Jose Arroyo Hernandez
Expediente 1016/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1016/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Arroyo Hernandez
- PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACiÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE MORELOS,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a ocho de febrero de dos mil veintidós Visto el estado de los autos de los que se advierte que se omitió notificar de manera personal a la parte quejosa la resolución de seis de octubre del año próximo pasado; al respecto, se comisiona al actuario de la adscripción para que a la brevedad, notifique de manera personal a la parte quejosa la sentencia dictada en los presentes autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, José Arroyo Hernández, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Presidente Ejecutor y Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: ".Lo constituye la denegación de justicia de la responsable al no ejecutar el laudo dictado dentro del juicio citado al rubro". SEGUNDO. El trece de noviembre de dos mil veinte, esta autoridad, admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el consecutivo 1016/2020, requirió a la responsable su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y del análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable: La denegación de justicia al no ejecutar el laudo dictado en el juicio laboral 01/1304/2013. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Presidente Ejecutor de la Junta Especial Tres de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, sin embargo, a pesar de haber aceptado la existencia del acto que se le atribuye, este resolutor constitucional considera tener por inexistente el actos reclamado, en atención a lo siguiente. El artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y." Así, dicho numeral prevé dos situaciones, la primera, la clara demostración de la inexistencia del acto reclamado y, la segunda, la falta de prueba de su existencia en la audiencia del juicio (cuando la responsable lo niega). Respecto de la primera, la "inexistencia" propiamente dicha, implica una prueba directa de que no existe el acto reclamado. En este sentido, la existencia del acto reclamado debe analizarse en relación con la fecha de presentación la demanda de amparo (lo que marca el inicio del juicio de amparo), por ello, si el acto es posterior a ese evento, debe concluirse que, al incoarse la acción constitucional, el acto reclamado era inexistente, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Apoya la Jurisprudencia 1a./J. 36/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, junio de 1998, página 5, titulada: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN". Así como la jurisprudencia 2a./J. 3/94 de rubro "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA." Tocante al segundo supuesto la "falta de prueba de la existencia del acto", aunque es un principio generalmente reconocido en el derecho, en materia de cargas probatorias, que las negativas no son susceptibles de demostrarse; sin embargo, cuando en el juicio de amparo la autoridad responsable niega el acto reclamado, tal negativa puede ser desvirtuada por una prueba directa de la existencia de dicho acto. Luego, si no se aporta alguna prueba para demostrar que el acto reclamado existe, no cabe otra cosa que dar por concluido el juicio con el sobreseimiento por falta de materia. Se cita la Tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, tomo Primera Parte, XLIII, página 181, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES". En el caso, el disconforme reclama del Presidente ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, la falta de ejecución del laudo al no proveer lo necesario a fin de ejecutarlo de fecha quince de agosto de dos mil dieciocho, consistentes en diligencias de requerimiento de pago y/o embargo en el expediente 01/1304/2013, con lo que señala se contraviene lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional. De las constancias del expediente laboral remitido por la responsable como justificación a su informe, a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: La responsable anexó a su informe justificado copia certificada de constancias que integran el juicio laboral 01/1304/2013, de constancias anexas a la demanda de amparo, donde se desprende el laudo de quince de agosto de dos mil dieciocho. Escrito donde la parte actora pide librar auto de requerimiento de pago, al que le recayó acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, donde se autoriza auto de requerimiento de pago o embargo, hasta por la suma de $72,500.00 pesos, así como llevar a cabo la restitución del trabajador en su fuente de trabajo. Diligencia de notificación de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, llevada a cabo por el actuario de la responsable, donde constituido en el domicilio procesal de la actora, le notifica personalmente por conducto del auxiliar del despacho, Yoloh Matzumi Yoshino Caspeta, el acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, quien recibe y firma de conformidad. En este sentido, de la interpretación sistemática de los artículos 939 al numeral 946 se obtiene, para lo que al caso interesa, que la ejecución de los laudos, lato sensu (artículo 939), corresponde al Presidente ejecutor de la Junta responsable, en dos momentos y modalidades diferentes. En primer término el Presidente ejecutor, para el logro de tal fin y cumplimiento inmediato de la obligación que le impone la Ley Federal del Trabajo, debe dictar, dentro de las setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo, las medidas necesarias para que la ejecución de éste sea pronta y expedita, lo que debe hacer de manera oficiosa pues, en esta etapa, la indicada legislación no dispone que deba mediar previa petición, solicitud o impulso de la parte interesada en la ejecución. Ahora bien, esa primera etapa oficiosa se agota -con independencia de que el Presidente haya efectuado actuación alguna tendente al cumplimiento del laudo o no- una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945. Así, se infiere de la interpretación concatenada del indicado numeral, con el contenido del diverso 950, pues éste dispone tajantemente que transcurrido el término señalado en el artículo 945 (setenta y dos horas siguientes a la en que surta efectos la notificación del laudo a cumplir), el Presidente, a petición del ejecutante, dictará auto de requerimiento de pago y/o embargo, lo que significa que agotadas las medidas que hubiere adoptado el presidente de la Junta laboral para obtener el cumplimiento del laudo dentro de las setenta y dos horas siguientes a la notificación de éste, o bien simplemente una vez transcurrido ese término, si el laudo no se encuentra cumplido, debe mediar petición expresa del interesado para la continuación del procedimiento de ejecución lo que no acontece en la especie, ya que si bien, por acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte, se acordó escrito de requerimiento de pago o embargo, mismo, que fue notificado a la parte actora por el actuario de la responsable el veinticuatro de febrero siguiente, sin embargo, dejó de atender en el acuerdo, que tenía que acudir ante la responsable a fin de agendar cita para llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago, ya que el presidente de la junta no puede actuar oficiosamente, lo que se desprende las constancias, no ha atendido. En ese contexto, y ya propiamente dentro de la etapa de ejecución forzosa, el artículo 954 al regular el embargo dispone que el actuario debe tomar en consideración lo que le expongan las partes, para determinar qué bienes deben ser objeto de la traba. Asimismo, el numeral 955 prevé la intervención de quien obtuvo el laudo a su favor para el logro de tal fin y el diverso 957 dispone que si los bienes embargados son muebles, se pondrán en depósito de la persona que bajo su responsabilidad designe el ejecutante, quien también tiene la facultad de solicitar el cambio de depositario, así como pedir ampliación de embargo (artículo 965). Las reseñadas disposiciones llevan a concluir que para llevar a cabo la segunda etapa del procedimiento de ejecución de un laudo (lato sensu), sí es indispensable la solicitud expresa y la posterior intervención de quien obtuvo resolución a su favor. Atento lo anterior, se afirma que la continuación de la ejecución del laudo es siempre a petición de la parte titular del derecho, y que dicha solicitud debe hacerse cada vez que sea necesario. Si bien, es cierto que en esa etapa el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, sin embargo, la ejecución de laudo (una vez transcurrido el término a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo) requiere no solamente la forzosa solicitud del que obtuvo laudo a favor para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción, de ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa. Por ello, si el quejoso reclama que la autoridad responsable no lleva a cabo las diligencias de requerimiento de pago y en su caso de embargo o de tomar las medidas necesarias para hacer cumplir el laudo, que imputa en forma genérica, el juicio de amparo es improcedente porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente y de realización incierta, en razón de que las actuaciones en el procedimiento respectivo de ejecución están sujetas a la solicitud previa e impulso procesal del que obtuvo laudo a favor, lo que no se advierte de las constancias remitidas cuando menos desde el auto de veinte de febrero de dos mil veinte y su notificación personal de veinticuatro de febrero siguiente, en que la responsable libró auto de requerimiento de pago o embargo, sin que la parte quejosa acudiera ante la responsable a agendar cita para llevar a cabo dicha diligencia aún y cuando fue notificada del acuerdo que recayó a su petición de requerimiento de pago; esto es, la parte quejosa no ha sido constante ante la autoridad, ni ha estado pendiente a fin de continuar con el procedimiento forzoso de ejecución del laudo. Al respecto se cita la jurisprudencia 2a./J. 15/2011, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época, página 2771, de rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Así, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo contra el acto en estudio, en razón de su inexistencia. Apoya lo anterior la tesis VII.1º.C.4 K, visible en la página 433, del Tomo VI, julio de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PROCEDE AUN CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE ADMITA LA VERACIDAD DEL MISMO AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La circunstancia de que la autoridad responsable, al rendir su informe con justificación, manifieste que es cierto el acto que se reclama, no impide decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, si de las constancias procesales se desprende lo contrario, es decir, que se desvirtúa la aseveración de la autoridad designada como responsable, respecto de la certeza del acto que se le atribuye. En consecuencia, de acuerdo con la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el juicio en tal hipótesis". Así como la Jurisprudencia número XVII. 2o. J/10, visible en la página 68, Tomo 76, Abril de 1994, Octava Epoca, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TECNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Máxime que no quedaron acreditadas las aseveraciones vertidas en su escrito inicial de demanda, relativas a la negativa por parte del fedatario de llevar a cabo la encomienda aludida. En consecuencia, como se ha señalado lo procedente es sobreseer en el juicio respecto del acto previamente citado, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy seis de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, en virtud de que se encuentra transcurriendo el plazo concedido en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, donde se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional, fijándose para su celebración las diez horas con cuatro minutos del seis de julio de dos mil veintiuno.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa la autoridad responsable a su oficio de cuenta, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone; asimismo, con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indica, por ser el oficial en el que reside dicha autoridad. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Jose Arellano Sotelo796/2014
- Jose Armando Briones Figueroa1087/2020
- Jose Armando Zea Dominguez393/2015
- José Arrollo Hernández1174/2017
- José Arroyo Hernández8/2019
- Jose Arroyo Hernandez41/2015
- José Arroyo Hernández150/2020
- Jose Arroyo Hernandez1199/2016
- José Arroyo Hernández1412/2019
- José Arroyo Hernández927/2022
- Jose Arturo Bahena Ortega783/2015
- Jose Arturo Casiano Guapo1202/2023