José Armando Ortiz Ortega
Expediente 1050/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1050/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Armando Ortiz Ortega
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo ha quedado firme. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. En cumplimiento a los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 20, fracción IV, el del referido acuerdo general, el expediente principal es destruible, transcurridos tres años de haberse ordenado el archivo como asunto concluido, en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad y con la certificación secretarial que antecede, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por *******************************, así como un tomo de copias certificadas del expediente *******************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Morelos; por tanto, acúsese recibo y fórmese por separado un legajo de pruebas. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1050/2023-E que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. En términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que reciba la demanda de amparo, no puede objetar la competencia declinada por el Tribunal Colegiado, cuando este resuelve que debe tramitarse el juicio en la vía indirecta; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto planteado. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, se advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Tales razones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No pasa por inadvertido que dicho criterio, interpreta artículos de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, se estiman aplicables pues el contenido de los artículos 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de dicha ley abrogada, esencialmente coinciden con el contenido de los artículos 61, fracción XVIII, y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, son válidamente aplicables al presente caso, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, del decreto por el que se promulgó la Ley de Amparo, publicado en el Diario oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevé: "CAPITULO II RECONSIDERACÓN ARTICULO 381.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del artículo trascrito se aprecia que procede el recurso de reconsideración contra los autos que no fueren apelables y los decretos, emitidos por el juez que los dictó. En el caso, la parte quejosa reclama los autos de veinticuatro de mayo y quince de junio, ambos de dos mil veintitrés, dictados en el juicio de violencia familiar ***************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos. En ese sentido, dado que el recurso de reconsideración es el medio de impugnación por el cual se pudieron revocar o modificar los acuerdos reclamados, resulta incuestionable que el quejoso, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el juez reconsidere la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Entonces, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el quejoso necesariamente debe agotar el recurso de reconsideración al tener como finalidad que el órgano jurisdiccional que los emitió pueda revocarlos, modificarlos o confirmarlos y con ello, impedir las consecuencias de las que se queja. Además, la parte quejosa no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio civil en el que es la parte actora y el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, es claro en señalar que los autos que no son apelables pueden ser reconsiderados por el juez que los emitió. En efecto, de las constancias que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, se aprecia que no se ha emitido sentencia definitiva; por tanto, se estima que en contra de los autos reclamados procede el recurso de reconsideración al encuadrar en la hipótesis señalada en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, sin que derive de una interpretación adicional. En esa tesitura, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Óscar Román Torres Hernández, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de acuerdo a la certificación de cuenta. Asimismo, se tiene como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que señala en su escrito de cuenta, en razón de que no cuenta con registro en el aludido sistema y por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio y anexos signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad y con la certificación secretarial que antecede, por el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por *******************************, así como un tomo de copias certificadas del expediente *******************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Morelos; por tanto, acúsese recibo y fórmese por separado un legajo de pruebas. REGISTRO DEMANDA, TRAMITACIÓN E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y FÍSICO. Anótese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE de registro de juicios de amparo con el número 1050/2023-E que le corresponde. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral SEXTO transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, fórmese el expediente electrónico, y en lo conducente el expediente físico. Con apoyo en los preceptos legales 24, 251, 252, 253 y 263 del referido acuerdo general, se ordena a la persona oficial judicial "C" la digitalización diaria de todas las promociones, documentos que presenten las partes, comparecencias, certificaciones devolución de documentos, títulos de crédito, entre otros, audiencias, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; a las personas actuarias, se ordena la digitalización y vinculación al expediente electrónico diariamente de todas las constancias de notificaciones personales y de oficios, actas, citatorios y razones de notificación o de imposibilidad que elaboren, sellos de lista, así como de todo lo correspondiente al área de actuaría; y a las personas secretarias se ordena cerciorarse de la debida integración del expediente correspondiente. En términos del artículo 45 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito que reciba la demanda de amparo, no puede objetar la competencia declinada por el Tribunal Colegiado, cuando este resuelve que debe tramitarse el juicio en la vía indirecta; en consecuencia, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto planteado. Ahora, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o improcedencia del juicio. En ese orden de ideas, se advierte, que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares de restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El aludido precepto estatuye que el juicio de amparo es improcedente cuando no se respete el principio de definitividad, respecto de actos derivados de autoridades jurisdiccionales. Dicho principio, en lo conducente, dispone que previo a la interposición de la demanda de amparo, el afectado por el acto de autoridad debe agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado siempre que tengan por objeto revocar, modificar o nulificar la resolución impugnada; con la salvedad de que no se esté dentro de los casos de excepción. Ello, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar de manera previa los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Ahora, es criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el juicio de amparo es un juicio extraordinario, por lo que, su procedencia y tramitación están regidas por reglas especiales; entre ellas, el principio de definitividad, que establece que dicho juicio únicamente procede en contra de actos definitivos; es decir, aquellos respecto de los cuales no exista algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados; en consecuencia, la definitividad del acto, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que, antes de acudir a dicho juicio, el quejoso tiene el imperativo de agotar el medio de defensa que, en su caso, prevea la ley que rige el acto para impugnarlo, a fin de generar su modificación, revocación o nulidad. Por tanto, el órgano constitucional está obligado a verificar que la parte promovente haya cumplido con la observancia del principio de definitividad, mediante el agotamiento del recurso ordinario de defensa, en caso de que lo prevea la ley de la materia y que tenga como finalidad modificar, revocar o anular el acto reclamado. Tales razones, dieron lugar a la jurisprudencia 1a./J.44/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." No pasa por inadvertido que dicho criterio, interpreta artículos de la Ley de Amparo abrogada; sin embargo, se estiman aplicables pues el contenido de los artículos 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de dicha ley abrogada, esencialmente coinciden con el contenido de los artículos 61, fracción XVIII, y el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, por tanto, son válidamente aplicables al presente caso, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, del decreto por el que se promulgó la Ley de Amparo, publicado en el Diario oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no basta promover el recurso ordinario de defensa, sino agotarlo en todas sus etapas, para que el acto sea definitivo, es decir, el quejoso tiene la obligación de promover el recurso, que pueda modificar o revocar el acto reclamado y esperar el resultado de dicho fallo, antes de promover la demanda de amparo. En relación al tema, el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, prevé: "CAPITULO II RECONSIDERACÓN ARTICULO 381.- Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el juzgador que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Del artículo trascrito se aprecia que procede el recurso de reconsideración contra los autos que no fueren apelables y los decretos, emitidos por el juez que los dictó. En el caso, la parte quejosa reclama los autos de veinticuatro de mayo y quince de junio, ambos de dos mil veintitrés, dictados en el juicio de violencia familiar ***************, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Morelos. En ese sentido, dado que el recurso de reconsideración es el medio de impugnación por el cual se pudieron revocar o modificar los acuerdos reclamados, resulta incuestionable que el quejoso, antes de acudir a esta instancia constitucional, debió interponer el mencionado recurso, ya que constituye un medio de defensa ordinario que la legislación federal prevé y que, en el caso en particular, tiene como finalidad que el juez reconsidere la determinación previamente asumida, a fin de que en el supuesto de existir algún vicio en aquélla, determine lo que en derecho corresponda, aun cuando el acto reclamado pueda considerarse de imposible reparación. Entonces, antes de promover el juicio de amparo indirecto, el quejoso necesariamente debe agotar el recurso de reconsideración al tener como finalidad que el órgano jurisdiccional que los emitió pueda revocarlos, modificarlos o confirmarlos y con ello, impedir las consecuencias de las que se queja. Además, la parte quejosa no encuadra en alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad, a saber: 1. Atañe a actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. 2. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal y; 3. Si el quejoso tiene el carácter de tercero extraño a juicio de donde deriva el acto reclamado. 4. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a una interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla (caso en el que el quejoso quedará en libertad de interponer el recurso o acudir el juicio de amparo). Ello, porque el acto reclamado proviene de un juicio civil en el que es la parte actora y el Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, es claro en señalar que los autos que no son apelables pueden ser reconsiderados por el juez que los emitió. En efecto, de las constancias que adjuntó la quejosa a su escrito de demanda, se aprecia que no se ha emitido sentencia definitiva; por tanto, se estima que en contra de los autos reclamados procede el recurso de reconsideración al encuadrar en la hipótesis señalada en el artículo 381 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, sin que derive de una interpretación adicional. En esa tesitura, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo. DOMICILIO. Se tiene como su domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como su autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Óscar Román Torres Hernández, en virtud de que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de acuerdo a la certificación de cuenta. Asimismo, se tiene como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a la diversa persona que señala en su escrito de cuenta, en razón de que no cuenta con registro en el aludido sistema y por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese y cúmplase.
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