José Armando Sánchez Nava

Expediente 396/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
396/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
26/04/2023

Partes del expediente

  • José Armando Sánchez Nava

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; como se advierte de la siguiente imagen: En consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción y digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos tres años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del artículo 15 del citado Acuerdo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al artículo 25 del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de todas las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma Francisco René Olivo Loyo, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con la Secretaria Mariel Chantal Flores Téllez, que autoriza y además certifica que este auto se autorizó a distancia por el titular de este órgano jurisdiccional y por la propia Secretaria vía Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con la Firel del personal actuante. Doy fe.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a las partes para desahogar la vista que se les mandó dar mediante proveído de diez de marzo de dos mil veintitrés, respecto de las constancias exhibidas por la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo, y al ser éste una cuestión de orden público, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se procede a verificar si se encuentra o no cumplida. Sentencia. Con fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa, en la cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: ".La autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió el incidente de cuantificación promovido por ******************** en autos del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, en consecuencia, dicte una nueva en la que reitere lo que no fue materia de concesión. 2. Una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, funde y motive por qué aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, no deben ser cuantificados en el incidente respectivo o si deben ser incluidos atendiendo a lo sostenido en esta ejecutoria. 3. En caso de que deban ser incluidos, resuelva conforme a derecho el incidente de liquidación, en la que tome en consideración los incrementos o mejoras salariales reclamadas por el quejoso." Recurso de revisión. El dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo a la parte tercera interesada ******************** ********************interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este Juzgado de Distrito, al cual le correspondió conocer, por razón de turno, al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, y cuya resolución, dictada el treinta de diciembre de dos mil veintidós dentro del recurso de revisión ********************, de su índice, fue recibida en este órgano jurisdiccional mediante auto de veintitrés de enero de dos mil veintitrés, en la cual el Tribunal de Alzada resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, respecto del acto reclamado y autoridad que quedaron precisados en la sentencia recurrida." Ejecutoria. La sentencia se declaró ejecutoriada el veintitrés de enero de dos mil veintitrés (fecha en la que se recibió el testimonio dictado por el Tribunal de Alzada) y, en esa misma fecha, se requirió a la autoridad responsable cumpliera con la ejecutoria. Cumplimiento de la autoridad. En cumplimiento a lo anterior, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, manifestó mediante oficio 739/2023, recibido en este Juzgado de Distrito en auto de fecha tres de febrero de dos mil veintitrés, haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y adjuntó al mismo copia certificada de diversas constancias dictadas en el expediente ********************, de su índice, de las que se advirtió, mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que la responsable realizó lo siguiente: -El uno de febrero de dos mil veintitrés, en estricto acatamiento a la resolución emitida por este órgano jurisdiccional, dictó el acuerdo mediante el cual realizó lo siguiente: 1.- Ordenó dejar sin efectos la resolución interlocutoria de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, y procedió a resolver el incidente de cuantificación respecto del laudo dictado el cinco de noviembre de dos mil diecinueve. 2.- En tal sentido, el Tribunal de Arbitraje determinó que del escrito presentado por la parte actora en la audiencia de liquidación de laudo de diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, se advierte que ésta cuantificó en su planilla de liquidación los incrementos salariales concurridos en el periodo de dos mil quince al dos mil veinte, por lo que, solicitó que al momento de dictar la interlocutoria correspondiente se procediera a cuantificar las prestaciones materia de la condena, y se contemplaran dichos incrementos. Derivado de lo anterior, se precisó que de la literalidad de la condena establecida en el laudo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, no se advierte expresamente condena alguna por concepto de incrementos salariales, pues en el punto DÉCIMO considerativo de dicho laudo, se advierte que el incidente de cuantificación respecto del laudo versaría únicamente por lo que hace a conceptos de salarios caídos, aguinaldo y prima vacacional que se generen a partir del despido (veintiséis de marzo de dos mil quince), y hasta que sea materialmente reinstalada; ya que si se toma en consideración dichos incrementos, se vulneraría la esfera jurídica de la parte demandada, ya que se incurriría en un exceso de ejecución. En consecuencia, se determinó que no serían tomados en consideración los incrementos que señaló la parte actora, ya que el Tribunal, al momento de cuantificar, debe ceñirse a la literalidad de la condena establecida en el laudo, para lo cual señaló como fundamento la tesis con registro digital 203228, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época Laboral, Tesis I.5o.T.46 L. Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta tomo III, febrero de 1996, página 430, Aislada que señala: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN QUE SE APARTA DEL LAUDO QUE LO ORIGINA. El cálculo de las penas económicas emanadas del fallo, debe efectuarse atendiendo a los fundamentos establecidos por éste, siendo improcedente la resolución incidental que analice al estipendio y lapso que comprenda la condena en forma diversa a lo ordenado. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO." 3.- Por lo señalado en el párrafo anterior, el Tribunal procedió a realizar las cuantificaciones correspondientes a fin de determinar el monto líquido que habría de cubrir el total a que ascienden las prestaciones condenadas en el laudo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, la cual versó respecto de los conceptos que no fueron cuantificados en dicho laudo, siendo los de salarios vencidos, aguinaldo y prima vacacional generados a partir del día siguiente a la emisión de dicha resolución, hasta el día diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, fecha en la que se reinstaló a la parte actora, aquí quejosa. 4.- Finalmente, se resolvió aprobar la cantidad de $********************(******************** ********************), y en atención a que la parte actora ya había recibido un título de crédito a su nombre expedido por la parte demandada mediante diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, por la cantidad de $******************** (********************) -como resultado de restarle las deducciones correspondientes al impuesto de la renta, cuotas ISSSTEP y cuotas sindicales, se determinó que la pretensión del accionante, traducida en laudo, había quedado satisfecha, y ordenó tener el expediente por concluido, por carecer de materia para su prosecución. Vista. Con lo anterior se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió para la parte quejosa del catorce al dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que fue notificada por medio de lista el diez de febrero del año en curso, y para la parte tercera interesada, transcurrió del veintitrés al veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que se le notificó dicho auto mediante oficio el veintidós del mismo mes y año Desahogo. La parte quejosa sí desahogó la vista otorgada en auto de tres de febrero de dos mil veintitrés, pues mediante auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, presentó escrito en el cual señaló que la autoridad responsable no había cumplido en su totalidad el punto 2 de la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que la resolución de uno de febrero de dos mil veintitrés carece de la debida fundamentación y motivación, ya que la responsable recurrió a la misma motivación de la resolución impugnada (23 de noviembre 2021), y de la lectura integral de la resolución de 1 de febrero de 2023, no se advierte que la responsable haya realizado un análisis y razonamiento en los términos que ordena la sentencia; esto es, no señala el por qué, aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, no deben ser cuantificados; y repitió el mismo razonamiento de la resolución que fue impugnada a través del juicio de amparo en el que se actúa, sosteniendo nuevamente que no son procedentes los incrementos salariales porque no fueron determinados en el laudo. Declaración de sentencia no cumplida. En mérito de lo expuesto, este órgano de control constitucional estimó, mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, que el fallo protector no había quedado cumplido, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, se advirtió que omitió cumplir con todos los efectos de la sentencia, ya que se abstuvo de tomar en consideración lo establecido en la sentencia amparadora dictada en el presente asunto, en la que se señaló lo siguiente: "(.) Además, determinar el monto de la indemnización tomando como base el salario correspondiente desde el día que nació su derecho a Ia indemnización, incluyendo los aumentos que señala el numeral 89 de la Ley Federal del Trabajo; luego, si durante el lapso del nacimiento del derecho de Ia indemnización hasta que se cumplimentó el laudo existió aumentos en el salario, por tal motivo, debió tomarse en cuenta como integrante del salario y cuantificarse al momento de fijar la indemnización correspondiente; circunstancia que en el caso la autoridad responsable conculcó aduciendo que no advirtió que en el laudo de cinco de noviembre de dos mil diecinueve se haya condenado al pago de los incrementos salariales, lo que desde luego es incorrecto, pues el no haber condenado al pago de dichos incrementos en aquel momento, no resulta impedimento u obstáculo para que la autoridad responsable los tomara en consideración al resolver el incidente respectivo. Determinación que resulta incorrecta, toda vez que al ser parte integrante del salario, el trabajador tiene derecho a los mismos, además de que son una consecuencia directa e inmediata de la condena al pago de los salarios caídos. Máxime si está acreditado que la parte actora -aquí quejosa- demandó la reinstalación a la fuente laboral y los correspondientes salarios caídos con sus respectivos incrementos que durante el juicio el salario diario sufriera, pues el Tribunal responsable en el laudo determinó que se acreditó el despido injustificado, y por ende, condenó a la demandada a pagar salarios caídos reclamados por el actor a partir de la fecha del despido a aquélla en que se diera cumplimiento al laudo. Por ello debe entenderse que también se condenó a los incrementos salariales en los términos reclamados, pues como ya se evidenció no pueden desvincularse del concepto de salario los incrementos que éste haya sufrido durante la tramitación del juicio laboral, porque conforme a lo dispuesto por los artículos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo, salario es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por la prestación de sus servicios, el cual se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Lo anterior, con sustento en lo que asentó el máximo tribunal del país en la ejecutoria emitida con motivo de la contradicción de tesis 25/94, de rubro: "SALARIOS. CARGA DE LA PRUEBA, CUANDO SE DISCUTE SU MONTO EN EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN." en donde, entre otras cosas, afirmó que el concepto de "monto del salario" que establecen los preceptos 82, 84, 784 y 804 de la Ley Federal del Trabajo, especialmente la fracción XII del artículo 784, para los efectos probatorios que se vienen examinando, no puede lógicamente desligarse del concepto "incremento del salario", porque en cuanto éste se da a través de cualquiera de las prestaciones requeridas en el artículo 84, automáticamente repercute en el "monto", siendo ello de tal manera evidente, que carece de certidumbre y precisión aludir a cualquier incremento del salario si no es como referencia a éste; de ahí que cuando el trabajador acredita que fue despedido injustificadamente, el patrón está obligado a cubrirle todas las prestaciones que hubiese tenido si la relación de trabajo hubiera continuado, por lo que debe considerarse que los incrementos salariales resultan procedentes aun cuando en el laudo no se mencione ese concepto, porque éstos van implícitos en la condena al pago de salarios caídos o vencidos. En el caso en estudio, lleva a determinar que aun cuando en el laudo únicamente se condenó a cubrir salarios caídos, a partir de la fecha del despido a aquélla en que se dio cumplimiento al laudo, y no se asentó textualmente que se condenaba al pago de los incrementos salariales que pudieran existir en la plaza que tenía la trabajadora, es incuestionable que tal declaración era innecesaria, porque, se insiste, dentro de los salarios caídos deben incluirse los incrementos. Por lo tanto, en la especie se da el caso de excepción a que se refiere el artículo 843 de la Ley Laboral, y por ese motivo el Tribunal responsable debió atender a la solicitud de cuantificar los incrementos que en la planilla de liquidación demandó la parte actora -quejosa en este juicio-, de ahí que para ese efecto fue que se hizo necesaria la apertura del incidente de liquidación correspondiente, puesto que es en él en donde el trabajador tiene la oportunidad de aportar los elementos necesarios para demostrar tales incrementos. (.) La autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, deberá: 1. Dejar insubsistente la resolución emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió el incidente de cuantificación promovido por ******************** en autos del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, en consecuencia, dicte una nueva en la que reitere lo que no fue materia de concesión. 2. Una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, funde y motive por qué aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, no deben ser cuantificados en el incidente respectivo o si deben ser incluidos atendiendo a lo sostenido en esta ejecutoria. 3. En caso de que deban ser incluidos, resuelva conforme a derecho el incidente de liquidación, en la que tome en consideración los incrementos o mejoras salariales reclamadas por el quejoso (.)." En consecuencia, se precisó que, la autoridad responsable no cumplió con el punto 2 de los efectos para los cuales se concedió el amparo en el presente asunto, pues si bien es cierto que dejó insubsistente la resolución emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió el incidente de cuantificación promovido por ******************** en autos del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, y dictó una nueva, lo cierto es que no fundó ni motivó por qué aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, éstos no deben ser cuantificados en el incidente respectivo, o si deben ser incluidos atendiendo a lo sostenido en esta ejecutoria; y que en caso de que deban ser incluidos, resolver conforme a derecho el incidente de liquidación, en el que tome en consideración los incrementos o mejoras salariales reclamadas por la aquí quejosa. Ello es así, porque colocó similares argumentos que plasmó en la diversa incidental de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, que fue el acto reclamado que originó el presente juicio de amparo. Motivo por el cual, se requirió nuevamente a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, es decir, llevara a cabo lo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió el incidente de cuantificación promovido por ******************** en autos del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, en consecuencia, dicte una nueva en la que reitere lo que no fue materia de concesión. 2. Una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, funde y motive por qué aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, no deben ser cuantificados en el incidente respectivo o si deben ser incluidos atendiendo a lo sostenido en la ejecutoria. 3. Resuelva conforme a derecho el incidente de liquidación, en el que tome en consideración los incrementos o mejoras salariales reclamadas por el quejoso. Cumplimiento de la autoridad. En atención a lo anterior, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, manifestó mediante oficio recibido en este Juzgado de Distrito en auto de fecha diez de marzo de dos mil veintitrés, haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo y adjuntó al mismo copia certificada de diversas constancias dictadas en el expediente laboral ********************, de su índice, de las que se advierte que la responsable realizó lo siguiente: Remitió el oficio número ********************, relativo al expediente laboral ********************, de su índice, en el que manifiesta su imposibilidad para dar cumplimiento a los puntos 2 y 3 del acuerdo dictado el veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, bajo los siguientes argumentos: -Que contra la resolución de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la que se resolvió el incidente de liquidación de laudo en primer momento, la parte quejosa interpuso amparo indirecto, el cual se registró en este juzgado bajo el número ********************, mismo en el que se concedió el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable procediera en los siguientes términos: "a) El Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, deberá dejar sin efectos la interlocutoria de liquidación de laudo dictada el veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el juicio laboral ********************de su estadística. b) En su lugar, dicte una nueva interlocutoria, en la que, con plenitud de jurisdicción deberá pronunciarse, de forma fundada y motivada, respecto de la totalidad de los puntos planteados por las partes en la planilla de liquidación respectiva, particularmente, por lo que hace a la procedencia o no, de la cuantificación de los incrementos salariales, valorando, en su caso, las pruebas ofrecidas por las partes en la litis incidental, con independencia de las facultades legales con las que cuenta el propio tribunal; hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho proceda." -Que dicha concesión fue acatada por la autoridad responsable, pues dejó sin efectos la resolución interlocutoria de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, la cual fue sustituida por la de fecha veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, y con la que a su se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo ********************, de este índice. -Por lo que consideró que, si la parte quejosa no promovió el recurso de inconformidad, entonces, lo relativo al tema de los incrementos salariales en resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno ha sido consentida, de ahí que no pueda hacerse un nuevo ajuste. Vista. Con lo anterior, en acuerdo de diez de marzo de dos mil veintitrés, se mandó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera, término que transcurrió conforme a la certificación secretarial de cuenta. Desahogo. La parte quejosa sí desahogó la vista otorgada en auto de diez de marzo de dos mil veintitrés, pues mediante auto de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, se recibió escrito en el cual solicitó que no se tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, haciendo hincapié que dada la libertad de jurisdicción concedida a la responsable para emitir una nueva resolución (23 de noviembre de 2021), en lugar de la impugnada (29 junio de 2021), derivada del amparo indirecto cuyo incumplimiento hoy nos ocupa; por lo tanto, no le asiste razón a la responsable cuando afirma que existe consentimiento de los resuelto en la resolución de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, ya que ésta se impugnó a través del recurso que legalmente corresponde, como es el amparo indirecto que nos ocupa, y la misma circunstancia ocurre con el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, que tuvo por consentido el cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo indirecto ********************, de este índice. Declaración de sentencia no cumplida. En mérito de lo expuesto, este órgano de control constitucional estima que el fallo protector no ha quedado cumplido, toda vez que de las constancias que remitió la autoridad responsable a fin de acreditar el cumplimiento de la sentencia concesora de amparo, se advierte que omitió cumplir con todos los efectos de la sentencia, ya que lo manifestado en el oficio número ********************, no evidencia una imposibilidad para dar cumplimiento a lo requerido por este juzgador. Ello es así ya que, si bien es cierto que en el juicio de amparo ********************, de este índice, se tuvo por cumplida la sentencia que en él se dictó, con la interlocutoria que dictó el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, también lo es que, ésta fue materia de concesión del presente juicio, ya que al haber sido dictada con plenitud de jurisdicción, la parte quejosa se encontró en posibilidad de impugnarla a través de este juicio, obteniendo una sentencia favorable, misma que no ha sido cumplida por dicha autoridad. Motivo por el cual, las manifestaciones que se desprenden el oficio de referencia, no son suficientes ni eficaces para no cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio de amparo, en la que se concedió para los siguientes términos: "1. Dejar insubsistente la resolución emitida el veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, en la que resolvió el incidente de cuantificación promovido por ******************** en autos del juicio ordinario laboral ********************, de su índice, en consecuencia, dicte una nueva en la que reitere lo que no fue materia de concesión. 2. Una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, funde y motive por qué aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, no deben ser cuantificados en el incidente respectivo o si deben ser incluidos atendiendo a lo sostenido en esta ejecutoria. 3. En caso de que deban ser incluidos, resuelva conforme a derecho el incidente de liquidación, en la que tome en consideración los incrementos o mejoras salariales reclamadas por el quejoso.". Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que se le notifique este acuerdo, dé cumplimiento a la sentencia de amparo dictada en el presente asunto, es decir, lleve a cabo siguiente: 1. Dejar insubsistente la resolución emitida el uno de febrero de dos mil veintitrés (con la que pretendió dar cumplimiento al presente juicio), en la que resolvió el incidente de cuantificación promovido por ******************** en autos del juicio ordinario laboral ********************, de su índice. 2. Una vez hecho lo anterior, dicte una nueva en la que reitere lo que no fue materia de concesión, y con libertad de jurisdicción, funde y motive por qué aun cuando no se condenó en el laudo a los incrementos salariales, no deben ser cuantificados en el incidente respectivo, o si deben ser incluidos atendiendo a lo sostenido en la ejecutoria de este juicio. 3. En caso, de que si deban ser incluidos, resuelva conforme a derecho el incidente de liquidación, en el que tome en consideración los incrementos o mejoras salariales reclamadas por el quejoso. Apercibimiento. En la inteligencia de que la autoridad responsable deberá remitir a este Juzgado Federal, dentro del mismo plazo, las constancias que acrediten el cumplimiento de la ejecutoria, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales 192, 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo. Apercibimiento en caso de cumplimiento extemporáneo. Se precisa que el cumplimiento extemporáneo e injustificado a la ejecutoria de amparo, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, como lo prevé el artículo 195 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." Penas que pueden imponerse a las autoridades. Se le hace saber a la autoridad obligada a dar cumplimiento a la sentencia de amparo, que las penas que se le podrán imponer en caso de incumplimiento, serán las previstas en la fracción I, del artículo 267 de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir; II. Repita el acto reclamado; III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad. Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo." Inejecución de sentencia. Asimismo, se apercibe a la autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192 segundo párrafo de la Ley de Amparo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que podría culminar con la separación de su puesto y su consignación. Responsabilidades que pueden atribuirse a las autoridades. Hágase saber a la autoridad constreñida a acatar la sentencia de amparo, que de incurrir en evasivas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se situaría en la hipótesis prevista en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal y el diverso 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, relativos a las responsabilidades en que incurren las autoridades ante la desobediencia cometida al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y que aun cuando deje el cargo que actualmente ostenta, seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que estuviera al frente de él, de manera que podrá ser consignada, aunque deje de ser titular obligado Notifíquese, y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    8.- Oficio. El Actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, informa el contenido del acuerdo de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el recurso de revisión número ********************, del que se advierte que se admitió la adhesión del referido medio de impugnación. .. Acuerdo. Se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. ...

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