Josè Antonio Turrubiarte Delgadillo
Expediente 896/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 10 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 896/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 01/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Josè Antonio Turrubiarte Delgadillo
- Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en el Estados y Municipios adscrito a la Unidad de Asuntois Jurícos de Auditoría Superior de la Federación
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
En la Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios dependiente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoria Superior de la Federación, por medio del cual solicita se cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y dígase al oficiante que deberá estarse a lo acordado en los párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 896/2020-IV, promovido por José Antonio Turrubiarte Delgadillo, por su propio derecho, contra actos del Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación y de otras autoridades; y, RESULTANDO. PRIMERO. Por escrito presentado el veintiséis de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Hidalgo, con Residencia en Pachuca, recibido el mismo día en el Juzgado Primero de Distrito, José Antonio Turrubiarte Delgadillo, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES. Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. Notificador adscrito a la Director (sic) General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios adscrito a la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación. Administración Desconcentrada de Recaudación Hidalgo 1. ACTO RECLAMADO. Del Director General.. 1. La ilegal orden y práctica de notificación de la resolución definitiva emitida dentro del PROCEDIMIENTO: DGRRFEM/A/10/2018/14/018, instruido en FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 2 contra del ahora quejoso. . todo lo actuado con posterioridad a la ilegal notificación de fecha 01 de julio de 2019. Del Notificador .. La . práctica de citatorio y citatorio de fecha 28 de junio del año de 2019, para diligenciar notificación de carácter personal, dentro del PROCEDIMIENTO: DGRRFEM/A/10/2018/14/018, instruido en contra del ahora quejoso. . todo lo actuado con posterioridad a la ilegal notificación de fecha 01 de julio de 2019. De la Administración Desconcentrada de Recaudación Hidalgo 1 se le reclama la . ejecución material y directa de requerimiento de pago y embargo derivado del PROCEDIMIENTO en contra del quejoso. SEGUNDO. El quejoso aduce que los actos reclamados violan en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14 y 16 constitucionales y dada la naturaleza del acto no se tuvo a persona alguna con el carácter de tercero interesado. TERCERO. En auto de veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, desechó la demanda por su manifiesta e indudable improcedencia; inconforme con ello, el quejoso interpuso recurso de queja, del que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, quien lo radicó con el número 9/2020, y en sesión de diez de febrero de dicha anualidad, lo declaró fundado, ordenando la admisión de la demanda. CUARTO. En cumplimiento a lo ordenado por el mencionado tribunal, en auto del veintiséis de febrero de dos mil veinte, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, admitió la demanda, señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, requirió a las responsables su informe justificado y ordenó dar la intervención que corresponde al agente del Ministerio Público Federal FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 3 adscrito a ese órgano jurisdiccional. QUINTO. Substanciado el procedimiento del juicio, en auto de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, la Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del juicio y ordenó remitirla a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, correspondiendo por turno a este órgano jurisdiccional, quien en auto veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, la radicó con el número 896/2020-IV, aceptó la competencia planteada, reconoció la legalidad de todo lo actuado por la Juez Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca; señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, ordenó dar vista al quejoso, por el término de quince días, computados legalmente, para que manifestara si deseaba ampliar la demanda respecto de la resolución definitiva de responsabilidad y el Pliego Definitivo de Responsabilidades, ambos de veinte de junio de dos mil diecinueve, dictados en el procedimiento DGRRFEM/A/10/2018/14/018, citatorio de notificación y cédula de notificación por instructivo de dichas resoluciones; así como respecto de la autoridad Administrador de Recaudación de la Ciudad de México "1" del Servicio de Administración Tributaria. SEXTO. En auto de dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, y se decretó que el procedimiento del presente juicio se continuaría en los términos en que fue plateada la demanda inicial, en tanto que transcurrió para el quejoso el plazo de quince días para ampliar su demanda respecto de los actos y autoridades precisadas en el referido acuerdo, sin que haya manifestado expresamente lo FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 4 prevenido; además, se fijó nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO. PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción III, de la Ley de Amparo; y 57, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman actos administrativos a autoridades de la misma naturaleza que residen en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La jurisprudencia en comento es de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 900,169, Novena Época Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo I, Página: 207) FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 5 La jurisprudencia invocada establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En esa tesitura, de la lectura integral de la demanda, se colige que los actos reclamados se hacen consistir en: -La orden y práctica de notificación, mediante citatorio de veintiocho de junio de dos mil diecinueve; y, cédula de notificación por instructivo de uno de julio de dos mil diecinueve, de la resolución definitiva dictada en el procedimiento DGRRFEM/A/10/2018/14/018. La ejecución del requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento DGRRFEM/A/10/2018/14/018. TERCERO. No es cierto el acto reclamado a la Administración Desconcentrada de Recaudación Hidalgo "1" del Servicio de Administración Tributaria, consistente en la ejecución del requerimiento de pago y embargo derivado del procedimiento DGRRFEM/A/10/2018/14/018, pues al rendir su informe justificado así lo señaló, sin que la quejosa ofreciera prueba alguna para desvirtuar dicha negativa, aunado a que de las constancias que integran los autos, se desprende que es a diversa autoridad a quien corresponde la ejecución de la sanción impuesta al aquí FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 6 quejoso y que no la señaló con tal carácter; así como tampoco acreditó la existencia de dicho acto. En esas condiciones, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley Amparo, respecto del acto reclamado a dicha autoridad. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 310, de rubro y texto siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. (Sexta Época. Registro: 917818. Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 2000. Tomo VI, Común. Tesis: 284. Página: 236.) CUARTO. Son ciertos los actos reclamados en el ámbito de su respectiva competencia a las autoridades Director General y Elizabeth Lorena Diaz Martínez, personal adscrito, ambos de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, consistentes en la orden de notificación de la resolución definitiva dictada en el procedimiento DGRRFEM/A/10/218/14/018; así como el citatorio de veintiocho de junio de dos mil diecinueve y notificación por instructivo de uno de julio de dicha anualidad, pues al rendir su informe justificado así lo señalaron y se corrobora con las copias certificadas del expediente DGRRFEM/A/10/2018/14/018, que remitió la primera como complemento de dicho informe, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su ordinal 2°. QUINTO. Previo al análisis de fondo del asunto, procede examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o este Juzgado las advierta de oficio, por FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 7 ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, la autoridad responsable, aduce que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en razón de que contra el acto reclamado se debió promover juicio de nulidad, en el que se pueden alegar aspectos como la legalidad de la notificación. Al respecto, el artículo 107, fracción IV de la Constitución Federal, establece lo siguiente: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; Lo anterior, en relación con lo previsto en el artículo 61 fracción XX, de la Ley de Amparo, toda vez que, como se advierte de lo expuesto, la parte quejosa está obligada agotar el principio de definitividad en relación con el acto reclamado, toda vez que, en el presente asunto, no se actualiza ninguna excepción a éste, como se demostrará a continuación. El artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 8 [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida; De la interpretación de los preceptos transcritos, se puede apreciar que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos humanos, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en los artículos 107 de la Constitución General de la República y 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el principio de definitividad del juicio de amparo, obliga a la parte quejosa a agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo, pues como ya se dijo, el juicio de amparo se concibió como un medio extraordinario de FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 9 defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como lo son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. En ese tenor, se desprende que tratándose de actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando exista un medio ordinario de defensa por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado el acto que se reclama y que conforme a las leyes que lo rijan proceda la suspensión de los efectos de dicho acto, sin exigir mayores requisitos de los requeridos por el medio ordinario de defensa, debe agotarse previamente a la interposición del juicio de amparo, por lo que cobra aplicación en el caso concreto el artículo 3, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Tribunal de Federal de Justicia Administrativa; y, 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que disponen lo siguiente: LEY ÓRGANICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: (.) XVIII. Las sanciones y demás resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ARTÍCULO 16.- Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de las impugnables en el juicio contencioso administrativo federal, se estará a las reglas siguientes: I. Si el demandante afirma conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 10 II. Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. III. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida. En términos del primero de los numerales citados, se establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Pero, además, conforme a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el juicio de nulidad, el afectado por el acto administrativo podrá alegar que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente. En el caso de que afirme conocer la resolución administrativa, los conceptos de impugnación contra su notificación y contra la resolución misma, deberán hacerse valer en la demanda, en la que manifestará la fecha en que la conoció. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 11 Si el actor manifiesta que no conoce la resolución administrativa que pretende impugnar, así lo expresará en su demanda, señalando la autoridad a quien la atribuye, su notificación o su ejecución. En este caso, al contestar la demanda, la autoridad acompañará constancia de la resolución administrativa y de su notificación, mismas que el actor deberá combatir mediante ampliación de la demanda. El Tribunal estudiará los conceptos de impugnación expresados contra la notificación, en forma previa al examen de los agravios expresados en contra de la resolución administrativa. Si resuelve que no hubo notificación o que fue ilegal, considerará que el actor fue sabedor de la resolución administrativa desde la fecha en que manifestó conocerla o en la que se le dio a conocer, según se trate, quedando sin efectos todo lo actuado en base a dicha notificación, y procederá al estudio de la impugnación que se hubiese formulado contra la resolución. Si resuelve que la notificación fue legalmente practicada y, como consecuencia de ello la demanda fue presentada extemporáneamente, sobreseerá el juicio en relación con la resolución administrativa combatida. Acorde con lo expuesto, éste juzgado estima que en el caso, se actualiza la hipótesis normativa prevista en los numerales en comento, razón por la cual resulta procedente el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ya que el amparo se promueve en contra de la orden de notificación de la resolución definitiva dictada en el procedimiento resarcitorio número DGRRFEM/A/10/218/14/018; así como el citatorio de veintiocho de junio de dos mil diecinueve y FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 12 notificación por instructivo de uno de julio de dicha anualidad, de la resolución citada; de ahí que se estime que los actos reclamados, son impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en términos de la fracción XVIII, del artículo 3, de la Ley Orgánica del citado Tribunal, en relación con el diverso 16 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues precisamente dichos ordinales contemplan la procedencia del juicio de nulidad contra resoluciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, en términos de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, en el que puede alegar que la resolución administrativa no fue notificada o que lo fue ilegalmente. Por tanto, para estar en aptitud de promover el juicio de amparo, resulta obligatorio el agotamiento del juicio contencioso administrativo referido por parte del gobernado. Es aplicable al caso, por su contenido sustancial la jurisprudencia de rubro y texto: REVISIÓN FISCAL. EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS ADSCRITA A LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER ESE RECURSO CONTRA LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN EMITIDA POR AQUÉL EN UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD RESARCITORIA. Conforme a los artículos 5o. y 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las autoridades demandadas en un juicio contencioso administrativo seguido ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa únicamente pueden interponer el recurso de revisión contra las sentencias dictadas en esos juicios por conducto de la unidad administrativa encargada de su defensa jurídica, atendiendo a la ley que regula a la dependencia o entidad respectiva y a su reglamento interior, y considerando que dicha función corresponde al órgano encargado de actuar dentro de juicio en nombre de aquélla. Por consiguiente, acorde con los artículos 89 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, y 2o., 13 y 35, fracciones VI y VIII, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, se concluye que tratándose de acciones derivadas del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias, la defensa jurídica de la Auditoría Superior de la Federación corresponde tanto al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, como al de la Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios, al ser los competentes para el ejercicio de las acciones derivadas de procedimientos de esa naturaleza en juicios seguidos ante tribunales federales contra resoluciones de la citada Auditoría, así como para contestar demandas, FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 13 presentar pruebas y alegatos e interponer toda clase de recursos, actuando en defensa de los intereses jurídicos de la entidad de fiscalización superior de la Federación, por lo que resulta innegable que el titular de dicha Dirección está legitimado para interponer el recurso de revisión fiscal contra la sentencia que declaró la nulidad de una resolución emitida por él, en un procedimiento de responsabilidad resarcitoria. (Registro digital: 2011782, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 54/2016 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 31, Junio de 2016, Tomo II, página 1130, Tipo: Jurisprudencia. Ahora bien, cabe destacar que, respecto del acto mencionado, no se actualizan las excepciones al principio de definitividad, ya que, el artículo 28, fracción III, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no prevé mayores requisitos para la concesión de la suspensión que la que dispone el artículo 128 de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY FEDERAL RELATIVA (REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE DICIEMBRE DE 2010) NO ESTABLECE MAYORES REQUISITOS QUE LA ABROGADA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO. El citado artículo dispone que la solicitud de suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado debe presentarse por el actor o su representante legal en cualquier etapa del juicio, y que ésta se concederá si no se afecta el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, además de que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al solicitante con esa ejecución. Asimismo, contempla su concesión en caso de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos; si se trata de posibles afectaciones no estimables en dinero, la medida cautelar se concede fijándose discrecionalmente la garantía, y si pudiera causar daños o perjuicios a terceros, si se otorga garantía para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que se cause. De ahí que el citado precepto legal no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, para conceder la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y, por consiguiente, atento al principio de definitividad, el juicio de amparo indirecto promovido contra actos de autoridades administrativas es improcedente si previamente no se agota el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. (Época: Décima Época, Registro: 2004553, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Tomo 2, Materia(s): Común, Administrativa, Tesis: 2a./J. 130/2013 (10a.), Página: 1446.) Corrobora la jurisprudencia citada que los requisitos previstos en el juicio de nulidad no son mayores a los FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 14 señalados en la Ley de Amparo. No es obstáculo a la anterior conclusión que la jurisprudencia con número de registro 2001434, se refería a la Ley de Amparo abrogada, en virtud de que subsisten las mismas hipótesis de la Ley actual. Por tanto, se concluye que la suspensión en el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no exige mayores requisitos de los que prevé la suspensión en el juicio de amparo indirecto. Asimismo, de los actos reclamados no se advierte que carezcan de fundamentación y motivación, pues en los mismos se contienen diversos preceptos legales en los que se sustentan, los cuales, sin prejuzgar sobre su correcta aplicación, ponen de relieve que dichos actos no carecen de fundamentación, con lo cual queda evidenciado que no se actualiza la excepción al principio de definitividad, por ello el promovente sí se encuentra obligado a agotar el principio de definitividad. Conviene citar por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia número XXI.2º.J/6, que prevé: AMPARO, IMPROCEDENCIA DEL. CASO EN EL QUE NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS PREVISTA EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN XV DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.- En tratándose del juicio de garantías promovido por violaciones directas a la Constitución, no es suficiente que el quejoso sostenga lisa y llanamente que es por carencia de fundamentación y motivación, acogiéndose al caso de excepción contenido en el párrafo segundo de la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, si de la pieza de autos aparece que el amparista acompañó a su escrito de demanda los documentos en que se contiene el acto reclamado (avalúo, acuerdo de notificación y liquidación del impuesto predial); de ahí que el quejoso no pueda aducir FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 15 desconocimiento al contenido del acto que reclama, si en los documentos de que se trata se invocan no solamente las disposiciones legales aplicables al caso concreto, sino también las razones y fundamentos que dieron lugar al avalúo cuestionado, citándose al quejoso para ser oído en defensa de sus intereses ante las autoridades responsables. Luego entonces, existe la obligación legal de agotar el medio ordinario de defensa previsto en la Ley de Catastro y Código Fiscal Municipales del Estado de Guerrero, previo al ejercicio de la acción constitucional.(No. de Registro: 209892, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página ochenta y siete (87), Tomo ochenta y tres (83), Noviembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación). Tampoco se hacen valer únicamente violaciones directas a la Constitución, sino en todo caso violaciones indirectas, aunado a que, aún en el caso, ello por sí mismo no hace procedente el juicio de amparo, pues de ser así, se dejaría al arbitrio del quejoso el tramitar la instancia constitucional o el medio ordinario de defensa, ya que bastaría que únicamente se refirieran en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para hacer procedente el juicio. Debe destacarse que el quejoso refiere que tanto el citatorio como la notificación por instructivo de veintiocho de junio y uno de julio de dos mil diecinueve, le fueron indebidamente practicados, esto es, no reclama su ausencia, sino su ilegalidad. Apoya lo anterior, las tesis de rubro y texto siguiente: RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. El juicio de amparo puede promoverse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno, cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; sin embargo, tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia, presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a la Carta Magna y no cuestiones de legalidad, pues entonces la parte quejosa debe agotar el recurso ordinario procedente antes de acudir a la vía constitucional. (Época: Novena Época, Registro: 189268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Julio de 2001, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o. J/9, Página: 1031.) RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTIAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION Y CUESTIONES DE LEGALIDAD. Si bien es cierto que el juicio de amparo puede interponerse sin necesidad de agotar recurso ordinario alguno cuando se reclaman violaciones directas a la Constitución General de la República; también lo es que tal excepción a la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 73 de la ley de la materia presupone que en la demanda de garantías exclusivamente se hagan valer violaciones directas a nuestra Carta Magna supuesto que si además se incluyen cuestiones de legalidad, la parte quejosa debe previamente agotar el recurso ordinario procedente. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 16 (Época: Novena Época, Registro: 205283, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Abril de 1995, Materia(s): Común, Tesis: XX. J/1, Página: 94.). De ahí que este juzgado estima que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia invocada, puesto que en contra de los actos que por esta vía reclama el quejoso, procede el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por tanto, previamente a la interposición del presente juicio de amparo, se encuentra obligado a agotarlo para cumplir con el principio de definitividad que rige a la materia de amparo, pues no opera la excepción planteada. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO UNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCION. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. (Época: Séptima Época, Registro: 237480, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 ENGROSE 17 Tercera Parte, Materia(s): Común, Tesis: Página: 119.) Aunado a lo anterior, tampoco se advierte que el peticionario del amparo sea tercero extraño, porque de las constancias del expediente administrativo número DGRRFEM/A/10/2018/14/018, se advierte y expresamente lo señala, fue emplazado al mismo, compareció en la audiencia, incluso designó domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Asimismo, el quejoso no reclama la inconstitucionalidad de alguna ley; así como tampoco se está en presencia de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. Finalmente, tampoco se actualiza la excepción relativa a que el recurso o medio de defensa aludido, se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, toda vez que, en el caso, el juicio de nulidad que se refiere, se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y no así en algún reglamento. En virtud de que no se actualizó alguna excepción al principio de definitividad, se concluye que el quejoso debió promover el juicio contencioso administrativo federal antes de acudir a la instancia constitucional. En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo cual, con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, procede sobreseer en el presente juicio. FRANCISCO DE PAZ BECERRIL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.78.b2 05/04/24 10:14:24 18 En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además, en los artículos 73 a 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos de donde se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa número 896/2020-IV, se celebró la audiencia constitucional a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, y que se encuentra pendiente de dictarse la sentencia, se ordena formar cuaderno de antecedentes por audiencia celebrada. En consecuencia, a efecto de no dejar promoción pendiente de acordar y tomando en consideración lo señalado en el párrafo que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por el Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios dependiente de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, por medio del cual, informa que cambio domicilio. En consecuencia, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Finalmente, una vez que se dicte la sentencia correspondiente en el asunto en que se actúa, sin ulterior acuerdo, se ordena glosar el cuadernillo al expediente principal, para que surta los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, catorce de junio de dos mil veintiuno. Visto el oficio suscrito por el Administrador del Edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Periférico Sur, número mil novecientos cincuenta (1950), dependiente de la Dirección General de Servicios Generales de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de tres de junio de dos mil veintiuno, informa el estado que guarda la guía de estafeta, relativa al oficio 25053/2020, de cinco de noviembre de dos mil veinte; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Francisco De Paz Becerril, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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