José Armando Landeros Martínez
Expediente 1912/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1912/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- José Armando Landeros Martínez
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio de dos de enero de dos mil veintitrés y anexos, por el que este órgano jurisdiccional planteó el conflicto competencial derivado de este asunto; el cual quedó radicado bajo el expediente 1/2023., esta autoridad toma conocimiento de la admisión del conflicto aludido.
- Principal
Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos que reclama del Juez Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; al efecto, fórmese cuaderno de antecedentes bajo el número 1912/2022, que le correspondió en el Libro de Gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado Tercero de Distrito en La Laguna. II. Incompetencia por razón de territorio. En ese aspecto, la suscrita secretaria encargada del despacho determina que en el caso carece de competencia legal para continuar con el conocimiento del presente juicio, conforme a la regla especial a que se refiere el artículo 38 de la Ley de Amparo. Tal disposición normativa, dice: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especializado en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca". Del precepto transcrito se desprende que será competente para conocer del juicio de amparo que se promueva actos de un Juez de Distrito, otro del mismo Distrito especializado, y si no hubiere, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Así pues, se tiene que el promovente señaló como autoridad responsable al Juez Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas; y como acto reclamado la omisión de revisar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, impuesta dentro de la Causa Penal ******************** de su índice administrativo. En consecuencia, de acuerdo a la regla especial de competencia, corresponde a otro juzgador con jurisdicción en el mismo circuito al que pertenece la Juez responsable, conocer del juicio de amparo promovido por ********************. Ello, pues si bien el quejoso se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social, número 14 CPS Durango, con residencia en Gómez Palacio, Durango, y con ello pudiera estimarse que el acto reclamado puede tener ejecución en donde ejerce jurisdicción esta potestad federal; sin embargo, en este caso, no debe aplicarse dicha regla, sino aquella especial, sobre todo cuando con ello se privilegia el factor de cercanía del Juez de Distrito que debe conocer del juicio respecto de la autoridad judicial federal señalada como responsable. Sustenta lo anterior el criterio de jurisprudencia contenido en la tesis 1a./J. 44/2021 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Libro 8, Diciembre de 2021, Tomo II, página 1230, que dispone: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." En adición a lo anterior, los efectos del acto reclamado atendiendo a su naturaleza, se trasladan directamente al procedimiento penal seguido contra el aquí impetrante y que se instruye en ante la autoridad responsable con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por ser donde tiene su principal impacto y repercusión; de ahí que al conocer del juicio de amparo un Juez de Distrito que resida en la jurisdicción del Juez del procedimiento de origen, se maximiza el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo 17 Constitucional; tal criterio lo plasmó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J.118/2011, publicada en la página 2183, libro III, diciembre de 2011, tomo 3, Décima época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA CONTRA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUEZ QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, AUNQUE ÉSTA NO COINCIDA CON LA JURISDICCIÓN EN LA CUAL SE ENCUENTRA RECLUIDO EL QUEJOSO. En términos del artículo 36 de la Ley de Amparo -norma que fija los criterios de competencia de los jueces de distrito-, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se materializan sus efectos. Ahora bien, cuando el quejoso está recluido en una jurisdicción distinta de aquella en la cual se instruye su causa penal y promueve juicio de amparo contra el auto de formal prisión, el juez de distrito competente para conocer de la demanda es aquel en cuya jurisdicción resida el juez que conoce del proceso penal y no el que resida en la jurisdicción donde está recluido el quejoso, pues si bien es cierto que la ejecución material del auto de formal prisión ocurre simultáneamente en dos ámbitos territoriales diferentes (el lugar donde se instruye la causa penal y donde el inculpado está recluido), también lo es que, atendiendo a la naturaleza del auto de formal prisión, sus efectos se trasladan directamente al proceso, y es ahí donde tienen su principal impacto y repercusión, es decir, es ante la potestad del juez de la causa al que el procesado está sometido. En efecto, tal divergencia entre ámbitos territoriales ocurre en circunstancias excepcionales que requieren colaboración entre autoridades judiciales, pero que no conducen a convertir al lugar de reclusión en la jurisdicción rectora, pues ello obedece a la intención de maximizar el principio de justicia pronta, completa e imparcial contenido en el artículo17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, en los casos en los que la causa penal se siga contra dos o más inculpados internos en centros de reclusión distintos, es preferible concentrar el conocimiento de los diversos amparos en un solo juzgado donde radique la autoridad que instruye el proceso (salvo las excepciones que establezca el Consejo de la Judicatura Federal en los acuerdos generales conducentes), con lo que se conserva la unidad del proceso y se permite la emisión de criterios generales, a fin de evitar una multiplicidad de resoluciones contradictorias que en nada benefician al esclarecimiento de la verdad". Así las cosas, cabe señalar que el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en lo que aquí interesa establece: "PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (. ) XIX. DECIMONOVENO CIRCUITO: Estado de Tamaulipas. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Abasolo, Antiguo Morelos, Bustamante, Casas, El Mante, Gómez Farías, Gemez, Hidalgo, Jaumave, Jiménez, Llera, Mainero, Miquihuana, Nuevo Morelos, Ocampo, Padilla, Palmillas, San Carlos, San Nicolás, Soto la Marina, Tula, Victoria, Villagrán y Xicoténcatl. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Nuevo Laredo. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Burgos, Cruillas, Matamoros, Méndez, San Fernando y Valle Hermoso. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz Ordaz, Mier, Miguel Alemán, Reynosa y Río Bravo. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Aldama, Altamira, Ciudad Madero, González y Tampico. Los juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Nuevo Laredo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el municipio de Nuevo Laredo. Por tanto, atendiendo al artículo 38 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General antes mencionado, se estima que la competencia para conocer del presente juicio de amparo, se surte en favor de otro de los Jueces de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Reynosa, por ejercer su jurisdicción dentro de la propia jurisdicción del circuito al que pertenece el Juez de Distrito señalada como autoridad responsable, ya que en Nuevo Laredo, Tamaulipas solamente tiene su residencia el Juzgado Tercero de Distrito en el estado de Tamaulipas. En esa medida, se declina la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Reynosa, en turno, de la demanda promovida por ********************. Sin que en el caso proceda proveer sobre la suspensión del acto, debido a que no se trata de actos privativos de libertad fuera de procedimiento, ya que el acto reclamado por el impetrante deriva de la causa penal ********************, de ahí que no se actualice el supuesto a que se refiere el numeral 48 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional declara carecer de competencia legal para conocer de la presente demanda de amparo y se ordena remitirla al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Reynosa; por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de esa misma ciudad; para tal efecto, respetuosamente solicítese que comunique si acepta o no, la competencia planteada; fórmese cuaderno de antecedentes. En ese sentido, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en la presente determinación, deberá realizarse el procedimiento a que se refiere la circular DGGJ/0012/2020 emitida el diez de julio de dos mil veinte, por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la ciudad de México. Para tal efecto, deberá elaborarse el oficio dirigido al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Reynosa, el que contendrá los datos necesarios para el registro y turno de la incompetencia legal planteada, el cual se remitirá al correo institucional respectivo, para estar en condiciones de recibir la boleta de turno. Así, una vez turnada la incompetencia deberá procederse a la digitalización del expediente y remitirse al órgano a través del apartado de interconexión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con fundamento en el artículo 261, fracciones I y V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, al considerar que el módulo de promociones no permite la integración de la firma electrónica del Oficial de Partes, tómese la certificación secretarial de cuenta, en el sentido de que las promociones digitalizadas coinciden en su integridad y orden cronológico con el documento físico, para los efectos legales conducentes.
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