José Antonio Torres García
Expediente 832/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- José Antonio Torres García
- Juez Quinto de Distrito Especializado en Ejecución de Penas
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, once de febrero de dos mil veintiuno. Declaración de estado. (...) con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de diciembre de dos mil veinte. 1. Recepción. Téngase por recibida la constancia actuarial de notificación en la que el fedatario adscrito asentó que el promovente manifestó haber sido notificado el diez de octubre de dos mil diecinueve del acto reclamado, en cumplimiento a la determinación de diecisiete de noviembre pasado. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la constancia de notificación de cuenta y la demanda de amparo promovida contra un acto atribuido al juez Quinto de Distrito Especializado en ejecución de Penas en la Ciudad de México, consistente en la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve en la que se desecharon los beneficios preliberacionales de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y libertad anticipada en el procedimiento de ejecución 2128/2017 de su índice, se advierte la actualización de una causa de improcedencia, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juzgador debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se advierte que respecto del acto reclamado en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia 61 fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; V. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación armónica de los artículos transcritos, se obtiene que todo gobernado cuenta con un plazo genérico para la presentación de la demanda de amparo de quince días. Así, de no promoverse el juicio en los plazos previstos por la propia ley, se considerará consentido tácitamente el acto reclamado, lo que tornará improcedente el juicio de amparo. A su vez, el propio numeral 17 de la Ley de Amparo, establece excepciones para presentar demanda en la temporalidad antes señalada, en las cuales no encuadra la presente demanda, dado que la parte quejosa no reclama normas generales de naturaleza autoaplicativa; un procedimiento de extradición; la sentencia condenatoria dictada en un proceso penal instruido en su contra en el que se haya impuesto pena de prisión; así como tampoco el acto reclamado tiene por objeto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; no está involucrada la vida o la libertad personal del quejoso fuera de procedimiento; ni implica deportación o destierro o incorporación forzosa a las fuerzas armadas, de ahí que el plazo para promover juicio de amparo es de quince días. Es aplicable al caso particular, la tesis jurisprudencial P./J. 12/2015 (10a.) sustentado por el Pleno del Alto Tribunal, consultable en el Libro 18, Mayo de 2015, Tomo Il, página 38, Décima época, registro 2009174, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del epígrafe y texto: AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal. En correlación con lo anterior, en el numeral 18 de la mencionada ley se distinguen tres hipótesis respecto de la fecha a partir de la cual comienzan a transcurrir los quince días (regla general) que cuenta el gobernado para promover juicio constitucional, a saber, a partir del día siguiente en que: (i) surta efectos la notificación del acto o resolución que se combate, (ii) tenga conocimiento del mismo o (iii) se ostente sabedor del acto que reclama, esto es, la confesión del quejoso relativa a la fecha en que conoció el acto que reprocha. i) La notificación es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, de conformidad a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; y el cómputo comienza a correr desde el día siguiente al en que surta efectos la notificación. ii) Por su parte, el conocimiento del acto reclamado se refiere a los diversos procedimientos donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido parte en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido parte, no podrían ser notificadas o, bien, cuando por cualquier medio se obtiene el conocimiento pleno del acto, ya que éste no siempre proviene de una notificación, se trate o no de un procedimiento con formalidades legales. iii) La confesión acontece cuando el propio quejoso se ostenta sabedor del acto reclamado o de su ejecución; bastando que así lo exponga en su demanda de amparo para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. En ese sentido, el quejoso manifiesta cómo fecha de notificación del acto reclamado el diez de octubre de dos mil diecinueve lo que constituye confesión expresa con valor pleno, que por esa razón tiene la eficacia convictiva suficiente para determinar, que desde esa fecha tuvo conocimiento del acto destacado, y por ende, para computar el plazo a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo. Así, los artículos 71, 72, 104 y 109, del Código Federal de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 71.- Los plazos son improrrogables y empezarán a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que este Código señale expresamente. No se incluirán en los plazos, los sábados, los domingos ni los días inhábiles, a no ser que se trate de poner al inculpado a disposición de los tribunales, de tomarle su declaración preparatoria, o de resolver la procedencia de su prisión, sujeción a proceso, o libertad. Artículo 72.- Los plazos se contarán por días hábiles, excepto los que se refieren a los tres casos mencionados en la segunda parte del artículo anterior y a cualquier otro que por disposición legal deba computarse por horas, pues éstos se contarán de momento a momento, a partir de la hora que corresponda conforme a la ley. (.) Artículo 104.- Las resoluciones contra las cuales proceda el recurso de apelación, se notificarán personalmente a las partes por conducto del secretario o actuario del tribunal. Las demás resoluciones con excepción de los autos que ordenen aprehensiones, cateos, providencias precautorias, aseguramientos y otras diligencias análogas respecto de las cuales el tribunal estime que deba guardarse sigilo para el éxito de la investigación se notificarán al detenido o al procesado personalmente, y, a los otros interesados en la forma señalada en el artículo 107 de este Código. (.) Artículo 109.- Las notificaciones personales se harán en el tribunal o en el domicilio designado. Si no se encuentra al interesado en el domicilio, se le dejará con cualquiera de las personas que allí residan, una cédula que contendrá: nombre del tribunal que la dicte, causa en la cual se dicta, transcripción, en lo conducente, de la de resolución que se le notifique, día y hora en que se hace dicha notificación y persona en poder de la cual se deja, expresándose, además, el motivo por el cual no se hizo en persona al interesado. Si el que deba ser notificado se niega a recibir al funcionario encargado de hacer la notificación, o las personas que residen en el domicilio se rehúsan a recibir la cédula, o no se encuentra a nadie en el lugar, se fijará la cédula en la puerta de entrada." La interpretación armónica de los preceptos en cita, pone en evidencia que las notificaciones personales en materia penal, se tendrán por hechas y surtirán sus efectos el mismo día en que se practiquen, comenzando por ende los términos judiciales al día subsecuente; ello pone de manifiesto que José Antonio Torres García, quedó legalmente notificado del acto que reclama, el diez de octubre de dos mil diecinueve; dicha notificación surtió efectos el mismo día y, en términos de la primera hipótesis a que se refiere el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para presentar su demanda comenzó el once de octubre de dos mil diecinueve y concluyó el treinta y uno siguiente, sin contar los días doce, trece, diecinueve, veinte, veintiséis y veintisiete, todos del mes de octubre de la anualidad pasada, por ser inhábiles en términos del numeral 19 del ordenamiento en cita. En este tenor, debe decirse que el impetrante estuvo en posibilidad de presentar su demanda de derechos en el plazo mencionado, en cambio, la demanda de amparo que dio origen a este juicio, se presentó ante la autoridad responsable, el uno de octubre de dos mil veinte. Lo anterior torna improcedente el juicio constitucional intentado contra el acto reclamado al juez Quinto de Distrito Especializado en ejecución de Penas en la Ciudad de México, consistente en la determinación de treinta de septiembre de dos mil diecinueve en la que se desecharon los beneficios preliberacionales de libertad preparatoria, remisión parcial de la pena y libertad anticipada en el procedimiento de ejecución 2128/2017, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues cuando se presentó la demanda constitucional, ya habían transcurrido en demasía los quince días que el artículo 17 de la Ley de Amparo otorga para acudir a juicio de derechos humanos, consintiendo por ende el acto que ahora reclama. Sin que lo hasta aquí considerado, implique vulnerar en manera alguna el derecho humano del promovente a gozar de un a un recurso judicial efectivo, toda vez que los requisitos de procedencia de la acción constitucional, no constituyen en sí mismos una violación de aquél. Al respecto resulta aplicable, la tesis 1a. CCLXXV/2012 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 525, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo I, Décima Época, registro 2002286, materia(s) Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo rubro y texto siguiente: DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XIV, en estricta concordancia con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo y una vez que cause estado este proveído archívese este asunto como concluido. 3. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 4. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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