Jose Armando Medina Villanueva
Expediente 1197/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1197/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Armando Medina Villanueva
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la apoderada jurídica del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control y Confianza, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento del que fue objeto el pasado trece de noviembre de dos mil veintitrés, remite en sobre cerrado las evaluaciones que presentó el quejoso José Armando Medina Villanueva, el veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintidós. En consecuencia, tal como se ordenó el pasado trece de noviembre, se ordena resguardar la información recibida en sobre cerrado en la caja de seguridad de este juzgado, de manera que sólo pueda ser consultada por la parte quejosa y/o su representante en la secretaría de este juzgado, sin posibilidad alguna de sustraer total o parcialmente su contenido mediante el empleo de algún medio electrónico, como cámara, escáner, teléfono celular, entre otros; ni mecánico, esto es, a través de la toma de notas. Asiéntese en autos razón de su resguardo y, en su caso, de las consultas que a la información resguardada se realicen por parte de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales recibidas, con las que se da vista a la parte quejosa, por el término de tres días hábiles, para su conocimiento y fines legales consiguientes. Hágase relación de lo anterior en la audiencia correspondiente. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, específicamente, la certificación que antecede, se desprende: Que, sin especificar el hecho específico que constituye la indisciplina, en el acuerdo de uno de septiembre de este año, ante "la presunta comisión de hechos contrarios al régimen disciplinario" del quejoso, en cuanto integrante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el Titular de Asuntos Internos de esa Secretaría ordenó radicar el procedimiento administrativo disciplinario en su contra y abrir, en consecuencia, la etapa de instrucción en la carpeta de investigación, a efecto de continuar con la secuela procedimental correspondiente para estar en condiciones de dictar el proyecto de resolución que corresponda y proponerlo a la Comisión de Honor y Justicia de esa Secretaría. Y que hasta ahora no obran entre las constancias remitidas por las responsables, aquellas en las que conste todo lo relativo a la evaluación realizada en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán que, según el informe justificado rendido por la Unidad de Asuntos Jurídicos en comento, no aprobó el aquí quejoso. En consecuencia, como esta autoridad al momento de resolver precisa apreciar el acto reclamado tal como apareció probado ante la autoridad responsable; a partir de lo plasmado en el artículo 75 de la Ley de Amparo, quien esto acuerda considera que en la especie es necesario recabar oficiosamente la totalidad de las constancias relacionadas con la evaluación realizada en el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Estado de Michoacán que, según el informe justificado rendido por la Unidad de Asuntos Jurídicos en comento, no aprobó el aquí quejoso. En consecuencia, mediante oficio que de este proveído derive, se requiere a las autoridades responsables Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán y Director General del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza del Gobierno del Estado de Michoacán, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contado a partir de que reciban la notificación del presente auto, tengan a bien: Remitir en sobre cerrado las evaluaciones que presentó el quejoso ********************, el veintiocho y veintinueve de junio de dos mil veintidós; En caso de que en esas evaluaciones aparezcan datos que correspondan a personas diferentes al quejoso que también hayan sido sometidas a esos exámenes, cuidarán las autoridades responsables ahora requeridas que los datos que correspondan a ellas se testen, no así la información que pertenezca a ********************, la cual deberá enviarse de manera que este juzgador pueda apreciarla plenamente. Una vez que se remita la información de la parte quejosa que ahora se solicita, resguárdese de tal manera que solamente el quejoso y su representante pueda consultarla, sin posibilidad de que puedan fotocopiarla o capturarla mediante el empleo de cámaras, escáneres, entre otros. Se apercibe a las responsables requeridas que de no cumplir con ello o no manifestar ni acreditar a juicio de este órgano jurisdiccional el impedimento legal o material que para ello tengan, se harán acreedoras, de acuerdo con el artículo 237, fracción I, en concordancia con el diverso 259 de la Ley de Amparo, a una multa de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA). Sustenta lo anterior, la tesis: I.1o.A.E.133 A (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página. 2133, Décima Época, registro2011541, de rubro: ACCESO A LA INFORMACIÓN. EJERCICIO DEL DERECHO RELATIVO TRATÁNDOSE DE LA CLASIFICADA COMO CONFIDENCIAL, MEDIANTE LA PRUEBA DE DAÑO O DEL INTERÉS PÚBLICO Y ROL DEL JUEZ DE AMPARO PARA FACILITAR LA DEFENSA DE LAS PARTES. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece la existencia de los mecanismos correspondientes y de procedimientos de revisión expeditos, y dispone que ese derecho humano comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Asimismo, que toda la generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona. Además señala, como regla general, el acceso a dicha información y, por excepción, la clasificación. Es así que para clasificar la información como reservada, debe hacerse un análisis, caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". Sin perjuicio de lo anterior, cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación. Por otra parte, si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". De lo anterior se advierte que corresponde a los sujetos obligados realizar la clasificación de la información que obre en su poder y, contra la decisión que adopten, procede interponer el recurso de revisión ante el organismo garante que corresponda. En consecuencia, la obligación de clasificar la información corresponde única y directamente a los sujetos obligados, en tanto que al Juez de amparo sólo compete facilitar, bajo su más estricta responsabilidad, el acceso a la que sea "indispensable para la adecuada defensa de las partes. En el entendido de que para el caso de que la información que ahora se les solicita se haya declarado reservada; deberá enfocarse en proteger la secrecía del contenido de los exámenes de aptitud y no a limitar el derecho de la persona que efectúo la evaluación, a saber, si aprobó o no dicho examen, por lo que, en consecuencia, deberá expedir las constancias relacionadas con los resultados por si mismos de los exámenes de control, elaborando, en caso de ser necesario, la versión pública correspondiente, en pro de la reserva de los procesos de evaluación. Es decir, manifestar aprobado (apto) o no aprobado (no apto), indicando incluso, de forma separada, el resultado de cada uno de ellos (médica, toxicológica, psicológica, psicométrica, polígrafo y socioeconómica y/o alguna otra evaluación) lo que depende de los documentos que recopile, mantenga, procese o se encuentren en posesión del Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Centro de Confianza, pues de conformidad con el artículo 72 de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, la información se proporcionará en el estado en que se encuentre en poder de los sujetos obligados. Lo anterior, toda vez que en diversos criterios jurisprudenciales y de tesis, se ha establecido que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados -en el caso el Centro Estatal de Certificación, Acreditación y Control de Confianza- es pública y accesible a cualquier persona, salvo aquella que contenga algún criterio de clasificación (de reserva o confidencialidad); pues en este último caso, dicha clasificación implica un análisis, realizado caso por caso, mediante la aplicación de la "prueba de daño". No obstante ello, se ha señalado que cuando un documento contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados deberán elaborar una versión pública, en la que testen única y exclusivamente aquéllas, con indicación de su contenido de forma genérica, así como la fundamentación y motivación que sustente dicha clasificación. Finalmente, que si alguien intenta revertir determinada clasificación de información que estima no es confidencial, debe plantearlo ante la autoridad que realizó la clasificación, dando audiencia a los beneficiados con la decretada y a los probables afectados, para el evento de que se reclasifique, a través de la "prueba del interés público". Se solicita atentamente a las autoridades responsables requeridas que de remitir en copia certificada las constancias que aquí se les solicita, tomen en cuenta las siguientes directrices: 1. Si algunas de las fojas se encuentran ilegibles o pierden su continuidad, en virtud de que así se encuentran en el mismo, aclare dicha circunstancia y señale el número de folio que corresponde a cada una de ellas; 2. En caso de que las constancias sean legibles, pero las reproducciones que se obtengan de éstas no, deberá efectuar su transcripción con la indicación y folio correspondientes al remitirlas a este juzgado; y, 3. Observe que las copias que remita se encuentren debidamente ordenadas, atendiendo a su legibilidad, continuidad, orden cronológico y totalidad, o bien, realice las aclaraciones respectivas si así obran en el expediente a que pertenecen. En el entendido de que, en caso de que decidan remitir las constancias originales, deberán cuidar que las oficinas a su cargo conserven, en su caso, testimonio autorizado íntegro de ellas, ya que en el supuesto de necesitarlas para realizar alguna actuación, este juzgado no podrá devolverlas por ser imprescindibles para resolver el juicio de amparo y en su caso el recurso de revisión, por lo que queda bajo su responsabilidad obtener las copias conducentes para su resguardo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre como corresponda el oficio suscrito por el actuario del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en proveído de once del mes y año en curso, el tribunal de alzada admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia de cinco de julio del año en curso, el cual se registró con el número de revisión 271/2023. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se da vista a las partes por el término de ocho días hábiles, con los informes justificados que rinden las siguientes responsables: a) Director de Desarrollo Policial; b) Comisión de Honor y Justicia; y, c) Unidad de Asuntos Internos. Todos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Jefe del Departamento de Amparo, en suplencia por ausencia del Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de esa secretaría. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la ordenamiento legal en consulta, se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza, la prueba documental que la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán acompaña a su informe; con ella fórmese el correspondiente tomo de pruebas, sin perjuicio de relacionarla de nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Ahora bien, habida cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública, los autos derivados del procedimiento administrativo disciplinario pueden ser consultados sólo por las partes o las personas autorizadas para ello; a efecto de resguardar los datos personales contenidos en las constancias que para soportar su informe adjuntó la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quien esto acuerda ordena mantener en sigilo las constancias anexas al oficio que aquí se acuerda. Sigilo que, cabe hacer notar, implica lo siguiente: 1. Que las partes sólo tengan acceso en este expediente a las actuaciones relacionadas con las cuestiones que aquí puedan interesarles. 2. Que nadie pueda obtener imágenes de las constancias que integran el tomo de pruebas, a través del empleo de herramientas tecnológicas como son, fotocopiadoras, cámaras, grabadoras o lectores ópticos. 3. Que a virtud de lo dispuesto en los dos puntos que anteceden, se adopten las medidas necesarias para conservar el sigilo que precisa el tomo de prueba conformado con las constancias que remitidas en vía de justificación por la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Eugenia América Ayala Díaz de León, secretaria que autoriza y da fe.Ángel/*
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,026 expedientes
- José Antonio Téllez Ramirez1283/2019
- Jose Arias Garfias522/2023
- José Armando Beltrán Álvarez966/2018
- Jose Armando Garcia Rodriguez1085/2023
- José Armando López Pichátaro329/2022
- José Armando López Pichataro345/2022
- José Armando Pérez Aburto525/2020
- Jose Armando Ponce Garcia477/2023
- Jose Armando Ponce Garcia302/2023
- José Arreola Ávila396/2022
- José Arreola Martínez1261/2019
- Jose Artemio Rubio Facio641/2023