Jose Aristeo Porfirio Rodriguez Hernandez
Expediente 1856/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de octubre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1856/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/10/2015
Partes del expediente
- Jose Aristeo Porfirio Rodriguez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, de los que se advierte que el Administrador de la Oficina Postal de Servicios Directos, Poder Judicial Siglo XXI, no ha remitido las piezas postales que le fueron requeridas nuevamente mediante autos de cuatro y veintitrés de septiembre de este año, relativas a las constancias de notificación de los oficios 30103, 30104 y 30105, dirigidos a los Agentes del Ministerio Público Adscritos al Primer, Segundo y Tercer Turno de la Agencia del Ministerio Público Investigador de Cholula, Puebla, por los que se les requirió que rindieran sus informes previos; en consecuencia se provee: REQUERIMIENTO DE PIEZAS POSTALES A CORREOS Requiérase nuevamente al Administrador de la Oficina Postal de Servicios Directos, Poder Judicial Siglo XXI, para que en el término de tres días computado legalmente informe a esta autoridad sobre el curso que le dio a las piezas postales relativas a los oficios 30103, 30104 y 30105, o en su caso remita copia del acuse de recibo correspondiente. En el entendido de que subsiste el apercibimiento de multa previamente decretado. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL. Difiérase la audiencia incidental señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan, de nueva cuenta para su celebración las nueve horas con cinco minutos del veintidós de octubre de dos mil quince.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA ANTONIO ISRAEL MUÑOZ HERNANDEZ, EL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA. Visto el estado procesal de los presentes autos, se procede a resolver sobre el cumplimiento dado a la sentencia protectora de amparo. En dicho fallo, la protección constitucional se concedió para el efecto de que el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla: ".1. Deje insubsistente el acto reclamado y, en su lugar, se inicie el procedimiento respectivo poniendo a la vista del quejoso los resultados derivados del proceso de evaluación que le fue realizado por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla a fin de que se respete su garantía a una defensa adecuada y de audiencia, sin que la concesión del amparo solicitado pueda tener como efecto inmediato, el pago de la indemnización y las demás prestaciones legales a que tenga derecho el quejoso, porque este supuesto sólo podrá actualizarse si con posterioridad se emite una resolución de fondo en la que se determine que la separación del cargo que ocupaba fue injustificada, ya que es la única hipótesis en la que surge la obligación resarcitoria del Estado. Asimismo, se precisa que la concesión tampoco implica la reinstalación del quejoso al servicio que venía desempeñando como como agente de la Policía Ministerial (adscrito a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla), pues el artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, de manera expresa establece que en ningún caso procede su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido. No pasa inadvertido que en el supuesto de que la nueva resolución que dicte la autoridad responsable fuera favorable y no se reiterara el cese del quejoso, entonces la autoridad administrativa deberá ordenar el pago de las prestaciones dejadas de obtener." (fojas 183 y 184). Concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución que se reclamaron del Director General Administrativo de la Procuraduría General de Justicia en el Estado de Puebla, Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicios de los Poderes del Estado de Puebla y el Jefe del Departamento de Nómina adscrito a la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla. Cabe precisar, que el amparo se concedió por cuanto al fondo del asunto que se planteó. Inconforme con esa resolución la autoridad responsable Encargado del Despacho de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado del Estado de Puebla, interpuso recurso de revisión del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en el toca de revisión A.R. 75/2015, en el que por ejecutoria emitida el veinte de agosto de dos mil quince, determinó desechar por improcedente el recurso de revisión interpuesto, decretando firme la sentencia recurrida (fojas 236 a 247). Mediante proveído de treinta y uno de agosto de dos mil quince, se tuvo por recibida dicha ejecutoria, causando ejecutoria la sentencia constitucional y se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 248 a 250). Mediante oficio 1442/2015/JA, recibido el tres de septiembre de dos mil quince, el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado acompañó copia certificada de los acuerdos de uno de septiembre de dos mil quince, por los cuales en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó sin efectos los acuerdos de fechas veintinueve de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil catorce; y en su lugar dictó otro en el que determinó procedente iniciar el procedimiento administrativo respectivo en contra del impetrante de amparo *****, quien fuera reportado por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla, como "no aprobado", a fin de que se respete su garantía a una defensa adecuada y de audiencia, prevista en el artículo 14 Constitucional, debiéndose poner a la vista del quejoso los resultados derivados del proceso de evaluación que le fueron realizados por dicho centro; por lo que giró oficio a la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla a efecto de que inicie y sustancie el procedimiento administrativo en cita; determinación que le fue notificada al quejoso mediante estrados el dos de septiembre de dos mil quince (fojas 261 a 275). Por auto de siete de septiembre de dos mil quince, se dio vista a las partes con el informe sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo (foja 280). Ahora bien, del contenido de los autos de uno de septiembre de dos mil quince, se advierte que el Director General Jurídico, Consultivo y de Estudios Legislativos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, dejó sin efectos los acuerdos de veintinueve de septiembre y treinta y uno de octubre de dos mil catorce, y dictó el auto por el cual ordenó iniciar del procedimiento administrativo respectivo en contra del impetrante de amparo ****, por el cual otorga al inconforme la oportunidad de defensa a través de las formalidades que constituyen el procedimiento; poniendo a la vista del quejoso los resultados derivados del proceso de evaluación que le fueron realizados por el Centro Único de Evaluación y Control de Confianza, del Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Estado de Puebla, por lo que giró el oficio correspondiente a la Encargada del Despacho de la Visitaduría General de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, por ser ámbito de su competencia; además, notificó lo anterior al quejoso mediante estrados el dos de septiembre de dos mil quince, ya que en el domicilio señalado por el quejoso, la persona con quien se entendió la diligencia se negó a recibir la notificación; por tales razones se considera cumplida en sus términos la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 1/2009, DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL NUEVE, DE LOS PLENOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SOBRE DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTES: Glósese el original del incidente de suspensión. Guárdese por separado el duplicado del incidente de suspensión. Archívese este asunto como concluido. Depúrese el presente expediente una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó y concedió el amparo en el presente juicio en primera instancia y no obran documentos originales ofrecidos por las partes, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. Destrúyase el original del incidente de suspensión, una vez transcurridos cinco años, toda vez que se negó la medida cautelar definitiva y no existe denuncia de violación a la suspensión, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción III del citado Acuerdo General. Destrúyase el duplicado del incidente de suspensión transcurrido seis meses siguientes a su archivo, con fundamento en el punto vigésimo fracción III del citado Acuerdo General. Notifíquese y personalmente
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