José Arturo Carcaño Vernet

Expediente 551/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
551/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/06/2018

Partes del expediente

  • José Arturo Carcaño Vernet

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: Xalapa, Enríquez, Veracruz a ocho de junio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por José Arturo Carcaño Vernet, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 551/2018. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. En ese tenor, en el caso que se analiza, el suscrito juzgador considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Tal numeral establece el principio de definitividad, el cual consiste en que la parte quejosa previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. En efecto, uno de los principios que rige el juicio de amparo, denominado "principio de definitividad", supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley, que regula el acto reclamado, establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. El principio mencionado, se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio ordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para invalidar los actos de las autoridades, en las distintas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Para sostener lo anterior, cobra aplicación la tesis I.6o.C. J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que se localiza en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Mayo de 2002, Tomo XV, Novena Época, de rubro: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL." De suerte que, dicho principio implica la obligación del agraviado en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios tendentes a revocar o modificar los actos lesivos. Delimitado lo anterior, se tiene que de la lectura integral de la demanda, se advierte que el promovente reclama en esta instancia, el auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro de la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 703/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, en el que ordena trabar embargo sobre el treinta por ciento de su salario. De ese modo, de conformidad con lo dispuesto en el apartado de "De la Revocación y Reposición", en específico, del artículo 1334 del Código de Comercio, se tiene que contra el acuerdo reclamado, previo a la interposición del presente juicio de amparo, el promovente debió agotar el recurso de revocación, que prevé dicho numeral, que a la letra dice: "Artículo 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición." (Lo resaltado es propio). Así, del numeral transcrito se evidencia que, en contra de los autos que no fueren apelables, procede la revocación. Lo anterior, toda vez que en términos del artículo 1339 del citado ordenamiento legal, son irrecurribles en apelación las resoluciones que se dicten durante el procedimiento y las sentencias que recaigan en negocios cuyo monto sea menor a $593,712.73, por concepto de suerte principal y, en el caso en específico, el promovente manifestó que la cuantía por la que se instauró el juicio natural es por la cantidad de $41,900.00 (cuarenta y un mil novecientos pesos, cero centavos, moneda nacional). Por tanto, al resultar dicho monto inferior al señalado por la norma, es claro que de acuerdo a la regla general, el auto que por esta vía se intenta combatir es impugnable mediante el recurso de revocación. En este tenor, es inconcuso que, al existir un recurso ordinario establecido por la legislación que rige la controversia de origen, mismo que no fue agotado por el solicitante de amparo, para impugnar el proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, dictado dentro de la sección de ejecución del juicio ejecutivo mercantil 703/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con sede en esta ciudad, el juicio de amparo resulta improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 1a./J 70/2013 (10a.), localizable en el Tomo I, diciembre de dos mil trece, página cuatrocientos uno, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "REVOCACIÓN. PROCEDE ESE RECURSO CONTRA AUTOS Y DECRETOS DICTADOS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SU MONTO SEA INFERIOR AL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO PARA QUE EL ASUNTO SEA APELABLE (LEGISLACIÓN POSTERIOR AL DECRETO DE 9 DE ENERO DE 2012)." Así como la diversa tesis III.5o.C.18 C, localizable en el Tomo XVI, noviembre de dos mil dos, página mil ciento noventa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es "REVOCACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1334 DEL CÓDIGO DE COMERCIO. NO ES OPTATIVO AGOTARLA PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS." En este punto, es necesario precisar que, la parte promovente es parte demandada en el juicio natural del que deriva el acto reclamado, por lo que no se ubica en las hipótesis de excepción a que se refiere la fracción XVIII del precepto 61 de la ley de la materia, esto es, que se trate de una persona extraña al procedimiento natural, sea en forma total o por equiparación. Además, en el caso resulta que el acto en análisis no es de aquéllos que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, por lo que tampoco se está en el supuesto de excepción a que se refiere el inciso "a" de la fracción y numeral invocados. También, debe decirse que el acto reclamado no se trata de una orden de aprehensión, reaprehensión, de vinculación a proceso, que niegue la libertad provisional bajo caución o que se decida sobre un incidente de desvanecimiento de datos, arresto, o cualquiera que afecta la libertad personal de la quejosa, por lo que es evidente que no ésta en un caso de excepción. Sin que obste que, el acto se pudiera tratar de un acto de imposible reparación; empero, ello no constituye una excepción al principio de referencia. En relatadas cuentas, al no haber observado la parte promovente el principio de definitividad que rige en el juicio biinstancial, arrojando como consecuencia la actualización de la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 113 del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Apoya lo anterior, la jurisprudencia número VI.3o.C. J/62, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 1665, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones del promovente, el domicilio que en su ocurso indica. Así mismo, como autorizado, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Miguel Salazar de la Cruz, debido a que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma José Ezequiel Santos Álvarez, Juez Décimo Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Guadalupe Domínguez Lagunes, Secretaria que autoriza. Doy fe. JESA/GDL/MPH

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