José Aquino López

Expediente 1680/2015 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1680/2015
Año
2015
Actuaciones
5
Última actuación
22/12/2015

Partes del expediente

  • José Aquino López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintidós de diciembre dos mil quince. Vistos los autos de este juicio de amparo, por cuanto que ha transcurrido el término que concede el numeral 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de treinta de noviembre de esta anualidad (fojas 38 a 41); con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar, por lo que, hágase lo anterior del conocimiento de las partes. Siendo innecesario jurídicamente que no se cuente con la constancia respectiva, con la cual se acredite que el agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Sexto de lo Penal, con sede en Ixcotel, Oaxaca; y la autoridad responsable, juez Sexto de lo Penal, con residencia en Ixcotel, Oaxaca, hayan quedado notificadas del proveído de mérito, dado que, como se precisó, en el auto emitido se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia y, por ende, ningún agravio genera a esas autoridades que carecen de legitimación para inconformarse. Apoya lo anterior, con fundamento en el artículo 6° transitorio de la Ley de Amparo en vigor, por identidad de razón, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LXXV, con el siguiente rubro y texto: "REVISIÓN MAL INTERPUESTA POR PARTE DE AUTORIDADES. De acuerdo con el artículo 86 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables solo podrán interponer el recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que cada una de ellas de reclame, por lo que debe desecharse la que interponga una de las autoridades responsables, si el inferior sobreseyó en el juicio relativo, en cuanto al acto que de ella fue reclamado". Así también la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 676, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo CXXX, bajo el rubro y texto: "RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISION INTERPUESTA POR AUTORIDADES DE, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la sentencia de amparo estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, advirtiéndose de autos, que en este asunto por auto de fecha treinta de noviembre de esta anualidad, se sobreseyó en el juicio, fuera de audiencia (fojas 38 a 41), misma que con esta fecha causó ejecutoria; por lo que no existe asunto pendiente por diligenciar; por tanto, con fundamento en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo primero, fracción I, y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009,de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO. Relevancia documental: Se estima que este asunto carece derelevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Destino: Transcurridos mas de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su destrucción, conforme al artículo vigésimo primero, fracción I, del referido acuerdo. Archivo reciente: Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    (NOTIFICACIÓN POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERA INTERESADA, EN VIRTUD DE NO SE PRESENTÓ EN ESTA ACTUARÍA, NI SUS AUTORIZADOS A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, A PESAR DE HABERLE DEJADO EL AVISO JUDICIAL RESPECTIVO, CON ANTERIORIDAD)*PRAL. 1680/2015 MESA AMP. 4-B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil quince.Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio 7542, firmado por el juez Sexto de lo Penal, residente en esta ciudad, con registro 042089, al que acompaña copia certificada de la audiencia de conciliación de veintitrés de noviembre del año en curso, desahogada en el expediente 209/2015C/P, de su índice, instruida, entre otro, contra del aquí agraviado, JOSÉ AQUINO LÓPEZ.Atento al estado de autos, se provee:I. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el tres de noviembre de dos mil quince, y remitido el cuatro del mismo mes y año a este órgano jurisdiccional, JOSÉ AQUINO LÓPEZ, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, que hizo consistir en el auto de formal prisión dictado el diez de octubre de dos mil quince, por la comisión del delito de robo específico, en su modalidad de robo de vehículo, cometido en perjuicio patrimonial de Héctor Matus González. II. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes (fojas 3-15).III. Por auto de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número 1680/2015 y se admitió a trámite, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 16-19). IV. Ahora bien, de la copia certificada remitida por el juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, a la que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a este procedimiento, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, por tratarse de un documento público, se advierte se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que, textualmente, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.). La causal de improcedencia señalada en el artículo transcrito, establece imposibilidad de analizar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, por haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el juicio de garantías, siendo necesario destacar, que los efectos del acto reclamado se traducen en una violación de garantías en perjuicio del agraviado, por ende, para que se produzca la cesación de tal efecto, debe atenderse, necesariamente, si la contravención alegada por la parte quejosa ha desaparecido totalmente, sea porque la propia autoridad responsable la ha reparado, o porque esto ha acontecido por circunstancias ajenas a ella, esto es, debe constatarse si las cosas se han restablecido al estado que guardaban antes de la emisión y ejecución, en su caso, del acto reclamado, cuando se trata de actos positivos, pues sólo en esta hipótesis se estaría en presencia de la causal de improcedencia de trato. En el caso a estudio se materializa la causal de improcedencia en estudio, dado que el acto reclamado que dio origen a la formación del presente juicio lo constituye el auto de formal prisión de diez de octubre de dos mil quince, dictado por el juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del centro, residente en esta ciudad, instaurado, entre otro, contra el aquí quejoso JOSÉ AQUINO LÓPEZ, en la causa penal número 209/2015, de su índice, como probable responsable en la comisión del delito de robo específico, en su modalidad de robo de vehículo, cometido en perjuicio patrimonial de Héctor Matus González. Y si por otra parte, mediante oficio número 7542 (foja 31), recibido en este Juzgado Federal el veintiséis de noviembre de dos mil quince, el juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del centro, con sede en esta ciudad, remitió copia certificada de la audiencia de conciliación desahogada el veintitrés del mismo mes y año, en el expediente penal 209/2015, de su índice, decretándose, en consecuencia, extinguida la acción penal y el sobreseimiento de la referida causa penal 209/2015 (fojas 33-35); lo que así se aprecia de las copias certificadas deducidas del aludido proceso, que se anexaron al oficio de mérito , las cuales ameritan valor demostrativo pleno, por tratarse de documentos públicos cuyo contenido no se encuentra contradicho por otras pruebas, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Por tanto, es de concluirse, que si de las referidas documentales se advierte, que en resolución dictada el veintitrés de noviembre de dos mil quince, el juez Sexto de lo Penal del distrito judicial del centro, con sede en esta ciudad, con motivo de la conciliación celebrada con el ofendido, aquí tercero interesado Héctor Matus González, declaró extinta la acción penal y decretó el sobreseimiento de la referida causa penal 209/2015 y, como consecuencia, ordenó girar boleta de libertad al director del Centro de Readaptación Social Número Uno; es incuestionable que cesaron los efectos del auto de formal prisión impugnado, pues el referido auto de sobreseimiento tiene efectos de sentencia absolutoria, siendo que es presupuesto necesario para que cesen los efectos del acto reclamado, que se constituya una situación jurídica que reponga a la parte quejosa en el goce de sus garantías violadas y las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, como ocurre en el caso; lo que pone en evidencia que a virtud de esa resolución cesaron los efectos del auto de formal prisión combatido que se analiza en este considerando, porque las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es pertinente al particular tratado, el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida en Novena época, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 38, del tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se cita por identidad jurídica, la tesis II.1o. 18 P, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, visible en la página 1693, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO EN MATERIA PENAL. SI ÉSTE CONSISTIÓ EN LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA CAUTELAR Y DEBIDO A UN ACUERDO REPARATORIO CON LA VÍCTIMA DEL DELITO, SE DECLARÓ EXTINTA LA ACCIÓN PENAL Y, POR ENDE, EL SOBRESEIMIENTO EN LA CARPETA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE, ELLO ORIGINA QUE SE ACTUALICE AQUELLA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SIN QUE EXISTA OBLIGACIÓN DE OTORGAR LA VISTA AL QUEJOSO CONFORME AL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 51/2014 (10a.)]. El artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de Amparo dispone que cuando se advierta de oficio una causa de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior" se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", lo que incluso, se establece en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."; sin embargo, si el quejoso señala como acto reclamado la imposición de la prisión preventiva como medida cautelar y debido a un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, se declaró extinta la acción penal y, por ende, el sobreseimiento en la carpeta administrativa correspondiente, obteniendo su inmediata y absoluta libertad, ello provoca que se actualice la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo (cesación de efectos del acto reclamado), sin que exista obligación de otorgarle la vista para que manifieste lo que su derecho convenga conforme al mencionado artículo 64 y, por excepción, la inaplicabilidad del citado criterio. Es así, porque al decretarse el sobreseimiento en la aludida carpeta, con efectos de cosa juzgada, el acto reclamado quedó insubsistente o sin efecto, pues se resolvió en definitiva sin entrar al fondo del asunto y, conforme a ese estado procesal, ya no habrá otra oportunidad para analizarlo, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación. Por consiguiente, no se vulnera su derecho de audiencia al no poder obtener mayor beneficio que favorezca su situación jurídica, en virtud de haber alcanzado su inmediata y absoluta libertad con rango de cosa juzgada, incluso, tiene conocimiento de esa circunstancia, pues fue parte en el procedimiento de primera instancia y de común acuerdo con su contraparte, propició el hecho que generó la causa de improcedencia de que se trata". Circunstancia que impone sobreseer fuera de audiencia en este juicio de amparo, de conformidad con la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del diverso numeral 61 de dicho ordenamiento legal, ya que en el caso desapareció la violación alegada por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, visible en la página 386, cuyo rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, que las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información; y, para el caso de que se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones, pruebas o constancias que obren en el expediente, la unidad administrativa que lo tenga bajo resguardo, determinará si es información reservada o no. Pese a ello, de conformidad con el artículo 6º, fracción II, de la Constitución Federal, el Estado se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares y personas morales jurídicas , considerada como confidencial que, de acuerdo con los primeros preceptos, debe ser entendido como aquélla cuya difusión, conservación o distribución requiere, necesariamente, consentimiento expreso de los titulares de la misma. En ese contexto, al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación del auto de sobreseimiento fuera de audiencia relativo con supresión de datos personales identificables, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal . Finalmente, ante el sobreseimiento decretado, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cinco minutos del tres de diciembre de dos mil quince, según proveído dictado el cinco del mes en curso (foja 17). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    *pral. 1680/2015 mesa amp. 4-b Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticinco de noviembre de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio número 7334, del juez Sexto de lo Penal, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, por el que rinde informe justificado; con el mismo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia respectiva. Y toda vez que dicha responsable, remite copia certificada de constancias deducidas del expediente penal 209/2015, en términos del numeral 119 de la ley de la materia, se le tiene como prueba documental de su parte, la que se desahoga en razón de su propia naturaleza, para ser considerada al resolver este juicio. Por lo que, a fin de facilitar el manejo de este juicio de amparo, con la documental remitida se ordena formar el tomo anexo I, relativo a este juicio, que queda a disposición de las partes para su consulta en este Juzgado, respetando el folio y entresello correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    mesa 5 b inc. 993/2015-Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a veintitrés de noviembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio número 5383, suscrito por el juez Segundo Mixto de Primera Instancia, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca y anexo que acompaña, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho números de orden 2432/2015 y de origen 1289/2015 del índice de este Juzgado (foja 84); mismo que le fue enviado para notificar al quejoso JESÚS ALASNIZ MARTÍNEZ. Dése de baja en el libro respectivo, el despacho aludido. NOTIFÍQUESE.

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