José Armando Palacios Vega
Expediente 708/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 708/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2016
Partes del expediente
- José Armando Palacios Vega
- Juez Segundo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en Matamoros, Tamaulipas
- José Manuel Hernández
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, informa que en once de mayo de dos mil dieciséis, emitió un acuerdo en el que aceptó la competencia declinada por este Juzgado Federal, para conocer de la demanda de amparo promovida por José Manuel Hernández Guerrero, José Armando Palacios Vega y Esvin Leonel Batres Hernández, quedando registrada con el número de amparo indirecto 799/2016, de su índice. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En observancia a lo previsto en el Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, previa anotación en el libro de gobierno y ficha de datos que se coloque en la carátula del presente, se fija como fecha probable para ello el veintiuno de junio de dos mil veintiuno. Por último, se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial de Toluca, en el Estado de México, el veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
- Principal
SE DICTA SENTENCIA.- SE RESUELVE: ÚNICO.- SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS...
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, dentro del término legal, en contra de la sentencia dictada el dos de mayo de dos mil dieciséis, conforme a lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, y con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria, dese aviso a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. No representa obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que aún no transcurra el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la autoridad responsable, puesto que al haberse sobreseído en el presente juicio de amparo, es a la quejosa a quien pudo afectar el sentido del fallo en cuestión y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así la autoridad responsable, conforme lo dispone el artículo 87 de la ley de la materia. Tiene aplicación al caso en concreto por analogía la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Junio de 1998, Tesis: XI.3o.4 K, página 706, con el rubro y texto siguientes: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento". Así también, es aplicable por analogía jurídica sustancial la tesis jurisprudencial publicada en el Apéndice de 1995, Tomo: Tomo VI, Parte TCC, Tesis: 648, página 434, con el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente". Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimiento artículo vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el tal efecto, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. En cambio, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el veinticinco de mayo de dos mil veintiuno; debiéndose conservar únicamente el acuerdo de dos de febrero dos mil dieciséis, por el cual se concedió la suspensión provisional, así como la interlocutoria de once de febrero de dos mil dieciséis, por la cual se concedió la suspensión definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el uno de septiembre de dos mil dieciséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente a la Casa de la Cultura Jurídica de Toluca, en el Estado de México, el veinticinco de mayo de dos mil diecinueve. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se aprecia que no obra el informe justificado de la autoridad responsable Sub Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, residente en Mexicali, Baja California, ni la constancia de notificación del oficio número 92714, de dieciocho de diciembre de dos mil quince-fojas 6 y 7-, por el cual se le solicitó rindiera el citado informe. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Con independencia de lo anterior, requiérase vía telegráfica, a la responsable Sub Secretario del Sistema Estatal de Seguridad Pública, residente en Mexicali, Baja California, para que por la misma vía, dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación de este proveído, comunique si ya obra en su poder el oficio número 92714, y en su caso, manifieste si ya rindió su informe justificado, y en qué términos lo hizo; apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta días equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259,ambos de la Ley de Amparo. Para lo cual, hágase del conocimiento de dicha autoridad, que el quejoso Efraín García Lozano, dentro de este juicio de amparo 1507/2015-3, señaló como acto reclamado el siguiente: ".De las autoridades como ordenadoras y ejecutoras, las órdenes de detención, presentación o aprehensión giradas en mi contra, fuera de todo procedimiento judicial, la ejecución o cumplimiento que pretendan realizar de la misma o de cualquier mandamiento que tienda a privarme ilegalmente de mi libertad personal, como sus consecuencias y efectos." (sic)
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