José Antonio Urtecho Torres
Expediente 1580/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1580/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- José Antonio Urtecho Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón de cuenta que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el nueve de agosto pasado en este juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, y en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del artículo 2 de la misma, se declara que la expresada resolución que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto definitivamente concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se tramitó el incidente de suspensión relativo por no haberse solicitado, y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en el citado inciso y numeral ya citados, por lo que ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, lo que se podrá realizar una vez transcurridos los tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, en cuanto al valor jurídico no lo tiene el presente juicio de amparo. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Ilse Alpuche Aguilar, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con cinco minutos del nueve de agosto de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa, se procede al desahogo de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, dentro del juicio de amparo indirecto 1580/2022, promovido por José Antonio Urtecho Torres, por su propio derecho, contra un acto del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida; haciéndose constar que no comparecieron las partes en forma personal ni por conducto de representante o apoderado. En este acto, el Secretario da cuenta con el registro de Oficialía de Partes 17360, relativo al oficio relativo al Tribunal responsable, y anexo que acompaña. A lo que la Jueza acuerda: Agréguese a los autos el oficio de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Relación de constancias. A continuación, la Jueza ordena a la Secretaría hacer una relación de las constancias de autos, por lo que se dio cuenta con las siguientes: a) Demanda de amparo y anexos; b) Auto admisorio de la demanda; c) Constancia de notificación a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado; y, d) Proveído mediante el cual se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable y se dio vista a las partes para que expresaran lo que a sus derechos conviniera. Acto seguido, la Jueza acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de control constitucional y convencional, incluyendo el informe justificado rendido por el Tribunal responsable. Período probatorio. Con vista en lo anterior, se procede a abrir el período probatorio, por lo que el Secretario procede a dar cuenta con la documental exhibida por el Tribunal responsable, así como con las documentales ofertadas por la parte quejosa. Atento a lo antes señalado, la Jueza acuerda: Ténganse por ofrecidas las pruebas con las que dio cuenta la Secretaría, las cuales conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan para los efectos legales, atento a su propia y especial naturaleza jurídica; cerrándose la etapa probatoria. Período de alegatos. Enseguida se abre el período de alegatos, por lo que el Secretario de Juzgado da cuenta con las manifestaciones vertidas por la parte quejosa. A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por vertidas las alegaciones de cuenta; con lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Cierre de la audiencia. A continuación, la Jueza procede a declarar que por virtud de haberse agotado la audiencia en los términos señalados, no habiendo otro asunto pendiente de desahogo, quedan vistos los autos para dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 1580/2022; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitida el mismo día a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, José Antonio Urtecho Torres, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en la omisión de dictar laudo en el juicio reclamatorio laboral 30/2014 de su índice. La parte quejosa señaló como violados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 8 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Mediante auto de veintiocho de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue tuvo verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Este órgano de control constitucional es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia laboral, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que esta Juzgadora Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar claramente el acto reclamado, con base en el estudio integral de la demanda de garantías, para establecer lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente el que en apariencia señaló como tal, de acuerdo a lo sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, de abril de 2004, visible a página 255, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido, del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: ° La omisión del Tribunal responsable de dictar laudo en el juicio laboral 30/2014. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, ya que así lo manifestó expresamente al rendir su informe justificado. Lo anterior se corrobora con la copia certificada de las constancias relativas al juicio laboral de origen, que remitió el Tribunal responsable como justificación de su informe, pues de ellas se advierte que, hasta la fecha en que se presentó la demanda, no se había dictado el laudo correspondiente. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Actualización de una causal de improcedencia. Ahora bien, una vez sentado lo anterior, debe decirse que el análisis de la procedencia del juicio de amparo es de orden público, y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, en términos de lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 262, tomo Parte VIII, Quinta Época, del Apéndice de 1985 al Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Es conveniente señalar que para la actualización de esta causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable anule o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, se deje sin efectos, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino el examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, se reitera, la parte quejosa reclamó del Tribunal responsable, la omisión de dictar el laudo relativo al controvertido 30/2014. Ahora, de las constancias que remitió dicho Tribunal, se advierte que el cinco de agosto de dos mil veintidós, emitió el laudo relativo al juicio reclamatorio laboral 30/2014; lo anterior, evidentemente, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo que nos atañe. En mérito de lo anterior, resulta obvio que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de la Materia, habida cuenta que el Tribunal responsable ya ha emitido el laudo correspondiente al controvertido de origen. Por consiguiente, si el efecto jurídico de la sentencia de amparo es restituir a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado, en el caso, al haber cesado los efectos del acto que reclamó, resulta ocioso examinar su constitucionalidad o inconstitucionalidad, toda vez que ya no surte efectos, ni los surtirá y, por ende, no vulnera la esfera jurídica de la parte peticionaria de amparo, y por tanto, no existe motivo para el análisis de la alegada violación constitucional que se reclamó de la autoridad responsable, en razón de que no puede alcanzarse el objetivo protector, dada la cesación total de los efectos del acto reclamado. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 del propio ordenamiento legal. Sin que constituya obstáculo para arribar a la anterior determinación, el que no hubiere sido emplazado a juicio quien pudiere tener el carácter de tercero interesado; cuenta habida que, con el sentido de la misma, no se le ocasiona detrimento alguno a sus derechos procesales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis visible en la página 556, del Libro 39, Febrero de 2017, Tomo I, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal." Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora Federal, RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Antonio Urtecho Torres, contra el acto que reclamó del Tribunal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de los Municipios del Poder Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, consistente en la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 30/2014; ello, por los motivos indicados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que ha transcurrido el término para que la parte quejosa, recurriera el acuerdo de cuatro de julio del año en curso, contemplado en el artículo 97, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo. En consecuencia, se declara que dicho auto en el que se declaró prescrito el derecho de la parte quejosa para exigir la devolución del billete de depósito N 770544 por la cantidad de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, expedidos por la sucursal en esta ciudad, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. En acatamiento a lo dispuesto en el punto seis de la circular II/2007, emitida el once de julio de dos mil siete, y signada por la entonces Secretaría Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, por la PABLO PÉREZ PACHECO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d9.6f 12/12/22 10:45:01 que se precisa el procedimiento que se ha autorizado para la constitución y el manejo de los depósitos en dinero o en valores que se efectúen ante esos órganos Jurisdiccionales, en términos de lo previsto por la fracción III, del artículo 225 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y demás disposiciones aplicables, así como de conformidad con el primer párrafo del artículo 31, del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la Organización y Funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, el cual fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión de dos mayo de dos mil siete; remítase al Tesorero de la Federación, junto con el oficio que se le dirija, el billete de depósito en cuestión, debidamente endosado al Fisco Federal, así como copia certificada del auto de cuatro de julio del año en curso, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea necesario dar aviso de la remisión del billete de depósito de que se trata a la Dirección General de Tesorería, ni a la Secretaría Técnica del Fondo, ambas del Consejo de la Judicatura Federal, debiéndose en cambio, comunicar dicho movimiento al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, con el fin de que haga el registro correspondiente en el mencionado sistema, para los efectos legales correspondientes, esto, en atención a lo establecido en el tercer párrafo del citado numeral 31 del mencionado Acuerdo General 17/2007, y en el punto siete de la referida circular II/2007. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el citado Acuerdo General 17/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo 52, fracción V, extráigase copia del billete de que se trata, a fin de dejar constancia en el presente expediente. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de julio de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el oficio DGAD-CAJ-YUC- 37741-2022, suscrito por el Subdirector de Área del Centro Archivístico Judicial, con sede en Toluca, Estado de México, y con el diverso registro de Oficialía de Partes 11338, relativo al escrito de José Antonio Kantún Caballero, mediante el cual envía el expediente del juicio de amparo 568/2006 y su acumulado, constante de tres tomos. Acusando de recibido por vía electrónica al correo solicitudescat@correo.cjf.gob.mx. Asimismo, y toda vez que mediante proveído de diecinueve de mayo del año en curso, se reservó acordar respecto el escrito de José Antonio Kantún Caballero, quien es tercero extraño al presente juicio de amparo. Ahora bien, en cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, y se le notifiquen los acuerdos aún los de carácter personal, proporcionando para ello sus nombres de usuarios, que son "valentearguelles", "arjona", "adriannahuat", y "vicmangil", relativo al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; al respecto, dígasele que no ha lugar acordar favorablemente a su petición, cuenta habida que de la revisión integral del presente juicio de amparo, no se advierte que tenga la calidad de parte en el mismo, de ahí que no sea factible acceder a dicha petición. Ahora bien, en cuanto a la diversa solicitud en el sentido de que se ordene al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial, con sede en esta ciudad, la cancelación del aviso de inicio de procedimiento judicial relativo al presente juicio de amparo, dado que aduce que con posterioridad a la culminación de del mismo, adquirió el predio materia de la presente litis, ubicado en el predio marcado con el número ciento tres, de la calle veintiséis, de la colonia Chuburná de Hidalgo, villa marcada con el número veintiocho del Conjunto habitacional "Villa Paraíso", lo anterior, a través de una compraventa que hiciera el trece de agosto de dos mil trece, contenida en la escritura pública trescientos veintiocho, otorgada ante la fe del Notario Público número ochenta y seis del Estado de Yucatán, lo que afirma se puede comprobar a través del link: https://bit.Iy/3DIsohv . Al respecto, dígasele al promovente que a través de la página de "Google", se trató de buscar dicho link que se proporcionó, sin embargo, aparece como página no encontrada, por políticas generales en materia de tecnologías de la información y telecomunicaciones, del sistema de este Juzgado, de ahí que no es posible corroborar la información que refiere en el escrito de mérito; no obstante lo anterior, infórmesele que de la revisión del presente sumario, se advierte que mediante acuerdo de catorce de marzo de dos mil siete, se ordenó el archivo del presente juicio, como totalmente concluido, por lo que se notificó a las autoridades responsables, entre estas al Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con sede en esta ciudad, el quince de marzo de ese propio año, según se aprecia del acuse de recibo de dicha notificación, de ahí que la responsable, no debe de tener ningún obstáculo para cancelar la anotación de aviso de inicio de procedimiento judicial relativo al presente juicio de amparo, por cuanto hace al predio señalado con antelación, y respecto de este juicio de amparo, cuestión que deberá hacerse del conocimiento de dicha dependencia, para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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