Jose Armando Sanchez Aparicio

Expediente 1506/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 22 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1506/2016
Año
2016
Actuaciones
22
Última actuación
25/10/2017

Partes del expediente

  • Jose Armando Sanchez Aparicio
  • JOSE ARMANDO SANCHEZ APARICIO y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hayan expuesto argumentos respecto a dichas actuaciones; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: 1. Deje insubsistente la orden de aprehensión reclamada de diez de noviembre de dos mil dieciséis, dictada en el proceso 474/2016, únicamente respecto de quien promueve este juicio de amparo. 2. En su lugar, con libertad de jurisdicción: A) Resuelva sobre la pretensión del ministerio público en la que, a fin de purgar los vicios de forma advertidos: a) Deberá ocuparse debidamente de los hechos que el fueron consignados. b) Precisar debidamente con qué pruebas está demostrada cada una de las circunstancias que el representante social consignó. c) Determine con que prueba está acreditada la calidad de servidor público de los agentes señalados como delictivos. d) Precise de manera específica el cargo que cada uno ostenta. e) Especificar porqué debe considerarse que de acuerdo con esa función recibió los bienes en administración, o si los recibió en depósito o por otra causa. g) Establecer el objeto que tenía el dinero faltante. B. Prescinda de tener demostrado el cuerpo del delito de incumplimiento de un deber, previsto en el artículo 419, fracción VI, del Código Penal del Estado de Puebla, en la modalidad de dar una aplicación pública distinta a los recursos del erario estatal, de aquella a que estaban destinados. C. Lo anterior, sin perjuicio de que con libertad de jurisdicción, atendiendo la petición ministerial, determine si los hechos demostrados actualizan el cuerpo de ese delito, en modalidad distinta, lo que deberá fundar y motivar. D. En caso que se considere demostrado algún cuerpo delictivo o más, pronunciarse respecto a la probable responsabilidad del quejoso, y de considerarla demostrada, definir, fundada y motivadamente, qué hizo o dejó de hacer para colaborar en la perpetración del delito. 3. Resolver en consecuencia. 4. Notifique dicha resolución al procesado y a su defensor. Inconformes con dicha determinación, la autoridad tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla y Oscar Edgar Popoca Quintana, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo por el peticionario José Armando Sánchez Aparicio, interpusieron recurso de revisión, del que conocieron los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito bajo el toca R-140/2017, quienes por ejecutoria de diez de agosto del año en curso confirmaron la sentencia recurrida. Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que mediante resolución de cinco de octubre de este año dictada en el proceso 474/2016 de su índice, realizó lo siguiente: Dejó insubsistente la orden de aprehensión de diez de noviembre de dos mil dieciséis reclamada, así como la diversa de veintitrés de agosto de esta anualidad, a través de la cual pretendió acatar el fallo. En su lugar, con libertad de jurisdicción, negó la orden de captura solicitada por el fiscal consignador, al señalar que las pruebas que obran en la indagatoria son insuficientes para acreditar la probable responsabilidad del quejoso José Armando Sánchez Aparicio en la comisión de los ilícitos que se le atribuyen. Por su parte, el Director General de la Agencia Estatal del Investigación del Estado de Puebla, en acatamiento al fallo, dejó sin efectos el cumplimiento de la orden de captura que constituyó el acto reclamado en esta instancia. En las condiciones relatadas y con independencia de que sea correcto o no el estudio de fondo de la determinación adoptada por el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se estima que la sentencia dictada se encuentra cumplida, en atención a que dentro de los efectos para los cuales se concedió el amparo, se otorgó libertad de jurisdicción. Por tanto, si en ejercicio de dicha facultad la responsable determinó negar el mandamiento de captura solicitado, se estiman satisfechos los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. También se indica que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de DEPURACIÓN, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, ya sea en la suspensión provisional o definitiva por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo, y con apoyo en el Manual para la organización de los Archivos Judiciales Regulados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, debiendo conservarse todas las resoluciones de la provisional o definitiva relativas a su otorgamiento y de la violación a la suspensión; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Así mismo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. De igual forma, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. Finalmente, glósese a los presentes autos el escrito presentado por el peticionario José Armando Sánchez Aparicio; atento su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en conformidad con el numeral 2° de esta última, expídasele a su costa las copias certificadas que solicita; previa constancia que por su recibo se deje en autos, autorizando para recibirlas a la persona que para tal efecto indica en el ocurso de cuenta.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, así como su anexo; visto su contenido, téngasele informando el pretendido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable ordenadora en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, vista que fue desahogada por Oscar Edgar Popoca Quintana, autorizado del quejoso José Armando Sánchez Aparicio con el cúmulo de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo; empero, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la parte considerativa que interesa de la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, realizara lo siguiente: [...] Ahora bien, de las constancias que envió el Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se advierte que mediante resolución de veintitrés de agosto de este año dictada en el proceso 474/2016 de su índice, realizó lo siguiente: [...] En ese sentido, este juzgado estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo no se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo no han sido satisfechos por la autoridad responsable tal y como se demuestra a continuación. El juez natural, a fin de cumplir en todos sus puntos con la sentencia amparadora, estaba constreñido a realizar lo siguiente: Cerciorarse si el dicho de quien da la noticia criminal está referido coherentemente a situaciones de hechos concordantes en todo o en parte con la descripción típica, esto es, si el relato de los hechos refiere a un servidor público. Analizar si el o los activos, en su calidad de servidores públicos, por razón de su encargo, recibió o recibieron en (A) administración, (B) depósito u otra causa, (I) dinero, (II) valores, (III) fincas o (IV) cualquier otra cosa perteneciente al estado, municipio u organismo descentralizado. Verificar si el relato expone las circunstancias bajo las que ese burócrata distrajo esos bienes para usos propios o ajenos. Exponer si de acuerdo con el dicho del denunciante, se sabe cuáles son los bienes que ese funcionario recibió con motivo de su cargo y para qué, es decir, si fue para administrarlos, o sólo para (A) resguardarlos en (B) depósito o (C) para otra causa -indicar cuáles-. Precisar si la denuncia describe las circunstancias de modo tiempo y lugar bajo las cuales se dio la distracción del objeto de esos bienes, para poder definir en qué consistió la misma, es decir, si fue para uso propio o ajeno. Adicionalmente, el juez de origen incurre en incongruencia. Ello porque enseguida de referenciar el relato que el denunciante hizo sobre el contenido del informe que en su momento rindió el Secretario de Finanzas, procedió a calificar el acta relativa a la segunda sesión ordinaria de la Comisión Gasto Financiamiento del Gobierno del Estado (sin tenerla demostrada). Vicio de forma porque, además de que en ese momento aún no se pronunciaba si se demostró el informe referenciado, tampoco había declarado que se acreditó el contenido del acuerdo 2ª ORD.2010.1. Al pronunciarse sobre el valor y alcance probatorio de la denuncia, el juez debió limitarse a precisar, fundada y motivadamente, las situaciones que exponía el delator y no, como lo hizo, que calificó los hechos ahí relatados, como si ya los hubiera tenido demostrados. Con la copia certificada de sus nombramientos, la representación social acertadamente tuvo acreditado que los agentes delictivos reúnen la calidad específica de servidores públicos; sin embargo, debe precisar los fundamentos legales o normativos de la función que cada uno debía desempeñar en cada cargo y exponer porqué debe considerarse que de acuerdo con esa función o cargo, recibió los (A) bienes, y si fue en (B) administración o en (C) depósito o (D) por otra causa. Definir si todos administraban los recursos o solamente algunos lo hacían, mientras otros lo tenían en depósito u otra causa, y si ante ello, unos más, sin tener a su cargo esos bienes en administración, depósito u otra causa, colaboraron conjuntamente en el detrimento, con aquellos que si administraban o tenían en depósito el dinero. Exponer en términos de la norma cuáles eran las obligaciones y tareas que cada uno de los servidores públicos debieron hacer para, en su caso, definir qué fue lo que cada uno hizo de más o qué dejó de hacer en relación con el dinero faltante y de esa manera esté en aptitud de establecer si con su actuación contribuyó o no a consumar algún delito. Es decir, debió definir conforme a la normatividad, si todos o solamente algunos de los servidores públicos involucrados administraban los recursos, si unos más los tenían en depósito y si otros, no teniendo esa responsabilidad, colaboraron o no en la distracción. Analizar y valorar la declaración de los inculpados a fin de establecer el alcance probatorio de las mismas, definiendo si benefician o perjudican. [...] Además, fundar y motivar porqué debe estarse a las afirmaciones del experto, siendo indispensable que confrontara el testimonio pericial con las constancias de la averiguación. Circunstancia anterior que en momento alguno aconteció, pues a fin de dar certeza a las partes, es necesario que su determinación se torne congruente, fundada y motivada, para lo cual deberá, en primer lugar, ocuparse de los hechos que le fueron consignados. Después, conforme a la legislación aplicable al momento de cometerse el ilícito, establecer cuáles son los elementos del cuerpo del delito en estudio. Hecho lo anterior, señalar conforme el caudal probatorio que obra en la indagatoria qué elemento del cuerpo del ilícito de peculado se acredita. Lo anterior, sin trastocar los lineamientos de valoración que para ello se precisó en la ejecutoria y que quedó reiterado en el cuerpo de la presente determinación. De lo que se advierte que el A quo responsable desatiende en su mayoría los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición. En consecuencia, resulta procedente requerir al Juez Tercero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que dentro del término IMPRORROGABLE de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, dé cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, esto es, atendiendo cada uno de los puntos especificados en la sentencia de amparo y en el presente auto, realice lo siguiente: I. Emita una nueva resolución en la que deje insubsistente la orden de captura reclamada y la diversa de veintitrés de agosto pasado a través de la cual pretendió acatar el fallo protector, únicamente respecto de quien promueve este juicio de amparo. II. En su lugar, con libertad de jurisdicción: A) Resuelva sobre la pretensión del ministerio público en la que, a fin de purgar los vicios de forma advertidos: a) Deberá ocuparse debidamente de los hechos que el fueron consignados. b) Precisar debidamente con qué pruebas está demostrada cada una de las circunstancias que el representante social consignó. c) Determine con que prueba está acreditada la calidad de servidor público de los agentes señalados como delictivos. d) Precise de manera específica el cargo que cada uno ostenta. e) Especificar porqué debe considerarse que de acuerdo con esa función recibió los bienes en administración, o si los recibió en depósito o por otra causa. g) Establecer el objeto que tenía el dinero faltante. B. Prescinda de tener demostrado el cuerpo del delito de incumplimiento de un deber, previsto en el artículo 419, fracción VI, del Código Penal del Estado de Puebla, en la modalidad de dar una aplicación pública distinta a los recursos del erario estatal, de aquella a que estaban destinados. C. Lo anterior, sin perjuicio de que con libertad de jurisdicción, atendiendo la petición ministerial, determine si los hechos demostrados actualizan el cuerpo de ese delito, en modalidad distinta, lo que deberá fundar y motivar. D. En caso que se considere demostrado algún cuerpo delictivo o más, pronunciarse respecto a la probable responsabilidad del quejoso, y de considerarla demostrada, definir, fundada y motivadamente, qué hizo o dejó de hacer para colaborar en la perpetración del delito. 3. Resolver en consecuencia. 4. Notifique dicha resolución al procesado y a su defensor. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y este juzgado determinará que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado que corresponda con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar. Finalmente, con relación al escrito de la parte quejosa a través de su autorizado con facultades amplias, el cual fue recibido en este juzgado el cuatro de septiembre pasado, con relación a la vista concedida con el cumplimiento informado por el juez responsable, dígasele que se esté a lo acordado en líneas que anteceden.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de ccc autorizado del inconforme xxx con el cúmulo de facultades que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo; visto su contenido, téngasele realizando diversas manifestaciones con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable ordenadora, las cuales serán tomadas en consideración al momento de dictar la resolución que determine si la ejecutoria está cumplida o no.

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