José Aquilino Adrian Cuaya

Expediente 645/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
645/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
09/08/2019

Partes del expediente

  • José Aquilino Adrian Cuaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (fojas 33 a 40): "a) Ordene al Actuario de su adscripción que inmediatamente proceda al emplazamiento de la parte demandada, con la debida oportunidad para el desahogo de la audiencia de ley; y b) Remita a este juzgado federal las constancias con las que justifique el acatamiento a los términos de la concesión de amparo. Así, se determina que la concesión del amparo es extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla." Asimismo, mediante el oficio recibido el treinta de julio de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copia certificada de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el día cinco de julio del año en cita, dentro del expediente laboral D-1/353/2018 (fojas 51 a 55, respectivamente). Lo anterior, siendo actuaciones distintas al objeto del presente juicio de amparo; sin embargo, de la audiencia trifásica se advierte la comparecencia de la parte demandada a través de sus apoderados; en consecuencia, se tiene a la misma como debidamente emplazada a juicio. Por auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el uno de agosto de del año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de las que integran la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que remitió copia certificada de la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el día cinco de julio del año en cita, dentro del expediente laboral D-1/353/2018. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, nueve de julio de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Presidente [Susana Soliman Carcamo ], Representante de los Trabajadores [Víctor Manuel Lozada García] y Representante de los Patrones [Etelvina Robles Archundia], los tres integrantes de la Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, den cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia dictada el diecisiete de junio de dos mil diecinueve. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la citada Junta, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero y segundo transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a las responsables que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a las responsables requeridas que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Cabe resaltar que si al momento de recibirse el requerimiento respectivo la junta responsable se encuentra integrada por personas distintas a las antes referidas, cuyos nombres se obtuvieron de las constancias de autos, serán sus sustitutos quienes deberán cumplir con el fallo protector, y el apercibimiento efectuado se entenderá dirigido a ellos. De la misma manera, infórmese a los integrantes de la Junta responsable que en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, los titulares requeridos seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; y que también son responsables en los términos indicados las personas físicas que ocupan el cargo con posterioridad si durante el ejercicio de sus funciones se debió dar cumplimiento a la ejecutoria. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Incorpórese al expediente el oficio de los Magistrados Presidente, Representante del Estado y Representante de los Trabajadores, todos adscritos al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, mediante el cual remiten copia certificada de la resolución emitida el cuatro de junio del año en curso, dentro del expediente laboral D-185/2017, relativa al incidente de nulidad de notificaciones, donde declaró procedente el mismo; ordenó dejar sin efectos el emplazamiento de once de abril de dos mil diecinueve, hecho al demandado Ayuntamiento de Izucar de Matamoros, Puebla, por medio del Diligenciario Par del Juzgado Civil y Penal de Izucar de Matamoros, Puebla; asimismo, ordenó turnar los autos al Actuario del tribunal responsable, para que realice el debido emplazamiento al Ayuntamiento demandado; finalmente señaló las doce horas del dieciocho de junio del año en curso, para el desahogo de la audiencia de ley (fojas 132 a 166), lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE al MAGISTRADO PRESIDENTE EN REPRESENTACIÓN DEL PLENO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA, para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, remita copias certificadas de las constancias de emplazamiento hechas al demandado Ayuntamiento de Izucar de Matamoros, Puebla. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y en atención que por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve (foja 19), se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, se tiene que se encuentra transcurriendo el término para que las partes se puedan imponer con la oportunidad debida del contenido del referido informe, a fin de que manifiesten si lo consideran necesario, lo que a su derecho importe. A fin de dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere para las diez horas con cuarenta y un minutos del once de junio de dos mil diecinueve. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto por el párrafo tercero, del artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que dentro del término de tres días a partir de su notificación, se sirva remitir fotocopia certificada legible, en orden progresivo, foliada, rubricada y entre sellada de todas constancias que deriven de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones señalada para las diez horas con cuarenta minutos del tres de junio de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-1/353/2018, que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior o no manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se hará acreedor a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 236, 238 y 259, de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecisiete. Notifíquese.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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