Jose Armando Esparza Elías
Expediente 400/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 26 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 14/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Jose Armando Esparza Elías
- Juan Carlos Ríos López
- Masaaki Fukutani
- Manuel Solís Rodarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
En catorce de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, CERTIFICO: que transcurrió el término de tres días que se concedió a la parte quejosa en auto de seis de abril del año en curso, para manifestar lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados por las autoridades responsables en relación con el cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. En catorce de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, catorce de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto a la parte quejosa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El tres de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el diecinueve de agosto de ese mismo año, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Inconformes con la resolución anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión, el cual se substanció ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad y resolvió mediante ejecutoria de catorce de enero del año en curso, en el amparo en revisión administrativo 323/2015-3, determinando revocar la sentencia impugnada y en su lugar conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los términos y para los efectos siguientes: "En tal contexto, se considera que los motivos para solicitar la autorización de enajenación del inmueble consistente en el área de donación "C" del fraccionamiento "Conde Santiago de la Laguna", que fueron la base de la autorización pedida por el Gobernador y obsequiada por la Legislatura del Estado, se apartan de lo establecido en el artículo 27, fracción VI de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, en relación a los artículos 209 y 261 del Código Urbano de la propia entidad, lo cual torna inconstitucionales los actos reclamados, por habérsele emitido en contravención de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Razones que dan lugar a conceder la protección constitucional pedida por los quejosos, debiendo quedar sin efecto legal alguno la solicitud gubernamental, el decreto legislativo cuestionado, así como la autorización del Ayuntamiento para la enajenación del inmueble que corresponde a la referida área de donación, por lo cual las autoridades responsables quedan obligadas a dejarla insubsistente con todas sus consecuencias o efectos legales, pues siendo inconstitucionales los actos reclamados, también lo son los actos de ejecución o aplicación, para asegurar de manera efectiva la restitución a los quejosos en el goce de sus derechos". Mediante auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida copia autorizada de la ejecutoria pronunciada por la Superioridad y se requirió a las autoridades responsables LXI Legislatura del Estado, Gobernador del Estado y Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para que en el término de tres días acataran el fallo protector y remitieran las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (f. 586-587). En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio DGJ/DAC/0052/2016, el Gobernador del Estado (por conducto del Coordinador General Jurídico), remitió copia certificada del oficio CGJ/DAC/0045/2016 de veinticinco de enero del año en curso, en el cual dejó sin efecto el oficio 816/2012 de ocho de noviembre de dos mil doce, signado por el Coordinador General Jurídico y Secretario General de Gobierno del Estado, en el que se contenía la solicitud de autorización de enajenación del predio con superficie de 276.38 metros cuadrados, ubicado en Avenida del Conde sin número, Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, de Guadalupe, Zacatecas, así como todas y cada una de las consecuencias legales generadas con la emisión del mismo, determinación que hizo del conocimiento a la Secretaría General de Gobierno, LXI Legislatura del Estado y Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas (f. 606-615). Por su parte, la LXI Legislatura del Estado (por conducto del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado el cinco de abril de la presente anualidad, remitió copia certificada del Decreto 564 de ocho de marzo del año en curso, por el que abroga el diverso Decreto 472 aprobado por esa Legislatura el seis de diciembre de dos mil doce, en el que se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a celebrar contrato de compraventa con Nallely Citlalli Rosales Saldaña, respecto del bien inmueble que se identificó en dicho Decreto (f. 667-679). En tanto que la Síndico y representante legal del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, mediante escrito registrado con el folio 4604, informó que mediante acuerdo de cabildo de veinticinco de febrero del año en curso, se revocaron los puntos de los acuerdos 192/2012 y 51, correspondientes a la Quincuagésima Séptima Sesión de Cabildo Vigésima Tercera Ordinaria, Décimo Sexta Sesión de Cabildo y Séptima Ordinaria, de catorce de agosto de dos mil doce y veintisiete de marzo de dos mil catorce, respectivamente; y que se instruyó a la Tesorera de ese municipio para que reintegre el monto cubierto por Nallely Citlalli Rosales Saldaña, a ese municipio, con motivo del contrato de compraventa de un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, con una superficie total de 276.38 metros cuadrados; asimismo, remitió el oficio por el que la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Notario Público Número 44, en el Estado de Zacatecas, le comunicó al municipio que no se realizó ningún trámite respecto al contrato de compraventa del inmueble de que se habla en líneas precedentes (f. 620-625). Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa para que las autoridades responsables dejaran sin efecto legal alguno la solicitud gubernamental, el decreto legislativo cuestionado, así como la autorización del Ayuntamiento para la enajenación del inmueble que corresponde a la referida área de donación ubicado en Avenida del Conde sin número, Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, de Guadalupe, Zacatecas, así como todas sus consecuencias o efectos legales, ya que siendo inconstitucionales los actos reclamados, también lo son los actos de ejecución o aplicación, para asegurar de manera efectiva la restitución de los quejosos en el goce de sus derechos; luego, de las constancias que obran en autos se advierte que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que el Gobernador del Estado, dejó sin efecto el oficio 816/2012 de ocho de noviembre de dos mil doce, signado por el Coordinador General Jurídico y Secretario General de Gobierno del Estado, en el que se contenía la solicitud de autorización de enajenación del predio materia del litigio; la LXI Legislatura del Estado, mediante Decreto 564 de ocho de marzo del año en curso, abrogó el diverso Decreto 472 aprobado por esa Legislatura el seis de diciembre de dos mil doce, en el que se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a celebrar contrato de compraventa con Nallely Citlalli Rosales Saldaña, respecto del bien inmueble en cuestión y el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, mediante acuerdo de cabildo de veinticinco de febrero del año en curso, revocó los puntos de los acuerdos 192/2012 y 51, correspondientes a la Quincuagésima Séptima Sesión de Cabildo Vigésima Tercera Ordinaria, Décima Sexta Sesión de Cabildo y Séptima Ordinaria, de catorce de agosto de dos mil doce y veintisiete de marzo de dos mil catorce, respectivamente; y que se instruyó a la Tesorera de ese municipio para que reintegrara el monto cubierto por Nallely Citlalli Rosales Saldaña, a ese municipio, con motivo del contrato de compraventa del citado inmueble y remitió oficio a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Notario Público Número 44, en el Estado de Zacatecas, para comunicarle que no debería realizar ningún trámite respecto al contrato de compraventa antes mencionado; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES CONSERVABLE por tratarse de un tema relevante. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda, de la sentencia y ejecutoria por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado; así como personalmente a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy
- Principal
SE NOTIFICA POR LIOSTA A LAS PARTES EL AUTO DE 14 DE ABRIL DE 2016, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. "Zacatecas, Zacatecas, catorce de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado, ha transcurrido el término que se le concedió para tal efecto a la parte quejosa, sin que hubiese hecho manifestación alguna al respecto, en consecuencia y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El tres de junio de dos mil quince, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el diecinueve de agosto de ese mismo año, en la que se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo. Inconformes con la resolución anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión, el cual se substanció ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad y resolvió mediante ejecutoria de catorce de enero del año en curso, en el amparo en revisión administrativo 323/2015-3, determinando revocar la sentencia impugnada y en su lugar conceder a los quejosos el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, en los términos y para los efectos siguientes: "En tal contexto, se considera que los motivos para solicitar la autorización de enajenación del inmueble consistente en el área de donación "C" del fraccionamiento "Conde Santiago de la Laguna", que fueron la base de la autorización pedida por el Gobernador y obsequiada por la Legislatura del Estado, se apartan de lo establecido en el artículo 27, fracción VI de la Ley del Patrimonio del Estado y Municipios de Zacatecas, en relación a los artículos 209 y 261 del Código Urbano de la propia entidad, lo cual torna inconstitucionales los actos reclamados, por habérsele emitido en contravención de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. Razones que dan lugar a conceder la protección constitucional pedida por los quejosos, debiendo quedar sin efecto legal alguno la solicitud gubernamental, el decreto legislativo cuestionado, así como la autorización del Ayuntamiento para la enajenación del inmueble que corresponde a la referida área de donación, por lo cual las autoridades responsables quedan obligadas a dejarla insubsistente con todas sus consecuencias o efectos legales, pues siendo inconstitucionales los actos reclamados, también lo son los actos de ejecución o aplicación, para asegurar de manera efectiva la restitución a los quejosos en el goce de sus derechos". Mediante auto de veinte de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por recibida copia autorizada de la ejecutoria pronunciada por la Superioridad y se requirió a las autoridades responsables LXI Legislatura del Estado, Gobernador del Estado y Ayuntamiento del Municipio de Guadalupe, Zacatecas, para que en el término de tres días acataran el fallo protector y remitieran las constancias que acreditaran dicho cumplimiento (f. 586-587). En cumplimiento a lo anterior, mediante oficio DGJ/DAC/0052/2016, el Gobernador del Estado (por conducto del Coordinador General Jurídico), remitió copia certificada del oficio CGJ/DAC/0045/2016 de veinticinco de enero del año en curso, en el cual dejó sin efecto el oficio 816/2012 de ocho de noviembre de dos mil doce, signado por el Coordinador General Jurídico y Secretario General de Gobierno del Estado, en el que se contenía la solicitud de autorización de enajenación del predio con superficie de 276.38 metros cuadrados, ubicado en Avenida del Conde sin número, Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, de Guadalupe, Zacatecas, así como todas y cada una de las consecuencias legales generadas con la emisión del mismo, determinación que hizo del conocimiento a la Secretaría General de Gobierno, LXI Legislatura del Estado y Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas (f. 606-615). Por su parte, la LXI Legislatura del Estado (por conducto del Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos) mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este juzgado el cinco de abril de la presente anualidad, remitió copia certificada del Decreto 564 de ocho de marzo del año en curso, por el que abroga el diverso Decreto 472 aprobado por esa Legislatura el seis de diciembre de dos mil doce, en el que se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a celebrar contrato de compraventa con Nallely Citlalli Rosales Saldaña, respecto del bien inmueble que se identificó en dicho Decreto (f. 667-679). En tanto que la Síndico y representante legal del Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, mediante escrito registrado con el folio 4604, informó que mediante acuerdo de cabildo de veinticinco de febrero del año en curso, se revocaron los puntos de los acuerdos 192/2012 y 51, correspondientes a la Quincuagésima Séptima Sesión de Cabildo Vigésima Tercera Ordinaria, Décimo Sexta Sesión de Cabildo y Séptima Ordinaria, de catorce de agosto de dos mil doce y veintisiete de marzo de dos mil catorce, respectivamente; y que se instruyó a la Tesorera de ese municipio para que reintegre el monto cubierto por Nallely Citlalli Rosales Saldaña, a ese municipio, con motivo del contrato de compraventa de un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, con una superficie total de 276.38 metros cuadrados; asimismo, remitió el oficio por el que la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Notario Público Número 44, en el Estado de Zacatecas, le comunicó al municipio que no se realizó ningún trámite respecto al contrato de compraventa del inmueble de que se habla en líneas precedentes (f. 620-625). Ahora bien, atendiendo a que en la ejecutoria de amparo se concedió a la parte quejosa para que las autoridades responsables dejaran sin efecto legal alguno la solicitud gubernamental, el decreto legislativo cuestionado, así como la autorización del Ayuntamiento para la enajenación del inmueble que corresponde a la referida área de donación ubicado en Avenida del Conde sin número, Fraccionamiento Conde Santiago de la Laguna, de Guadalupe, Zacatecas, así como todas sus consecuencias o efectos legales, ya que siendo inconstitucionales los actos reclamados, también lo son los actos de ejecución o aplicación, para asegurar de manera efectiva la restitución de los quejosos en el goce de sus derechos; luego, de las constancias que obran en autos se advierte que las autoridades responsables en el ámbito de sus competencias acataron los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, dado que el Gobernador del Estado, dejó sin efecto el oficio 816/2012 de ocho de noviembre de dos mil doce, signado por el Coordinador General Jurídico y Secretario General de Gobierno del Estado, en el que se contenía la solicitud de autorización de enajenación del predio materia del litigio; la LXI Legislatura del Estado, mediante Decreto 564 de ocho de marzo del año en curso, abrogó el diverso Decreto 472 aprobado por esa Legislatura el seis de diciembre de dos mil doce, en el que se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a celebrar contrato de compraventa con Nallely Citlalli Rosales Saldaña, respecto del bien inmueble en cuestión y el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, mediante acuerdo de cabildo de veinticinco de febrero del año en curso, revocó los puntos de los acuerdos 192/2012 y 51, correspondientes a la Quincuagésima Séptima Sesión de Cabildo Vigésima Tercera Ordinaria, Décima Sexta Sesión de Cabildo y Séptima Ordinaria, de catorce de agosto de dos mil doce y veintisiete de marzo de dos mil catorce, respectivamente; y que se instruyó a la Tesorera de ese municipio para que reintegrara el monto cubierto por Nallely Citlalli Rosales Saldaña, a ese municipio, con motivo del contrato de compraventa del citado inmueble y remitió oficio a la licenciada Fabiola Gilda Torres Rodríguez, Notario Público Número 44, en el Estado de Zacatecas, para comunicarle que no debería realizar ningún trámite respecto al contrato de compraventa antes mencionado; por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES CONSERVABLE por tratarse de un tema relevante. Finalmente, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda, de la sentencia y ejecutoria por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable y tercero interesado; así como personalmente a las demás partes.
- Principal
En seis de abril de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con el estado que guardan los presentes autos y con un oficio registrado con el folio 6764. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, seis de abril de dos mil dieciséis. Visto el oficio signado por el Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXI Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, por el que a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora de garantías remite copia certificada del Decreto 564 de ocho de marzo del año en curso, por el que abroga el diverso Decreto 472 aprobado por esa Legislatura el seis de diciembre de dos mil doce, en el que se autorizó al Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas, a celebrar contrato de compraventa con Nallely Citlalli Rosales Saldaña, respecto del bien inmueble que se identificó en dicho Decreto. En consecuencia, con el comunicado y constancias de cuenta, así como con los diversos registrados con los folios 1863 y 2694, por los que el Gobernador del Estado (a través del Coordinador General Jurídico) y el Ayuntamiento de Guadalupe, Zacatecas (por conducto de la Síndico Municipal), dieron cumplimiento a la ejecutoria protectora de garantías, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos su legal notificación, manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado conforme a las constancias que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento otorgado al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
- Principal
En siete de marzo de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, doy cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 4789. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, siete de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Director de Procesos Legislativos y Asuntos Jurídicos de la LXI Legislatura del Estado, con sede en esta ciudad, por el que informa las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria protectora de garantías, en términos del tercer párrafo del artículo 193, de la Ley de Amparo. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias es de orden público y su acatamiento es inmediato, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérasele a la LXI Legislatura del Estado, para que una vez concluido el proceso legislativo correspondiente para la abrogación del Decreto respecto del cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, remita las constancias que acrediten dicho cumplimiento. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA LXI LEGISLATURA DEL ESTADO Y POR LISA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy
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