José Antonio Sánchez Torres
Expediente 90/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 17 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 90/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 06/12/2018
Partes del expediente
- José Antonio Sánchez Torres
- Johan Tadeo Sanchez Gallegos
- José Antonio Sánchez Torres y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
- Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte . . . devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que en copia certificada anexo a su informe justificado . . .
- Principal
- Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte . . . se declara que el mismo HA CAUSADO EJECUTORIA . . . archívese el presente asunto como concluido . . .
- Principal
Querétaro, Querétaro, a dos de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Querétaro, atento a su contenido, con fundamento en los artículos 62 y 221 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la prueba documental que anexa, consistente en copia certificada del expediente 820/2017, relativo al Juicio Sumario Civil que sobre divorcio necesario y otras personas promovió José Antonio Sánchez Torres; sin perjuicio de la relación que de ésta se haga al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, esta Juzgadora advierte, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Dicho numeral establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." La improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, o cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se encuentra contenido en la parte sustancial de la tesis que sustenta el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil de este Primer Circuito, la cual se aplica por similitud de razón, encontrándose publicada con el número I.3o.C.92 K, en la página 1491, del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de Diciembre de 2009, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." De donde se obtiene que el juicio de amparo deviene improcedente cuando cesan los efectos del acto reclamado, esto es, cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. En ese sentido, debe decirse que si bien es cierto, el acto reclamado se hizo consistir en auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 820/2017, del índice del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia en Materia Familiar en el Estado de Querétaro, decretó la custodia provisional del menor J. T. S. G., a su madre Anabel Gallegos Barrón; ahora bien del oficio de cuenta signado por el Juez Décimo Primero de lo Familiar del Primer Distrito Judicial de Querétaro, se desprende que con fecha veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, las partes exhibieron convenio, el cual fue ratificado en la misma fecha tanto por el quejoso José Antonio Sánchez Torres y por la tercero interesada Anabel Gallegos Barrón, y como consecuencia se aprobó el convenio con sus modificaciones en los términos ya señalados, de conformidad con el artículo 2843 y 2852 del Código Civil vigente, se le da el carácter de sentencia ejecutoriada, en términos del artículo 443, fracción III del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Querétaro y en consecuencia; su ejecución de manera inmediata. Lo que se corrobora con las constancias que anexo la autoridad responsable junto al oficio signado por la responsable, con las que se da cuenta en el presente proveído, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 188, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme a su precepto 2º. De ahí que los efectos del acto reclamado cesaron, o sea desaparecieron o se destruyeron en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que no se amerita el examen de la constitucionalidad, en el caso, de una omisión que ya no existe, al haberse ejecutado la misma, pues no es factible analizar su legalidad, sin afectar el nuevo estatus procesal derivado de dicho auto, por lo que resulta improcedente el otorgamiento de la protección de la justicia federal, toda vez que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, cuyo rubro y texto dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, no pasa inadvertido para quien resuelve que la presente sentencia se emitió conforme a la normatividad prevista por la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y, no obstante ello, se aplicaron algunos criterios jurisprudenciales y aislados emitidos con antelación a la nueva legislación de amparo; sin embargo, ello no es óbice, dado que el artículo sexto transitorio de aquélla dispone: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Lo que implica que dichos criterios son aplicables, mientras no contravengan lo plasmado en la nueva legislación de amparo; de ahí que puedan ser invocados en el presente fallo, a fin de proporcionar soporte jurídico a la decisión adoptada por este Juzgado Federal. Es de invocarse en ese aspecto, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA". En tales circunstancias, este Juzgado Federal de oficio advierte que respecto al acto reclamado precisado, consistente en auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 820/2017, del índice del Juzgado Décimo Primero de Primera Instancia en Materia Familiar en el Estado de Querétaro, decretó la custodia provisional del menor J. T. S. G., a su madre Anabel Gallegos Barrón, misma que por auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, las partes, exhibieron convenio, el cual fue ratificado en la misma fecha, y como consecuencia se le dio carácter de SENTENCIA EJECUTORIADA, en consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en términos del artículo 64 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, toda vez que la causal de improcedencia mencionada resulta notoria, manifiesta e indudable; razón por la cual se deja sin efecto la fecha y hora señaladas para la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 26/2002-PL, el siete de febrero de dos mil tres, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; estos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL QUEJOSO Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.
- Principal
- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte . . . se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se señalan las ONCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO . . .
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