José Armando Vera Dávalos
Expediente 999/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/09/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Armando Vera Dávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Vista la certificación que antecede y en atención a que la Secretaria certifica que revisó el Libro de Oficialía de Partes de este Juzgado y constató que del diez al veinticuatro de septiembre de la presente anualidad, transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera el proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince, sin que haya hecho uso del recurso de revisión a que se alude; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el punto Cuarto, Noveno, fracción I, Décimo Primero, Décimo Séptimo, Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, carece de valor jurídico e histórico y relevancia documental que amerite su conservación; además, no existen documentos originales. En consecuencia, anótese en la carátula del expediente que el cuaderno principal es susceptible de destrucción, que no existen documentos originales y la fecha de este proveído. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte, previo las anotaciones a que se refiere el párrafo segundo de dicho punto. Finalmente, devuélvase al Juez Especializado en Justicia para Menores las constancias que remitió como apoyo de su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido escrito signado por Ángel de Jesús Ortega, tutor especial de la menor Sara Jazmín Vera González, mediante el cual formula alegatos; agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como constancia, toda vez que con fecha treinta y uno de agosto del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.
- Principal
Téngase recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil quince, y al efecto remite copia certificada de las constancias que integran el toca de apelación ... formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso ... en contra de la resolución de dieciséis de julio del año en curso, dictada en la remisión 2/2015 del índice del Juzgado Especializado en Justicia para Menores, resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De la lectura integral del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Especializado en Justicia para Menores, oficio de cuenta y anexo que se acompaña, este Juzgador en el caso concreto, considera que se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo; misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes. Este Juzgador considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIX, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Como es de verse, el precepto establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso o medio de defensa legal a que se refiere la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se está examinando, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses. De modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causa de improcedencia en estudio, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se sigue que si el quejoso promueve una demanda de amparo en contra del mismo acto por el cual hace valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, no se está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En relación con el requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe decirse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causa de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que el quejoso no será escuchado ante la autoridad ordinaria y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. En este orden de ideas, cabe colegir que conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional. Así, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el juez de amparo. Requisitos que en la especie se actualizan como se verá a continuación. En efecto, el quejoso José Armando Vera Dávalos reclama del Juez Especializado en Justicia para Menores en esta ciudad, la resolución de dieciséis de julio del año en curso, dictada en la remisión 2/2015, mediante la cual negó librar orden de comparecencia en contra de ... por la conducta tipificada como delito de robo en agravio de referido quejoso; sin embargo, de las constancias que envía la autoridad responsable y Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que el quejoso interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable el veinte de julio del año en curso, el cual se tuvo por interpuesto el veintitrés del citado mes y año. (Fojas 173 vuelta a 186 del cuaderno de pruebas) Información que se corrobora con el informe justificado que rindió la Secretaria del Juzgado Especializado en Justicia para Menores, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien expuso que se actualizaba una causa de improcedencia ya que con fecha tres de agosto del año en curso, remitió al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la remisión 02/2015, instruida en contra de ... para la tramitación de los recursos de apelación interpuestos por el quejoso ... y Agente del Ministerio Público de su adscripción, en contra de la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, en la que se negó librar orden de comparecencia en contra de la referida menor. Recurso que fue admitido el pasado trece de agosto del año que transcurre, por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el toca ... mismo que se encuentra pendiente de resolver. Fojas 61 a 86 de autos. Al respecto, es importante mencionar que el artículo 165 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, preceptúa: "ARTICULO 165. Además de los casos en que expresamente lo autorice esta Ley, el recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas por el Juez Especializado; Luego, el artículo 363 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, dispone: "ARTICULO 363. Tiene derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado, el defensor que salvo revocación del cargo será el de segunda instancia, así como el ofendido o sus legítimos representantes, únicamente para efecto de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarlas" El numeral citado en primer término establece que además de los casos en que expresamente lo autorice la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, el recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas por el Juez Especializado, en el caso se recurre la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, en la que se negó librar orden de comparecencia en contra de la menor. Sara Jazmín Vera González; por lo que, en atención a ello, la autoridad responsable con fecha veintitrés de julio de este año, tuvo por interpuesto en el juicio natural el recurso de apelación promovido por el quejoso y agente del Ministerio Público de su adscripción, siendo admitido este por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en auto de trece de agosto del año actual, ya que así lo informó en el oficio de cuenta. Así, es evidente la existencia del recurso de apelación, que promovió el aquí quejoso contra la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, dictada dentro de la remisión 02/2015, del índice del Juzgado Especializado en Justicia para Menores en esta capital, lo que lleva a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que, de llegarse a resolver podría modificar la resolución que por esta misma vía también se reclama. Máxime que no existe constancia de que el aquí quejoso hubiera desistido de tal medio ordinario de defensa y por el contrario, está debidamente demostrado que el recurso de apelación fue admitido el pasado trece de agosto del año actual, lo que, se insiste, hace evidente la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XII, diciembre de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En las condiciones expuestas, al estar en trámite el recurso interpuesto por el aquí quejoso ante la autoridad judicial responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, la hipótesis prevista en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por ende, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Ante tales circunstancias y por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las nueve horas del uno de septiembre de dos mil quince. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con Fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos a) y b) de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se notifica a la parte quejosa y a la parte tercero interesada, el auto de treinta y uno de agosto de dos mil quince, que dice: Téngase recibido y agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado en proveído de veintiséis de agosto de dos mil quince, y al efecto remite copia certificada de las constancias que integran el toca de apelación ... formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso ... en contra de la resolución de dieciséis de julio del año en curso, dictada en la remisión 2/2015 del índice del Juzgado Especializado en Justicia para Menores, resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. De la lectura integral del informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Especializado en Justicia para Menores, oficio de cuenta y anexo que se acompaña, este Juzgador en el caso concreto, considera que se actualiza una causal de improcedencia que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo; misma que debe estudiarse oficiosamente, lo aleguen o no las partes en la tramitación del asunto, toda vez que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público y preferentes. Este Juzgador considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XIX, cuyo contenido es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Como es de verse, el precepto establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso, motivo por el cual es necesario determinar, en primer lugar, lo que se entiende por recurso. De acuerdo con lo antes precisado, debe decirse que el recurso o medio de defensa legal a que se refiere la fracción XIX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que se está examinando, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación o modificación de la resolución que lesiona sus intereses. De modo tal que no cualquier medio de impugnación puede dar lugar a la actualización de la causa de improcedencia en estudio, sino sólo aquellos que están establecidos por la ley correspondiente y que tengan los efectos precisados, de lo que se sigue que si el quejoso promueve una demanda de amparo en contra del mismo acto por el cual hace valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación o nulificación de la resolución que le afecta, no se está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional apoyándose en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En relación con el requisito que se hace consistir en que el recurso ordinario o medio de defensa esté en trámite ante la autoridad correspondiente, debe decirse que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 constitucional, los principios generales del derecho son una fuente de derecho procesal atendible en aquellos casos en que no sea factible resolver con la interpretación literal o doctrinal de la ley. De esos principios, para efectos de este examen, cobra relevancia el principio del contradictorio que consiste en que el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos. Ese principio, aplicado al precepto en estudio, impone al juzgador de amparo el deber de analizar si la actualización de la causa de improcedencia que se examina deja al promovente del amparo en estado de indefensión, esto es, si está en posibilidad o no de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es necesario la demostración fehaciente de que el recurso haya sido admitido, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos, pues bien puede suceder que el recurso no sea el idóneo o que no lo establezca la ley del acto y que sea desechado por improcedente, supuesto este en que el quejoso no será escuchado ante la autoridad ordinaria y si al mismo tiempo el juicio de amparo se declara improcedente con la sola afirmación o la demostración de que se presentó un recurso, ello tendría como consecuencia que no se oiga al afectado ni en el juicio constitucional ni en el recurso propuesto, con lo que se le dejaría en estado de indefensión. En este orden de ideas, cabe colegir que conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, con el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparo que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional. Así, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de amparo; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el juez de amparo. Requisitos que en la especie se actualizan como se verá a continuación. En efecto, el quejoso José Armando Vera Dávalos reclama del Juez Especializado en Justicia para Menores en esta ciudad, la resolución de dieciséis de julio del año en curso, dictada en la remisión 2/2015, mediante la cual negó librar orden de comparecencia en contra de ... por la conducta tipificada como delito de robo en agravio de referido quejoso; sin embargo, de las constancias que envía la autoridad responsable y Presidente de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se advierte que el quejoso interpuso recurso de apelación ante la autoridad responsable el veinte de julio del año en curso, el cual se tuvo por interpuesto el veintitrés del citado mes y año. (Fojas 173 vuelta a 186 del cuaderno de pruebas) Información que se corrobora con el informe justificado que rindió la Secretaria del Juzgado Especializado en Justicia para Menores, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, quien expuso que se actualizaba una causa de improcedencia ya que con fecha tres de agosto del año en curso, remitió al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la remisión 02/2015, instruida en contra de ... para la tramitación de los recursos de apelación interpuestos por el quejoso ... y Agente del Ministerio Público de su adscripción, en contra de la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, en la que se negó librar orden de comparecencia en contra de la referida menor. Recurso que fue admitido el pasado trece de agosto del año que transcurre, por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado bajo el toca ... mismo que se encuentra pendiente de resolver. Fojas 61 a 86 de autos. Al respecto, es importante mencionar que el artículo 165 de la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, preceptúa: "ARTICULO 165. Además de los casos en que expresamente lo autorice esta Ley, el recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas por el Juez Especializado; Luego, el artículo 363 del Código de Procedimientos Penales del Estado de San Luis Potosí, dispone: "ARTICULO 363. Tiene derecho de apelar el Ministerio Público, el inculpado, el defensor que salvo revocación del cargo será el de segunda instancia, así como el ofendido o sus legítimos representantes, únicamente para efecto de la reparación de daños y perjuicios. En este caso, la apelación se contraerá a lo relativo a la reparación de daños y perjuicios y a las medidas precautorias conducentes a asegurarlas" El numeral citado en primer término establece que además de los casos en que expresamente lo autorice la Ley de Justicia para Menores del Estado de San Luis Potosí, el recurso de apelación procederá contra las resoluciones dictadas por el Juez Especializado, en el caso se recurre la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, en la que se negó librar orden de comparecencia en contra de la menor. Sara Jazmín Vera González; por lo que, en atención a ello, la autoridad responsable con fecha veintitrés de julio de este año, tuvo por interpuesto en el juicio natural el recurso de apelación promovido por el quejoso y agente del Ministerio Público de su adscripción, siendo admitido este por la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en auto de trece de agosto del año actual, ya que así lo informó en el oficio de cuenta. Así, es evidente la existencia del recurso de apelación, que promovió el aquí quejoso contra la resolución de dieciséis de julio de dos mil quince, dictada dentro de la remisión 02/2015, del índice del Juzgado Especializado en Justicia para Menores en esta capital, lo que lleva a la conclusión de que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dado que, de llegarse a resolver podría modificar la resolución que por esta misma vía también se reclama. Máxime que no existe constancia de que el aquí quejoso hubiera desistido de tal medio ordinario de defensa y por el contrario, está debidamente demostrado que el recurso de apelación fue admitido el pasado trece de agosto del año actual, lo que, se insiste, hace evidente la improcedencia del juicio de amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia P./J. 144/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Tomo XII, diciembre de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV, DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." En las condiciones expuestas, al estar en trámite el recurso interpuesto por el aquí quejoso ante la autoridad judicial responsable, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, la hipótesis prevista en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento, por ende, se impone decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Ante tales circunstancias y por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia Constitucional señalada para las nueve horas del uno de septiembre de dos mil quince. Tal situación hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
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