José Arturo Arias Rojo

Expediente 1128/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1128/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
16/01/2019

Partes del expediente

  • José Arturo Arias Rojo

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 16 - 20), en el que se desechó la demanda de garantías, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. Toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió a la parte quejosa la suspensión de plano de los actos reclamados, en cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente: Tiene relevancia documental, en virtud de que se ubica en los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado. En su oportunidad deberá conservarse en su totalidad en el archivo jurídico; y procédase a la digitalización de la demanda y sentencia respectivas. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno correspondiente. De conformidad con lo establecido en el punto décimo y décimo primero del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proceda a su total conservación en el archivo jurídico. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. Por otra parte, visto el estado de los autos, específicamente la diligencia de notificación de siete de enero del año en curso, realizada al quejoso JOSÉ ARTURO ARIAS ROJO, en la que realizó diversas manifestaciones respecto de la falta de atención médica que reclama en este asunto, solicitando se requiera a las responsables lo canalicen con los médicos especialistas en psiquiatría y se le suministren los medicamentos que requiere. Atento a lo manifestado, se hace del conocimiento del quejoso que en auto de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de amparo, toda vez que previo a la promoción del juicio de amparo, debe acudir a las instancias correspondientes para la solución de las diversas peticiones que formulen. En tal circunstancia, se reitera al quejoso que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; (artículo 9, fracción II de la propia ley). Ahora bien, y toda vez que el quejoso JOSÉ ARTURO ARIAS ROJO, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, notifíquese el presente proveído al mencionado quejoso, haciéndole entrega de copia certificada del mismo; debiendo el Fedatario Judicial recabar la constancia de notificación respectiva, en la que conste la entrega de la copia certificada de referencia. NOTIFÍQUESE Y AL QUEJOSO EN EL CEFERESO NÚM. 13 "CPS-OAXACA".

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Glósese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población; visto su contenido, se le tiene remitiendo el oficio de la autoridad responsable mediante el cual informa en relación a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población; visto su contenido, se le tiene remitiendo los oficios de las autoridades responsables mediante los cuales informan en relación a la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa, únicamente para que obren como corresponda, toda vez que en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por el quejoso ********************. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Por recibo del oficio de cuenta número 36797/2018 signado por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, al que acompaña la demanda de amparo número 1116/2018 de su índice, promovida por ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades. Acúsese el recibo correspondiente. Ahora bien, del oficio y anexo de cuenta se desprende que en auto de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, el Juez Décimo de Distrito en el Estado, declinó competencia legal a favor de este órgano jurisdiccional, por considerar actualizada la hipótesis a que se refiere el artículo 46, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, al haber prevenido en el conocimiento del asunto en el diverso juicio de amparo 1078/2016, promovido por el quejoso ********************, contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, y otras autoridades, consistente en la falta de atención médica por parte de un especialista en psiquiatría. Al compartirse los argumentos expuestos por el juez declinante, se acepta la competencia planteada; fórmese expediente y regístrese bajo el número 1128/2018; por lo que al efecto se provee: La demanda debe desecharse de plano por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, del ordenamiento legal invocado, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (...)". El numeral parcialmente reproducido recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el impetrante debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Establecido lo anterior, la fracción II, del artículo 1° de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa nueva legislación creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión; de allí que las personas privadas de su libertad tengan la posibilidad de instar cualquiera de esos procedimientos para la resolución de dichos litigios. Asimismo, el arábigo 2° de la citada ley, como ámbito de aplicación, señala en general a todas las personas privadas de la libertad; es decir, ya sea que se encuentren en prisión preventiva o que estén compurgando una pena o medida de seguridad. Bajo ese contexto, por tratarse de situaciones relacionadas a la reclusión de la parte quejosa, a los actos reclamados les resulta aplicable dicho ordenamiento legal. En efecto, dentro del Capítulo III, denominado Procedimiento Administrativo de la citada ley, se contempla la posibilidad de que los internos lleven a cabo las peticiones administrativas que requieran dentro de su estancia en los centros de internamiento. Así los artículos 9, 107 a 115, 131 y 132 de la citada legislación, disponen: Artículo 9. Derechos de las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario Las personas privadas de su libertad en un Centro Penitenciario, durante la ejecución de la prisión preventiva o las sanciones penales impuestas, gozarán de todos los derechos previstos por la Constitución y los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, siempre y cuando estos no hubieren sido restringidos por la resolución o la sentencia, o su ejercicio fuese incompatible con el objeto de éstas. Para los efectos del párrafo anterior, se garantizarán, de manera enunciativa y no limitativa, los siguientes derechos: (.) II. Recibir asistencia médica preventiva y de tratamiento para el cuidado de la salud, atendiendo a las necesidades propias de su edad y sexo en por lo menos unidades médicas que brinden asistencia médica de primer nivel, en términos de la Ley General de Salud, en el Centro Penitenciario, y en caso de que sea insuficiente la atención brindada dentro de reclusión, o se necesite asistencia médica avanzada, se podrá solicitar el ingreso de atención especializada al Centro Penitenciario o que la persona sea remitida a un Centro de Salud Público en los términos que establezca la ley; Artículo 107. Peticiones administrativas Las personas privadas de la libertad y aquellas legitimadas en esta Ley podrán formular peticiones administrativas ante la Autoridad Penitenciaria en contra de los hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento. Artículo 108. Legitimación Se reconoce legitimidad para formular las peticiones ante las direcciones de los Centros a: I. La persona privada de la libertad, a nombre propio o de manera colectiva; Artículo 109. Sustanciación de las peticiones Las peticiones se sustanciarán conforme a las reglas establecidas en esta Ley, a fin de que la Autoridad Penitenciaria se pronuncie sobre si ha existido o no una afectación en las condiciones de vida digna y segura en reclusión para las personas privadas de la libertad o afectación a los derechos de terceras personas y, en su caso, la subsanación de dicha afectación. Los solicitantes podrán desistir de su petición en cualquier momento, salvo que el tema planteado se refiera al interés general del Centro o de un sector de su población. El desistimiento no implica la pérdida del derecho a formular una petición sobre la misma materia con posterioridad. Artículo 110. Formulación de la petición Las peticiones administrativas se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del Centro, para lo cual se podrá aportar la información que se considere pertinente, con el objeto de atender las condiciones de vida digna y segura en reclusión. La autoridad administrativa del Centro auxiliará a las personas privadas de la libertad cuando lo soliciten para formular el escrito. En caso de que la petición sea formulada por persona distinta a la privada de la libertad, ésta deberá señalar nombre, domicilio, teléfono y, en su caso, correo electrónico, para que le sean practicadas las determinaciones respectivas. Artículo 111. Acuerdo de inicio Una vez recibida la petición, la Autoridad Penitenciaria, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa. Esta determinación deberá notificarse personalmente al promovente. En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. En caso de no hacerlo, la Autoridad Penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y oral aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. Artículo 112. Trámite del procedimiento Una vez admitida la petición, el director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera. La obligación de allegarse de información deberá estar acompañada de acciones diligentes a fin de no retrasar la resolución de la petición. Artículo 113. Acumulación de peticiones Las peticiones administrativas que tengan un mismo objeto, total o parcialmente, serán acumulables, cuando así proceda, para ser resueltas en un solo acto conjuntamente, continuándose la substanciación por separado de la parte que no se hubiese acumulado. Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito. Artículo 115. Casos urgentes Cuando las peticiones recaigan sobre hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, constituyendo un caso urgente, la persona legitimada podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. En este caso, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. Tratándose de omisiones, el Juez de Ejecución determinará las acciones a realizar por la Autoridad Penitenciaria. Cuando los jueces de ejecución reciban promociones que por su naturaleza no sean casos urgentes, las turnarán al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Artículo 131. Apelación El recurso de apelación se interpondrá dentro de los tres días siguientes a la notificación del auto o resolución que se impugna y tiene por objeto que el tribunal de alzada revise la legalidad de la resolución impugnada, a fin de confirmarla, modificarla o revocarla. Artículo 132. Procedencia del recurso de apelación El recurso de apelación procederá en contra de las resoluciones que se pronuncien sobre: I. Desechamiento de la solicitud; II. Modificación o extinción de penas; III. Sustitución de la pena; IV. Medidas de seguridad; V. Reparación del daño; VI. Ejecución de las sanciones disciplinarias; VII. Traslados; VIII. Afectación a los derechos de personas privadas de la libertad, visitantes, defensores y organizaciones observadoras, y IX. Las demás previstas en esta Ley". Del análisis de los artículos transcritos se colige que la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran cuestiones relativas a la salud; (artículo 9, fracción II de la propia ley); a permanecer en estancias designadas; a recibir suministro suficiente, salubre, aceptable y permanente de agua para su consumo y cuidado personal, así como artículos de aseo diario necesarios; acceder al régimen de visitas; a efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes; a que se garantice su integridad moral, física, sexual y psicológica; y a participar en la integración de su plan de actividades, el cual deberá atender a las características particulares de la persona privada de su libertad, en el marco de las condiciones de operación del Centro Penitenciario. De igual manera, se establece que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión deben efectuarse por escrito sin formalidad, ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión; incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a la persona privada de su libertad, cuando se lo soliciten, a formular el escrito correspondiente; asimismo, en dicho procedimiento se pueden ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. A la par, la aludida legislación establece la forma en que las peticiones se deben sustanciar, resolver e impugnar, incluso, tratándose de casos urgentes (artículos 111 a 115, 131 y 132). En ese contexto, tomando en consideración que en el caso la parte quejosa reclama esencialmente: "La falta de atención de un médico psiquiatra", es evidente que respecto a dicho acto, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, pues éste es un medio extraordinario de defensa. En tales condiciones, al no haberse cumplido con el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia en análisis, lo que conduce a DESECHAR LA DEMANDA de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 113, del ordenamiento legal invocado. Ahora bien, y toda vez que el quejoso señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el Centro Federal de Readaptación Social Número 13, "CPS-OAXACA", con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, lugar en el que se encuentra recluido; por conducto del Actuario adscrito a este Juzgado, notifíquese el presente proveído al mencionado quejoso, haciéndole entrega de copia certificada del mismo; debiendo el Fedatario Judicial recabar la constancia de notificación respectiva, en la que conste la entrega de la copia de referencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Por otra parte, en virtud de haberse recibido el juicio de amparo de que se trata en forma directa ante la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, gírese oficio a la Encargada de la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta localidad, para su conocimiento y efectos de la compensación correspondiente. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de sus datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE; Y AL QUEJOSO EN EL CEFERESO NÚM. 13 "CPS-OAXACA".

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