José Antonio Vélez Guzmán

Expediente 1752/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1752/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • José Antonio Vélez Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiuno de enero de dos mil veintidós.Estado de autos.Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 858/2022 y 859/2022 dirigidos Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, a fin de notificarles el acuerdo de diez de enero del año, por el cual se les requirió para que informaran si recibieron los diversos 21134/2021 y 21135/2021 derivados del proveído de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, en el que se les solicitó su informe previo. Diferimiento.Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para esta fecha, y se fijan las once horas con cuatro minutos del dos de febrero de dos mil veintidós, para su celebración.Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el ocho de noviembre de dos mil veintidós, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es susceptible de destrucción, en el plazo de tres años, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1752/2022, promovido por ****, contra los actos reclamados al Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridad responsable: I. Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Acto reclamado: I. La omisión de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio mercantil ordinario *****, del índice del juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. De dicha demanda tocó conocer al Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, el que en auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se declaró legalmente impedido para conocer del asunto, al ser señalado como autoridad responsable, ordenando remitir la misma al Juzgado de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en turno por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Así las cosas, toco conocer a esta órgano Jurisdicción, el que por acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, se avocó al conocimiento y la admitió a trámite, requirió a las autoridades responsables informe justificado, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y ordenó dar vista al representante social de la adscripción y, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se celebró en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se advierte que el acto reclamado se hacen consistir en: A. La omisión de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio mercantil ordinario ****, del índice del juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Orientan sobre el particular, las tesis siguientes: "Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ya que así lo manifestaron al rendir informe justificado. Certeza que se corrobora con los autos originales remitidos por dicha responsable en apoyo a su informe con justificación, cuyo valor probatorio es pleno de conformidad con lo establecido en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. CUARTO. Causa de sobreseimiento. En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado. El artículo 61, fracción XXIII, con relación al 6º de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De los artículos transcritos se advierte, entre otras disposiciones, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien afecte el acto reclamado. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis que establece: "Novena Época Registro: 175910 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXIII, Febrero de 2006, Materia(s): Común Tesis: III.2o.C.18 K Página: 1827 JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal.". Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Séptima Época Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación 205-216 Tercera Parte, Materia(s): Común Tesis: Página: 127 Genealogía: Informe 1975, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 75, página 106. Informe 1986, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 51, página 48. PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia Amparo en revisión 9357/84. Miguel Hernández y coagraviados (Núcleo Ejidal Colón, Municipio de Izúcar de Matamoros, Estado de Puebla). 13 de agosto de 1986. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Noé Castañón León. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Héctor Alberto Arias Murueta. Séptima Época, Tercera Parte: Volumen 76, página 41. Amparo en revisión 4489/74. Comunidad Agraria del Poblado "La Encarnación", Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 30 de abril de 1975. Cinco votos. Ponente: Pedro Guerrero Martínez. Secretario: Juan Díaz Romero. Quinta Época: Tomo LII, página 450. Amparo en revisión 5623/36. Covarrubias González María de la Luz. 14 de abril de 1937. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Jesús Garza Cabello. Relator: José María Truchuelo. Secretario: Alfonso de Silva.". Por otra parte, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe señalarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados. Así se desprende de la siguiente tesis, que dice: "Quinta Época Registro: 807072 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación LXXXII, Materia(s): Común Tesis: Página: 3490 PERJUICIO BASE DEL AMPARO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, de lo que se sigue que el perjuicio es un elemento esencial que rige la precedencia del juicio de garantías; y como éste tiene por objeto proteger al quejoso en el goce de sus garantías individuales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo, y no en apreciaciones doctrinarias.". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause una afectación real y definitiva, a la persona física o moral que presente la demanda, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado se hace consistir, en síntesis, en la omisión de verificar el cumplimiento de la sentencia emitida en el juicio mercantil ordinario 113/2018, del índice del juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que si bien en el juicio mercantil ordinario 113/2018, del índice del juzgado Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, no se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida en el mismo; sin embargo también se advierte que el ahora quejoso no es parte en dicho procedimiento de origen. Así las cosas, al no ser parte en el procedimiento de origen, resulta inconcuso que, el acto reclamado no afecta de manera personal y directa la esfera jurídica de la parte quejosa. Como se ve, el acto reclamado no causa agravio personal y directo a la quejosa que la legitime para promover, por ello es improcedente el presente juicio de amparo. Resultando aplicables, por analogía, las tesis siguientes: "Octava Época Registro: 210374 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Septiembre de 1994 Materia(s): Común Tesis: II. 2o. 214 K Página: 259 AMPARO. PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, CASO EN QUE NO SE CUMPLE. De acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada estatuido por los artículos 107, fracción I de la Constitución General de la República y 4o. de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; y únicamente podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o su defensor. Luego, si la reclamación del quejoso consiste en que no se citó a juicio a una persona que figuró también como parte demandada; ello no le produce ninguna lesión directa a sus intereses jurídicos, pues obviamente es aquel otro individuo quien debe acudir ante las autoridades jurisdiccionales en defensa de sus derechos y no el quejoso. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 475/94. Miguel Espinoza Sánchez. 22 de junio de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Solís Solís. Secretario: Joel A. Sierra Palacios.". "Séptima Época Registro: 232899 Instancia: Pleno Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 76, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 45 LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo.". "Novena Época Registro: 202357 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo III, Mayo de 1996 Materia(s): Común Tesis: XV.1o.5 K Página: 592 AMPARO. PERJUICIO INDIRECTO, NO LEGITIMA A QUIEN LO SUFRE PARA PROMOVER EL. La circunstancia de que los bienes que pudiesen ser afectados como consecuencia de una resolución en que se condene a los demandados al pago de determinadas prestaciones, hubiesen sido embargados en otro juicio por un tercero ajeno al procedimiento en que se dictó la resolución, no legitima a este último para reclamar a través del juicio de amparo la condena impuesta a cargo de terceras personas, porque la posible afectación que pudiese sufrir en todo caso constituiría un perjuicio indirecto el cual puede repararse en el procedimiento de ejecución al que deberá ser llamado como acreedor para que haga valer sus derechos, los cuales no lo facultan para promover el juicio de garantías con el objeto de que se analice la legalidad de la condena impuesta a los demandados en un juicio en el que no fue parte, ya que la fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y a su vez el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclame, lo cual refleja que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tienen la persona o personas físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que estimen violatorio de garantías, mas no así quien por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo.". Consecuentemente, se estima que, en el caso, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V, del artículo 63, en relación a la fracción XXIII, del artículo 61 y 6°, a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por lo procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Conforme al sentido de este fallo es innecesario atender los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, porque la declaración de sobreseimiento impide estudiarlos. Sobre el particular deviene ilustrativa la jurisprudencia siguiente. "Época: Séptima Época Registro: 394465 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 509 Página: 335 SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio.". No se atenderán las diversas causas de improcedencia que invocó la parte tercera, pues de hacerlo, en nada cambiaría el sentido del presente fallo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio siguiente: "Octava Época Registro: 216878 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación XI, Marzo de 1993, Materia(s): Común Tesis: Página: 233 CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO DEL SEPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 497/92. Sociedad Cooperativa de Autotransportes de la Sierra Nahuatl de Zongolica, Veracruz, S.C.L. 28 de octubre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Uribe García. Secretario: Augusto Aguirre Domínguez. Amparo en revisión 289/92. Joel Gómez Yáñez. 2 de septiembre de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tomás Enrique Ochoa Moguel. Secretaria: Adela Muro Lezama.". Por lo expuesto y fundado y, con apoyo en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por el *******, contra los actos reclamados al Juez Decimoprimero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último de este fallo. Notifíquese por lista física y electrónica.

  4. Principal

    Visto el oficio signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, del que se advierten las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento al fallo protector, asimismo revoca delegados y señala nuevos diversos; de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, téngasele en vías de cumplimiento. II. Delegados y domicilio procesal. Asimismo, como se solicita, con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, téngasele revocando a los delegados que índica y como nuevos delegados a las personas que señala. III. Requerimiento. De igual manera con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Director de Tenencia de la Tierra Convenios y Regularización, de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco para que dentro del término de cinco días: Informe la determinación alcanzada al oficio DGJI/DCT/3175/2022, que le hizo de su conocimiento el Director ]General Jurídico de Infraestructura antes citado, en data veinte de octubre de los corrientes, como se advierte del acuse de recibido. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que no haya sido señalado como autoridad responsable dentro del presente sumario; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo en términos del artículo 197 de la ley de la materia, es de orden público, por ende, es exigible a toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por la razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia siguiente: SENTENCIAS DE AMPARO. ESTAN OBLIGADAS A SU CUMPLIMIENTO. TODAS LAS AUTORIDADES QUE DEBAN INTERVENIR EN SU EJECUCION, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. El hecho de que alguna autoridad no haya sido señalada como parte en el juicio de amparo, no implica que no esté obligada a cumplir con el fallo protector, por el contrario, a su cumplimiento se obligan todas aquellas autoridades que por razón de sus funciones deban intervenir en su ejecución. IV. Apercibimiento. De no acatar lo anterior, sin causa justificada, en el lapso indicado, se le impondrá a su titular una multa relativa a la cantidad que resulte equivalente a cien unidades de medida y actualización (UMA), vigente al momento de su aplicación, esto es, $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los numerales 237, fracción I, correlacionado con el diverso artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. III. Superior jerárquico. En acatamiento al numeral 192, párrafo segundo, y 193, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se requiere al Secretario de Infraestructura y Obra Pública del Estado de Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de la autoridad requerida, para que ordene al referido titular, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados, además de que se incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad encargada del cumplimiento.

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