José Antonio Valdez Lugo
Expediente 1747/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1747/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
Partes del expediente
- José Antonio Valdez Lugo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA III Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, la constancia de notificación personal practicada al quejoso ******************** el veintitrés de noviembre del año en curso, de la que se advierte que realizó las siguientes manifestaciones: "ME DOY POR NOTIFICADO DEL ACUERDO, MAS SIN EMBARGO MANIFIESTO DESCONOCER EL ACTO RECLAMADO GENESIS DEL PRESENTE AMPARO DEBIDO A QUE NO SE ME HA NOTIFICADO NINGUN OTRO ACUERDO POR LO CUAL SOLICITO QUE CON TOTAL INDEPENDENCIA DE LA LEGAL NOTIFICACION QUE SE LE HAGA A MI DEFENSA PUBLICA SE ME OTORGUE COPIA CERTIFICADA EN TERMINOS DEL ART. 3ERO PÁRRAFO 3ERO DE LA LEY DE AMPARO DE TODO LO QUE SE A SUSTANCIADO EN EL PRESENTE JUICIO BISTANCIALY SE ME ENTREGUE EN EL RECINTO CARCELARIO DONDE ESTOY INTERNO"(SIC) A las aseveraciones insertas en las razones de cuenta se les concede valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su ordinal 2°, porque la fe dada por un funcionario judicial, en ejercicio de su encargo conserva su valor probatorio para tener por cierto lo ahí asentado, pues se encuentra investido legalmente de fe pública. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 202, del Tomo XI, marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ACTUACIÓN JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso, por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad". En ese sentido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2° a la Ley de Amparo, expídanse gratuitamente a ******************** copia certificada de las constancias que solicita; por tanto, se comisiona al actuario judicial adscrito para que haga entrega de las citadas copias en el centro de reclusión donde se encuentra. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, y personalmente a ******************** en el centro de su reclusión.
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta por el que el Defensor Público Federal ********************, en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en auto de dieciséis de los cursantes, acepta y protesta el cargo conferido, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita la consulta del expediente electrónico y solicita copia del escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, téngase a ********************, como asesor jurídico del quejoso ******************** De igual manera, en atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "********************", por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por el promovente, consistente en el usuario que proporcionó, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a la solicitud de que se le proporcione copia del escrito de demanda, se acuerda favorable su petición, por tanto remítasele la misma mediante oficio, para los efectos legales procedentes. En diverso orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se reservó realizar la notificación del proveído de nueve de noviembre del año en curso, hasta en tanto el quejoso contara con asesor jurídico, lo que a la fecha ya aconteció. En ese sentido, se levanta la reserva decretada en auto de nueve de noviembre del año de dos mil veintitrés, y se ordena la notificación del referido auto al quejoso y al referido asesor jurídico. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, personalmente al quejoso y al asesor jurídico, la presente determinación y la diversa de nueve de noviembre de dos mil veintitrés.
- Principal
MESA III DEFENSOR CITATORIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEIDO DE DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO Toluca, Estado de México; diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el escrito de cuenta por el que el Defensor Público Federal ********************, en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en auto de dieciséis de los cursantes, acepta y protesta el cargo conferido, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, solicita la consulta del expediente electrónico y solicita copia del escrito inicial de demanda. Atento a lo anterior, téngase a ********************, como asesor jurídico del quejoso ******************** De igual manera, en atención a la certificación de cuenta, en términos del ordinal 3° de la legislación de amparo se autoriza la consulta del expediente electrónico al usuario "********************", por lo que se comisiona al analista jurídico de esta adscripción para la apertura de campos necesarios para tal fin. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por el promovente, consistente en el usuario que proporcionó, el cual fue corroborado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En atención a la solicitud de que se le proporcione copia del escrito de demanda, se acuerda favorable su petición, por tanto remítasele la misma mediante oficio, para los efectos legales procedentes. En diverso orden de ideas, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se reservó realizar la notificación del proveído de nueve de noviembre del año en curso, hasta en tanto el quejoso contara con asesor jurídico, lo que a la fecha ya aconteció. En ese sentido, se levanta la reserva decretada en auto de nueve de noviembre del año de dos mil veintitrés, y se ordena la notificación del referido auto al quejoso y al referido asesor jurídico. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese, personalmente al quejoso y al asesor jurídico, la presente determinación y la diversa de nueve de noviembre de dos mil veintitrés. NUEVE DE NOVIEMBRE DE ESTE AÑO RADICACIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del Jueces de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número 1747/2023-III. PRECISION DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 40/2000 con registro 192097, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 32 del Tomo XI, Abril de 2000, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. Previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. A su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Asimismo, cabe destacar que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por el promovente, se advierte que el quejoso manifestó que el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, tuvo conocimiento de la orden de aprehensión combatida en el presente sumario. Hecha tal precisión, es dable establecer que este Órgano Jurisdiccional advierte que, en el caso en estudio, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 17 y 18 de dicha legislación, ya que el acto reclamado por el solicitante de amparo se encuentra consentido tácitamente. En efecto, para dar claridad a esa causa de improcedencia, es necesario reproducir el contenido de los artículos antes mencionados -todos de la Ley de Amparo- los cuales rigen en los términos siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" . "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Luego, los artículos anteriormente citados, establecen las reglas generales para la presentación de la demanda de amparo; esto es, en cuanto a la oportunidad en que debe promoverse. Así, el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, precisa como regla general que el juicio de amparo debe promoverse dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación practicada al quejoso, del acto o resolución que se combate, pero atendiendo siempre a la legislación que la rija o bien, al día siguiente en que el peticionario de amparo haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución o, en su caso, al día siguiente en que el solicitante de amparo se hubiese ostentado sabedor de los actos tildados de inconstitucionales. Por su parte, las fracciones I, II, III y IV del precitado artículo 17 de la Ley de Amparo, establecen las excepciones a la regla general ya mencionada; a saber: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o bien, el procedimiento de extradición. Cuando se impugne la sentencia definitiva condenatoria, en un proceso penal que imponga pena de prisión. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Con base en lo antes expuesto, resulta incuestionable que el acto de autoridad que se tilda de inconstitucional no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que no se está impugnando la vigencia de una ley, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, por el artículo 15 de la Ley de Amparo; finalmente, con la promoción de este juicio constitucional no se pretende defender o salvaguardar derechos agrarios de los núcleos de población ejidal o comunal. De ahí que, para arribar a esa conclusión, es necesario reiterar que la parte quejosa acude a esta vía constitucional, para reclamar la orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución, de la cual el promovente de la demanda manifestó bajo protesta de decir verdad tuvo conocimiento desde el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés. Bajo esa tesitura, resulta indiscutible que la parte quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que tuvo conocimiento del acto reclamado, en términos de lo previsto en el artículo 18 del ordenamiento legal en cita. Se arriba a esta determinación, en principio, porque resulta innegable que el acto de autoridad tildado de inconstitucional, como se ha precisado, no se ubica en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; ya que, se reitera, la parte quejosa no está impugnando una norma general autoaplicativa, tampoco actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, y mucho menos se trata de aquellos actos prohibidos, enunciados en el artículo 22 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien, en el artículo 15 de la Ley de Amparo. Por tanto, de acuerdo con el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, concatenado con el diverso artículo 18 del mismo cuerpo normativo, se insiste, la quejosa contaba con el plazo de quince días para presentar su demanda, a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto que reclama. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa en su escrito de demanda manifestó: "V.- HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTORECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.- Es el caso que mi familia me vino a visitar al Centro Federal en que me encuentro recluido el día sábado 19 de agosto de 2023, contándome que se habían enterado por medio de los abogados que me quieren librar una orden de aprehensión por el delito de Delincuencia Organizada, al igual me lo confirmó uno de mis coprocesados, que efectivamente a él también tiene la intención de librarle una orden de aprehensión por el mismo delito que a mi, es decir delincuencia organizada, sin contar con un mandato judicial o de autoridad competente que cumpla con la debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto de autoridad, lo que ineludiblemente provoca una trasgresión a las garantías y los derechos humanos que tenemos todos los ciudadanos como gobernados." Manifestación que deben considerarse como una confesión expresa, lo cual se traduce en una prueba plena de esos hechos, según lo disponen los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: "Artículo 199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: Que sea hecha por persona capacitada para obligarse. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y Que sea de hecho propio, o en su caso, del representante o del cedente y concerniente al negocio." "Artículo 200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 321664, cuyo rubro y texto son: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo pueda dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." También es aplicable en lo conducente, la tesis publicada en la página 652, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, sección segunda, precedentes del Tribunal Pleno, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO.- El artículo 21 de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías es de quince días que se computarán desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Por tanto, si tuvo conocimiento de lo anterior de la orden de aprehensión combatida el diecinueve de agosto de dos mil veintitrés, como se advierte de las manifestaciones vertidas por el propio quejoso, evidentemente el término para promover la demanda de amparo en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, trascurrió con exceso. Por lo que, es incuestionable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen a este juicio, hasta el seis de noviembre de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, ya había transcurrido con exceso el plazo de quince días para incoar la acción constitucional, y por tanto su presentación deviene extemporánea. Es aplicable la jurisprudencia 14, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 11, del Tomo VI, Parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del año mil novecientos noventa y cinco, Quinta Época, materia común, con número de registro 393970, que establece: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo que nos ocupa por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; téngase por domicilio el lugar donde se encuentra recluido el quejoso. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizado a ********************, en términos restringidos del artículo 12 de la ley de la materia; es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto registre su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. DESIGNACIÓN DE DEFENSOR. Ahora bien, como no se advierte que la quejosa designe autorizados, a fin de no dejar en estado de indefensión a la impetrante, con fundamento en el artículo 29, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, requiérase al Delegado del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Estado de México, con residencia en esta ciudad, a fin de que, en el término de tres días legalmente computados, designe a un Asesor Jurídico al aquí quejoso, para que la represente durante la tramitación del presente juicio de amparo, quien dentro del mismo plazo deberá remitir oficio con su firma autógrafa y copia de su identificación oficial vigente, en el que manifieste que acepta y protesta el cargo conferido o bien en el mismo tiempo comparezca ante este juzgado a aceptar el cargo conferido e imponerse de los autos, apercibido de que en caso de ser omiso se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Por tanto, remítase copia de la demanda de amparo y del presente auto, en el entendido de que una vez que se designe defensor las notificaciones se realizarán por su conducto en términos del artículo 26, fracciones I y III, de la Ley de Amparo, según corresponda. SE RESERVA NOTIFICACIÓN. Ahora bien, se reserva realizar la notificación del presente proveído, hasta en tanto le sea designado asesor jurídico al quejoso. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, para que continúen la tramitación del asunto, a través del portal de "juicio en línea", para tal efecto, deberán ingresar a la liga virtual http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea, a efecto de que obtengan su firma electrónica. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede y con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio signado por la Titular de la Delegación del Instituto Federal de la Defensoría Pública en el Estado de México, por el cual en cumplimiento a lo requerido por este Juzgado en auto de nueve de los cursantes, informa que designó al Licenciado ********************Defensor Público Federal, para que funja como asesor jurídico del quejoso ******************** Atento a ello, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito, y se deja sin efectos el apercibimiento con que se le conminó. En esas condiciones, se tiene por hecha la designación correspondiente y se requiere al Defensor Público ********************para que dentro del plazo de tres días contados legalmente, remita oficio con su firma autógrafa y copia de su identificación oficial vigente, en el que manifieste que acepta y protesta el cargo conferido o bien en el mismo tiempo comparezca ante este juzgado a aceptar el cargo conferido e imponerse de los autos, apercibido de que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, así como Segundo y Tercero Transitorios de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese personalmente.
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