José Arinel Hernández Morales y Otros.
Expediente 498/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/05/2019
Partes del expediente
- José Arinel Hernández Morales y Otros.
- José Arinel Hernández Morales
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de siete de mayo de dos mil diecinueve, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo (foja 27). En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; siete de mayo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa en proveído de quince de abril de dos mil diecinueve (fojas 15-19), sin que haya dado cumplimiento a lo requerido; por tanto, con apoyo en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Asimismo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de quince de abril dos mil diecinueve y se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el ocurso signado por ***************** en su carácter de quejoso y asesor jurídico de aquél, respectivamente, por medio de la cual pretenden desahogar la prevención realizada en auto de quince de abril de dos mil diecinueve (foja 15-19). Ahora bien, cabe precisar que en el escrito de quince de abril del año en curso contiene la firma electrónica de **************, pues la misma presenta la evidencia criptográfica del certificado de firma electrónica de éste en su carácter de asesor jurídico del directo quejoso. Así las cosas, en proveído de quince de abril del año en curso, se previno al promovente, para que acreditara la calidad con que se ostenta, pues acorde al principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo, que por regla general, debe ejercitarse directamente por el promovente, lo cual es necesario para tener la plena certeza de que la persona que promueve "en línea" es la persona que tiene la voluntad de hacerlo, en otras palabras, que la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la promoción, se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado. En el caso, *************, quien se ostenta como asesor jurídico de la parte quejosa no anexó constancia alguna a la demanda con la que acredite tener la representación que aduce, ni en el escrito de cuenta adjuntó prueba alguna con que justifique que tenga reconocida ante la autoridad responsable esa calidad y si bien, aduce bajo protesta de decir verdad no le ha sido proporcionada por la responsable, lo cierto es que, tampoco ofreció medio de prueba alguno con el que acredite que ésta representación le fue conferida por el quejoso para actuar ante la responsable con anterioridad a la presentación de la demanda y es ésta quien ha sido omisa en otorgarle ese reconocimiento. Lo anterior, se hace necesario para tenerlo con ese carácter dentro de este juicio, en términos del artículo 11, primer párrafo de la Ley de Amparo; en consecuencia, no es el caso tener por cumplido el requerimiento de quince de abril de dos mil diecinueve. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio orientador I.1o.A.39 K, emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima época, 10 de agosto de 2018, registro electrónico 2017524, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. PARA ESTIMAR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CUANDO EL QUEJOSO PROMUEVE EL JUICIO POR SU PROPIO DERECHO, ES NECESARIO QUE DE LA EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA GENERADA CON MOTIVO DE SU ENVÍO SE ADVIERTA INDUBITABLEMENTE QUE LA FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN (FIREL) CON LA QUE SE SUSCRIBIÓ AQUÉLLA LE PERTENECE. Acorde con el principio de instancia de parte agraviada, la acción de amparo constituye un derecho personalísimo que, por regla general, debe ejercerse directamente por los quejosos o por quienes legalmente los representen. Por su parte, el artículo 3o. de la Ley de Amparo prevé que es optativo para el promovente formular su escrito en forma impresa o electrónica y que, en el segundo supuesto, deberá realizarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica que, por disposición del propio precepto, produce los mismos efectos que la firma autógrafa. En lo que corresponde a esta herramienta tecnológica, son los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013 y 9 de diciembre de 2015, respectivamente, los que desarrollan los requisitos para su obtención y uso, y entre los aspectos relevantes que de éstos se obtienen destaca que: a) para acceder a los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, es indispensable que las personas interesadas cuenten con firma electrónica; b) su obtención constituye un trámite personal que, en ningún caso, podrá hacerse a nombre de otro; y, c) cada documento electrónico que se envíe haciendo uso de la firma electrónica certificada contendrá, en la parte final, una evidencia criptográfica de la firma que mostrará el nombre de su titular, si el certificado es reconocido por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, así como si se encuentra vigente; datos que deberán tomarse en consideración por los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito para acordar lo que en derecho proceda. Derivado de lo anterior, cuando el quejoso promueve el juicio de amparo indirecto por su propio derecho, vía electrónica, es necesario que de la evidencia criptográfica generada con motivo del envío de la demanda se advierta indubitablemente que la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) con la que se suscribió le pertenece, para estimar satisfecho el principio señalado; de lo contrario, deberá sobreseerse en el juicio". Asimismo, hágase del conocimiento al promovente que deberá señalar en cuál de los dos domicilios que indicó en su escrito de cuenta se harán las notificaciones de este juicio, ya que refiere tanto como la lista de acuerdos de este órgano de control, así como, se le notifique en línea al usuario que menciona. En consecuencia, dígasele a la parte quejosa que el plazo otorgado en dicho acuerdo aún sigue transcurriendo, en el entendido de que éste se interrumpió con la presentación de la promoción acordada en este auto. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 39/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 400, Tomo I, mayo de 2012, materia común, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "ACLARACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO. EL AUTO QUE RECAE A LA PROMOCIÓN DEL QUEJOSO PRESENTADA ANTES DEL VENCIMIENTO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA HACERLA, PERO SIN CUMPLIR CON LAS PREVENCIONES IMPUESTAS, DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. Cuando la quejosa presenta su escrito de aclaración de demanda de amparo en el primero o segundo de los tres días que integran el plazo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, pero sin cumplir con las prevenciones impuestas, el juez de distrito debe emitir un acuerdo en el que determine que no las acató, señalando las omisiones en que incurrió para darle oportunidad de subsanarlas dentro del mismo término, el cual se interrumpe con la presentación del ocurso aclaratorio, y se reanuda al día siguiente al en que surta efectos la notificación de ese auto, la cual debe realizarse personalmente, conforme al primer párrafo del artículo 30 de la ley de la materia, con el fin de asegurar el conocimiento fehaciente y oportuno de dichas razones por el agraviado y evitar que se vuelva nugatorio su derecho a subsanar las deficiencias detectadas cuando aún está en tiempo para hacerlo." Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, este órgano jurisdiccional, de oficio, se pronuncia sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria, tomando en consideración las constancias que obran en autos. Previo al análisis del cumplimiento dado por la autoridad responsable, es necesario establecer que los efectos y alcances de la ejecutoria de amparo en comento fueron los siguientes: "1.Dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho y emita otra en la que reitere el aspecto relativo a que el inmueble mencionado salió del patrimonio del deudor, por lo cual, la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia, el incidente de origen, no puede tener el efecto de cancelar el embargo y adjudicación. 2. Asimismo, en la misma resolución y con independencia de lo anterior, con plenitud de jurisdicción, deberá fundar y motivar de manera clara y precisa su determinación, respecto de que si es procedente o no el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia, en cuanto a que si prescribió o no el derecho a ejecutar el resto de la condena, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio, pormenorizando las circunstancias que variaron y lo llevaron para emitir tal actuación". Por su parte, el normativo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla". De lo anterior se desprende que a fin de determinar si en este caso la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, debe analizarse en su integridad la resolución que constituye la materia del cumplimiento, a efecto de verificar que las obligaciones básicas hayan sido correctamente cumplidas pues incluso, es factible en el nuevo esquema de cumplimiento que el órgano que conoció del juicio de amparo, se pronuncie sobre un posible cumplimiento defectuoso o excesivo. Precisado lo anterior, este juzgado estima que en el caso no se cumplió con la ejecutoria de amparo, ello, puesto que la autoridad no cumplió con los efectos de la sentencia de amparo dictada en autos. De lo anterior, se desprende que la autoridad responsable debía: a) Dejar insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho y emitir otra en la que reiterara que el inmueble afecto salió del patrimonio del deudor, por lo cual la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia no podía tener el efecto de cancelar el embargo y adjudicación del inmueble. b) Asimismo, con independencia de lo anterior, con plenitud de jurisdicción debería fundar y motivar de manera clara y precisa su determinación, respecto de que si era procedente o no el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia, en cuanto a que si prescribió o no el derecho a ejecutar el resto de la condena, en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 1079 del Código de Comercio, pormenorizando las circunstancias que variaron y lo llevaron para emitir tal actuación. Respecto a lo plasmado en el inciso a), se advierte de las constancias que la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, dejó insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho y dictó en su lugar una nueva resolución, en la que determinó procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia promovido por el aquí quejoso, en razón de que el incidentista acreditó los elementos constitutivos de la acción. Y en consecuencia, operó la prescripción liberatoria de la ejecución de sentencia, ordenando la cancelación del registro de embargo del bien inmueble ubicado en el municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, consistente en un predio urbano **************. Sin embargo, de la referida concesión se desprende que la nueva determinación no podía tener el efecto de cancelar el embargo y adjudicar el bien inmueble. En relación al inciso b) se desprende que se dejó con plenitud de jurisdicción el que fundara de manera clara y precisa su determinación respecto que si era procedente o no el incidente de prescripción de la ejecución de la sentencia en cuanto a que si prescribió o no el derecho a ejecutar el resto de la condena. En consecuencia, la responsable determinó que era procedente la prescripción de ejecución de sentencia y por lo tanto, procedió a cancelar la inscripción del embargo antes referido. En conclusión, este juzgador hace hincapié que los efectos de la sentencia dictada en autos, fueron para que dejara insubsistente la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, lo que en el acto ocurrió; sin embargo, la autoridad procedió a ordenar la cancelación del registro de embargo del bien inmueble materia de la Litis, aun cuando en los efectos de la concesión fue que emitiera una nueva determinación en la que se reiterara el aspecto relativo a que el inmueble mencionado salió del patrimonio del deudor, por lo cual, la prescripción del derecho a ejecutar la sentencia no podía tener el efecto de cancelar el embargo y adjudicación del bien inmueble. Esto es, que únicamente la concesión del amparo era para que se pronunciara si era o no procedente la prescripción de la ejecución, dejando intocado el embargo y adjudicación del bien inmueble, por lo que existe un cumplimiento defectuoso y excesivo a la sentencia ejecutoriada. En ese orden de ideas, y como se precisó en la ejecutoria de amparo NO HA QUEDADO CUMPLIDA. SOLICITUD DE CUMPLIMIENTO En ese sentido, requiérase a la autoridad responsable Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cintalapa de Figueroa, Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación que se le haga de este proveído, remitan copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento a la sentencia ejecutoria dictada en el presente juicio, en los términos precisados. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, este Juzgador se pronunciará sobre el incumplimiento, le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente a $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, en términos de lo dispuesto en el artículo 238, en relación con los diversos 192, 193 y 258, de la ley de la materia y se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Penal del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, para el trámite correspondiente. Finalmente, respecto a las manifestaciones que realizó el tercero interesado ***********, en escrito de diez de abril de dos mil diecinueve (fojas 125 a 131), en relación con el cumplimiento que adujo haber dado la autoridad responsable con el fallo protector; en atención a ello, dígasele al ocursante que se esté a lo acordado en párrafos que anteceden. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y tercero interesado, y por oficio a las autoridades responsables.
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