José Armando López Jiménez
Expediente 202/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 30 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 202/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 06/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- José Armando López Jiménez
- Comandante del 19° Batallón de la Policía Militar, en su calidad de Comandante del Batallón de la Policía Militar, con residencia en esta ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente incidente de suspensión; asimismo obra testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria virtual de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de revisión 177/2022; en el cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "UNICO. Se declara sin materia el presente recurso de revisión." En consecuencia, acúsese recibo, regístrese su llegada; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del presente incidente, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas; hágase del conocimiento de las partes el proveído de mérito, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, como de la certificación de cuenta se advierte que por auto de treinta de junio de dos mil veintidós, se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse trascurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; como de la certificación que antecede se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por José Armando López Jiménez; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, la parte quejosa deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger la documental obrante en autos consistente en original del oficio S.P.A.A./0787, de diecinueve de enero de dos mil veintidós, que adjuntó a su escrito de demanda, con el apercibimiento de que de no hacerlo, éste podrá ser destruido. Empero, para ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción I inciso e) del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que el promovente o la persona autorizada para ello, deberá comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que para tales efectos se le señale, bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se devolverá el documento a que se alude. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo primero del Acuerdo General 9/2022, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, EN RELACIÓN CON EL PERIODO DE VIGENCIA y anexo 1, el horario presencial de este juzgado durante la contingencia sanitaria es de ocho horas con treinta minutos a dieciséis horas con treinta minutos. Sin embargo, la atención al público de manera presencial según "Agenda OJ", es hasta las quince horas. Con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Ahora bien, no se ordena proveer en los cuadernos incidentales que derivan del juicio de amparo en que se actúa, en virtud de que su original se encuentra en el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Circuito, con sede en esta ciudad, para efectos de la sustanciación del recurso de revisión hecho valer por el quejoso de mérito, en contra de la interlocutoria de uno de abril del año actual, al que le correspondió el número de incidente en revisión 177/2022; por tanto, hágasele saber lo anterior al citado Tribunal de Alzada, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 202/2022-7, promovido por **********, contra los actos que reclama del Comandante del 19/o. Batallón de la Policía Militar, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 1º, 5, 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el catorce de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado el diecisiete siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el dieciocho posterior, ********** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "1.- LA ILEGAL RESOLUCIÓN DICTADA DENTRO DE LA AUDIENCIA DEL H. CONSEJO DE HONOR DEL DÉCIMO NOVENO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR, DESAHOGADA A LAS 1000 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBREREO DE 2022 (.)" (sic) "2.- LA ILEGAL AUDIENCIA DEL H. CONSEJO DE HONOR DEL DÉCIMO NOVENO BATALLÓN DE POLICÍA MILITAR, DESAHOGADA A LAS 1000 HORAS DEL DÍA 10 DE FEBREREO DE 2022 (.)" (sic) "3.- LA ILEGAL TRAMITACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA BAJA DEFINITIVA Y/O DESTITUCIÓN DEL SUSCRITO DEL SERVICIO ACTIVO DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA MEXICANOS (.)" (sic) 6 de 24 AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Comandante del 19/o. Batallón de la Policía Militar. 2 Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. 3 H. Consejo de Honor del 19/o. Batallón de la Policía Militar. 4 Presidente del H. Consejo de Honor del 19/o. Batallón de la Policía Militar. 5 Vocal del H. Consejo de Honor del 19/o. Batallón de la Policía Militar. 6 Vocal y Secretario del H. Consejo de Honor del 19/o. Batallón de la Policía Militar. SEGUNDO. RADICACIÓN Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 202/2022-7; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación adscrito; dada la naturaleza de la litis constitucional, no se reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se requirió al promovente para que exhibiese dos copias de su demanda para el trámite del incidente de suspensión; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. CUMPLE REQUERIMEINTO. Así, el veintiocho de febrero siguiente, la parte quejosa cumplió con el requerimiento y se ordenó el trámite del incidente de suspensión en términos del artículo 125 de la Ley de Amparo. CUARTO. AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. Luego, el siete de abril de dos mil veintidós, se agregó el escrito de la parte quejosa, por medio del cual amplió su demanda respecto conceptos de violación; en consecuencia, se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado. 7 de 24 QUINTO. AUDIENCIA. La audiencia constitucional, previo diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de 8 de 24 conformidad con lo dispuesto en el artículo 741 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: ? La audiencia celebrada por el H. Consejo de Honor del 19/o. Batallón de Policía Militar a las diez horas del diez de febrero de dos mil veintidós, con motivo la conducta y disciplina del aquí quejoso, en la cual se determinó solicitar su baja del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por lo que se dio inicio al procedimiento administrativo sancionar en su contra. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. 9 de 24 TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado sintetizado en el considerando precedente, respecto de la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional, por haber negado la imputación al rendir informe justificado por medio de su Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de dicha dependencia federal, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado tal condición, no obstante la vista que se le otorgó en proveído de seis de abril de dos mil veintidós. Es por ello que, si de las atribuciones de dicha autoridad no se contemplan aquellas relativas al procedimiento administrativo sancionador, tales como la celebración de audiencias del Consejo de Honor de Policía Militar, ni tampoco la emisión de resoluciones que den inicio al citado procedimiento, entonces resulta evidente que no pueden tenerse por ciertos dichos actos. Soporta lo anterior el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo XI, Abril de 1993, página 257, con número de registro 216654, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. SU APRECIACION. El hecho notorio no está sujeto a regla normativa alguna que regule su prueba; por tanto, su apreciación queda sujeta al prudente arbitrio del juzgador, quien goza de plena autonomía para declarar su existencia o inexistencia, en su caso, sin más limitación que la sujeción a los lineamientos legales y a las reglas de la lógica. Si la Sala responsable no invoca determinada circunstancia, como un hecho notorio, debe inferirse, lógica y jurídicamente, que ello fue así, porque no tenía formada convicción sobre tal circunstancia, por no tratarse de un hecho que estuviera en el conocimiento de todos y en la conciencia de los propios juzgadores 10 de 24 ordinarios, y el tribunal de amparo no puede substituirse al criterio de dicha autoridad, sin mengua de la autonomía indispensable que para el ejercicio de su arbitrio gozan los juzgadores naturales." Aunado a lo anterior, cuando las autoridades responsables niegan los actos que se les reclama, queda a cargo de la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar su certeza, sin que en el caso que nos ocupa la impetrante hubiese aportado prueba alguna que desvirtuara tales negativas. En sustento a lo anterior se invoca la jurisprudencia 553 sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Apéndice compilación 1995 al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, página 368, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Además, del análisis de las constancias que obran agregadas en autos, se desprende que, como se verá en el considerando siguiente, la génesis del acto reclamado corresponde a diversas responsables. En consecuencia, ante la inexistencia del reclamo se decreta el sobreseimiento en el presente asunto, de conformidad con la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, por lo que hace a la Dirección General de Administración de la Secretaría de la Defensa Nacional. 11 de 24 CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado identificado en el considerando segundo de esta ejecutoria, puesto que del análisis de las constancias que obran agregadas en autos se advierte su existencia. Esto es así, ya que de la copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento administrativo sancionador instado al impetrante3 , de lo cual se desprende que efectivamente se dictaron tanto el oficio como el memorándum que constituyen la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." 3 Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". 12 de 24 También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. QUINTO. IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, Octava Época, Materia Común, registro digital 222780, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese orden de ideas, se estima que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 en relación con la fracción V del 13 de 24 numeral 107, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, que establecen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." -A contrario sensu, no procede el amparo contra actos que no causen una ejecución de imposible reparaciónConforme a los anteriores preceptos, el amparo sólo prospera contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Dichos actos, los constituyen solamente aquellos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales de los impetrantes, reconocidos en el marco de regularidad constitucional -Constitución Federal y Tratados Internacionales-, tales como la vida, la libertad en todas sus modalidades, integridad personal, propiedad entre otros. La afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el contenido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si el acto reclamado se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales 14 de 24 del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En atención a los lineamientos antes apuntados, se concluye que, el acto reclamado en la demanda de amparo no tiene una ejecución cuyo efecto sea de imposible reparación, puesto que por su naturaleza sólo incide en la posición procesal que las partes van tomando en el curso del procedimiento. Por su parte, la jurisprudencia ha establecido esencialmente, que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de una manera directa e inmediata un derecho sustantivo tutelado en las garantías individuales. De modo que un acto es de ejecución irreparable si produce una lesión directa e inmediata en los derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos como sería por ejemplo la privación de la libertad, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa o el decreto de alimentos provisionales o definitivos. Ello, debido a que los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos no se les podrán resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación o afectación a esos derechos ya no se pueden reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. En efecto, la consecuencia del acto reclamado; no tienen consecuencias de perjuicio irreparable, sino que se 15 de 24 trata de violaciones intraprocesales reclamables en todo caso, contra de la determinación que resuelva la autoridad militar responsable al pronunciarse sobre la responsabilidad disciplinaria de la parte quejosa en el proceso administrativo sancionador de origen. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P./J. 24/92, publicada en la página 11, Tomo VI, Materia Común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Agosto de 1992, que textualmente establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." De igual forma, la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 3°.29/89, publicada en la página 291, del Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Octava Época, Materia Común del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra se reproduce: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto, por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "contra actos en juicio cuya 16 de 24 ejecución se ha de imposible reparación .". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Así, la materia de la presente controversia lo constituye la resolución alcanzada en la audiencia del H. Consejo de Honor del 19/o. Batallón de Policía Militar, el diez de febrero de dos mil veintidós, por medio del cual se solicitó la baja de Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos del aquí quejoso, motivo por el cual se dio inicio al procedimiento administrativo sancionador, lo anterior dado irregularidades en la conducta y disciplina militar cometidas por el impetrante de amparo. [Foja 140 a 144] Sentado lo precedente, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto aquí reclamado no es de imposible reparación, toda vez que versa sobre el inicio del trámite de un procedimiento administrativo sancionador, por medio de la cual, los integrantes del H. Consejo de Honor responsable, en uso de sus facultades y tras advertir, que a su juicio, existen elementos de prueba suficientes, resolvieron solicitar la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta del aquí quejoso4 ; 4 Ello en términos de la fracción II y III del artículo 36 de la Ley de Disciplina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Artículo 36.- El Consejo de Honor tiene facultades para: (.) II.- Dictaminar sobre los castigos correccionales que deban imponerse desde Capitán 1o. hasta el Soldado, por faltas, cuyo conocimiento sea de la competencia de este Consejo. III.- Acordar se solicite la baja del Ejército y Fuerza Aérea por determinación de mala conducta, para el personal de Tropa y de los militares de la clase de auxiliar, y 17 de 24 lo cual, no produce efectos materiales inmediatos sobre derechos sustantivos del impetrante, esto es, no le impide de modo alguno el ejercicio de un derecho o les transgrede sus prerrogativas fundamentales. Se dice lo anterior pues si las investigaciones o diligencias que dieron inicio al procedimiento trasciende al resultado del fallo definitivo que resuelva el proceso administrativo sancionador, por constituir una violación procesal, tal aspecto puede impugnarse a través de los recursos ordinarios establecidos en la normativa que rige el acto e incluso, en última instancia a través del amparo en vía uniinstancial, donde se hará valer como violación directa en contra de la sentencia que se dicte en el procedimiento de origen. Dicho de otro modo, en caso de que la actuación de la autoridades militares responsables, llegase a generar una violación que trascienda al resultado del fallo definitivo, tal condición podrá impugnarse a través del juicio de amparo directo que se haga valer en contra de la determinación que se resuelva en su momento el procedimiento administrativo de baja que se instauró al impetrante - previo cumplimiento al principio de definitividad-, determinación que podrá ser sujeta de tutela desde luego, si la eventual afectación adjetiva trasciende al resultado de la sentencia conclusiva. Es aplicable por analogía y en lo conducente la interpretación judicial P. LVII/2004 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario (.) 18 de 24 Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, novena época, materia común, registro digital 180415, de rubro y texto: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Además, no pasa inadvertido a esta juzgadora que en proveído de veinte de mayo de dos mil veintidós se tuvo al Comandante del 19/o. Batallón de Policía Militar allegando documentales de las cuales se hace constar la inasistencia de C. Sid. Pol. Mil. ********** -aquí quejoso- los días cuatro, cinco y seis de mayo anterior, y por tanto su probable responsabilidad en la comisión del delito de deserción [Fojas 331 a 344], lo cual, si bien podría generar consecuencias en el procedimiento sancionar, no destruye el hecho de que para 19 de 24 esta controversia constitucional se actualice la causal de improcedencia en estudio. Por otra parte, no ha lugar a plasmar consideración alguna respecto de los alegatos formulados por la parte quejosa y la autoridad responsable, dado que si bien esta juzgadora debe examinarlos, no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias, debe reflejarse forzosamente en una consideración, máxime cuando ello no incide en el sentido del fallo adoptado. Al respecto es aplicable, por analogía, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 5, tomo 1, Noviembre de 2018, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA". Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio del concepto de violación formulado por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Por tanto, en consideración a lo antes plasmado, surte la causal de improcedencia invocada y procede sobreseer 20 de 24 en el juicio conforme a la fracción V del numeral 63 de la misma Ley. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Sin que con tal determinación se viole derecho humano alguno de la parte quejosa, dado que como lo estimó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.)5 , si bien la reforma al artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente. 5 Véase Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 487. 21 de 24 Es ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, página 325, décima época, materia constitucional, registro digital 2005917, de rubro y texto: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de 22 de 24 amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra el acto reclamado precisado en el considerando 23 de 24 segundo, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos: agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Subjefe Jurídico Contencioso y de Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, en representación del Director General de Administración del Décimo Noveno Batallón de la Policía Militar, con sede en esta ciudad, autoridad señalada como responsable, mediante el cual rinde su informe justificado; por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. Notifíquese.
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