José Armando Cantú Barragán

Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
549/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • José Armando Cantú Barragán

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de doce de abril de dos mil veintidós, en el cual se desechó el presente juicio de amparo, no obstante encontrarse legalmente notificado de dicha determinación. Por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. Así, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, inciso d), de dicho Acuerdo, al haberse desechado el juicio en que se actúa; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado y la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, incluyendo la de la destrucción respectiva, conforme al artículo 23 del Acuerdo General de trato. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, ante Domingo Alberto Martínez Nava, Secretario quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, a doce de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el ocurso de demanda suscrito por José Armando Cantú Barragán, contra actos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado, y en el sistema integral de seguimiento de expedientes, con el número 549/2022-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo se advierte que es notoriamente improcedente por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con el artículo 113 de la ley de la materia, por las consideraciones siguientes: ... Se dice que se actualiza la causal de improcedencia invocada, en virtud de que la demanda de amparo no cuenta con firma autógrafa del promovente, sino que la misma cuenta con un trazo en fotocopia o al carbón. En ese sentido, si uno de los principios que rigen al juicio de amparo es que se ejercite a petición de la parte agraviada, principio que se encuentra plasmado en el artículo 107, fracción I, constitucional, y si en la especie, la demanda carece del signo escrito que exteriorice la voluntad de la persona que la promueve, debe desecharse la misma, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el diverso numeral 61, fracción XXIII, en relación con el 6, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, al no existir petición de la parte que figura como afectada por el acto de autoridad. En efecto, la fracción I, del artículo 107 constitucional, establece que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, lo cual repite el artículo 6 de la Ley de Amparo. Tal principio, al disponer que el juicio de amparo únicamente podrá promoverse por la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de una causa criminal, por medio de algún pariente o persona en los casos en que esta ley lo permita expresamente, implica que debe aparecer contundente, indudable la intención relativa al ejercicio de la acción, puesto que es de los fundamentales (el principio de parte agraviada) que rigen el juicio de amparo. De ahí que hasta tratándose de aquel juicio que se inicia por instancia de persona distinta al agraviado, ante la imposibilidad de que ésta la ejerza él directamente, no proceda su continuación sino hasta que se logra su comparecencia y ratifica la demanda (artículo 15 de la Ley de Amparo). Pues bien, tratándose de la demanda de amparo por escrito, es la firma de la persona que lo suscribe una formalidad que debe constar en éste, de manera tal que no haya ningún resquicio de duda sobre la voluntad de la parte interesada de asumir los derechos y las obligaciones inherentes al ejercicio de la acción constitucional; dicha firma acredita la autenticidad del mismo (el escrito). En otras palabras, para determinar que es el agraviado o alguna de las personas que el artículo 6 de la Ley de Amparo, autoriza para promover el juicio de amparo en su nombre o representación, es necesario que el escrito de demanda contenga la firma autógrafa de la persona que lo suscribe. Es así, porque la firma es el signo gráfico a través del cual se manifiesta la voluntad del promovente para suscribir el escrito en el que se encuentra plasmada y es necesaria precisamente para determinar la voluntad o consentimiento del promovente o suscriptor con el contenido del escrito en el que se contiene. ... Notifíquese personalmente.

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