JOSÉ ARMANDO LARRAZOLO TISCAREÑO y Otros.

Expediente 1104/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1104/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • JOSÉ ARMANDO LARRAZOLO TISCAREÑO y Otros.
  • José Armando Larrazolo Tiscareño

Actuaciones

  1. Principal

    Defensor público federal acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Alfredo Mejía Hernández, mediante el cual protesta y acepta el cargo de defensor público de Luis Fernando Ruiz Velázquez; de igual manera señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa la defensoría pública adscrita a este juzgado. Por otra parte, requiérase al citado defensor para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, proporcione el nombre del defensor público federal homólogo que refiere, a efecto de acordar favorablemente su autorización para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo; bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto, no se tendrá a dicha persona como autorizada y únicamente se le tendrá señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el párrafo que antecede. Asimismo, téngansele proporcionando cuentas de correos electrónicos con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. Consecuentemente, a fin de garantizar el derecho del quejoso a una adecuada defensa y a su acceso efectivo a la justicia, sobre los actos que demandó; se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que notifique el presente proveído al Defensor Público Federal Alfredo Mejía Hernández, así como la diversa determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento del quejoso ********************que le fue asignado como defensor público para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo el licenciado Alfredo Mejía Hernández, para los efectos legales a que haya lugar. III. Realización de notificaciones en el presente asunto. Asimismo, infórmese al quejoso ********************y a su defensor público federal que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por los quejosos. Por otro lado, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación personal que antecede, practicada a los quejosos ************** y ****************, en la cual manifiestan interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de defensa en cuestión. En el entendido de que una vez que el diverso defensor público federal ***************** acepte y proteste el cargo conferido, se proveerá lo que en derecho proceda respecto a la rendición del informe respectivo y a la remisión del referido medio de impugnación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A DEFENSOR PUBLICO FEDERAL ALFREDO MEJIA HERNANDEZ, LOS PROVEÍDOS DE 18 DE OCTUBRE Y 8 DE NOVIEMBRE DE 2023, LOS CUALES , EN LO CONDUCENTE DICEN: "SE DESECHA DEMANDA DE AMPARO." Y "Defensor público federal acepta cargo. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Alfredo Mejía Hernández, mediante el cual protesta y acepta el cargo de defensor público de Luis Fernando Ruiz Velázquez; de igual manera señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en las oficinas que ocupa la defensoría pública adscrita a este juzgado. Por otra parte, requiérase al citado defensor para que, dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, proporcione el nombre del defensor público federal homólogo que refiere, a efecto de acordar favorablemente su autorización para oír y recibir notificaciones en el presente juicio de amparo; bajo el apercibimiento que de no manifestar nada al respecto, no se tendrá a dicha persona como autorizada y únicamente se le tendrá señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en el párrafo que antecede. Asimismo, téngansele proporcionando cuentas de correos electrónicos con la finalidad de establecer contacto en caso de que se estime necesario. Consecuentemente, a fin de garantizar el derecho del quejoso a una adecuada defensa y a su acceso efectivo a la justicia, sobre los actos que demandó; se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, a efecto de que notifique el presente proveído al Defensor Público Federal Alfredo Mejía Hernández, así como la diversa determinación de dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. II. Comunicación al quejoso sobre designación de defensor público. Hágase del conocimiento del quejoso ********************que le fue asignado como defensor público para que le preste asesoría en el presente juicio de amparo el licenciado Alfredo Mejía Hernández, para los efectos legales a que haya lugar. III. Realización de notificaciones en el presente asunto. Asimismo, infórmese al quejoso ********************y a su defensor público federal que este órgano jurisdiccional ordenará la realización de las notificaciones personales que estime pertinentes a ambos o solamente al aludido impetrante o a su defensor, dependiendo de la naturaleza del acuerdo a notificar. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 104/2022 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, undécima época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049, con número de registro digital 2025391, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]." Interposición y trámite de recurso de queja propuesto por los quejosos. Por otro lado, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la constancia de notificación personal que antecede, practicada a los quejosos ************** y ****************, en la cual manifiestan interponer recurso de queja contra el proveído de dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el medio de defensa en cuestión. En el entendido de que una vez que el diverso defensor público federal ***************** acepte y proteste el cargo conferido, se proveerá lo que en derecho proceda respecto a la rendición del informe respectivo y a la remisión del referido medio de impugnación.

  3. Principal

    Instituto Federal de Defensoría Pública designa defensores. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta enviado vía correo electrónico por la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual designa a los siguientes defensores públicos en el presente asunto: Defensor público federal Quejoso Sin que resulte necesario requerir a los defensores públicos federales la aceptación y protesta del cargo conferido, en razón que del oficio que se provee se advierte que la titular de la Delegación del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Guanajuato les hizo de su conocimiento tal nombramiento, por lo que resulta ocioso emitir requerimiento en ese sentido; de ahí que se deba estar a la espera de que dichos funcionarios realicen lo anterior en un plazo no mayor a tres días computados a partir de la notificación de este acuerdo y, para el caso de omisión, provéase lo que en derecho corresponda.

  4. Principal

    Se desecha demanda de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, en virtud de que existe en trámite un recurso con relación al acto reclamado que debe agotar previamente a la promoción del presente juicio. Dicho numeral y fracción establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" Del precepto y fracción transcrita, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes. En ese sentido, de lo manifestado por los propios quejosos tanto en su demanda de amparo así como del anexo que exhibieron, consistente en copia del auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, se advierte la existencia de una controversia judicial a la cual le correspondió el número estadístico 1387/2023, misma que promovieron los impetrantes. En efecto, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad, se advierte que en el pasado trece de septiembre del año en curso, se admitió a trámite la controversia judicial promovida por los quejosos José Armando Larrazolo Tiscareño, Luis Fernando Ruiz Velázquez y otros, la cual fue registrada bajo el número 1387/2023, a efecto de solicitar atención médica para los padecimientos que presentan, por lo que la Jueza de Distrito Mixta con competencia en ejecución, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, requirió a las autoridades penitenciarias para que les otorgaran la debida atención médica a los promoventes. Y de los datos que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la referida controversia judicial aún se encuentra pendiente de resolver. En ese contexto, con motivo de la citada controversia, dicho medio de control judicial pudiera tener como efecto modificar, revocar o nulificar los actos reclamados en este sumario constitucional consistente en la falta de atención médica para los padecimientos de los quejosos. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencial emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, abril de 1998, página 632, de registro electrónico 196463, de contenido: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ORDINARIO ESTÁ PENDIENTE. Si el juicio de amparo se promueve antes de que sea resuelto un recurso ordinario intentado en contra del mismo acto reclamado, éste no tiene el carácter de definitivo y, por ello, es claro que la acción constitucional es improcedente". Y, en el caso, de no resultar favorable lo determinado en la referida controversia judicial, tienen a su alcance los diversos recursos previstos en los numerales 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Atenta a lo anterior, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de dicha ley, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. VI. Se gira oficio a la Defensoría Pública. Ahora bien, toda vez que en su demanda de amparo los aquí quejosos solicitan se les asigne un defensor público, con fundamento en los artículos 1, fracción I, 5, fracción I, párrafo primero, 77, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, 17 de la Constitución Federal; 8.2, incisos d) y e), 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.3, incisos b) y d), del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, gírese oficio a la delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública del Poder Judicial de la Federación, con residencia en Guanajuato, capital, a efecto de que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba el oficio que contenga inserto el presente acuerdo, provea sobre la procedencia de la designación del asesor jurídico que solicita la parte quejosa en la tramitación del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva previsto en los artículos 17 constitucional, así como 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, requiere de garantías eficaces de los derechos humanos. En nuestro sistema, el juicio de amparo es una de ellas. El derecho a la asistencia de un abogado es una condición de efectividad del juicio de amparo, porque permite que la parte quejosa pueda ejercer adecuadamente el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pues bien, cuando una persona privada de la libertad, provisional o definitivamente, en virtud de un proceso penal, promueve demanda de amparo indirecto sin asistencia jurídica, el órgano de control constitucional que reciba dicho escrito debe prevenirle para que nombre a un abogado que lo represente, ya sea en la diligencia en la que se comunique esa prevención, o dentro de los tres días posteriores a que surta efectos dicha notificación. En caso de que el quejoso no quiera o no pueda nombrarlo, el órgano jurisdiccional de amparo deberá nombrarle uno de oficio, para lo cual requerirá a la defensoría pública correspondiente (federal o local) que proporcione de inmediato el servicio -sin importar la denominación formal de la figura: defensor, asesor, representante, asistente jurídico, etc.-, y ésta deberá prestarlo interpretando las leyes que la rigen conforme a la Constitución. Lo anterior, dadas las condiciones de precariedad que en esas circunstancias imperan para acceder a la justicia, y las graves consecuencias que la falta de representación jurídica pueden tener para los derechos humanos del quejoso. En el entendido de que el incumplimiento de esta obligación por parte del órgano jurisdiccional deberá considerarse como una violación a las normas fundamentales del procedimiento y ameritará la reposición del juicio de amparo indirecto, siempre y cuando no genere mayor beneficio a la persona quejosa la resolución del fondo del asunto y/o la suplencia de la queja." El anterior requerimiento se justifica en razón de que de la lectura de la demanda de amparo no se advierte el fuero del proceso penal por el que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social, número 12 "CPS-Guanajuato", con sede en Ocampo; ello, en estricto cumplimiento a la jurisprudencia PR.P.CN. J/12 P (11a.), con número de registro 2027169, emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el ocho de septiembre del año en curso, de rubro: "DEFENSA ADECUADA EN SU VERTIENTE MATERIAL. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTA QUE EL QUEJOSO ACUDE AL JUICIO DE AMPARO POR SU PROPIO DERECHO Y SIN DEFENSOR, LE SOLICITARÁ AL INSTITUTO FEDERAL DE DEFENSORÍA PÚBLICA (IFDP) LE NOMBRE UN DEFENSOR, ÚNICAMENTE CUANDO ESTÉ PRIVADO DE LA LIBERTAD EN UN PROCESO DEL FUERO FEDERAL." VII. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VIII. Se exhorta y se requiere a la parte quejosa. Se exhorta a la parte quejosa para que, de estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. IX. Acuerdos generales. En otro orden de ideas, y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo vigente, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones de carácter personal en el presente juicio principal, como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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