José Armando López Pichátaro
Expediente 587/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 34 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 587/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 09/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- José Armando López Pichátaro
- Ayuntamiento de Erongaricuaro, Michoacán
- Ayuntamiento de Erongaricuaro, Michoacán y Otros.
- José Armando López Pichátaro y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa y tercera interesada, no interpusieron recurso de revisión, dentro del término legal, contra la sentencia que sobreseyó el juicio; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma causó ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues no se encuentran legitimadas para recurrir la sentencia dictada, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. 2. Orden de archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 3. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 4. Incidente de suspensión. Consecuentemente, de conformidad con el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se negó la suspensión definitiva, se determina que el original del incidente de suspensión es DESTRUIBLE. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso c), del mencionada Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el natural 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. 5. Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. 6. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 587/2022, promovido por ******************** y ********************en cuanto Jefe de Tenencia Propietario, Jefe de Tenencia Suplente, Secretario, Tesorera, Vocal 1 y Vocal 2, de la Tenencia de ******************** municipio de ********************Michoacán, respectivamente, por alegada violación de los artículos 1o, 2º, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuidas al Ayuntamiento de ********************Michoacán, y otras autoridades; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: De Ayuntamiento de ********************Michoacán: La indebida citación, ejecución y desarrollo de la ********************sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de ********************Michoacán, celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Indebida fundamentación y motivación de la aprobación del punto de acuerdo número cuatro, relativo al análisis y en su caso aprobación del reconocimiento de resultado de la asamblea celebrada en el municipio de ******************** el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno. La aprobación del acta número ******************** de la ********************sesión ordinaria de cabildo; y, Los efectos legales que de tal emisión y/u otorgamiento se deriven. De la Directora del Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán: La indebida publicación de la décima segunda sección en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado de Michoacán, en donde se publica el reconocimiento del resultado de la asamblea celebrada en ******************** y el Acta Constitutiva del Consejo de Administración de la comunidad de ********************. Los efectos que de tal otorgamiento pudieran derivarse. De ********************, Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán: La entrega y/o transferencia de los recursos públicos municipales a la tenencia de ******************** Michoacán; y, Los efectos que de tal entrega y/o transferencia pudieran derivarse. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclaman actos que tienen ejecución y fueron emitidos por autoridades con residencia en ********************Michoacán y Morelia, Michoacán, lugares en los que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de los actos y/o omisiones reclamadas. Son ciertos los actos atribuidos a la Directora del Periódico Oficial del Estado de Michoacán y al Ayuntamiento Constitucional de ********************Michoacán, ya que al rendir sus respectivos informes justificados así lo manifestaron expresamente. Certeza que se corrobora con las copias certificadas que anexaron a sus informes de ley, con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 133, 197, 202 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o. Resultan aplicables los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicen: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. De igual forma debe tenerse por cierto el acto reclamado al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, no obstante que al rendir el informe de ley lo haya negado; toda vez que de las manifestaciones que realizó se desprende su certeza, lo que se corrobora además con las constancias que acompañó a su informe de las que se observa que con fecha dos de marzo de dos mil veintidós, recibió escrito signado por el Coordinador General del Concejo de Administración de la comunidad de ******************** Michoacán, a fin de solicitar la transferencias de los recursos proporcionales correspondientes al presupuesto directo de esa comunidad. Es aplicable el siguiente criterio: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Procedencia del juicio de amparo indirecto. Determinada la certeza de las omisiones reclamadas, se examina la procedencia del juicio de amparo, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia deben estudiarse preferentemente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Son aplicables, las jurisprudencias, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." La autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Michoacán, refiere que el juicio de amparo es improcedente en términos de la fracción XV del Artículo 61, de la ley de Amparo, toda vez que a su consideración los actos reclamados se encuentran relacionados con violaciones a garantías individuales y a derechos políticos, cuyo discernimiento corresponde exclusivamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es fundada la causal de improcedencia que hace valer la citada autoridad responsable, por las razones que enseguida se explican. En efecto, el numeral 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia del juicio contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral. El Alto Tribunal del país se pronunció en el sentido de que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución; es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Sin embargo, el alto tribunal del País, también exceptúo de forma expresa que las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables. Cobra aplicación a lo anterior la jurisprudencia, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." De igual forma, sirve de sustento a lo anterior, el criterio de rubro y texto: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS. De la interpretación de la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral, así como de los artículos 41, 94, 99, 103 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que contienen, por un lado, el sistema integral de justicia en materia electoral, que permite impugnar leyes electorales vía acción de inconstitucionalidad, así como los actos o resoluciones en materia electoral ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por el otro, el juicio de amparo como una garantía constitucional procesal que tiene por objeto la protección o salvaguarda de los derechos fundamentales de los individuos frente a los actos de autoridad o las leyes, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo no surge sólo por el hecho de que la norma reclamada se contenga en un ordenamiento cuya denominación sea electoral, o porque el acto o resolución provenga de una autoridad formalmente electoral, ni mucho menos de lo argumentado en los conceptos de violación de la demanda, sino por el contenido material de la norma, acto o resolución, es decir, es necesario que ese contenido sea electoral o verse sobre derechos políticos, pues en esos supuestos la norma, acto o resolución están sujetos al control constitucional, esto es, a la acción de inconstitucionalidad si se trata de normas generales, o a los medios de impugnación del conocimiento del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el caso de actos o resoluciones. Se exceptúan de lo anterior las resoluciones pronunciadas por el mencionado tribunal en los asuntos de su competencia, contra las cuales el juicio de amparo siempre es improcedente, independientemente del contenido material de dichas resoluciones, aun cuando no verse estrictamente sobre materia electoral, ya que en este caso la improcedencia deriva del artículo 99 constitucional, conforme al cual las resoluciones dictadas por el citado Tribunal en los asuntos de su competencia son definitivas e inatacables." Ahora, antes de abordar de qué manera se actualiza la causal de improcedencia anunciada, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la demanda de amparo debe interpretarse como un todo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido a fin de impartir una recta administración de justicia, es decir, al fijar los actos reclamados, se deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo que habrá de resolverse. Sustenta lo considerado, en lo conducente, la jurisprudencia número 169, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" En ese sentido, analizada que fue la demanda de amparo en su integridad, se reitera que los quejosos reclaman -entre otros actos- el acta de sesión ordinaria celebrada el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en especial la aprobación del punto de acuerdo número cuatro que textualmente dice: "EN EL PUNTO NÚMERO CUATRO.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL INFORMA EL RESULTADO DE LA ASAMBLEA CELEBRADA EN ******************** EL DÍA 29 DEL PRESENTE MES Y AÑO, EN LA CUAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACÁN (IEM) LA COMUNIDAD DECIDIÓ AUTOGOBERNARSE Y ADMINISTRAR DIRECTAMENTE LOS RECURSOS QUE PROPORCIONALMENTE Y DE ACUERDO A SU NÚMERO DE HABITANTES LE CORRESPONDEN, MOTIVO POR EL CUAL LE SOLICITAN A ESTA ADMINISTRACIÓN LES FIRME UN CONVENIO PARA QUE SE INICIE EL PROCESO CORRESPONDIENTE, UNA VEZ ANALIZADA Y DISCUTIDA AMPLIAMENTE LA SOLICITUD, ESTE CUERPO COLEGIADO APRUEBA Y AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL FIRMAR EL CONVENIO SOLICITADO, CON LA SALVEDAD DE QUE PARA QUE ESTO SE LLEVE A CABO, LA COMUNIDAD DE BERÁ CUMPLIR TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES EN TIEMPO Y FORMA." Ahora, de los antecedentes del acto reclamado, se desprende que: El veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, la Comunidad Indígena de ******************** que pertenece a la demarcación municipal de ********************Michoacán, llevó a cabo una consulta libre e informada en la que tomaron como acuerdo su autogobierno y ejercicio directo del presupuesto. En sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de ********************Michoacán, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, se analizó y discutió el resultado de la asamblea celebrada el veintinueve de ese mes, a través del Instituto Electoral de Michoacán, donde la comunidad decidió autogobernarse y administrar directamente los recursos que proporcionalmente, de acuerdo al número de sus habitantes les corresponde, mismo que se aprobó y autorizó al Presidente Municipal para firmar el convenio solicitado, con la salvedad de que la comunidad debería cumplir con todas las disposiciones aplicables en tiempo y forma. Mediante acuerdo general ******************** de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, calificó y declaró jurídicamente válida la consulta libre e informada realizada por la comunidad indígena de ******************** el veintinueve de agosto de ese mismo año, sobre si están de acuerdo en autogobernarse y administrar sus propios recursos presupuestales de manera directa y autónoma, la cual se preparó previamente mediante metodología y temporalidad señalada en cesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil veintiuno. Acuerdo que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el catorce de octubre de dos mil veintiuno. El veintiocho de septiembre de ese año, se llevó a cabo la sesión extraordinaria ********************, del Ayuntamiento de ********************donde se tomó un punto de acuerdo mediante el cual se desconocen los alcance jurídicos de la aprobación señalada en el párrafo anterior; el acta de dicha sesión fue publicada el doce de octubre de dos mil veintiuno, en el Periódico Oficial del Estado. El nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente ********************, promovido por el Presidente del Ayuntamiento de ******************** y por ciudadanos y comuneros indígenas de la Comunidad de ******************** a fin de controvertir la omisión de la autoridad para emitir convocatoria para renovar la Jefatura de Tenencia de ******************** el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, ordenó al Ayuntamiento en mención aprobara y emitiera convocatoria para renovar la Jefatura de Tenencia. La convocatoria se aprobó en sesión de cabildo de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, para llevar a cabo el proceso de elección el primero de enero de dos mil veintidós; y el diecisiete de enero de este año, se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el resultado de la votación donde se eligió a ******************** y ********************, como Jefes propietario y suplente de la Tenencia de la Comunidad Indígena de ******************** Michoacán; así como Secretario, Tesorero y Vocales 1 y 2. En acta de asamblea de la Comunidad Indígena de ******************** celebrada el veintitrés de enero de dos mil veintidós, donde se hizo constar la presencia de seiscientos doce ciudadanos comuneros de ******************** se tomó votación en sentido económico a mano alzada para aprobar que: "LA ******************** RECHAZA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DIRECTO*, POR LO QUE ES DESEO DE LA COMUNIDAD QUE EL PRESUPUESTO QUE PROPORCIONALMENTE CORRESPONDE A ******************** SEA EJERCITDO POR EL AYUNTAMIENTO DE ********************". El veinticuatro de enero de dos mil veintidós, ante la oficina de representación Morelia, Michoacán, del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, ********************, ********************, ********************, ******************** y ******************** en cuanto Jefe de Tenencia Propietario, Jefe de Tenencia Suplente, Secretario, Tesorera, Vocal 1 y Vocal 2 de la Tenencia de ******************** Michoacán, solicitaron el reconocimiento como autoridades comunales de ********************. El dos de febrero de dos mil veintidós, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, expidió "CONSTANCIA COMO COMUNIDAD INDÍGENA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" a ********************, MICHOACÁN, clave única ********************, en la que aparece el primero de los nombrados como representante de esa comunidad. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el Reconocimiento del resultado de la asamblea celebrada en ******************** municipio de ********************Michoacán, así como el acta constitutiva del Consejo de Administración de la comunidad de ******************** Michoacán. Con base en los anteriores antecedentes, cabe destacar que los actos reclamados consistentes en la indebida citación, ejecución y desarrollo de la ********************sesión ordinaria de cabildo del Ayuntamiento de ******************** de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, la aprobación del punto número cuatro de la citada sesión ordinaria, aprobación del acta ********************; la publicación en el Periódico Oficial del Estado, de la referida sesión ordinaria y la entrega de los recursos a la comunidad de ******************** son actos derivados de la asamblea de veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, celebrada a través del Instituto Electoral de Michoacán, donde la comunidad decidió autogobernarse y administrar directamente los recursos que proporcionalmente, de acuerdo al número de sus habitantes les corresponde; tal y como lo determinó el referido Instituto Electoral en el citado acuerdo general ******************** de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones, es dable señalar que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61, de la Ley de Amparo, como se había anunciado, puesto que en el acto señalado como reclamado, consistente en la sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de ********************Michoacán, de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, únicamente se validó el acuerdo ********************, emitido por Instituto Electoral de Michoacán, que a su vez calificó y declaró jurídicamente valida la consulta realizada a la comunidad indígena de ******************** perteneciente al municipio de ********************Michoacán de Ocampo, máxime que ésta determinación puede ser analizada en los términos establecidos en la legislación electoral. No se inadvierte que el acto reclamado en el presente es lo determinado por el Ayuntamiento de ********************Michoacán de Ocampo, en sesión ordinaria de cabildo; así como, la omisión de citarlos conforme ley a dicha sesión; empero, al margen de que el actuar de la responsable se limitó a declarar la validez del acuerdo emitido por el Instituto Electoral de Michoacán, en el que dicho Instituto a su vez calificó y declaró jurídicamente válida la consulta de autogobierno de la comunidad en mención celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, como ha quedado de manifiesto; debe señalarse que de cualquier forma en términos de los artículos 35, 36 y 37 de la ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, no es una obligación de los ayuntamientos municipales el de citar a los integrantes de las jefaturas de tenencia a las sesiones ordinarias -como en el caso-, extraordinarias y/o solemnes; en tanto que del referido numeral 37 se desprende que las sesiones serán convocadas por la o el Presidente Municipal o las dos terceras partes de quienes integran el Ayuntamiento, a través de la secretaria o secretario del mismo; que la citación puede ser personal o a través de medios electrónicos o de ser necesario en el domicilio particular de cada integrante del Ayuntamiento, citación que deberá hacerse por lo menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la sesión. Esto es, la citación para las sesiones de los Ayuntamientos corresponde realizarlas al Presidente Municipal y/o quien lo represente a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento; y que si bien el último párrafo del referido numeral prevé la posibilidad de que los Jefes de Tenencia participen en dichas sesiones, lo cierto es que ello no implica que se les debe citar, en tanto que el referido numeral textualmente señala que "podrán" participar; de ahí que dichos argumentos resulten ineficaces. De esa manera, retomando la causa de improcedencia invocada al derivar los actos reclamados de la resolución emitida por el Instituto Electoral de Michoacán, se estima que éstos no pueden ser materia de análisis a través del juicio de amparo. Lo anterior, porque como se ha reseñado en el presente fallo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que resulta improcedente el juicio de amparo contra actos en materia electoral, como es, cuando se reclamen normas o actos cuyo contenido material sea electoral o versen sobre derechos políticos, ya que sólo de manera excepcional podrán combatirse a través de ese juicio cuando se vinculen en sentido estricto con la posible violación a los derechos fundamentales, pero siempre que no atañan estrictamente a la materia electoral, o bien, al ejercicio de derechos políticos cuando éstos incidan sobre el proceso electoral, pues ello, no puede ser materia de estudio en el juicio de amparo. A mayor abundamiento, debe señalarse que en los autos del juicio de amparo ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, los mismos quejosos acudieron a reclamar la emisión u otorgamiento de una diversa constancia de la comunidad indígena de ******************** Michoacán, en la que otorgó la representación de dicha comunidad a ********************; la emisión del Registro Federal de Contribuyentes en favor de la referida comunidad; y la entrega o transferencia de los recursos públicos municipales a la comunidad de ******************** Michoacán; los cuales, de acuerdo con los antecedentes de los actos reclamados corresponden a las consecuencias derivadas de la asamblea celebrada en la comunidad de ******************** Michoacán, el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, con motivo de la consulta previa para la aprobación del autogobierno. Juicio de amparo que fue resuelto mediante sentencia de fecha once de mayo de dos mil veintidós, en la que en su parte considerativa, se determinó: ". Como se ve de los antecedentes de los actos reclamados, el conflicto planteado por parte de los quejosos tiene su origen desde el momento en que al resultar electos como Jefe de Tenencia, propietario y suplente, Secretario, Tesorero y Vocales 1 y 2, de la Comunidad Indígena de ******************** Michoacán, el primero de enero de dos mil veintidós, cuestionan todo el proceso que inició con la asamblea celebrada el veintinueve de agosto de dos mil veintiuno, de la que derivó la aprobación y autorización del cabildo para firmar el convenio que autorizó la transferencia de recursos económicos a la comunidad, que sirvió para los posteriores actos consistentes en la escrituración y publicación en el Periódico Oficial del Estado de la constitución del Consejo de Administración de la Comunidad de ******************** Michoacán, en la que además de establecer sus estatutos, se otorgó a ********************, en calidad de Concejero Coordinador General, la representación legal de la comunidad; actos a los que precede la intervención del Instituto Electoral de Michoacán, en la realización de la consulta libre e informada que reconoció a través de ese proceso el derecho de la comunidad indígena en mención a la libre determinación, autonomía y autogobierno. Pretensión que, a la luz del apartado A, fracciones I, II y III del artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no puede ser analizada en el fondo a través del presente juicio constitucional, no solo porque de hacerlo se rompería con el propósito de dicha norma suprema y su regulación a través de la legislación secundaria, que es reconocer plenamente la capacidad de los miembros de la comunidad indígena involucrada a decidir sobre sus asuntos internos. Además, porque los hechos sometidos a consideración de esta juzgadora denotan conflicto interno entre los miembros de la comunidad, respecto a quién corresponde la representación de la misma y la forma en la que determinan o no ejercer su autogobierno y la disposición o no del presupuesto directo; aspectos que de analizarse, violentarían los derechos de autonomía y libre determinación que corresponden colectivamente a toda la comunidad, al amparo de la norma constitucional. (.)" Sentencia que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y del Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión ********************, mediante sesión diez de noviembre de dos mil veintidós. Lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2o, toda vez que se trata de una sentencia dictada por este mismo órgano jurisdiccional y además porque su consulta y de la diversa del tribunal de alzada es posible a través del Sistema Integran de Seguimiento de Expedientes (SISE). En esas circunstancias, al actualizarse una causa de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos de la fracción V del numeral 63 de la Ley de la Materia. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Finalmente, no se soslaya que tanto la Agente del Ministerio Público Federal como los quejosos y la parte tercera interesada formularon los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por los quejosos ******************** y ********************en cuanto Jefe de Tenencia Propietario, Jefe de Tenencia Suplente, Secretario, Tesorera, Vocal 1 y Vocal 2, de la Tenencia de ******************** municipio de ********************Michoacán, respectivamente, respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando primero y por las razones y fundamentos expuestos en el diverso cuarto de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma física y electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de diciembre de dos mil veintidós. 1. Estado de autos, se deja sin efectos oficio. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en proveído de dos de los corrientes, se ordenó girar el oficio 35489/2022, dirigido al Ayuntamiento de Erongarícuaro, Michoacán, a fin de que rindiera el informe justificado que a su parte corresponde. Sin embargo, de una revisión de las constancias que integran el juicio en que se actúa, se advierte que obra glosado el informe justificado rendido por la Síndico de Erongarícuaro, Michoacán, acordado en auto de diez de mayo de la presente anualidad -dictado por el juez homólogo-; por tanto, se deja sin efectos el oficio 35489/2022, dirigido al Ayuntamiento de Erongarícuaro, Michoacán, al ser innecesario su envío. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintidós. 1. Tercero formula alegatos. Téngase por recibido el escrito suscrito por el tercero interesado ********************, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngasele formulando alegatos; lo anterior, sin perjuicio de hacer relación de ellos al momento del desahogo de la audiencia constitucional. 2. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que, mediante auto de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio 10540, suscrito por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remitió los juicios de amparo indirecto I-329/2022 y su acumulado 436/2022, de su índice. 3. Se ordena separación de autos. En ese sentido y para un mejor estudio de ambos asuntos, con fundamento en los artículos 72 y 73 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados en sentido contrario, se decreta la separación de los autos que integran este juicio de amparo, sin necesidad de aperturarse el incidente respectivo; lo anterior, por tratarse de un asunto que corresponde al conocimiento de este órgano jurisdiccional, en aras de lograr con efectividad la prontitud en la impartición de la justicia constitucional, contemplada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 4. Se determina la litis de expedientes separados. En razón de lo anterior, se ordena la separación de juicios, en los siguientes términos: En el presente expediente de amparo 587/2022 se resolverá respecto de los actos reclamados por el quejoso a las autoridades responsables señaladas en el escrito inicial de demanda promovida por ******************** ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en cuanto ********************, misma que se registró bajo el número I-329/2022, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado con residencia en esta ciudad. Ahora, por lo que ve a demanda promovida por ******************** ********************, ********************, ********************, ******************** y ********************, en cuanto ********************, se ordena obtener copia de la papeleta, de la demanda y las demás constancias conducentes a fin de que en juicio constitucional separado, se resuelva lo conducente. Levántese certificación de las constancias con que se forme el expediente con motivo de la separación de juicios, tanto del juicio de amparo, como del incidente de suspensión. 5. Se gira oficio a la Oficina de Correspondencia Común. Se ordena remitir a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, a efecto de que registre el nuevo expediente que se formará con motivo de la separación de autos y realice el turno correspondiente. 6. Se requiere informe justificado. Ahora bien, de una revisión de constancias, se advierte que, no obra en autos el informe justificado que le fue solicitado a la responsable Ayuntamiento de Erongarícuaro, Michoacán; por tanto, pídase informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá: 6.1. Rendirlo con la oportunidad necesaria para que sea tomado en cuenta en la audiencia constitucional, lo que deberá hacer por correo electrónico a la cuenta 1jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, confirmando su recepción al teléfono 443 3226960 extensión 1181, salvo que por la propia naturaleza de las constancias que haya de remitir se haga necesario que las presente directamente ante el juzgado, verbigracia cuando envíe tomos de prueba, discos compactos y otros documentos análogos. Apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de doscientas Unidades de Medida y Actualización, equivalente a ******************** en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. 7. Diferimiento audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se DIFIERE la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS DEL VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese personalmente a las partes y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Frenette Aronny Rodríguez García.
Quedan 30 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- José Antonio Valerio Salguero552/2020
- José Antonio Vázquez Leyva1010/2019
- José Antonio Velázquez Miranda120/2021
- José Armando Balderas Ramírez1021/2023
- José Armando Lemus Figueroa1508/2023
- José Armando López Pichátaro153/2022
- José Armando López Pichátaro1370/2022
- José Armando Reyes Acosta727/2023
- José Ayala Bedolla215/2023
- José Benjamín Ramos Guzmán234/2023
- José Bernabé Ornelas Cuaraqui161/2021
- José Bernardino Barajas Rivera301/2021