Jose Antonio Yepez Ortiz

Expediente 589/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
589/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/10/2021

Partes del expediente

  • Jose Antonio Yepez Ortiz
  • SILVESTRE CANO GUZMAN y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Irapuato, Guanajuato, diecinueve de octubre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con residencia Guanajuato capital, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 76/2021, en cuyo único punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja." En tales condiciones, acúsese recibo. En consecuencia, toda vez que no existe diligencia pendiente por desahogar, ni promoción que acordar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. - DESTINO: El expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. - DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior en cumplimiento al artículo 21, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Irapuato, Guanajuato, dos de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio remitido vía electrónica por el Actuario Judicial adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual, ese órgano jurisdiccional acusa recibo del comunicado mediante el cual le fue remitido el recurso de queja hecho valer por la parte promovente, en contra del auto de veinte de julio del año en curso, por el que se desechó al demanda de amparo. Asimismo, este Juzgado se da por enterado de que el referido recurso se admitió a trámite y quedó registrado con el número de recurso de queja 76/2021. Notifíquese.

  3. Principal

    ... Téngase por recibido el escrito signado por quien se ostenta la defensora particular de los quejosos, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veinte de julio dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. Por tanto, a través del presente acuerdo el suscrito rinde informe con justificación, manifestando la certeza del acto reclamado, sosteniendo su legalidad, el cual deberá remitirse con el oficio correspondiente con las firmas electrónicas de los funcionarios que lo suscriben. Para su substanciación, mediante oficio con transcripción del presente acuerdo, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, el turno y la papeleta correspondientes, a través del correo electrónico institucional occtp16ctop@correo.cjf.gob.mx, adjuntándose el escrito de expresión de agravios para que cuente con los datos necesarios para su registro. Luego de obtenerse la papeleta de turno, sin ulterior acuerdo, remítase en diversa misiva al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito que corresponda, vía interconexión, acompañando el escrito de expresión de agravios y la impresión del presente acuerdo con firmas electrónicas, todos en versión digitalizada. Asimismo, otórguense al respectivo Tribunal los accesos para la consulta del expediente electrónico de este asunto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a efecto de que pueda verificar la totalidad de las constancias. Notifíquese.

  4. Principal

    ...Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por conducto de quien dice ser su defensora particular *****, contra actos que reclama del Juez Presidente de Tribunal Colegiado de juicio oral en materia penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con Sede en valle de Santiago, que considera violatorios de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.. REGISTRO Se ordena formar cuaderno de amparo en su versión impresa y electrónica, registrándolo en el libro de gobierno con el número 589/2021; en el entendido de que sus actuaciones judiciales, promociones y demás constancias deberán coincidir íntegramente, guardando idéntico orden cronológico. Se exceptúan de integrarse al expediente electrónico los documentos presentados en físico con los que, por su volumen, se ordene formar cuadernos auxiliares y no se agreguen al expediente principal físico; asimismo, aquéllos que para la protección a la integridad del documento o a los datos personales no puedan ni deban digitalizarse. Sin perjuicio de lo anterior, quedan a disposición de las partes el expediente impreso, los cuadernos auxiliares y demás constancias que lo integran, con las salvaguardas correspondientes tratándose de la información reservada o confidencial. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que el expediente electrónico estará a su disposición tan pronto como las constancias que integren este cuaderno cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". La porción normativa transcrita regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades judiciales, administrativas o del trabajo. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. Tiene sustento a lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2017117 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 55, junio de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 11/2018 (10a.) Página: 8 "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Contradicción de tesis 25/2015. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 7 de septiembre de 2017. Unanimidad de once votos de los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Hilda Marcela Arceo Zarza. Tesis contendientes: Tesis 1a./J. 44/2012 (10a.), de rubro: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL.", aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro X, Tomo 1, julio de 2012, página 729, y Tesis 2a. LVI/2000, de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, julio de 2000, página 156. El Tribunal Pleno, el veintiocho de mayo en curso, aprobó, con el número 11/2018 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho. Esta tesis se publicó el viernes 08 de junio de 2018 a las 10:14 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 11 de junio de 2018, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa, medularmente, reclama lo siguiente: - La resolución de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Presidente de Tribunal Colegiado de juicio oral en materia penal de la Segunda Región del Estado de Guanajuato, con sede en Valle de Santiago, emitida en la causa penal número *******, en que se estableció la inviabilidad de llevar a cabo la audiencia de juicio con la presencia de los acusados en sede judicial de Valle de Santiago, Guanajuato, esto derivado de los informes allegados por las autoridades penitenciarias, así como la Policía Procesal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, en los cuales se señalaba que no existen las condiciones de seguridad necesarias para el traslado y permanencia de los acusados durante el desarrollo de la jornada de juicio oral. Ahora, resulta pertinente destacar lo estipulado en el artículo 465 de la Ley Nacional de Procedimientos Penales, establecen: (.) "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. (.) En este orden de ideas, se colige que el acto en estudio es impugnable a través del recurso de revocación, pues de la interpretación sistemática de los numerales transcritos, se advierte que el aludido medio de impugnación procede contra las resoluciones que se dictan fuera de audiencia, la finalidad de dicho recurso será que el mismo órgano que dictó la resolución impugnada, se avoque a examinarla nuevamente y dicte la resolución que conforme a derecho corresponda. Por tanto, la parte quejosa debió combatir las infracciones acontecidas con motivo la resolución en comento mediante una revocación, ya que tales alegaciones corresponden a violaciones procesales. En efecto, a través del citado medio de impugnación, se satisfacen los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa idóneo; es decir, tiene por objeto que un superior confirme, revoque o modifique la resolución del tribunal de enjuiciamiento que se considere lesiona los intereses del quejoso, en lo tocante a los agravios que exprese. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad competente, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de la autoridad jurisdiccional ordinaria; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad ordinaria mediante la interposición del recurso de revocación, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva. Así, es incuestionable que los quejosos, al ser parte en el juicio natural debieron agotar tal medio de impugnación antes de acudir a esta instancia constitucional, con el cual pudieron haber logrado lo que por esta vía biinstancial pretenden, al encontrarse en plenitud de hacer valer el recurso indicado. En ese sentido, el presente juicio de amparo es improcedente respecto del acto en estudio, una vez que no agotó el medio ordinario previsto por la ley aplicable, en atención a lo establecido en los artículos antes transcritos. Sin que, en el particular, se advierte alguna de las causas de excepción establecidas en la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que eximan a la parte quejosa de cumplir ese principio, por las siguientes consideraciones: No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; No consiste en órdenes de aprehensión o reaprehensión, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; La parte quejosa no es tercero extraño al procedimiento de origen, pues como lo refiere, y, No se trata de un auto de vinculación. En tales condiciones, es claro que la parte promovente no acató el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo al no haber agotado el medio ordinario previsto en el numeral 465 de la Ley Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al quedar plenamente demostrada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES La parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal; lo que de acuerdo con la Ley de la materia, corresponde a la notificación por lista. Atento a lo anterior, se ordena realizarle las notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista electrónica que se publica en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/paginas/serviciosTramites.htm? pag eName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm, así como en la planta baja del recinto en que se localiza este juzgado en el espacio que al efecto determine la Administración del edifico, del tres de agosto de dos mil veinte a las ocho horas del dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y en su oportunidad, en la que se fija en los estrados de este juzgado, de no determinarse otra cuestión. INVITACIÓN A PROPORCIONAR OTRAS FORMAS DE CONTACTO Se invita a las partes a que propongan diversos medios de contacto, que pueden ser otros correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que intervengan en el proceso, para los efectos señalados en el párrafo que antecede. La parte quejosa proporcionó un correo electrónico para oír y recibir notificaciones, sin embargo, dicho medio constituye una forma especial y expedita de contacto, por lo que únicamente será considerado para el efecto de que personal del juzgado pueda establecer comunicación por tales medios, en los casos en que se estime pertinente. SE EXHORTA A LA CONTINUACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Por otra parte, en términos de lo ordenado en el artículo 28 del Acuerdo General 21 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". De ser así, deberán cumplir con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con los diverso Acuerdos Generales 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes la obtención de imágenes digitales, mediante medios electrónicos de las actuaciones realizadas en el presente asunto, debiendo especificar previamente las constancias a reproducir a efecto de que se elabore la razón de entrega correspondiente. Salvo que se trate de constancias que contengan exposición de datos personales que deban salvaguardarse, así como información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. ACCESO A LA INFORMACIÓN En acatamiento a la obligación prevista en el numeral 11, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, respecto a la protección de datos personales y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, hágase del conocimiento de las partes que cualquier uso de datos personales, no autorizado en los términos previstos en el segundo de los ordenamientos legales en mención, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Notifíquese por lista a la parte promovente.

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