Jose Armando Vera Davalos
Expediente 671/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 671/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Jose Armando Vera Davalos
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Téngase recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta, del que se desprende que la superioridad acusa recibo de las constancias remitidas por este juzgado y que se admitió el impedimento legal planteado por la suscrita juzgadora, el cual fue registrado con el expediente 3/2020; asimismo, se advierte que se calificó de legal dicho impedimento para conocer de la demanda que dio origen al juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que, por resolución de trece de octubre de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, calificó de legal el impedimento planteado por la Titular de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda que dio origen al juicio del que deriva el presente cuaderno de antecedentes; este expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, deberá efectuarse una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por José Armando Vera Dávalos, por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con cuatro copias y tres anexos que acompaña; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 671/2020-Vl. Así, vista la demanda de mérito, se advierte que existe una causa de impedimento para avocarse al conocimiento de la demanda de que se trata, tal y como se explica a continuación: Al respecto, es útil citar el contenido de los artículos 51, fracción VII, 52 y 55 de la Ley de Amparo. De los citados numerales se advierte que uno de los supuestos legales que dan origen a un impedimento, es la enemistad con alguna de las partes, sus abogados o representantes y, por tanto, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el aludido precepto legal, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las citadas causas, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. Lo anterior, ocurre porque los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera; abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del funcionario para el cumplimiento de la función encomendada. Puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplirla respecto de una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano o que desempeñan la función jurisdiccional. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones, a las cuales le unen vínculos de afecto o enemistad, lo que da lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla en determinado caso concreto, intereses personales que se les conoce como impedimentos. En el caso concreto, se estima que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, en atención a que en relación con el promovente José Armando Vera Dávalos, existe enemistad manifiesta con el mismo, a virtud de denuncia, a grado tal, que afecta mi ánimo para conocer de manera imparcial y objetiva el presente asunto, es decir, existe una afectación en mi fuero interno respecto a la persona aludida; además de que, la demanda de amparo es promovida por el referido quejoso por propio derecho. Por las consideraciones precedentes, esta juzgadora considera que en la especie, podría verse afectada la imparcialidad con la que debe actuar todo juzgador, al emitir la resolución correspondiente en este juicio, lo que me obliga a declararme impedida en términos del citado artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con el propósito de no incurrir en una posible causa de responsabilidad, es pertinente hacer manifiesto lo anterior y declarar mi impedimento para conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para lo cual deberá remitirse el presente expediente, con las copias que se allegaron conjuntamente al escrito de demanda, para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento legal citado conforme a las razones descritas, sin que con ello pueda considerarse que la suscrita pretendo apartarme del conocimiento de una demanda de amparo sin causa justificada. Como este juicio se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea, en los términos mencionados, con copia certificada de las constancias necesarias que integran este expediente, así como copia autorizada del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de octubre de dos mil veinte. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 671/2020-VI, fórmese el presente cuaderno de antecedentes con motivo del impedimento legal planteado por la suscrita, para conocer de la demanda de amparo promovida por José Armando Vera Dávalos; y, agréguense a estos autos las copias de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, primero de octubre de dos mil veinte. Vista la demanda promovida por José Armando Vera Dávalos, por propio derecho, contra actos de la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con cuatro copias y tres anexos que acompaña; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 671/2020-Vl. Así, vista la demanda de mérito, se advierte que existe una causa de impedimento para avocarse al conocimiento de la demanda de que se trata, tal y como se explica a continuación: Al respecto, es útil citar el contenido de los artículos 51, fracción VII, 52 y 55 de la Ley de Amparo. De los citados numerales se advierte que uno de los supuestos legales que dan origen a un impedimento, es la enemistad con alguna de las partes, sus abogados o representantes y, por tanto, resulta forzosa la excusa del funcionario, pues la ley establece una presunción juris et de jure con el fin de asegurar una garantía de neutralidad en el proceso y, es por ello, que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca del negocio en los casos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, lo cual implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una estimación subjetiva que pudiera dañar la imagen de la persona. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el aludido precepto legal, el propio juzgador debe declararse impedido desde el momento en que se actualice cualquiera de las citadas causas, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad en caso de ser omiso. Lo anterior, ocurre porque los sujetos que asumen la calidad de órganos o que son titulares de la función, son personas físicas que, como tales, viven dentro del conglomerado social y son por consiguiente, sujetos de derechos, de intereses con relaciones humanas sociales y familiares, titulares de bienes propios de ellos, situaciones de vida personal, etcétera; abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando la designación de los funcionarios jurisdiccionales esté rodeada por una serie de garantías, de modo que teóricamente esté asegurada la máxima idoneidad del funcionario para el cumplimiento de la función encomendada. Puede ocurrir que por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, aquel que desempeña la función no sea la persona más apropiada para cumplirla respecto de una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino de una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano o que desempeñan la función jurisdiccional. En consecuencia, el ejercicio de la función jurisdiccional por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones, a las cuales le unen vínculos de afecto o enemistad, lo que da lugar a lo que se conceptúa como conflicto de intereses, por pugnar el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional con el interés personal de quien debe ejercerla en determinado caso concreto, intereses personales que se les conoce como impedimentos. En el caso concreto, se estima que se actualiza la hipótesis contenida en la fracción VII, del artículo 51, de la Ley de Amparo, en atención a que en relación con el promovente José Armando Vera Dávalos, existe enemistad manifiesta con el mismo, a virtud de denuncia, a grado tal, que afecta mi ánimo para conocer de manera imparcial y objetiva el presente asunto, es decir, existe una afectación en mi fuero interno respecto a la persona aludida; además de que, la demanda de amparo es promovida por el referido quejoso por propio derecho. Por las consideraciones precedentes, esta juzgadora considera que en la especie, podría verse afectada la imparcialidad con la que debe actuar todo juzgador, al emitir la resolución correspondiente en este juicio, lo que me obliga a declararme impedida en términos del citado artículo 51, fracción VII, de la Ley de Amparo. Por tanto, con el propósito de no incurrir en una posible causa de responsabilidad, es pertinente hacer manifiesto lo anterior y declarar mi impedimento para conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 55 de la ley de la materia, comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, para lo cual deberá remitirse el presente expediente, con las copias que se allegaron conjuntamente al escrito de demanda, para el efecto de que se sirva calificar los hechos y determine en definitiva la procedencia del impedimento legal citado conforme a las razones descritas, sin que con ello pueda considerarse que la suscrita pretendo apartarme del conocimiento de una demanda de amparo sin causa justificada. Como este juicio se envía a la Superioridad a fin de que determine lo conducente respecto al impedimento que ahora se plantea, en los términos mencionados, con copia certificada de las constancias necesarias que integran este expediente, así como copia autorizada del presente proveído, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Notifíquese personalmente a la parte promovente y cúmplase.
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