Jose Armando Ceballos Alarcon

Expediente 486/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
486/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Armando Ceballos Alarcon
  • Camara de Diputados del Congreso de la Union

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por hecha la certificación de cuenta de la que se advierte que del dieciséis al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés, se declararon como días inhábiles con base en las circulares 28/3023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en los avisos de suspensión de labores, emitidos por los Coordinadores de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, con motivo del paro y las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Así, vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir el auto en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; pues si bien no obran en autos los acuses de los oficios por medio de los cuales se les remitió el citado acuerdo a las autoridades responsables que tiene su sede fuera de esta ciudad, ello no le causa perjuicio alguno, sino únicamente a la parte quejosa. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado auto que sobreseyó en este juicio fuera de audiencia, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. No obstante, se reserva el archivo del presente expediente hasta en tanto obre la resolución recaída al recurso de revisión interpuesto por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el incidente de suspensión relativo al presente expediente. Comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la parte quejosa señaló como actos reclamados en su demanda de amparo: La expedición, promulgación y publicación del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (en su correcta denominación), en específico la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales; numerales 30, 44, 61, 62, 64, 71, 72, 73, 74, 75, 125, quater y 125 Septies, así como los transitorios Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto y Décimo Quinto de la referida ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés, y sus consecuencias. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se da inicio formal a la organización y aprobación de los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del instituto y se crea el Comité Técnico para la Implementación de la Reforma Electoral 2023, publicado el tres de marzo de dos mil veintitrés. Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, por el que se aprueba el plan de trabajo y cronograma para la realización de las actividades necesarias para el cumplimiento de la reforma electoral 2023. En atención a los acto reclamados, y al estado procesal del asunto, así como a lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, en sesión de veintidós de junio dos mil veintitrés, lo cual resulta un hecho notorio, de conformidad con el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, esta Juzgadora Federal advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VIII. Contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; La referida causa de improcedencia establece que el juicio de amparo será improcedente contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una declaratoria general de inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto por el Capítulo VI del Título Cuarto de esta Ley, o en términos de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, para su actualización únicamente se requieren los siguientes elementos: 1. Que se impugnen normas generales, 2. Que sobre esas normas generales la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución en una acción de inconstitucionalidad. En el caso, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente porque se cumplen con los requisitos anteriores, puesto que cuanto al primer elemento, en el particular se reclaman las normas generales que han sido descritas en párrafos anteriores. Por lo que hace al segundo elemento de la citada causa de improcedencia, se cumple, debido a que en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, resueltas en sesión de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el Pleno del Alto Tribunal declaró la invalidez del decreto impugnado en su totalidad; fallo que fue aprobado con mayoría de nueve votos. Ello, se advierte de la "VERSIÓN TAQUIGRÁFICA DE LA SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CELEBRADA EL JUEVES 22 DE JUNIO DE 2023", lo que constituye un hecho notorio, en términos de lo que dispone el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, ya que dicha versión taquigráfica se encuentra publicada en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe señalar que el contenido de la versión taquigráfica de la sesión pública ordinaria del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebrada el jueves 22 de junio de 2023, es la discusión de los expedientes 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 Y 93/2023 acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos Movimiento Ciudadano, de la Revolución Democrática y Acción Nacional, Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, el Partido Político Revolucionario Institucional y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, demandando la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley General de los Medios de impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial De La Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. En la referida versión taquigráfica en lo conducente se consideró y determinó lo siguiente: "SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señora Ministra Presidenta, me permito informarle que existe una mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro Gutiérrez Ortiz Mena, en contra de consideraciones y con anuncio de voto concurrente; el señor Ministro Pardo Rebolledo, en contra de algunas consideraciones y con precisiones; el señor Ministro Zaldívar Lelo de Larrea, en contra de consideraciones y con anuncio de voto concurrente; la señora Ministra Ríos Farjat, en contra de algunas consideraciones y con anuncio de voto; la señora Ministra Presidenta Piña Hernández, en contra de algunas consideraciones y con anuncio de voto concurrente; y voto en contra de las señoras Ministras Esquivel Mossa y Ortiz Ahlf, quienes anuncian sendos votos particulares. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Continuaríamos con el estudio de los efectos, Ministro ponente. SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Gracias, Ministra Presidenta. En los efectos, donde se propone la declaratoria de invalidez, toda vez que en el apartado de fondo se determinó que resultaban fundados los conceptos de invalidez, por lo que se declara la invalidez del decreto impugnado en su totalidad. A fin de preservar el principio de certeza, como lo hicimos ya en el engrose del Ministro Alberto Pérez Dayán, del precedente inmediato a estos, el proyecto propone precisar que las normas vinculadas por él recuperan su vigencia con el texto que tenían el dos de marzo de dos mil veintitrés, es decir, previo a la entrada en vigor, toda vez que ha sido declarado inválido en su totalidad, incluyendo sus artículos transitorios, que abrogaban lo que se opusiera. Lógicamente, queda vigente y viva la legislación previa. Además, el proyecto precisa que, de conformidad con el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución, la legislación electoral que recupera la vigencia ya no puede ser objeto de modificaciones legales fundamentales para su aplicación en el proceso electoral a nivel federal, en términos del artículo 225, numeral 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que iniciará a partir de la primera semana de septiembre de dos mil veintitrés. El proyecto aclara que la declaratoria de inconstitucionalidad surtirá sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos de la presente sentencia al Congreso de la Unión y que el proyecto ordena también que esta resolución se notifique al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a la Fiscalía General de la República. Un punto adicional, Ministra Presidenta, conforme a lo acordado por este Tribunal en Pleno, recordaremos que parte de los artículos impugnados y las razones de impugnación fue la consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, así como a personas con discapacidad; sin embargo, toda vez que, con la declaratoria de inconstitucionalidad de la totalidad del decreto no tendríamos que entrar (lo hemos hecho, pero no sería necesario entrar) exactamente a analizar todos esos artículos en los que nosotros hemos detectado: el artículo 11, numeral 4, en sus incisos a), b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero hay otros artículos que me hicieron ver algunos de ustedes. Por lo tanto, en los efectos, lo que se señalaría es que, de restablecerse o de corregirse o de que el Congreso decida volver a modificar, debe de sujetarse, para eso, en los preceptos que él considere pertinentes a la obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas y a las personas con discapacidad, puesto que hay artículos que sí impactan directamente a estas comunidades y a las personas con discapacidad y que, de legislarse de nuevo, deberá de hacerse previamente a cumplir con la obligación de consulta previa. Sería cuanto, Ministra Presidenta. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. Ese argumento relativo a que si el Congreso hace, en ejercicio de sus facultades, volver a legislar, deberá cumplir con lo relativo a la consulta está en el proyecto que nos presentó, en el párrafo 233. Entonces. SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Ok. Muchas gracias por recordarlo. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Ahí está precisado. ¿Alguien más? Ministra Ortiz. SEÑORA MINISTRA ORTIZ AHLF: Gracias, Ministra Presidenta. Yo nada más quisiera aclarar que en el asunto que usted se refirió (el de telecomunicaciones y radio), mi voto sí fue congruente con el actual: fue, precisamente, en contra del proyecto, únicamente a favor por lo que se refiere a violaciones al derecho a consulta a las comunidades indígenas y afrodescendientes y con discapacidad. Y, en el mismo sentido, yo tenía, como formaba parte antes del texto de la parte de fondo todo lo relativo a las comunidades 43 indígenas, afrodescendientes, y considero que sí es una causa de invalidez, yo estaba, en esa parte, a favor del proyecto. Entonces y, por eso, felicito (igual que el Ministro Pérez Dayán) por considerar. parece algo vano, pero no es cierto, el derecho a la consulta indígena y a las comunidades afrodescendientes. En muchas ocasiones se olvida que existe este procedimiento y que está contemplado y regulado no solamente en nuestra Constitución, sino también en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Convención (también) de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, nada más quería hacer esa precisión y lo felicito por haber agregado esta parte de la consulta. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias, Ministra, no necesitaba aclarármelo a mí. Yo creo que el engrose está mal porque el dato lo saqué del pie donde se anotaron las votaciones. Entonces, no está la acotación que usted está precisando y los vicios en consulta van por artículos, no por decretos. Entonces, yo creo que por eso se hizo así y no está su votación en esos términos, pero no era por usted, digo, simplemente era como actuación de Tribunal Pleno. SEÑORA MINISTRA ORTIZ AHLF: Gracias, Ministra Presidenta. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: ¿De qué? Ministro González Alcántara. SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: Yo estoy a favor, pero me aparto del párrafo 233. Gracias. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Ministro Pardo. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: Gracias. Para apartarme de la primera parte del párrafo 233. Estoy de acuerdo con la última parte, a la que usted hizo referencia para el caso de consulta. Gracias. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA PIÑA HERNÁNDEZ: Al contrario. Tome votación, por favor. SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Sí, señora Ministra Presidenta. SEÑOR MINISTRO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA: A favor. SEÑOR MINISTRO GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ: A favor, apartándome del párrafo 233. SEÑORA MINISTRA ESQUIVEL MOSSA: En contra y con voto particular. SEÑORA MINISTRA ORTIZ AHLF: En contra y con voto particular. SEÑOR MINISTRO AGUILAR MORALES: A favor. SEÑOR MINISTRO PARDO REBOLLEDO: A favor con la salvedad que expresé. SEÑOR MINISTRO ZALDÍVAR LELO DE LARREA: Con el proyecto. SEÑORA MINISTRA RÍOS FARJAT: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO LAYNEZ POTISEK: Con el proyecto. SEÑOR MINISTRO PÉREZ DAYÁN: De acuerdo con el proyecto. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA PIÑA HERNÁNDEZ: Con el proyecto. 45 SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Señora Ministra Presidenta, me permito informarle que existe mayoría de nueve votos a favor de la propuesta; el señor Ministro González Alcántara Carrancá, en contra del párrafo 233; el señor Ministro Pardo Rebolledo, en contra de la primera parte de ese párrafo; con voto en contra de la señora Ministra Esquivel Mossa y de la señora Ministra Ortiz Ahlf, quienes anuncian sendos votos particulares. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: Gracias. ¿Hubo algún cambio en los puntos resolutivos? SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: Ninguno, señora Ministra Presidenta. SEÑORA MINISTRA PRESIDENTA: ¿Alguien quiere? Consulto: ¿en votación económica podemos aprobarlos? (VOTACIÓN FAVORABLE). QUEDAN APROBADOS Y DECIDIDO EN DEFINITIVA ESTE ASUNTO." De lo anterior, se aprecia que en la referida ejecutoria los efectos consistieron en declarar la invalidez del decreto impugnado en su totalidad, mismo que fue reclamado en este juicio, lo cual fue aprobado por mayoría de nueve votos. Al respecto, el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las razones que justifiquen las decisiones de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para todas las autoridades jurisdiccionales de la federación y de las entidades federativas. Además, el ACUERDO General número 1/2021, de ocho de abril de dos mil veintiuno, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se determina el inicio de la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, y se establecen sus bases, en específico en su punto Noveno, se advierte que pueden ser invocadas las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, conforme al artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando no se haya difundido en el Semanario Judicial de la Federación la tesis respectiva o la ejecutoria dictada en una controversia constitucional o en una acción de inconstitucionalidad. En ese sentido, se colman los requisitos para que opere la causa de improcedencia, porque el Máximo Tribunal del País a través de la resolución de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, determinó remover del marco jurídico nacional las normas aquí impugnadas; por tanto, si la normativa aquí impugnada fue declarada invalida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se estima que se actualiza la causal de improcedencia en estudio. Sin que obste a lo anterior, que aún no se tenga noticia respecto de la publicación de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, toda vez que ello no es un requisito que establezca la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en la medida que, lo relevante es, que con motivo de la referida declaratoria existe imposibilidad jurídica de que este órgano jurisdiccional aborde problemas de constitucionalidad sobre los cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2006, Registro digital 174314 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA. La circunstancia de que no se haya publicado tesis de jurisprudencia relativa a una acción de inconstitucionalidad en cuya resolución se declaró la invalidez de alguna norma general, no es óbice para que los Tribunales Colegiados de Circuito apliquen el criterio sostenido en ella, pues de conformidad con el artículo 43, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria y conforme al artículo 44 de la ley citada, la resolución se inserta de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación así como en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Además, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas en esos términos, se entienden comprendidas en el supuesto a que se refiere el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2001, que establece: "QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción VIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento, fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la propia legislación; en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. El sobreseimiento se hace extensivo a los actos que se reclaman emitidos por el Instituto Nacional Electoral, pues a más de que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se emitió el acuerdo INE/CG179/2023 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se suspendieron los trabajos de modificación de los instrumentos normativos y administrativos del instituto para la implementación de la reforma electoral dos mil veintitrés, es decir, no se ejecutaron; cierto es también que las normas generales que dieron origen a esos acuerdos, como se dijo, fue declarada su invalidez por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que esos acuerdos que se reclamaron en vía de consecuencia de las normas impugnadas no podrán surtir efecto alguno. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, página seiscientos noventa, que literalmente expresa: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCION NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios". NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los oficios remitidos vía electrónica y signados por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, a los que adjuntan los testimonios judiciales de las resoluciones pronunciadas el siete de septiembre del año en curso, por ese Cuerpo Colegiado, en las quejas números 144/2023 y 145/2023, formadas con motivo de los recursos de queja interpuestos por la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subdirector de Amparos, en Representación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en contra del acuerdo dictado el veintisiete de marzo del presente año, de la que aparece que la citada Superioridad, declaró infundados los recursos de que se trata. En tal virtud, se reanuda en presente juicio y se señalan las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL VEINTE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional en los presentes autos. Por otro lado, toda vez que mediante proveídos de veintiuno y veintiséis de abril, así como de veinticuatro de mayo del año que transcurre, se reservó acordar respecto de los informes justificados signados por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México; el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Yucatán; la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y el Subdirector de Amparos, así como representante legal de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, con sede en la Ciudad de México, hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, resolviera sobre las quejas interpuestas, lo cual ya aconteció. Por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio con los informes justificados citados y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Asimismo, con fundamento en el artículo 9 de la Ley de Amparo, téngase por designados como delegados de dichas autoridades y como sus domicilios para oír y recibir notificaciones, los mencionados en sus informes de mérito. Téngase como correos electrónicos del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Yucatán, los que señala en su informe de cuenta. Por otro lado, respecto de la solicitud del Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Yucatán de que se le otorgue, el acceso al expediente electrónico a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello sus nombres de usuarios: "FranciscoCastilloGuzman", "luismancilla", "JESUS_SALAZAR", "luisvillamejia", "ailynibarra26", "Alejandra.Arenas.C", "CinthiaVelazquezS", "Oscar_Uribe" y "humbertoltspe", relativos al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, para consultar y promover en el mismo con sus nombres de usuarios "FranciscoCastilloGuzman", "luismancilla", "JESUS_SALAZAR", "luisvillamejia", "ailynibarra26", "Alejandra.Arenas.C", "CinthiaVelazquezS", "Oscar_Uribe" y "humbertoltspe", o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del referido usuario en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Incidental

    Mérida, Yucatán, diecisiete de julio de dos mil veintitrés Agréguese a estos autos incidentales el oficio remido vía electrónica y signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con el cual informa que en virtud de que no se recurrió el acuerdo de presidencia de seis de junio del año en curso, que desechó el recurso de revisión interpuesto por la DIRECTORA DE AMPAROS Y CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES DE LA CÁMARA DE SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, en contra de la interlocutoria de trece de abril del presente año, archivó dicho expediente. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

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