José Armando Quitl Gregorio
Expediente 1998/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1998/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 06/01/2023
Partes del expediente
- José Armando Quitl Gregorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de enero de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De ...Finalmente, devuélvase a su lugar de origen las copias certificada del expediente 1998/2022, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, misma que obra por cuerda separada del presente juicio de amparo identificada como cuaderno auxiliar I. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Abogada adscrita al Proceso de Asuntos Jurídicos, en representación de la autoridad responsable Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós y remite copia certificada del auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se fijó el régimen de convivencia entre su progenitor ********************, aquí quejoso y el niño ********************. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado y se le tiene remitiendo la constancia requerida, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que: el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, fijó un régimen de convivencia presencial entre el niño ********************. y su progenitor ********************, aquí quejoso, de forma presencial, de forma paulatina y progresiva, en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: la omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso ********************, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó al juez responsable señalará día y hora para visitar y convivir con su hijo ********************., en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y, de la constancia anexa al oficio que se provee, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, fijó un régimen de convivencia presencial entre el niño ********************. y su progenitor ********************, aquí quejoso, de forma presencial, de forma paulatina y progresiva, en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el tres de noviembre de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la autoridad responsable dejó de ser omisa a la petición formulada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, al fijar un régimen de convivencia presencial entre el niño ********************. y su progenitor ********************. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de la Abogada adscrita al Proceso de Asuntos Jurídicos, en representación de la autoridad responsable Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, a través del cual da cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado de Distrito mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós y remite copia certificada del auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se fijó el régimen de convivencia entre su progenitor ********************, aquí quejoso y el niño ********************. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado y se le tiene remitiendo la constancia requerida, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora, de la copia certificada remitida por la autoridad responsable, se advierte que: el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, fijó un régimen de convivencia presencial entre el niño ********************. y su progenitor ********************, aquí quejoso, de forma presencial, de forma paulatina y progresiva, en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: la omisión de dar contestación al escrito presentado por el quejoso ********************, el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, por medio del cual solicitó al juez responsable señalará día y hora para visitar y convivir con su hijo ********************., en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Y, de la constancia anexa al oficio que se provee, se advierte que el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la Jueza Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, fijó un régimen de convivencia presencial entre el niño ********************. y su progenitor ********************, aquí quejoso, de forma presencial, de forma paulatina y progresiva, en las instalaciones que ocupa el Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado de Puebla. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el tres de noviembre de dos mil veintidós la parte quejosa promovió el presente juicio de amparo y posteriormente la autoridad responsable dejó de ser omisa a la petición formulada el veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, al fijar un régimen de convivencia presencial entre el niño ********************. y su progenitor ********************. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro persona, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del veintiuno de diciembre de dos mil veintidós. Háganse las anotaciones correspondientes, en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y, personalmente al quejoso. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de diciembre de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que mediante proveído de cinco de diciembre de dos mil veintidós, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla; por tanto, en términos de lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a la fecha el plazo de ocho días que establece el mismo se encuentra pendiente de transcurrir; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J.54/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, de rubro "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO." Notifíquese. Así lo acordó y firma Edna Matus Ulloa, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Diana Rodríguez Cruz, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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