José Argel Mujica Anaya

Expediente 1293/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1293/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
16/10/2019

Partes del expediente

  • José Argel Mujica Anaya
  • Presidente Especial de la Primera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Visto el estado de autos, y la certificación que antecede, se advierte que en proveído de catorce de noviembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria dictada el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual calificó de legal el impedimento planteado por la anterior juzgadora, sin que se hubiese ordenado el archivo respectivo, hasta en tanto se tuviera conocimiento del Juzgado de Distrito que le hubiese correspondido conocer, en esas condiciones, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este juicio como asunto concluido. Relevancia documental. Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Destino. Ahora bien, con apoyo en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se establecen los lineamientos para la depuración y destrucción de los juicios de amparo, por lo que, éste se considera susceptible de destrucción, ello de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción I, de dicho acuerdo. Cambio de Titular. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

  2. Incidental

    Téngase por recibido el escrito signado por el quejoso xxxx, visto su contenido y como lo solicita, se autoriza la entrega de los documentos que aportó al presente sumario constitucional, previo recibo y razón que se otorgue en autos el propio ocursante o la persona que para tal efecto autoriza. Finamente, se ordena devolver el presente expediente al archivo de donde fue extraído, para su debido resguardo.

  3. Principal

    i. Estado procesal de autos. En principio, resulta pertinente destacar que del análisis integral de las presentes actuaciones se advierte que a la fecha la Encargada de la Tesorería Municipal de Autlán de Navarro, Jalisco, no ha demostrado fehacientemente haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. ii. Se formula nuevo requerimiento. En ese sentido, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad referida, para que, dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que se le notifique el presente proveído, remita a este Juzgado de Distrito copias certificadas de las constancias de las que se desprenda que se desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa las Tablas de Valores Unitarios y la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada, en los términos a que se contrae la ejecutoria de amparo. Con relación a lo anterior, resulta pertinente aclarar que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad responsable a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos trazados en el fallo protector. iii. Apercibimiento. Se apercibe a la autoridad requerida que de no cumplir con lo anterior en el lapso indicado, o de no informar la imposibilidad legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa por el equivalente a doscientas veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización; así como a la sustanciación del incidente de inejecución correspondiente, que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos de los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista certificación que antecede y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que feneció el plazo de quince días que establece la ley de la materia para recurrir el auto por el que se declaró cumplida la sentencia de amparo, sin que las partes hubieran interpuesto el recurso de inconformidad. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se precisa que el expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el último párrafo del numeral vigésimo primero del citado acuerdo, pues no se ventiló algún tema relativo a delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental; tampoco contiene alguna resolución impugnada ante organismos públicos internacionales; ni se refiere a conflictos colectivos trascendentes, o algún otro de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración en que se concedió el amparo en el presente juicio, éste se considera susceptible de DEPURACIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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