José Arturo Alvarado Hernández
Expediente 8/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 19 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 8/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 23/05/2019
Partes del expediente
- José Arturo Alvarado Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
El auto pronunciado por este juzgado el veintidós de abril último, en el que se declaró que existe imposibilidad jurídica para cumplimentar con los extremos de la sentencia dictada en autos, en consecuencia, con fundamento en el citado arábigo, SE DECLARA CONSENTIDO. Ahora bien, toda vez que en proveído de veintidós de abril del año en curso, se acordó lo relativo al destino de este expediente, quedando pendiente su envío físico al archivo, remítase a él por estar debidamente concluido. Atento a lo anterior, devuélvanse las constancias remitidas por el Titular y Secretario Actuario, ambos del Juzgado Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, sin que sea necesario solicitarles el acuse de recibo respectivo, pues para este órgano de justicia federal es suficiente el sello de recepción de las autoridades en cita.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso, se otorgó la protección constitucional al *************************************, para que el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México: "1. Deje insubsistente todo lo actuado hasta el auto de dos de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente *************************************, a partir de que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para esta Ciudad, y ordenó la comparecencia del *************************************; y, 2. Emita uno diverso, en el que señale nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia citada en el ordinal anterior, ordene la notificación correspondiente, en la inteligencia de que el funcionario judicial (autorizado para esa diligencia) que la practique se deberá cerciorar de que el justiciable habita en ese lugar, así como de que haga del conocimiento de lo determinado por el juez de origen. Asimismo, por medio de dicha diligencia, deberá enterar al impetrante constitucional, los hechos que sirvieron de sustento para la emisión de la resolución de dos de enero pasado, corriéndole traslado con el escrito inicial de solicitud de medidas de protección de emergencia. Con plenitud de jurisdicción, en su caso, de manera fundada y motivada, realice los apercibimientos necesarios; y, en su oportunidad, desahogue la multicitada audiencia y dicte la resolución correspondiente. Lo anterior, deberá acreditarlo ante este Órgano de Control Constitucional, dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos de segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo.". Posteriormente, en proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, por medio del cual hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional, que el cuatro del de marzo del año en curso, en el expediente de medidas de protección 3/2019, determinó la cesación de la vigencia de las medidas de protección concedidas en favor de ************************************* y de manera extensiva a su menor hija *************************************, remitiendo copia certificada del citado auto, y al efecto se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto causara ejecutoria el juicio. Así, el veinte de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente asunto, y dado el contenido del oficio y constancias remitidas por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, se levantó la anterior reserva, ordenando dar vista a las partes, con dichas actuaciones, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que ejerciera dicho derecho (fojas 131 a 132). Ahora bien, del análisis de las constancias de referencia, remitidas por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, se concluye que existe imposibilidad jurídica, a efecto de cumplimentar con los extremos del fallo protector dictado en el presente asunto. Lo anterior resulta así, dado que el acto de molestia que dio origen al presente juicio de amparo dejo de existir jurídicamente. Ello, pues si la parte quejosa señaló como actos reclamados las determinaciones de dos y ocho de enero de dos mil diecinueve, en las que, en la primera de ellas, se concedieron diversas medidas de protección en favor de la *************************************, las cuales se decretaron con una duración de sesenta días, y en la segunda, se confirmaron dichas medidas. Y posteriormente, una vez que este órgano de control constitucional emitió la sentencia protectora, el juez responsable, hizo del conocimiento, que el cuatro de marzo pasado (antes de que causara ejecutoria la resolución de amparo), determinó la cesación de la vigencia de las medidas de protección concedidas en favor de la ************************************* y de manera extensiva a *************************************, atendiendo a que los sesenta días de su vigencia, iniciaron el dos de enero y fenecieron el tres de marzo, ambas datas, del año en curso. Puntualizado lo anterior, a nada práctico conduciría requerir el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable, pues a la fecha en que causó ejecutoria aquélla, ya habían fenecido las medidas de protección reclamadas por el quejoso, por lo que resultaría ocioso requerirle al juez responsable, que dejara insubsistente el acto combatido y en su lugar dictara otro en el que purgara los vicios formales de los que adolecía en primer término. Sin que en el caso sea necesario requerir la manifestación de imposibilidad por parte de la autoridad judicial responsable, pues este juzgador considera que las constancias que aquélla remitió, son aptas y bastantes para establecer sin lugar a dudas sobre la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que exigir dicha manifestación expresa, tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente. De lo antes expuesto, se advierte que existe imposibilidad jurídica para acatar la determinación pronunciada por este juzgador, al haber perdido vigencia el acto reclamado. En ese orden de ideas, si bien el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, en el presente caso, por las razones antes anotadas, existe una imposibilidad jurídica y material que impide su total ejecución. Bajo este contexto, con fundamento en la última parte del numeral 196, este juzgador DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, quedando a salvo el derecho de las partes para interponer el recurso correspondiente. Dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable, glósese el original del incidente de suspensión y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001, de la misma superioridad; consecuentemente, de conformidad con los diversos puntos CUARTO y DÉCIMO del acuerdo de mérito, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que constan documentos originales y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido. En la inteligencia que deberán también conservarse los proveídos integrantes del incidente respectivo en los que, en su caso, se haya concedido la suspensión provisional y definitiva, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del punto Vigésimo, fracción III del Acuerdo en consulta. Por otra parte, de conformidad con el diverso VIGÉSIMO, fracción III, del mismo acuerdo una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, entre tanto, manténgase ligado a este expediente. Finalmente, resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, así como la devolución de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la nueva ley de la materia.
- Principal
(CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, NO ACUDIERON A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en sentencia dictada el veintiocho de febrero del año en curso, se otorgó la protección constitucional al ********** , para que el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México: "1. Deje insubsistente todo lo actuado hasta el auto de dos de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente ***********, a partir de que señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia prevista en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para esta Ciudad, y ordenó la comparecencia del ****************; y, 2. Emita uno diverso, en el que señale nueva fecha y hora para el verificativo de la audiencia citada en el ordinal anterior, ordene la notificación correspondiente, en la inteligencia de que el funcionario judicial (autorizado para esa diligencia) que la practique se deberá cerciorar de que el justiciable habita en ese lugar, así como de que haga del conocimiento de lo determinado por el juez de origen. Asimismo, por medio de dicha diligencia, deberá enterar al impetrante constitucional, los hechos que sirvieron de sustento para la emisión de la resolución de dos de enero pasado, corriéndole traslado con el escrito inicial de solicitud de medidas de protección de emergencia. Con plenitud de jurisdicción, en su caso, de manera fundada y motivada, realice los apercibimientos necesarios; y, en su oportunidad, desahogue la multicitada audiencia y dicte la resolución correspondiente. Lo anterior, deberá acreditarlo ante este Órgano de Control Constitucional, dentro del término de CINCO DÍAS, siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos de segundo párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo. ".Posteriormente, en proveído de seis de marzo de dos mil dieciocho, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, por medio del cual hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional, que el cuatro del de marzo del año en curso, en el expediente de medidas de protección 3/2019, determinó la cesación de la vigencia de las medidas de protección concedidas en favor de *********** y de manera extensiva a su menor hija ******************, remitiendo copia certificada del citado auto, y al efecto se reservó acordar lo conducente, hasta en tanto causara ejecutoria el juicio. Así, el veinte de marzo del año en curso, se declaró ejecutoriada la sentencia dictada en el presente asunto, y dado el contenido del oficio y constancias remitidas por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, se levantó la anterior reserva, ordenando dar vista a las partes, con dichas actuaciones, en términos del artículo 196 de la Ley de la materia, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que ejerciera dicho derecho (fojas 131 a 132). Ahora bien, del análisis de las constancias de referencia, remitidas por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, se concluye que existe imposibilidad jurídica, a efecto de cumplimentar con los extremos del fallo protector dictado en el presente asunto. Lo anterior resulta así, dado que el acto de molestia que dio origen al presente juicio de amparo dejo de existir jurídicamente. Ello, pues si la parte quejosa señaló como actos reclamados las determinaciones de dos y ocho de enero de dos mil diecinueve, en las que, en la primera de ellas, se concedieron diversas medidas de protección en favor de la *************, las cuales se decretaron con una duración de sesenta días, y en la segunda, se confirmaron dichas medidas. Y posteriormente, una vez que este órgano de control constitucional emitió la sentencia protectora, el juez responsable, hizo del conocimiento, que el cuatro de marzo pasado (antes de que causara ejecutoria la resolución de amparo), determinó la cesación de la vigencia de las medidas de protección concedidas en favor de la ************* y de manera extensiva a **********, atendiendo a que los sesenta días de su vigencia, iniciaron el dos de enero y fenecieron el tres de marzo, ambas datas, del año en curso. Puntualizado lo anterior, a nada práctico conduciría requerir el cumplimiento de la sentencia a la autoridad responsable, pues a la fecha en que causó ejecutoria aquélla, ya habían fenecido las medidas de protección reclamadas por el quejoso, por lo que resultaría ocioso requerirle al juez responsable, que dejara insubsistente el acto combatido y en su lugar dictara otro en el que purgara los vicios formales de los que adolecía en primer término. Sin que en el caso sea necesario requerir la manifestación de imposibilidad por parte de la autoridad judicial responsable, pues este juzgador considera que las constancias que aquélla remitió, son aptas y bastantes para establecer sin lugar a dudas sobre la imposibilidad jurídica de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que exigir dicha manifestación expresa, tendría únicamente un efecto dilatorio en el trámite de ejecución y archivo del expediente. De lo antes expuesto, se advierte que existe imposibilidad jurídica para acatar la determinación pronunciada por este juzgador, al haber perdido vigencia el acto reclamado. En ese orden de ideas, si bien el artículo 214 de la nueva Ley de Amparo, establece que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, en el presente caso, por las razones antes anotadas, existe una imposibilidad jurídica y material que impide su total ejecución. Bajo este contexto, con fundamento en la última parte del numeral 196, este juzgador DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR, quedando a salvo el derecho de las partes para interponer el recurso correspondiente. Dése el aviso correspondiente a la autoridad responsable, glósese el original del incidente de suspensión y previas las anotaciones en el libro de gobierno, con apoyo en el invocado precepto 196, se ordena el archivo del presente juicio de amparo. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente, se encuentra dentro de la hipótesis que establece el punto VIGÉSIMO PRIMERO, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, mismo que deroga el Acuerdo General Conjunto 1/2001, de la misma superioridad; consecuentemente, de conformidad con los diversos puntos CUARTO y DÉCIMO del acuerdo de mérito, una vez que transcurra el plazo de TRES AÑOS que se estipula, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental, que constan documentos originales y que es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda y sentencia respectivas como se indica en el punto Vigésimo Primero referido. En la inteligencia que deberán también conservarse los proveídos integrantes del incidente respectivo en los que, en su caso, se haya concedido la suspensión provisional y definitiva, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del punto Vigésimo, fracción III del Acuerdo en consulta. Por otra parte, de conformidad con el diverso VIGÉSIMO, fracción III, del mismo acuerdo una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión, entre tanto, manténgase ligado a este expediente. Finalmente, resérvese el envío físico de los autos al archivo de este órgano de control, así como la devolución de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables al rendir su informe justificado, hasta en tanto transcurra el término a que se refiere el ordinal 202, párrafo primero, de la nueva ley de la materia."
- Principal
El presente asunto ha causado ejecutoria. Ahora bien, del estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de seis de marzo pasado se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Trigésimo Séptimo Penal de la Ciudad de México, por medio del cual hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional, que el cuatro del mes y año en curso en el expediente de medidas de protección *, determinó la cesación de la vigencia de las medidas de protección concedidas en favor de la víctima * y de manera extensiva a su menor hija *, remitiendo copia certificada del citado auto. Reservándose proveer lo conducente respecto a la manifestación de la citada autoridad, hasta en tanto, en su caso, causara ejecutoria la sentencia dictada en autos, lo que en esta data aconteció. En consecuencia, con el oficio de referencia y documental que adjuntó la aludida responsable, dése vista a la parte quejosa y terceros interesados para que de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dentro del plazo de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga, en el entendido que una vez transcurrido el mismo y aun ante la ausencia de argumentos, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgador resolverá lo conducente con las constancias que obren en el sumario.
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