridad responsable, puesto que con la emisión del auto de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se destruyeron sus implicaciones en forma total e incondicional, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación como si se hubiera otorgado el amparo; pues la pretensión de la parte quejosa era constreñir a la responsable a fin de que se pronunciara sobre el escrito de diez de junio de dos mil veintiuno, lo que en la especie aconteció. Por lo anterior, deviene inconcuso la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En apoyo a lo anterior, es necesario traer a la vista la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dispone: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Aunado a lo anterior, resulta importante destacar que para la actualización de la omisión de dictar las medidas necesarias para lograr la ejecución del laudo dictado dentro del expediente natural, necesariamente supone el impulso de la parte ejecutante (como carga procesal), dada su propia naturaleza. Es decir, debe existir previamente una obligación correlativa o una facultad constitucional que ineludiblemente constriña a la autoridad responsable de que se hace mérito a realizarla, ya sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición. Y, si la parte actora mediante la presentación del escrito de diez de junio de dos mil veintiuno, solicitó se tomaran acciones encaminadas a lograr la ejecución del laudo, dentro del expediente laboral 48/E08/2015, y la responsable, con la emisión del proveído de veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno proveyó sobre el mismo en los términos señalados en los párrafos que anteceden, debe decirse que la responsable colmó su obligación correlativa en la etapa de ejecución, pues como ya se dijo, esta etapa necesariamente supone el impulso procesal de la parte ejecutante. Así, lo expuesto, resulta lógico y jurídicamente razonable, sobre todo si se toma en cuenta que la autoridad responsable no está legalmente constreñida a acatar el laudo, de oficio, de manera que si la parte quejosa promovió este juicio para combatir la omisión genérica de la autoridad laboral de llevar a cabo la ejecución forzosa del laudo en los términos que refiere, es evidente que el acto omisivo atacado en el juicio de amparo que nos ocupa, fue atendido por la responsable, ello en los términos que han quedado precisados. A lo anterior, resulta de exacta aplicación la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro 2000025, y en la página 2772 del Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Laboral, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." De igual forma, suma a lo anterior, por su idea jurídica, la tesis aislada 1a. XXIV/98, registro 196080, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, Materia Común, Pagina 53, que reza: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos." Así también, la tesis aislada 2a. CXLI/97, registro 197269, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, Materia Común, Pagina 366, que dice: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." Asimismo, a lo anterior, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2011 (10ª.) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 2000011, consultable en la página 2771, del libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Materia Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Por consiguiente, al estar demostrada la causal de improcedencia, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, respecto al acto y autoridad señalados en el presente considerando. Finalmente conviene precisar que los criterios que se citan en esta resolución, son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se
- Principal
Ciudad Victoria, Tamaulipas, a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en el presente asunto, en esencia se señala como acto reclamado la omisión de proveer sobre el escrito de diez de junio de dos mil veintiuno, presentado al día siguiente, a través del cual, solicita se dicte auto de requerimiento de pago y/o embargo, dentro del expediente laboral 48/E08/2015. Consecuentemente, a fin de resolver como en derecho corresponda, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS legalmente computados, informe el estado procesal del expediente de origen, específicamente el trato otorgado al escrito de diez de junio de dos mil veintiuno, presentado al día siguiente dentro del expediente laboral número 48/E08/2015, debiendo acreditarlo con copia certificada de las actuaciones con las que refleje objetivamente su dicho, es decir, con copia certificada del aludido ocurso y del acuerdo recaído al mismo, o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para hacerlo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de no cumplir dentro del término concedido, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 309, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Por lo anterior, no se está en aptitud de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, la que se difiere para las ONCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado FERNANDO UREÑA MORENO, Juez Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, quien actúa con el licenciado Edgar Iván Cruz Lerma, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Decimonoveno Circuito con residencia en esta ciudad y dos anexos al que se adjunta el original del presente juicio de amparo 643/2020, así como también copia certificada de la ejecutoria autorizada en sesión de doce de agosto de dos mil veintiuno, dictada dentro del amparo en revisión 127/2020, acúsese recibo de estilo, agréguese la ejecutoria de referencia, así como el cuadernillo formado con motivo del recurso al expediente original que se recibe, únicamente las constancias originales, dado que las restantes copias certificadas corren agregadas a los presentes autos, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes el sentido de la resolución de referencia, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en la ejecutoria que se recibe la Superioridad determinó establecer la reposición del procedimiento para el efecto de que se continúe con la tramitación del procedimiento del juicio que nos ocupa, se señale día y hora para la celebración de la audiencia constitucional con notificación personal a las partes y al dictar la sentencia que en derecho corresponda, se fije correctamente los actos reclamados, haciendo el pronunciamiento relativo a cada uno de ellos. En consecuencia, en cumplimiento a la ejecutoria de referencia, se repone el procedimiento en el sumario que se actúa y se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. En la inteligencia de que la misma, en términos de los artículos 5, fracción II y 25 del Acuerdo General 21/2020, se llevará a cabo mediante el medio denominado ''videoconferencia'' a través de Cisco Webex Meetings. Por tanto, siguiendo los lineamientos establecidos en el diverso Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en su artículo 28, SE REQUIERE A LAS PARTES para que en el plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación, proporcionen un correo electrónico o un dispositivo móvil al cual se les hará llegar la invitación del número de reunión en donde se llevará cabo la audiencia de ley; asimismo, indiquen en la promoción mediante la que desahoguen dicho requerimiento, la o las personas que acudirán vía electrónica en su representación (si es el caso). En el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior, o manifiesten el impedimento que tengan para hacerlo, la audiencia constitucional se llevará a cabo a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes, lo anterior atento al artículo 5°, fracción II del Acuerdo General 21/2020. Por otro lado, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General se les invita, a que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente...Finalmente, dese la intervención que legalmente corresponde al Fiscal Federal adscrito a este juzgado, lo anterior a través del correo electrónico oficial rafael.desantillana@pgr.gob.mx. Notifíquese personalmente a la parte quejosa quejosa y mediante correo electrónico al Fiscal Federal adscrito.
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