José Armando Vera Dávalos
Expediente 1301/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 2 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1301/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 02/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Armando Vera Dávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta que signado la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual comunica que transcurrió el término previsto en el artículo 104 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de reclamación en contra el auto por el que se desechó la demanda en el amparo directo civil de su índice, por lo que causó estado dicho acuerdo. Por último, devuélvase el cuaderno de antecedentes en que se actúa al archivo de este Juzgado para su resguardo.
- Principal
Agréguese el oficio ********************/2022, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que ese Tribunal Colegiado acepta la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 1301/2021-IV de la estadística de este órgano jurisdiccional, quedando registrado con el amparo directo civil 512/2022 de su índice. Archivo. Visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente asunto. Destrucción del cuaderno. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado2, toda vez que el presente es un cuaderno auxiliar formado con motivo de la incompetencia planteada, es susceptible de destrucción dentro del plazo de seis meses, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.
- Principal
Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Téngase por recibidos los autos originales del juicio de amparo 1301/2021-IV, así como el testimonio de la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 82/2022. Acúsese recibo; agréguese el cuaderno de antecedentes, notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la sentencia que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: ".ÚNICO.- Es fundado el presente recurso de queja 82/2022. En consecuencia, se revocan los autos de los autos de catorce, veinticuatro y treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, dictados por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 1301/2021-IV, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. [...] ". Incompetencia. En cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 82/2022. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado del recurso de apelación 220/2021 que interpuso contra la sentencia definitiva dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río. Incompetencia. Se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuanto al acto reclamado, atento a que éste no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin a la controversia de origen, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno. Marco Jurídico. Ahora bien, el texto del artículo 34 de la ley de Amparo, establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". A su vez el numeral 47 de la Ley de Amparo reza: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". En tanto que el numeral 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo expuesto se advierte que en el caso se actualiza lo establecido en los preceptos legales antes transcritos, ya que la parte quejosa reclama la la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado del recurso de apelación 220/2021 que interpuso contra la sentencia definitiva dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río la cual puso fin al juicio planteado, que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, por lo que es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente, por razón de vía, para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por José Armando Vera Dávalos; por lo que se considera que ésta se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno de este Circuito. Se remite juicio de amparo. Remítase el expediente 1301/2021-IV, del índice de este Juzgado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, con residencia en esta ciudad, para que realice al turno correspondiente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica por medio de lista a la parte quejosa el proveído de quince de julio de dos mil veintidós que en lo conducente dice: Agréguese a estos autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito; en atención a su contenido se provee: Téngase por recibidos los autos originales del juicio de amparo 1301/2021-IV, así como el testimonio de la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 82/2022. Acúsese recibo; agréguese el cuaderno de antecedentes, notifíquese a las partes la llegada de estos autos y el contenido de la sentencia que se acompaña al oficio de cuenta en la que se resuelve: ".ÚNICO.- Es fundado el presente recurso de queja 82/2022. En consecuencia, se revocan los autos de los autos de catorce, veinticuatro y treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, así como el auto de catorce de enero de dos mil veintidós, dictados por el Juez Cuarto de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 1301/2021-IV, para los efectos precisados en la parte final de esta ejecutoria. [...] ". Incompetencia. En cumplimiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en la resolución de treinta de junio de dos mil veintidós, pronunciada por el citado Tribunal, en el recurso de queja 82/2022. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos de autoridad reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda se colige que la quejosa reclama la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado del recurso de apelación 220/2021 que interpuso contra la sentencia definitiva dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río. Incompetencia. Se advierte que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo en cuanto al acto reclamado, atento a que éste no es susceptible de impugnarse en el juicio de amparo en la vía indirecta, pues se trata de una resolución que pone fin a la controversia de origen, cuya competencia, como a continuación se justifica, corresponde en amparo directo al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito en turno. Marco Jurídico. Ahora bien, el texto del artículo 34 de la ley de Amparo, establece: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma". A su vez el numeral 47 de la Ley de Amparo reza: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley". En tanto que el numeral 170 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 170.- El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". De lo expuesto se advierte que en el caso se actualiza lo establecido en los preceptos legales antes transcritos, ya que la parte quejosa reclama la la sentencia de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dictada por la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, derivado del recurso de apelación 220/2021 que interpuso contra la sentencia definitiva dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa María del Río la cual puso fin al juicio planteado, que sin decidirlo en lo principal lo dio por concluido, por lo que es impugnable en amparo directo, en términos de los artículos 34 y 170 de la Ley de Amparo. En esta tesitura, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, este juzgado se declara legalmente incompetente, por razón de vía, para conocer y resolver de la demanda de amparo promovida por José Armando Vera Dávalos; por lo que se considera que ésta se surte en favor del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa en turno de este Circuito. Se remite juicio de amparo. Remítase el expediente 1301/2021-IV, del índice de este Juzgado, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y Administrativa de este Circuito, con residencia en esta ciudad, para que realice al turno correspondiente. Notifíquese personalmente.
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