Jose Antonio Sanchez Romero
Expediente 1979/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1979/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Jose Antonio Sanchez Romero
Actuaciones
- Principal
Mexicali, Baja California, once de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja en contra del auto en el que se desechó la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Ahora bien, dado que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, en términos del artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. De conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda que dio origen al juicio en que se actúa, es susceptible de destrucción, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo General. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes.
- Principal
Mexicali, Baja California, doce de diciembre de dos mil veintidós. Demanda. Vista la demanda de amparo presentada electrónicamente por **** por conducto de ********************, contra actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Baja California; fórmese el expediente físico y electrónico y anótese su ingreso en el libro de Juzgado que corresponda, bajo número 1979/2022-8. Desechamiento de plano. En el caso, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 6º, ambos de la Ley de Amparo, preceptos que a la letra establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." El primer precepto transcrito, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando resulte de alguna disposición de la Ley; por su parte, el numeral 6º citado con antelación, expresa que el amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley. Esto es, el juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que quien presente la demanda de amparo en su calidad de promovente deberá presentarla debidamente firmada o en su caso de no saber hacerlo, deberá plasmar su huella digital, ya que, de lo contrario, no se insta al órgano de control constitucional para que conozca de la demanda de los solicitantes de amparo. Lo anterior, no puede ser corregido por este órgano federal mediante una prevención, ya que dicha omisión no se encuentra contemplada en las irregularidades establecidas en el artículo 114 de la Ley de Amparo, toda vez que la voluntad de las partes al exigir un derecho, debe hacerlo a través de su firma y cuando no pueda hacerlo, lo podrá hacer diversa persona. En ese contexto, se colige que, si una demanda de amparo carece de firma, no es posible apreciar la voluntad del que aparece como promovente, por lo que no hay instancia de parte y, por ende, deviene improcedente el juicio constitucional. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, la demanda que dio origen a este juicio fue presentada vía electrónica, sin evidencia criptográfica de la firma de ********************; por lo que, al carecer de la firma electrónica -la cual tiene el mismo efecto jurídico de la firma autógrafa-, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, como se adelantó, es procedente desechar de plano la presente demanda de amparo, al no advertirse la voluntad del referido promovente. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia P./J 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página setenta y nueve, tomo I, del libro sesenta y cinco, abril de dos mil diecinueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2019715, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". (énfasis añadido) Cabe señalar que el presente caso no se encuentra en el supuesto expreso del último párrafo del artículo 3º de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene al promovente señalando domicilio procesal y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. Acceso a expediente electrónico y notificaciones. En virtud de que de la certificación de cuenta se advierte que de la consulta realizada en el módulo de "autorizados" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se encontró registro de coincidencia del nombre de usuario "********************", correspondiente a ********************, como se solicita, se autoriza la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones electrónicas. Por tanto, se instruye a la Oficial Judicial A encargada de la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que realice las gestiones necesarias para generar los permisos correspondientes. Asimismo, se le tiene proporcionando la cuenta de correo electrónico que indica, el que deberá ser tomado en consideración para, en su caso, facilitar el proceso de notificación. Habilitación de días y horas inhábiles. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Transparencia y datos personales. Conforme a lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3º fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7º, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen, entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; en la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles), que pueda contener.
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