José Antonio Valdovinoz Mendoza

Expediente 307/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de octubre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
307/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
23/10/2015

Partes del expediente

  • José Antonio Valdovinoz Mendoza
  • Juez Primero de lo Penal. Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintitrés de octubre de dos mil quince. Visto el estado de autos, se advierte que mediante oficio registrado con el número 15099, se tuvo al Juez Primero Penal de Primera Instancia, de esta ciudad, haciendo del conocimiento de este órgano jurisdiccional los actos realizados en cumplimiento a la sentencia de amparo, de los que destaca el acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 224/2015, que se instruye a la parte aquí quejosa. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil quince, se dio vista a la parte quejosa con los actos realizados por la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base a los elementos que obraran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el veintidós de septiembre de dos mil quince, sin que ésta hubiere realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, que en lo que aquí interesa establece que con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución en la que declare si está cumplida o no la sentencia y, agrega, por el término cumplida deberá entenderse cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Luego entonces, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Es de apoyo la tesis 2a.XXXVIII/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página trescientos quince, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECRETARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, en contra de la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, de esta ciudad, para los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, dictado en la causa penal 224/2015. Dictara una nueva determinación en la que precise las razones y circunstancias de hecho y de derecho por las que estima que la caución correspondiente es asequible y cumple con el objetivo de garantizar la buena marcha del proceso, ponderando desde luego, el mayor o menor interés del inculpado de sustraerse de la acción de la justicia, entorpeciendo y retardando su marcha normal. Por acuerdo de once de septiembre de dos mil quince, al no haber sido recurrida mediante recurso de revisión la sentencia de amparo, ésta causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable para que cumplimentara el fallo protector. Del examen de las constancias enviadas por el Juez responsable en el oficio registrado con el número 15099, a las que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, se desprende en esencia lo siguiente: Mediante proveído de diecisiete de septiembre de dos mil quince, el Juez Primero Penal de Primera Instancia, de esta ciudad, dentro de la causa penal 224/2015, dictó una nueva determinación siguiendo los lineamientos de este órgano jurisdiccional. En ese orden, actuando dentro del proceso penal referido, el Juez responsable, fijó como monto para que el inculpado pudiera gozar del beneficio de la libertad provisional, la cantidad de veinte mil pesos moneda nacional y, para establecer tal suma, ponderó, en lo que aquí interesa, las circunstancias atinentes al delito que se imputa a la parte aquí quejosa, así como las particularidades que rodean la conducta delictiva de que se trata, incluyendo aquellas propias del inculpado, quien tiene treinta y siete años de edad, es comerciante, de estado civil soltero, con dos hijos, originario de Tecatitlán, Estado de Jalisco, con ingresos semanales de dos mil pesos moneda nacional y cursó la educación preparatoria, monto que además estimó es suficiente para garantizar la buena marcha del proceso penal. En esas condiciones, con lo expuesto en precedentes resulta evidente que se colman los lineamientos contenidos en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por los que se otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, al haber emitido la autoridad responsable nuevos actos que evidencian una restitución de los derechos fundamentales violados a la parte impetrante; en función de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA. Consecuentemente, ARCHÍVESE el presente juicio como asunto totalmente concluido, en términos de lo dispuesto por el aludido precepto legal. Háganse las anotaciones de ley en el libro correspondiente. Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, aunado a que no obran documentos originales, así también, que no se abrió el incidente de suspensión y, además, de que se estima que este expediente carece de relevancia documental; con fundamento en lo dispuesto en el capítulo quinto referente a la depuración y destrucción de expedientes judiciales, disposición general vigésima primera, inciso IV del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declara que este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, debiéndose conservar la demanda de garantías y la sentencia dictada en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  2. Principal

    Ensenada, Baja California, once de septiembre de dos mil quince. Vista la certificación de cuenta y en atención a que transcurrió el término legal a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo en vigor, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de agosto de dos mil quince, que concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En esa virtud, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 192 de la Ley de Amparo y artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. Hágase la anotación de estilo en el libro de gobierno. Ahora bien, previo a emitir el requerimiento respectivo a la autoridad responsable, se estima conducente establecer que el análisis del sumario revela que mediante oficio 1891-I (registro local 13470), la Juez Primero de Primera Instancia Penal, de esta ciudad, acusó recibo del diverso oficio 8814/2015, enviado por este órgano jurisdiccional, que contiene la resolución constitucional de veinticinco de agosto de dos mil quince; así también, comunicó que, a su juicio, en el presente asunto podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (actos consentidos), ello en ponderación a que dentro de la causa penal 224/2015, de sus índices, y de la que emanan los actos reclamados, el inculpado, aquí quejoso, en veintisiete de junio de dos mil quince, depositó ante esa autoridad judicial la caución requerida para gozar de su libertad provisional. En ese orden de consideraciones, y al margen de que en la sentencia de amparo, se analizaron las circunstancias relatadas por la autoridad responsable en la misiva aludida, y se estimó que el hecho de que el inculpado, aquí quejoso, hubiere exhibido la garantía fijada para gozar de su libertad provisional bajo caución, ello en ningún sentido, podía traducirse en un consentimiento del acto de reclamo en el presente juicio de garantías, lo que es así, ya que el auto combatido (acuerdo que fijó la garantía para gozar del beneficio de libertad provisional), se vincula con la libertad, esto es, constituye un acto relacionado con la restricción o privación de su libertad provisional, que genera una lesión, de manera cierta e inmediata y, por tanto, verificable en el juicio de amparo, al ser la libertad un derecho sustantivo que tutela la Constitución General de la República. Sirviendo de apoyo la jurisprudencia 1ª./J. 71/2013 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, notable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIV, septiembre de dos mil trece, tomo 1, materia común, página 898, Décima Época, de rubro siguiente: "LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA FIJADA POR EL JUEZ NO IMPLICA EL CONSENTIMIENTO DE LAS DETERMINACIONES CONTENIDAS EN EL AUTO RELATIVO, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL." Por lo anteriormente expuesto, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, de esta ciudad, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de su notificación, dicte las providencias correspondientes en cumplimiento al fallo protector emitido en el juicio de amparo en que se actúa y envíe las constancias que así lo acrediten. En el entendido que los efectos de la sentencia de amparo son: 1.- Dejar insubsistente el auto de veintinueve de mayo de dos mil quince, emitido dentro de la causa penal 224/2005, del índice del Juzgado Primero Penal de Primera Instancia, de esta ciudad. 2.- Dictar una nueva determinación en la que la Juez responsable precise las razones y circunstancias de hecho y de derecho por las que considere que la caución correspondiente es asequible y cumple con el objetivo de garantizar la buena marcha del proceso, ponderando desde luego, el mayor o menor interés del inculpado de sustraerse de la acción de la justicia, entorpeciendo y retardando su marcha normal. De igual manera, se puntualiza que la circunstancia de que el procesado hubiere cubierto la garantía para gozar del beneficio de libertad provisional, tal y como lo hizo del conocimiento de este órgano jurisdiccional la Juez responsable en el oficio 1891-I (registro local 13870), ello de manera alguna implica una imposibilidad jurídica y material para cumplir con la sentencia de amparo, dado que, la responsable debe utilizar todos los medios a su alcance para cumplir con el fallo protector ejecutoriado. En apoyo se cita la tesis de la Sexta Época, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, volumen LXXX, cuarta parte, materia común, página cincuenta y ocho, cuyo rubro y texto: "SENTENCIAS DE AMPARO, EJECUCION DE LAS. Dictada una sentencia que concede el amparo, las autoridades responsables están obligadas a emplear todos los medios que la ley ponga a su alcance para restituir las cosas en el goce de las garantías violadas, y para esto debe restablecer las cosas al estado que tenían antes de la violación, sin que puedan invocarse derechos de tercero, pues la Suprema Corte de Justicia ha sostenido que, tratándose de un fallo que concede la protección constitucional, ni aun los terceros que hayan adquirido de buena fe pueden entorpecer la ejecución del fallo a pretexto de que se violen sus derechos." Asimismo, la tesis jurisprudencial........... Finalmente, se apercibe a la autoridad responsable que de no hacerlo dentro del término otorgado, o bien comunicar la imposibilidad que para ello tenga, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para que se siga el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, tal como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo y el numeral 193 párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el precepto 258 del ordenamiento legal citado. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiocho de agosto de dos mil quince. Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Juez Primero de Primera Instancia Penal, de esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 8814/2015, que contiene la resolución constitucional de veinticinco de agosto de dos mil quince, que otorgó el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, así también, informa que en el presente asunto podría actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo (actos consentidos), por los motivos que expone en el oficio que se atiende; agréguese a los autos para que obre como corresponda, y provéase lo conducente una vez que cause ejecutoria la sentencia de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a JOSÉ ANTONIO VALDOVINEZ MENDOZA, por lo que hace al acto de reclamo que le atribuyó a la autoridad responsable, por lo considerado y para los efectos establecidos en el último apartado de la presente resolución. NOTIFÍQUESE, POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA, EN TÉRMINOS DE LEY.

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