José Antonio Vázquez Argote
Expediente 571/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 571/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/07/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Antonio Vázquez Argote
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE JULIO DE 2019, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "León, Guanajuato, a veinticinco de julio de dos mil diecinueve. I. Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó de plano la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de ocho de julio de dos mil diecinueve. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: Se desechó de plano la demanda de amparo. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones de conformidad con la fracción II, artículo vigésimo primero. III. Requerimiento a la parte quejosa. Finalmente, con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado acuerdo, se previene a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este Juzgado Federal a recoger la documental que anexó a su escrito inicial de demanda, apercibida que de no hacerlo en el término indicado, en su momento se destruirá junto con el expediente. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así, lo proveyó y firma la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, encargada del despacho por licencia concedida a la titular, en términos del primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en el oficio CCJ/ST/2990/2019, de dos de julio de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de dicha comisión, licenciado Vicente David Burguet Franco, quien actúa asistida de la licenciada María Quiroz García, secretaria que autoriza y da fe."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE OCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, a ocho de julio de dos mil diecinueve. I. Registro en el libro de gobierno. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo, con el número 571/2019-I, y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. II. Parte quejosa. José Antonio Vázquez Argote. III. Autoridades responsables. Juez Tercero Civil de Partido, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. IV. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo se obtiene que la parte impetrante señala como acto reclamado la orden de desalojo emitida dentro del expediente 166/2001-C, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, respecto del bien inmueble ubicado en calle Noche Buena, número 136, de la colonia Jardines de San Pedro, de esta ciudad, que aduce poseer con motivo del contrato de arrendamiento que celebró el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, con Esbeide Yohali Valdivia Márquez, como arrendadora. Ahora bien, a efecto de proveer lo procedente, respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, la Ley de Amparo o la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, respecto al acto reclamado en esta vía constitucional, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: El precepto mencionado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. (.)." La citada porción normativa contempla la improcedencia del juicio constitucional, cuando se promueve contra alguna resolución que haya sido dictada en los juicios de amparos, o bien, en ejecución de un fallo emitido dentro de los mismos, y tiene como objetivo proteger la estabilidad o seguridad jurídica, que no existirían si fuera factible combatir en nuevos juicios de amparo las resoluciones pronunciadas en diverso juicio constitucional o en cumplimiento de éstas, a lo que se suma que la cadena de juicios que en tal supuesto pudiera originarse sería interminable, por lo que, para evitarlo, la propia ley de la materia ha creado diversos recursos precisamente para impugnar tales resoluciones, como el de revisión (artículo 81), queja (ordinal 97) y el de reclamación (numeral 104), en la inteligencia de que lo que en estos medios de impugnación se resuelva será inobjetable. Por tanto, de conformidad con la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a ellas y, por tanto, no emite consideraciones propias con plenitud de jurisdicción que ameriten un nuevo análisis por el juez constitucional, puesto que no hace más que sustentar las consideraciones prefijadas y jurídicamente emitidas por la autoridad de amparo para emitir sus determinaciones, de ahí que no exista un tema novedoso por analizar si se promueve otro amparo para combatirlas. Esto es, el precepto en análisis se refiere a aquellas resoluciones que las autoridades responsables emitan, derivadas de la sentencia dictada en un juicio constitucional; por tanto, el nuevo amparo que se intente contra el actuar de la responsable derivado del acatamiento dado a la ejecutoria de amparo, resulta improcedente porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. En el caso que ocupa la atención, el quejoso José Antonio Vázquez Argote, acude a reclamar la orden de desalojo emitida dentro del expediente 166/2001-C, del índice del Juzgado Tercero Civil de Partido de esta ciudad, respecto del bien inmueble ubicado en calle Noche Buena, número 136, de la colonia Jardines de San Pedro, de esta ciudad, que aduce poseer con motivo del contrato de arrendamiento que celebró el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, con Esbeide Yohali Valdivia Márquez, como arrendadora, derivado de lo cual se estima que se surte la referida causal de improcedencia, en virtud de que el acto reclamado se emitió en ejecución del fallo dictado en el diverso juicio de amparo 464/2018-IV y su acumulado 546/2018-I. Ello es así, toda vez que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte que este Juzgado Federal resolvió con antelación el referido juicio 464/2018-IV y su acumulado 546/2018-I, promovidos, el primero, por los menores cuyos nombres llevan por iniciales AYVV, MYVV y YAVV, representados por su madre Esbeide Yohali Valdivia Márquez y, el segundo, por Héctor Alonso Velázquez Valenzuela, representado por su esposa Esbeide Yohali Valdivia Márquez, así como por ésta última por propio derecho, en los que se reclamó lo siguiente: Juicio de amparo 464/2018-IV: La falta de llamamiento al procedimiento de ejecución de sentencia dentro del juicio civil 166/2001, como terceros extraños al ser acreedores alimentarios. El embargo, audiencia de remate y adjudicación de los bienes inmuebles embargados propiedad de Héctor Alonso Velázquez Valenzuela. La inminente privación de la posesión de los inmuebles ubicados en calle Noche Buena número 136, colonia Jardines de San Pedro, y calle Bahía de Sena número 112, colonia Delta 2000, ambos de esta ciudad, que mantienen en su poder, así como la administración de los mismos. Juicio de amparo 546/2018-I. La falta de notificación al procedimiento de ejecución de sentencia, dentro del juicio civil 166/2001. La sentencia interlocutoria de veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis en el incidente de ejecución de convenio. Embargo de bienes inmuebles, audiencia de remate, adjudicación y orden de desalojo o desposesión. Asunto que fue resuelto mediante sentencia dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la que este órgano de control constitucional valoró los diversos medios de convicción que ofertó la parte quejosa, en la especie, Esbeide Yohali Valdivia Márquez, para acreditar el interés jurídico que le asistía para acudir a defender, en lo que aquí interesa, el bien raíz ubicado en calle Noche Buena, número 136, de la colonia Jardines de San Pedro, de esta ciudad, propiedad de su esposo, entre los que destacan en el original del contrato privado de arrendamiento celebrado entre Esbeide Yohali Valdivia Márquez, como arrendadora, y Maribel Escoto Banda, como arrendataria, respecto del referido bien raíz, por el plazo de dos años a partir del veinte de diciembre de dos mil diecisiete, ratificado ante la fe del Notario Público número 64 de esta ciudad, el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, y que ahora acude a defender el impetrante con diverso contrato de arrendamiento celebrado el veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, esto es, estando aún vigente el diverso acuerdo de voluntades, el cual fue ponderado en dicho juicio de amparo, en el sentido de que solo era apto para acreditar que dicha persona (Esbeide Yohali Valdivia Márquez) celebró un contrato respecto del bien raíz propiedad de su esposo ausente o desaparecido Héctor Alonso Velázquez Valenzuela; empero, que la misma carecía de facultades para representar a su cónyuge, puesto que en ningún momento se le concedió la representación legal, ya sea provisional o definitiva, por lo que se procedió a sobreseer en dicho asunto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en correlación con los ordinales 6º y 10 de la misma legislación; determinación que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en sesión de ocho de mayo del año en curso. Derivado de lo anterior, se determina que la orden de desalojo decretada en el juicio de origen 166/2001-C del índice del juzgado responsable, que acude a reclamar en este asunto José Antonio Vázquez Argote, deriva de la determinación emitida por este Juzgado Federal, confirmada por la superioridad, en el sentido de que la persona que fungió como arrendadora del bien raíz que acude a defender el impetrante, esto es, Esbeide Yohali Valdivia Márquez, carece de facultades para representar al propietario del referido inmueble, y por tanto, de disponer del mismo, lo que trajo como consecuencia que el juzgado responsable continuara con la prosecución de la etapa de ejecución en el juicio de origen, de ahí que la orden de desalojo reclamada sea consecuencia de la determinación dictada en diverso juicio de amparo. Tan es así, que de las documentales que obran en el referido asunto 464/2018-I y su acumulado 546/2018-I, destaca la existencia de copia certificada de la escritura pública número 17,213 de veintiuno de enero de dos mil diez, pasada ante la fe del Notario Público número 73 con legal ejercicio en esta localidad, con la que se acredita que Héctor Alonso Velázquez Valenzuela es propietario del bien raíz, cuya posesión pretende defender ante esta instancia el impetrante, ubicado en calle Noche Buena, número 136, de la colonia Jardines de San Pedro, de esta ciudad, con motivo del contrato de arrendamiento que celebró con la esposa de éste, respecto de la cual se determinó en diverso juicio constitucional que carecía de facultades para actuar en su representación, por lo que en acatamiento a tal decisión, el juez responsable continuó con la tramitación del juicio de origen, al que se intentó incorporar Esbeide Yohali Valdivia Márquez, y ordenó el desalojo reclamado, en contra de la parte perdidosa del juicio natural (Héctor Alonso Velázquez Valenzuela), propietario del bien raíz cuya posesión reclama el quejoso; de ahí que resulte incuestionable que en el caso se actualiza la invocada causal de improcedencia, ya que el acto reclamado por la parte quejosa, deriva directamente de la decisión emitida en un diverso juicio constitucional. Circunstancia que impide a este Juzgado realizar el estudio en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto aquí reclamado, al ya haberse dilucidado que la persona que arrendó al quejoso el bien raíz que acude a defender, carece de facultades para disponer del mismo, en representación del propietario, sin que la presente decisión deje en estado de indefensión al impetrante, puesto que tiene a su alcance los medios legales para instar a la arrendadora la devolución del dinero que aduce haberle entregado con motivo del arrendamiento del multicitado inmueble. Es aplicable la Jurisprudencia 57/2018, sustentada por la Primea Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 829 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación del Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, Décima Época, Registro 2018315, bajo el rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Finalmente, se determina que constituye un hecho notorio la existencia del juicio de amparo 464/2018-I y su acumulado 546/2018-I, así como la sentencia dictada en el mismo, sin que para ello sea menester deducir copia certificada, de conformidad con lo establecido en el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, al haber sido emitida por este tribunal federal y obrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); empero, para mayor claridad, glósese copia certificada de las constancias necesarias de dicho asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal, visible en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, de rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO." Asimismo, en cuanto a su contenido, es aplicable el criterio contenido en la tesis 237, sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en la página 160, del apéndice de 1995, Quinta Época, de rubro: "EJECUCION DE SENTENCIAS DE AMPARO. (AMPARO IMPROCEDENTE)." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61, de la Ley de Amparo y con apoyo en el artículo 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda de amparo. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que refiere en su libelo constitucional, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la persona que menciona por contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial). Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada María Quiroz García, Secretaria que autoriza y da fe.
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