JOSÉ ANTONIO UBERA LÓPEZ y Otros.

Expediente 259/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
259/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
18/03/2016

Partes del expediente

  • JOSÉ ANTONIO UBERA LÓPEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    ...se declara firme dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.

  2. Principal

    ... En vista de lo anterior, quien aquí provee considera que se patentiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, que establecen: ... Del segundo de los numerales transcritos, se advierte que la procedencia del juicio de amparo respecto de actos emitidos dentro de juicio, se encuentra limitada a la condición de que sean de imposible reparación. Por tanto, para atender si el acto reclamado es o no de imposible reparación, debe estarse a la definición que al respecto aparece en el invocado inciso b) de la fracción V del artículo 107 transcrito, pues claramente establece que dicha figura se actualiza cuando los actos afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta manera, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que el diferimiento de la audiencia de procedimiento sumario señalada para el doce de febrero de este año, con motivo de la inasistencia del Agente del Ministerio Público, dentro del proceso 385/2012 del índice del Juzgado Primero de lo Penal de la ciudad de Puebla, no transgrede materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución y Tratados Internacionales, al no afectar a la parte quejosa en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera, pues se trata del diferimiento de una audiencia, situación que de manera alguna trasciende a una afectación material de alguno de los derechos fundamentales previstos en la Constitución y los tratados internacionales. En efecto, como se adelantó, la circunstancia de que la autoridad responsable haya determinado que no era posible llevar a cabo la audiencia señalada para el doce de febrero de este año por el motivo que citó, no transgrede derechos sustantivos, ya que no afecta a la parte quejosa en la vida, la integridad corporal, la libertad, el patrimonio, etcétera. Es decir, de llegar a existir una afectación, ésta no es directa porque con la sola emisión del acto reclamado no se afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos mencionados; tampoco es inmediata, pues se requiere de un acto posterior para determinar si el acto que ahora se reclama trascendió o no en su perjuicio. De lo anterior se colige que dicho acto no es de imposible reparación, pues no afecta por sí mismo de manera directa e inmediata derechos sustantivos tutelados en la Ley Fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte, pues no hay que perder de vista que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material o directa y, en el caso, dicha determinación de diferir la fecha señalada para la audiencia de procedimiento sumario, con motivo de la inasistencia del Agente del Ministerio Público, no puede considerarse una afectación a derechos sustantivos, en virtud de que no hay una afectación directa e inmediata en los derechos sustantivos del gobernado, como podría ser la libertad, posesiones, cosas, etcétera, por lo cual tal acto no genera ni produce huella en su esfera jurídica. ... En consecuencia, por ser notoria e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto acuerda ****, se ostenta como defensora particular de ***, pues a nada práctico llevaría requerir a la promovente para que acredite su personalidad, pues, para el caso de que cumpliera el requerimiento efectuado, la resolución que se emitiera sería en el mismo sentido que la presente, contraviniendo con ello el contenido del artículo 17 constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. Se tienen por señalados los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones personales; en tales condiciones, notifíquese por lista el presente acuerdo y los subsecuentes autos, aún los de carácter personal. A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. Finalmente, de conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, y 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el derecho fundamental de las partes a la oposición de la publicación de sus datos personales puede ejercerse en cualquier instancia seguida ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por lo que se hace de su conocimiento tal derecho, en el entendido de que aun cuando se omita expresar tal oposición, este órgano al emitir la sentencia respectiva elaborará la versión pública con el objeto de otorgar el acceso a la información al gobernado que la solicite, protegiendo la considerada legalmente como confidencial o reservada y suprimiéndose la relativa en los términos que prevé el artículo 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación.

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