José Antonio Texon Verdejo

Expediente 128/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
128/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • José Antonio Texon Verdejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Atento a la certificación que antecede y al estado procesal de autos, se advierte que concluyó el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y tercero interesado mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que realizaran manifestación alguna. Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, el suscrito emite la presente resolución, en la que después de analizar las constancias que obran en autos, declarará si la sentencia está cumplida o no, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En primer término, cabe decir que en sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, la justicia de la Unión AMPARÓ Y PROTEGIÓ al quejoso José Antonio Texón Verdejo, para los efectos siguientes: ".procede conceder al quejoso José Antonio Texón Verdejo, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Veracruz, Veracruz, para el efecto siguiente: I) De inmediato resuelva lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1363/2019 y posteriormente, realice la notificación a las partes sobre lo resuelto; lo anterior, en estricto apego al plazo que la ley le asigna para ello." En proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, causó ejecutoria la sentencia de referencia y se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable. Posteriormente, en auto de siete de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con las constancias relativas, con base en las cuales se pronuncia este acuerdo. De las referidas constancias, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos. Lo anterior es así, toda vez que con oficio 2242 de cuatro de octubre de dos mil veintiuno, la Presidenta de la Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Veracruz, Veracruz, remitió copias certificadas del proveído de treinta de septiembre del año en curso, en la que se pronunció respecto a las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada en los autos del juicio laboral 1363/2019 de su índice. En el que expuso, se admiten las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada (quejoso José Antonio Texón Verdejo y tercero interesado Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, respectivamente en el presente asunto). En relación a las pruebas que fueron admitidas y que requieren preparación conforme a lo dispuesto por los artículos 777 al 780 de la Ley Federal del Trabajo, señaló horas y días para su desahogo. Asimismo, ordenó notificar personalmente a las partes actora y demandada el contenido del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictado en los autos del juicio laboral 1363/2019 del índice de la Junta responsable. En tales condiciones, de lo anteriormente expuesto se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, dictó el auto de treinta de septiembre del presente año, en la que admitió a las pruebas ofrecidas por las partes actora y demandada en los autos del juicio laboral 1363/2019 de su índice, y ordenó notificarles personalmente el contenido del acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dictado en los autos del juicio laboral 1363/2019; motivo por el cual debe concluirse que se ha restituido al peticionario de amparo en el goce de sus garantías violadas. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 196, segundo y tercer párrafos de la Ley de Amparo, se declara QUE LA EJECUTORIA DE AMPARO ESTÁ CUMPLIDA EN SU TOTALIDAD, SIN EXCESOS NI DEFECTOS. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido, en el entendido que la presente resolución causará estado por ministerio de ley transcurrido el plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la ley de la materia, el cual tienen las partes para interponer el recurso de inconformidad, establecido en el diverso artículo 201 de la propia ley, sin necesidad de ulterior acuerdo. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de depuración, transcurridos tres años, contados a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Lo anterior se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.

  2. Principal

    VIII. Con esta fecha se notifica por este conducto a la parte quejosa el siete de octubre de dos mil veintiuno, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz; en atención a su contenido, se les remitiendo las constancias con las que consideran haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesado, con los oficios con registros 14703 y 14706 y anexo, por el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación que se les haga del presente proveído, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, para lo cual se les deberá entregar copia autorizada de las mencionadas constancias. Apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto en el citado plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado Federal acordará lo que conforme a derecho proceda, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado. Ahora, como en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable Junta Especial Número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Veracruz, Veracruz, está obligada a su cumplimiento; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se les requiere, para que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, realicen los actos señalados en la ejecutoria de mérito, los cuales se circunscriben a que: ".procede conceder al quejoso José Antonio Texón Verdejo, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Veracruz, Veracruz, para el efecto siguiente: I) De inmediato resuelva lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1363/2019 y posteriormente, realice la notificación a las partes sobre lo resuelto; lo anterior, en estricto apego al plazo que la ley le asigna para ello." Hecho lo anterior, dentro del citado plazo, deberá informar a este órgano jurisdiccional su cumplimiento, debiendo acompañar para tal efecto las constancias necesarias que acredite el cumplimiento y su ejecución. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien a mil días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de conformidad con el artículo 238 y 258 de la citada Ley de Amparo; asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado decircuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otro lado, se estima innecesario que continúe en este juzgado el tomo de pruebas que se formó con las constancias remitidas por la Junta responsable en el presente expediente; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 128/2021 y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Boca del Río, Veracruz, recibido en este juzgado por razón de turno en la misma data, José Antonio Texón Verdejo solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos atribuidos a las autoridades que más adelante se precisarán (fojas 2 a 10). SEGUNDO. Admisión. Mediante proveído de tres de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo, solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar la intervención que compete a la Fiscal de la Federación adscrita, emplazar a la parte tercero interesada Banco Nacional de México Sociedad Anónima; y fijar fecha y hora para la audiencia constitucional; (fojas 11 a 15). TERCERO. Trámite. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, en la medida que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 24 a 28) y fue emplazada la moral Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, en su carácter de tercero interesado tal y como se advierte a fojas veinte y veintiuno de autos. La audiencia constitucional tuvo verificativo el nueve de agosto de dos mil veintiuno (fojas 56 y 57) al haber quedado debidamente integrado el presente asunto y sin que las partes hayan manifestado su consentimiento relativo a la publicación de sus datos personales, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río, Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107, fracción V de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con el punto segundo, fracción VII y punto cuarto, fracción VII, segundo párrafo del Acuerdo 3/20138 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por cuestión de la vía, en virtud de que la parte quejosa reclama la trasgresión directa al derecho de acceso a la pronta y expedita impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional; lo que es impugnable en amparo indirecto, según lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la Ley de Amparo.La materia (mixta) en razón que se actúa como órgano de instrucción en materias penal, civil, y administrativa y, de control constitucional al conocer del amparo indirecto en primera instancia. Y por territorio, pues el acto reclamado prescinde de ejecución material. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija en forma clara y precisa cuáles son los actos reclamados, antes de verificar su certeza o inexistencia. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido, a través de la jurisprudencia, que el juzgador de amparo al dictar una sentencia debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia dictando sentencias que fijen con claridad y precisión el acto o actos reclamados; además, que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Agrega, que en algunas ocasiones esto es insuficiente, por lo que además se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda en un sentido congruente con todos sus elementos (anexos), e incluso con la totalidad de información del expediente del juicio, atendiendo de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión y, precisa, debe atenderse a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia que se cita a continuación: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."9 Así como la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se cita enseguida: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."10 Bajo ese orden de ideas, al analizar en su integridad la demanda de amparo con su anexo y las constancias de autos principalmente el informe justificado de la autoridad responsable se tiene que, los actos reclamados en el presente juicio son: La omisión de dictar y notificar el acuerdo admisorio del material probatorio ofrecido por la parte quejosa y el aquí tercero interesado, lo anterior dentro del juicio laboral 1363/2019 del índice de la junta responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado (fojas 24 a 28) lo cual es suficiente para considerar la existencia de dicho acto, acorde a la jurisprudencia del rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO."11 Además, dicha certeza se corrobora con las constancias que se adjuntaron como complemento a su informe (con las cuales se ordenó formar el cuaderno de pruebas). A las referidas documentales se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta leyen su numeral 2°, al tratarse de documentos públicos expedidos por servidor público en ejercicio de las funciones que le asigna la ley. De las cuales no se advierte ninguna actuación posterior a la audiencia de diez de febrero de dos mil veinte, lo que evidencia que la junta ha sido omisa en dictar el acuerdo admisorio del material probatorio ofrecido por la parte quejosa y el aquí tercero interesado, dentro del juicio laboral 1363/2019 de su índice y de igual manera, se hace patente la omisión de notificarle dicha determinación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." 12 CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Siendo las causales de improcedencia cuestiones de orden preferente, éstas deben analizarse previamente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, y de conformidad con lo que dispone la jurisprudencia número 814, visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no advertirse causa de improcedencia que se actualice en la especie, y tampoco las partes las señalaron, se procede al análisis de la constitucionalidad del acto recamado que se precisó en el punto anterior, conforme a los conceptos de violación expresados. QUINTO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Se procede al análisis de los conceptos de violación que vierte la parte quejosa, y que en este apartado se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, ya que no existe obligación de transcribirlos, ello con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." De la demanda de amparo y específicamente del capítulo de conceptos de violación, se advierte que la parte quejosa reclama en su parte medular, la transgresión del artículo 17 de la Constitución Federal, en virtud de que la junta responsable ha sido omisa en dictar y notificar el acuerdo correspondiente a la admisión, desahogo o desechamiento del material probatorio ofrecido en el expediente 1363/2019 de su índice, en el que figura como parte actora. El concepto de violación expuesto por la parte quejosa es fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada como enseguida se expondrá. El quejoso argumenta que la responsable viola sus derechos humanos de impartir justicia pronta y expedita en los términos y plazos que fijan las leyes contenidos en el artículo 17 constitucional, porque se ha abstenido de manera excesiva de brindar justicia al no haber emitido el acuerdo correspondiente con relación a la admisión, desahogo o desechamiento de las pruebas ofrecidas en el juicio laboral de origen. PREMISAS NORMATIVAS Ahora, como premisa fundamental conviene señalar que del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "Artículo 17. (.)Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)". De cuya redacción se desprende el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, en el cual se consagran los siguientes principios: I) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; II) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; III) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, IV) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Así, el citado derecho fundamental está encaminado a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarlo, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, lo que hace que dichas autoridades se encuentren obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran; es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, solo materialmente jurisdiccionales. Se apoya lo anterior, en el contenido de la tesis 2a. L/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 299 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, registro 921075, cuyo rubro y texto son como siguen: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En concordancia con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, en la ley que rige el acto reclamado se establecen también principios procesales que la autoridad laboral debe acatar, como es el contenido de los artículos 875 y 880, de la Ley Federal del Trabajo que establecen: "Artículo 875. (.) (.)La audiencia se iniciará con la comparecencia de las partes que concurran a la misma; las que estén ausentes podrán intervenir en el momento en que se presenten, siempre que la Junta no haya tomado el acuerdo de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente. Artículo 880. La audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de esta Ley y de acuerdo con las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte, así como las que tiendan a justificar sus objeciones a las mismas, en tanto no se haya cerrado la audiencia, y por una sola vez; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. En caso contrario, la Junta se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes." Los citados preceptos, previenen que las audiencias iniciarán con la comparecencia de las partes que concurran a la misma y las que estén ausentes podrán intervenir en el momento que se presente; asimismo, la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 875 de la Ley de la Materia; el actor ofrecerá sus pruebas e inmediatamente después lo hará el demandado; concluido el ofrecimiento, la junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admite o deseche; en caso contrario, se podrá reservar para resolver dentro de los cinco días siguientes. ANTECEDENTES Ahora, para una mayor comprensión del asunto, conviene narrar los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales se desprenden de las constancias que obran en autos, a saber: 3. José Antonio Texón Verdejo, promovió demanda laboral contra el Banco Nacional de México Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, ante la Junta número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en la cual se radicó con el número de expediente 1363/2019 (fojas 1 a 14 del tomo de pruebas). 4. Seguida la secuela procesal, en audiencia de diez de febrero de dos mil veinte, se celebró la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas del expediente laboral de que se trata (fojas 25 a 45) en la que comparecieron ambas partes y ofrecieron diversas pruebas, sobre las que, la junta responsable se reservó de proveer con relación a su admisión, desahogo o desechamiento; sin que exista constancia o actuación posterior para desvirtuar dicho supuesto. SUBSUNCIÓN En ese orden de ideas, es evidente que le asiste la razón a la parte quejosa al aducir que la Junta responsable contraviene sus derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 constitucional; lo anterior, es así, porque al no resolver sobre la admisión, desahogo o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1363/2019, dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, tomando en cuenta que se desahogó el diez de febrero de dos mil veinte, es claro que ha transcurrido en exceso el plazo para que la referida autoridad resuelva lo correspondiente a las pruebas ofrecidas por las partes y con ello se encuentra vulnerando los derechos fundamentales del gobernado, contenidos en el citado artículo, que previene la impartición de justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, de manera pronta, completa e imparcial. Asimismo, se advierte que a la fecha ha transcurrido tiempo en demasía para que la autoridad responsable resuelva sobre si admite o desecha las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral de origen, toda vez que desde el diez de febrero de dos mil veinte, en que se desahogó la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, esto es, más de doce meses sin que lo haya realizado; ello, considerando la suspensión de labores de la junta responsable que con motivo de la declaración de emergencia sanitaria por el virus SARS-Cov2 del Covid-19, tuvo lugar del veintitrés de marzo de dos mil veinte al veintiocho de septiembre del mismo año, tal y como fue informado a este juzgado mediante correo electrónico institucional. De ahí que, no es permisible que la junta no provea respecto de las pruebas dentro de los cinco días siguientes al de la celebración de la audiencia correspondiente, como loestablece el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo; pues se insiste, tal omisión constituye una paralización del procedimiento, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello, se viola el contenido del artículo 17 constitucional, relativo al acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento, por parte de las autoridades correspondientes, de los plazos y términos de los preceptos de la Ley en comento. En apoyo a todo lo anteriormente expuesto, se invoca por su contenido jurídico substancial, la Jurisprudencia P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Septiembre de 2001, Novena Época, del tenor literal siguiente: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Asimismo, sirve de apoyo el siguiente criterio jurisprudencial sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador."13 CONCLUSIÓN Atento a la naturaleza del acto, deviene incuestionable que la junta responsable transgredió los preceptos de la Ley Federal de Trabajo citados en párrafos precedentes, conculcando los derechos humanos relativos al debido proceso legal y seguridad jurídica, consagrados en el artículo 17 constitucional, al no respetar el derecho subjetivo que tienenlos gobernados y que impone a los tribunales la obligación de impartir justicia en la manera y los plazos que la ley laboral señale. Pues como ya se estableció en líneas precedentes, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos fijados por las leyes, tal como lo establece el artículo 17 constitucional; por lo que, la junta responsable al ser un tribunal responsable de la administración de justicia en materia laboral, se encuentra obligada a acatar lo dispuesto en el aludido numeral, y emitir sus determinaciones dentro de los plazos y términos establecidos para ello. Máxime, que la junta responsable no justifica el retraso prolongado para emitir el acuerdo respectivo, luego de celebrar la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desde el diez de febrero de dos mil veinte, tiempo que se estima suficiente para emitir el pronunciamiento correspondiente, pues como se mencionó anteriormente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció un parámetro de cuarenta y cinco días naturales contados a partir de la fecha en que feneció el plazo para la realización de alguna diligencia, ello para estar en presencia de una dilación excesiva, como ocurre en el caso. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, por la idea que contiene, la siguiente jurisprudencia14: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." EFECTOS DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL En las relatadas circunstancias, al ser fundado el concepto de violación en estudio, procede conceder al quejoso José Antonio Texón Verdejo, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado en contra de la autoridad responsable Junta Especial número Cuarenta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en Veracruz, Veracruz, para el efecto siguiente: I) De inmediato resuelva lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio laboral 1363/2019 y posteriormente, realice la notificación a las partes sobre lo resuelto; lo anterior, en estricto apego al plazo que la ley le asigna para ello. Tiene aplicación a lo expuesto, 2a. CV/2013(10ª) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a la página 732 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro I, Diciembre de 2013 Tomo I, Décima Época, registro 2005150. "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." SEXTO. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple ocertificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. SÉPTIMO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción V, 75, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: RESUELVE ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a JOSÉ ANTONIO TEXÓN VERDEJO por el acto precisado en el considerando cuarto por las razones expuestas en el diverso considerando quinto de esta sentencia.Lo anterior se notifica por este medio a la parte tercero interesada, por así estar ordenado en autos.

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